II. Negación de protección igualitaria conforme a la ley

No podemos presentar reclamos [sobre abusos en el lugar de trabajo] porque somos indocumentados. Tenemos un corazón del mismo tamaño, la misma sangre, sólo el color de nuestra piel es distinto.

—Miguel, inmigrante no autorizado, 28 de octubre de 2011

La Constitución de Estados Unidos y las normas internacionales de derechos humanos reconocen la igualdad ante la ley de todas las “personas” [100] . La Enmienda XIV a la Constitución de Estados Unidos define en primer lugar a “personas” como “ciudadanos de Estados Unidos”, y luego declara que ningún estado podrá “privar a ninguna persona de su vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a persona alguna dentro de su jurisdicción igual protección conforme a la ley” [101] . De manera similar, las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) se refieren a “todo individuo” o “todas las personas”, en lugar de los ciudadanos. Salvo en el artículo 13 sobre expulsión y el artículo 25 sobre el derecho a voto, el PIDCP no distingue entre los derechos de los ciudadanos y de quienes no lo son [102] . El artículo 26 consagra el derecho a recibir igual protección de la ley:

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social [103] .

El PIDCP también asegura específicamente a “toda persona” cuyos derechos fundamentales hayan sido violados la posibilidad de interponer un recurso efectivo, reconoce que “todas las personas” son iguales ante los tribunales y las cortes de justicia, y que “todo ser humano” tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica [104] .

Sin derecho a exigir el cumplimiento de contratos

Sin embargo, la Ley Beason-Hammon excluye expresamente a inmigrantes no autorizados de ciertas garantías legales. El artículo 27 establece que “[n]ingún tribunal de justicia en el estado podrá hacer cumplir, o considerar válidas de algún otro modo, las disposiciones establecidas en un contrato celebrado entre una parte y un extranjero que se encuentre ilegalmente en Estados Unidos” [105] . La disposición admite algunas excepciones y no se aplica a quienes desconozcan que la otra parte se encuentra en el país de manera ilegal; y excluye a aquellos contratos que puedan ejecutarse en menos de 24 horas, así como los de alojamiento durante una noche, alimentos, servicios médicos y transporte efectuado para “facilitar el regreso del extranjero a su país de origen”. La ley también excluye aquellos contratos “autorizados por la ley federal”, pero no ofrece una definición que aclare qué significa [106] . Salvo estas excepciones, el artículo 27 se aplica a todos los demás contratos que se utilizan cotidianamente, desde contratos de trabajo hasta hipotecas [107] .

Si bien la ley ha estado vigente por poco tiempo, en al menos una demanda interpuesta por inmigrantes no autorizados que presuntamente habrían sido estafados durante la venta de dos automóviles, los acusados habrían invocado en su defensa la ley sobre inmigración de Alabama, afirmando que los demandantes eran “residentes ilegales” [108] . El juez se pronunció a favor de los reclamantes debido a que la demanda ya había sido interpuesta cuando se aprobó la ley en cuestión [109] .

Varias personas informaron que a ellas o a otros inmigrantes no autorizados que conocían les habían negado el pago de sus salarios, pero creían que no tenían derecho a un recurso en función de lo dispuesto por la ley [110] . Una mujer señaló que a su esposo le habían pagado con un cheque sin fondos. Al reclamar a su empleador, este le habría dicho: “No tengo que pagarte nada porque no tienes papeles” [111] .

Si bien los inmigrantes no autorizados ya estaban expuestos a la posibilidad de que se les negara el salario incluso antes de la aprobación de la Ley Beason-Hammon, esta norma transmite un mensaje claro a los empleadores de que no deben temer que trabajadores no autorizados presenten acciones judiciales por incumplimiento contractual. Con independencia de la interpretación legal que reciba finalmente el artículo 30, es muy probable que como resultado de esta ley la negación de salarios y otros abusos contra inmigrantes no autorizados sea cada vez más frecuente y que se frustre la posibilidad de un reconocimiento más amplio de la importancia del Estado de derecho en Alabama.

Desigualdad en el acceso a recursos por las víctimas de delitos

La ley de Alabama exige que los agentes del orden locales realicen un “esfuerzo razonable” por determinar la condición de ciudadanía o migratoria de las personas al ser interceptadas o detenidas, cuando exista “sospecha razonable” de que se encuentran en el territorio en forma ilegal [114] . La norma suspende la aplicación de “todas las disposiciones de la presente ley” hasta la conclusión de los procedimientos legales cuando un inmigrante no autorizado sea víctima de un delito o testigo clave en un juicio, pero establece expresamente que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deberán acatar los pedidos de funcionarios federales de inmigración de que se ponga a disposición de ellos a la persona en cuestión. La ley tampoco brinda criterios que indiquen de qué forma los funcionarios deben determinar si un inmigrante interceptado ha sido víctima de un delito o es un testigo clave en un juicio. En la práctica, el efecto general de la ley ha sido que inmigrantes no autorizados se muestren extremadamente renuentes a mantener cualquier contacto con la policía, incluso cuando son víctimas de delitos [115] .

Sara M., quien vive en Estados Unidos desde los 7 años y habla inglés con fluidez, intentó ayudar al enterarse de que un inmigrante hondureño había sido agredido y robado, el cuarto hecho de este tipo ocurrido en un barrio de Birmingham del cual había tenido conocimiento en poco tiempo. Dos vecinos que presenciaron la agresión llevaron a la víctima dentro de su casa y procuraron atender sus heridas, pero no llamaron a la policía ni trasladaron a esta persona hasta el hospital a pedido suyo. Sara llamó a la policía y preguntó si, al presentarse para denunciar el delito, le pedirían que demostrara su condición migratoria. Cuando le respondieron que “sí”, colgó el teléfono. Sara dijo al respecto: “Antes, podías llamar a la policía y sentirte seguro. Ahora no hay seguridad para los hispanos” [116] .

En un hecho similar en otra región del estado, un joven contó que un amigo, que había sido víctima de un intento de robo, prefirió no denunciar el incidente a la policía [117] .

Algunas personas expresaron su temor de que hubiera una tendencia progresiva a agredir deliberadamente a inmigrantes latinos, ya que los delincuentes creen que probablemente no denunciarán los robos. Blanca Taylor, quien trabaja para la Unidad de Asistencia a Víctimas de la Fiscalía del Condado de Jefferson (Jefferson County District Attorney’s Victim Assistance Unit), contó a Human Rights Watch que si bien no tenía datos concretos, “el temor era cada vez más generalizado ” [118] . El día anterior, un amigo le había contado sobre un conocido que, pese a que había sido robado, se rehusó a llamar a la policía [119] . El pastor Rodríguez dijo acerca de su comunidad: “No saben quién es el enemigo, si la policía o los delincuentes” [120] .

Algunos departamentos de policía han expresado públicamente su preocupación por el modo en que la Ley Beason-Hammon podría afectar su capacidad de trabajar con comunidades de inmigrantes y minorías. Por ejemplo, el jefe de Policía de Birmingham, A.C. Roper, expresó en una declaración de apoyo a la petición de medida cautelar interpuesta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos: “la ley HB 56 frustrará los esfuerzos realizados por nuestro Departamento para llevar a cabo prácticas de policía de manera justa e igualitaria en todo Birmingham, ya que seremos percibidos como agentes de inmigración del Estado, en vez de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que procuran proteger a todas las personas de Birmingham” [121] . Algunos departamentos de policía entrevistados por Human Rights Watch también expresaron que su aspiración era “resolver delitos” y “no estar buscando personas para detenerlas conforme a la ley [sobre inmigración]” [122] . No obstante, algunos funcionarios negaron que la participación activa de la policía en controles de inmigración pudiera afectar la voluntad de inmigrantes no autorizados de denunciar delitos. Si bien el departamento de policía de Elberta ya tenía la práctica de averiguar la condición migratoria de las personas que interceptaban antes de la aplicación de la ley, el jefe de policía comentó a Human Rights Watch: “Nunca ha pasado que alguien no venga por [su situación migratoria]” [123] .

Desigualdad en el acceso a la justicia

La ley de Alabama ha generado gran incertidumbre respecto de la situación de inmigrantes no autorizados que actúan en la justicia penal o civil como testigos, acusados o demandantes. Al igual que en el trato con la policía, las personas se muestran renuentes a recurrir a los tribunales por temor a ser detenidas y deportadas.

Esta aprensión se debe en gran parte a lo dispuesto por el artículo 19 de la ley, que niega la posibilidad de libertad bajo fianza a todos los inmigrantes no autorizados acusados de delitos, con independencia de si se trata de delitos menores o de si el riesgo de fuga es mínimo [124] . Esto implica que permanecerán detenidos por períodos prolongados a la espera de un juicio, mientras que ciudadanos estadounidenses acusados de cometer delitos mucho más graves podrán conseguir la libertad bajo fianza. A efectos del derecho internacional, esta disposición viola el derecho de igualdad ante la justicia y de protección igualitaria conforme a la ley establecidos en el PIDCP. También supone una violación del artículo 9(3) del PIDCP, según el cual “[l]a prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio”. El procurador general de Alabama Luther Strange también ha señalado que esta disposición resulta violatoria de la Constitución del Estado de Alabama, y ha instado a que se derogue [125] . No obstante, al momento de la redacción de este documento, la disposición continuaba vigente.

La ley prohíbe asimismo a “funcionarios judiciales del estado” —jueces, abogados, personal de la justicia— adoptar políticas o prácticas que restrinjan las medidas de aplicación de la ley por parte de funcionarios del estado [126] . Establece además que no se podrá prohibir a un funcionario de la justicia compartir información que permita “[verificar] cualquier afirmación sobre residencia o domicilio cuando tal determinación sea necesaria conforme a las leyes del estado o una orden judicial emitida en virtud de un procedimiento civil o penal en este estado” [127] . Abogados, jueces e intérpretes judiciales han expresado su desconcierto y han cuestionado hasta qué punto están obligados a establecer e informar sobre la condición de indocumentados de sus clientes y de quienes comparecen ante la justicia.

La intérprete de español Melissa Fridlin comentó a Human Rights Watch que recibió una llamada telefónica de una defensora de oficio que afirmó no saber si debía denunciar la condición migratoria de su cliente [128] . Cuando esta abogada le preguntó a un juez, le respondió que era su obligación informar ese dato. Le dijo además que si alguien solicitaba un intérprete en su tribunal, él asumiría que esa persona era indocumentada y tendría la obligación de denunciarla. Finalmente, tras consultar a otros colegas, la abogada decidió que el deber de confidencialidad entre abogado y cliente se aplicaba a la condición migratoria, pero informó igualmente a su cliente que si bien estaba obligado a comparecer ante la justicia, sería detenido. Su cliente no se presentó al día siguiente como estaba previsto [129] .

El periódico Decatur Daily informó que el abogado Eric Summerford, en un mensaje de correo electrónica enviado al Colegio de Abogados del Condado de Morgan (Morgan County Bar Association), recomendó a otros colegas que por las dudas cumplieran el requisito de divulgación[130]. El juez J. Scott Vowell del Tribunal Civil del Condado de Jefferson indicó haber tenido noticias de que un juez municipal de Birmingham anunció que si alguien en su juzgado no tenía constancia que acreditara su situación, dicha persona sería arrestada[131].

No resulta sorprendente entonces que, como resultado, la población latina prefiera no acudir a la justicia, ni siquiera para pagar multas de tránsito. La intérprete de español Mavi Figueres, que trabaja habitualmente en los tribunales del condado de Jefferson, informó que desde septiembre no vio a personas latinas que se presentaran ante la justicia para pagar multas de tránsito, aun cuando dicha incomparecencia agrava su situación judicial [132] .

Los abogados entrevistados por Human Rights Watch fueron terminantes en cuanto a que el deber de confidencialidad entre abogados y clientes prevalecía por sobre cualquier obligación establecida por la legislación de Alabama, y la mayoría de los jueces entrevistados por Human Rights Watch consideraban que su función de árbitros imparciales se vería menoscabada si debían determinar la condición migratoria de las personas que acudían a su tribunal. La jueza Laura Petro indicó que si le ordenaban hacerlo, su reacción sería la siguiente: “me opondría rotundamente. Yo no soy un funcionario de aplicaci ó n de la ley. Como jueza, mi responsabilidad es interpretar la ley. Se supone que debemos ser imparciales y objetivos” [133] . Si bien el juez Sheldon Watkins indicó que estaba dispuesto a averiguar la condición migratoria si se le exigía hacerlo, creía que esto obstaculizaría el procedimiento ya que se vería obligado a llamar al alguacil para que detuviera a la persona en cuestión. Pero no sabía si el alguacil contaba con recursos para enviar a una persona a su juzgado, debido a los recortes presupuestarios [134] . El juez Vowell indicó que “la justicia ha sido siempre un ámbito al cual pueden acudir las personas para reclamar la protección que necesitan... La condición de ciudadano no debería incidir en la posibilidad de las personas de recibir protección” [135] .

Aun si no se detiene a inmigrantes no autorizados en los tribunales de justicia, existe un grave riesgo de que la vaguedad de la ley, así como las declaraciones ambiguas u hostiles de jueces y otros funcionarios judiciales, tengan un profundo efecto inhibitorio para los inmigrantes indocumentados que busquen justicia. Al aprobar esta ley, Alabama ya ha enviado un mensaje a los inmigrantes no autorizados de que no se respetará su derecho a la protección igualitaria conforme a la ley.