III. Hostigamiento y abusos discriminatorios

La ley sobre inmigración de Alabama envía un mensaje rotundo de que los inmigrantes no autorizados deben ser tratados de manera diferente a otros residentes de Alabama. No resulta sorprendente que dichas personas, y otras que se perciben como “ilegales”, hayan informado una mayor cantidad de incidentes de hostigamiento discriminatorio por parte de autoridades del estado y particulares.

La discriminación y hostigamiento experimentados por latinos, incluidos ciudadanos y residentes permanentes, no son un fenómeno nuevo. Algunas personas entrevistadas por Human Rights Watch informaron haber sido objeto de discriminación y medidas selectivas que respondían a motivos raciales mucho antes de la aprobación de la Ley Beason-Hammon [136] . Sin embargo, la nueva ley sobre inmigración ha creado un clima en el cual es más probable que se produzcan dichos abusos y existen menores probabilidades de que las víctimas los denuncien.

Hostigamiento y abuso por parte de autoridades locales

No depende de la ley. Depende del policía que te detiene.

—Mariana F., inmigrante no autorizada, 2 de noviembre de 2011.

Al momento de nuestra investigación en Alabama, los departamentos de alguaciles y de policía en el estado aún no habían comenzado a aplicar de manera uniforme la ley sobre inmigración. No había uniformidad en los documentos que se requerían para comprobar la situación legal de las personas que interceptaban o detenían, ni en los criterios para encarcelar a personas por conducir sin la correspondiente licencia [137] . Si bien algunos departamentos han arrestado y acusado a personas de conformidad con la nueva ley, otros han expresado públicamente su renuencia a aplicar una ley que consideran “confusa” [138] . Al 30 de octubre, el Departamento de Seguridad Interna de Alabama (Alabama Department of Homeland Security) tenía conocimiento de sólo 10 casos en los cuales se habían aplicado las disposiciones de la ley relativas al accionar policial [139] .

Varias personas comentaron a Human Rights Watch que tuvieron problemas al interactuar con la policía local después de que la ley entró en vigor o inmediatamente antes de esa fecha. Hay otros ejemplos proporcionados por la prensa, que se resumen a continuación. A pesar de que Human Rights Watch no pudo verificar de manera independiente los detalles específicos de estos incidentes, si  son efectivamente ciertos, esto sugiere que ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes de ascendencia latina, al igual que los inmigrantes no autorizados, están expuestos a un mayor riesgo de recibir un trato discriminatorio.

Fernando Rodríguez, un residente permanente legal y ministro de una iglesia en Albertville, informó que junto con otro amigo que también es pastor fueron detenidos cuando salían de una gasolinera en Warrior sin que se les explicara el motivo. En vez de eso, y de acuerdo con las versiones de los medios, el oficial habría hecho declaraciones abusivas y despectivas como “¿Por qué están en Estados Unidos?” y “Regresen a México” [140] . Cuando el policía lo palpó y encontró su billetera con su tarjeta de residente permanente, lo dejó ir, pero su amigo, el pastor Hernández, fue arrestado. Según trascendió, el policía habría dicho que los detuvo por exceso de velocidad [141] , pero el Oficial de Información Pública del Departamento de Policía de Warrior no pudo confirmar qué fue lo que sucedió al momento de la detención, ya que él no había participado en la detención [142] . Si bien el pastor Hernández fue puesto a disposición del ICE y fue liberado poco después sin tener que pagar una fianza, aún no se ha fijado la fecha para su procedimiento de deportación [143] . El estado retiró todos los cargos [144] .

En otra región del estado, Rafael B., inmigrante no autorizado de 23 años que vive en Estados Unidos desde los 17 años, informó que se le dijo varias veces “Tú no tienes derechos” cuando fue interceptado y detenido dos semanas después de que la ley entrara en vigor, supuestamente por no haber usado la señal de giro [145] . Rafael no pudo mostrar una licencia de conducir porque, al igual que los demás inmigrantes no autorizados, no puede obtener una licencia de conducir de Alabama. Cuando mostró su pasaporte mexicano, el oficial no creyó que fuera legítimo porque no tenía un “sello”. (El consulado mexicano en Atlanta indicó que no podía dar fe de la autenticidad del pasaporte sin verlo, pero que según el lugar y la fecha en que fue emitido, podía o no tener un sello en relieve sobre la fotografía) [146] . El oficial entonces procedió a arrestarlo. Cuando Rafael preguntó si podía llamar a un abogado, el oficial presuntamente le dijo: “No. Tú no tienes ningún derecho. Estás en la calle” [147] . Rafael luego preguntó si podía llamar a otra persona, y según contó: “Me dijo que no, que yo no tenía derecho a nada”. Continuaron preguntándole de dónde había sacado el pasaporte, y él les respondió que lo había obtenido en el consulado. Luego lo trasladaron a la estación de policía, y una vez allí “dijeron que no tenía derecho a nada, que si era legal podría salir con US$300, pero que no tenía derecho a nada”. Le habrían hecho preguntas como “¿Por qué hay tantos mexicanos aquí? Hay muchos ciudadanos estadounidenses que aquí no tienen trabajo. Ustedes les están quitando sus trabajos” y “¿Por dónde cruzó la frontera?”. Lo obligaron a firmar papeles sin explicarle qué eran, diciendo que darían más multas si no los firmaba.

Al día siguiente, Rafael fue puesto a disposición de la justicia. Finalmente, se le permitió ponerse en contacto con sus familiares, y estos le consiguieron un abogado. En ningún momento le ofrecieron los servicios de un intérprete. El juez no lo condenó por las multas, y no se le entregó ningún documento relacionado con su detención. Posteriormente pasó a disposición del ICE, pero fue liberado sin que se fijara una fecha para su procedimiento de deportación. En total, permaneció detenido una semana [148] .

En otro caso, un médico latino con residencia permanente en Estados Unidos dijo que pocas semanas después de que la ley entrara en vigor, un policía del estado le ordenó que se detuviera mientras circulaba en su automóvil, sin dar ningún motivo. Según el médico, el policía, que estaba parado en la calle, simplemente alzó la mano, con el brazo extendido, después de “ver el color de mi piel”. Cuando el oficial vio que tenía licencia de conducir, se la devolvió y lo dejó ir [149] .

Un inmigrante no autorizado de origen mexicano que vive en Elberta, una pequeña localidad en las afueras de Foley, describió haber vivido un incidente similar una semana después de que la ley entrara en vigor. Un policía siguió su automóvil durante un trayecto de tres millas y luego le indicó que se detuviera inmediatamente antes de que cruzara el límite con la jurisdicción de la policía de Foley. Si bien no le dio ningún motivo para detenerlo, cuando el conductor no pudo mostrar una licencia de conducir, el policía habría repetido varias veces: “Voy a darle una oportunidad para que se vaya de Alabama. La próxima vez, voy a enviarlo de vuelta a México” [150] .

Varias personas relataron casos de terceros que fueron detenidos o arrestados por razones que, según consideraban, eran poco plausibles. Stephen McGowan, un abogado de Dothan, informó que uno de sus clientes fue deportado después de que le indicaran que detuviera su automóvil, supuestamente por llevar la radio con el volumen demasiado alto. Según McGowan, sin embargo, la radio estaba averiada y no podía encenderse [151] .

Una mujer, que nació en Estados Unidos y cuya familia es originaria de República Dominicana, piensa que posiblemente la policía tuvo en cuenta criterios raciales cuando le indicó que detuviera su vehículo, poco después de que la ley entró en vigor. El policía dijo que creyó que no llevaba puesto el cinturón de seguridad. La mujer reconoció que era posible que el cinturón de seguridad no se viera dado que vestía ropa oscura, pero a la vez dijo que en todos los años que había vivido en la zona nunca antes se le había pedido que se detuviera por no usar el cinturón de seguridad. El oficial hizo comentarios sobre el trabajo de la mujer que sugerían que él estaba suponiendo que había inmigrado recientemente. Después de mostrarle su licencia de conducir, la dejó ir, pero cuando relató lo sucedido a amigos que trabajan en el departamento de policía, le sugirieron que comenzara a llevar consigo su certificado de nacimiento [152] .

Hostigamiento y abuso por parte de particulares y empresas

Sentimos que el racismo ha aumentado entre los estadounidenses.

—Lorena B., inmigrante no autorizada, residente en Alabama desde hace 15 años y madre de cuatro hijos que son ciudadanos estadounidenses, 30 de octubre de 2011

En este momento, podemos ver quién es realmente cristiano.

—Lara P., inmigrante no autorizada, residente en Alabama desde hace 15 años y madre de un hijo de nacionalidad estadounidense, 30 de octubre de 2011

Muchas de las personas con quienes hablamos dijeron que la vida cotidiana en Alabama se ha vuelto cada vez más difícil para los residentes latinos desde que se aprobó la Ley Beason-Hammon, ya que han aumentado los actos de hostigamiento y discriminación por parte de particulares y empresas. Cuando el estado declara que un grupo determinado de personas, que en su mayoría pertenecen a una minoría étnica, no es bienvenido, no resulta sorprendente que los ciudadanos consideren que tienen un permiso para discriminar a esa minoría. Todos los incidentes de hostigamiento informados a Human Rights Watch desde la aprobación de la ley involucraban a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes e inmigrantes no autorizados de ascendencia latina.

Algunas empresas privadas, que no tienen obligación legal de exigir ninguna documentación que compruebe la situación legal, parecen haber asumido por sí mismas la responsabilidad de verificar la ciudadanía o la presencia legal de las personas en el territorio como parte de transacciones de rutina. Un mujer informó que su madre de 55 años, una residente permanente de ascendencia latina, se sorprendió cuando un empleado de una importante tienda de descuento le dijo que tenía que presentar un documento que acreditara la ciudadanía estadounidense para poder venderle un medicamento que le habían recetado. Cuando la hija preguntó en la tienda qué había sucedido, le dijeron que habían tenido un problema con el seguro de su madre, pero esta no tuvo problemas para usar la receta en otra farmacia [155] . Leticia M., una inmigrante no autorizada que vive en Alabama desde que tenía un año, había abierto una cuenta en una cadena minorista para comprar en pagos vestimenta de invierno para su familia. Después de completar los pagos, acudió a la tienda para recoger las prendas. Como había perdido el recibo, se le pidió que proporcionara una identificación con fotografía, pero el gerente se rehusó a aceptar cualquier identificación que no hubiera sido emitida por Alabama [156] . Suzanna Collerd, una organizadora de la Coalición de Alabama por la Justicia para los Inmigrantes (Alabama Coalition for Immigrant Justice), informó que había hablado con una mujer a quien se le exigió una identificación cuando pidió que le mostraran unas joyas que estaban a la venta en un almacén de descuento, y con otra mujer que no pudo conseguir que en una importante tienda minorista de artículos electrónicos respetaran la garantía del producto que había comprado porque no tenía una licencia de conducir emitida por Alabama [157] .

Varias personas informaron que su entorno de trabajo se había vuelto hostil, y que sus compañeros hacían comentarios discriminatorios e hirientes, como “¿Te has enterado de la nueva ley? ¡Van a atraparte!” [158] . Delia R., una residente permanente, estaba consternada porque sus compañeros de trabajo nunca habían hecho este tipo de comentarios antes de que se aprobara la ley [159] . El esposo de Leticia M. consiguió un trabajo en una fábrica de autopartes que utiliza E-Verify, un programa federal que tiene por finalidad asegurar que los nuevos empleados tengan autorización para trabajar en Estados Unidos, a pesar de que no cuenta con dicha autorización. Si bien la empresa lo considera formalmente un trabajador con documentación, sus compañeros de trabajo y su supervisor lo tratan a él y a otras personas que están trabajando sin autorización de manera diferente, asignándoles más tareas y haciendo comentarios amenazantes como “No voy a escuchar a un mexicano sin papeles... ¡Haz que me despidan! Si lo haces, llamaré a migración para denunciarte” [160] .

Algunas personas afirmaron que incluso personas que no conocían en las tiendas de comestibles han hecho cometarios abusivos, como “¿Por qué todavía estás aquí? ¿No entiendes que tienes que irte?” [161] . Una docente de Foley informó que algunas personas habían alterado los folletos de “Preguntas Frecuentes” acerca de la ley sobre inmigración de Alabama y habían incluido expresiones como “Vuelvan a México”, para luego colocarlos en los parabrisas de los automóviles en un estacionamiento fuera de una conocida tienda de descuento [162] .

Este tipo de declaraciones, cuando se expresan en el ámbito de trabajo o en la escuela, pueden llegar a constituir hostigamiento ilegal. El creciente temor entre los inmigrantes no autorizados, sin embargo, es que el acoso verbal sea tan sólo el comienzo. Como manifestó Katherine Guzmán: “Me hace mal... saber que mi hija de 8 años tiene miedo y no saber realmente cómo ayudarla con eso, porque de alguna manera yo también tengo miedo… No se puede saber hasta dónde otras personas están dispuestas a llegar” [163] .