I. Consecuencias de la Ley Beason-Hammon para el acceso a las necesidades básicas cotidianas

La Ley Beason-Hammon de Protección a Contribuyentes y Ciudadanos de Alabama contiene disposiciones que han negado a inmigrantes no autorizados la posibilidad de realizar transacciones cotidianas necesarias [18] . Inmediatamente después de que la ley entró en vigor, se indicó a algunos inmigrantes no autorizados que ya no podrían solicitar el acceso al servicio de agua y otros servicios públicos, y muchos han visto comprometida de distintas maneras la posibilidad de continuar viviendo en las casas que son de su propiedad.

El artículo 30 prohíbe a los “extranjeros que no se encuentran legalmente en Estados Unidos” celebrar “transacciones comerciales” con el estado [19] . Para quienes son inmigrantes no autorizados, celebrar una transacción comercial con el estado, o procurar realizar este tipo de operaciones, constituye ahora un delito de clase C, para el cual se prevén penas de prisión de 1 a 10 años y multas de hasta US$ 15,000 [20] . Los familiares y amigos que se encuentren en situación legal en Estados Unidos y que ayuden a inmigrantes no autorizados conocidos a celebrar dichas transacciones podrán ser juzgados por concertación delictiva y estarán sujetos a la misma pena [21] .

La ley no provee una definición de la expresión “transacción comercial”, y esto ha dado lugar a interpretaciones confusas y contradictorias. Una gran cantidad de juntas de administración de servicios públicos, departamentos de registro de automotores y oficinas de condados en todo el estado han interpretado que estas disposiciones prohíben a los inmigrantes no autorizados suscribirse a servicios de agua, saneamiento, gas o electricidad; renovar la matrícula de sus viviendas móviles y automóviles; renovar las licencias de sus negocios y pagar los impuestos inmobiliarios. De esta manera, por medio de la ley se niega a un grupo determinado de residentes de Alabama —aquellos cuya presencia no está autorizada en virtud de las leyes federales de Estados Unidos— la posibilidad de satisfacer necesidades básicas para la vida y el bienestar.

Estas disposiciones, interpretadas de ese modo, violan las normas internacionales de derechos humanos, que reconocen los derechos fundamentales de todas las personas al agua, la vivienda y otras necesidades esenciales para la salud y el bienestar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” [23] . El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del cual Estados Unidos es parte, prohíbe expresamente la injerencia arbitraria en la familia o el domicilio de las personas [24] . El estado de Alabama está obligado a respetar los derechos garantizados por el PIDCP, que resulta vinculante para todos los funcionarios de gobierno [25] , y también lo exige la Constitución de Estados Unidos, que dispone que los tratados forman parte de la ley aplicable que los gobiernos de los estados deben respetar [26] .

Poco antes de que este informe pasara a imprenta, un juez federal dictó una orden de restricción temporal que dispuso la inaplicabilidad del artículo 30 a las viviendas móviles [27] . Asimismo, la Procuraduría General del estado emitió una serie de cartas de orientación donde indicaba a funcionarios locales y de los condados que no implementaran este artículo, a menos que pudieran verificar la condición migratoria de una persona que no fuera ciudadana estadounidense a través de un programa federal , y donde se consignaba que la expresión “transacción comercial” no incluye el acceso al agua y a otros servicios públicos similares [28] . La Liga de Municipios de Alabama (Alabama League of Municipalities) publicó sus propias directrices e indicó que las personas deberán igualmente declarar su ciudadanía o situación legal bajo pena de perjurio cuando realicen “transacciones comerciales” con el estado [29] y , al momento de la redacción del informe, al menos un condado continuaba anunciando en su sitio web que todas las personas que celebraran transacciones comerciales con cualquier departamento gubernamental deberían presentar constancia de ciudadanía estadounidense o residencia legal [30] .

Las cartas de orientación del procurador general, así como la orden de restricción temporal sobre aplicación de la ley a viviendas móviles, podrían impedir algunas de las violaciones más graves de derechos en virtud de la ley, si bien aún no es claro si estas directrices se aplicarán en todo el estado. No obstante, la finalidad de la ley de crear trabas que dificulten la vida de los inmigrantes no autorizados dio lugar a interpretaciones amplias y abusivas luego de su entrada en vigor, como se señala a continuación. Human Rights Watch considera que, hasta que se derogue la ley y el estado proteja de manera efectiva el derecho de los inmigrantes no autorizados a satisfacer sus necesidades cotidianas, la ley favorecerá la discriminación y la negación de derechos fundamentales.

Agua potable, saneamiento, gas y electricidad

El procurador general de Alabama Luther Strange afirmó en el marco de un litigio por la ley de Alabama que el Departamento de Justicia de Estados Unidos estaba “incurriendo en una interpretación inadecuada o, al menos, exagerada” al argumentar que el artículo 30 prohibiría que inmigrantes no autorizados tuvieran acceso a agua corriente o servicios de alcantarillado [31] . No obstante, incluso varias semanas antes de que la ley entrara en vigor, la compañía Allgood Alabama Water Works publicó un aviso que indicaba: “Usted podría perder el servicio de agua”, dirigido a clientes que no tuvieran un documento de identificación válido emitido por Alabama [32] . Otras empresas de servicios públicos han adoptado medidas similares. El periódico Decatur Daily informó que Decatur Utilities modificó su política y empezó a exigir comprobantes de su situación legal a quienes se suscriban a los servicios de agua, electricidad, gas y alcantarillado, de conformidad con un dictamen jurídico emitido por Electric Cities of Alabama, una coalición de empresas de servicios públicos de propiedad municipal que operan en el estado [33] . La representación de ACLU en Alabama informó que los departamentos de asuntos sucesorios de los condados de Montgomery y Houston habían indicado que quienes solicitaran el servicio de agua debían cumplir los requisitos de la nueva ley [34] . A través de visitas efectuadas por Human Rights Watch a la Junta Municipal de Administración de Servicios Públicos (Municipal Utilities Board) en Albertville y Dothan Utilities en Dothan, se confirmó que estos también pedían identificaciones emitidas por el gobierno que únicamente se entregan a ciudadanos estadounidenses y personas que no son ciudadanas estadounidenses pero residen legalmente en el país [35] .

Las empresas de servicios públicos que anunciaron este tipo de políticas en general limitaron el requisito de acreditación de la situación legal a quienes se suscriben a un servicio nuevo, incorporan una cuenta a un servicio existente o desean restablecer el servicio después de que este fue interrumpido por falta de pago [36] . Anteriormente, algunas empresas de servicios públicos exigían una identificación, pero no lo hacían con la intención de determinar si la persona que solicitaba el servicio era un residente legal.

Si bien la mayoría de las familias que entrevistamos no estaban tratando de obtener nuevos servicios públicos y, por lo tanto, no habían enfrentado la posibilidad de una interrupción del servicio, algunos entrevistados afirmaron conocer a personas a quienes les habían cancelado el servicio de electricidad o agua después de la entrada en vigor de la ley [37] o que debieron pagar cientos de dólares adicionales por el servicio debido a que no contaban con los documentos de identificación necesarios [38] . Un programa de noticias en Univision también informó que a una familia en Montgomery se le había indicado que para tener acceso al servicio de agua sin un pasaporte estadounidense o un documento de identificación emitido por Alabama, deberían pagar cientos de dólares adicionales para instalar su propio sistema [39] . Una mujer, que se fue de Alabama y se mudó a Georgia poco después de la aprobación de la ley, contó que en su edificio de departamentos se había anunciado a los residentes que deberían presentar un número de Seguridad Social para poder recibir los servicios de agua y luz. El temor de perder estos servicios incidió en su decisión de abandonar Alabama, a pesar de que había vivido en el estado durante 18 años y que sus dos hijos eran ciudadanos estadounidenses nacidos en ese estado [40] .

Nuestra investigación también reveló que algunas empresas de servicios públicos, incluidas empresas en Dothan y Decatur, exigían documentos emitidos por el estado o las autoridades federales —que los inmigrantes no autorizados no pueden obtener— como condición para solicitar el servicio incluso antes de que Alabama sancionara su ley sobre inmigración, y continúan haciéndolo en la actualidad [41] . Leticia M., una joven de 20 años que vive en Alabama desde que tenía un año, ha intentado infructuosamente desde mayo de 2011 obtener el servicio de agua para su remolque, donde tiene intención de vivir con su esposo y su hija de un año, que es ciudadana estadounidense [42] . Inmigrantes no autorizados en otras localidades informaron que las empresas locales de servicios públicos también exigen desde hace años una identificación emitida por el estado [43] .

Más de dos meses después de que la ley entró vigor, el procurador general emitió una serie de criterios de orientación donde se indicaba que la frase “transacciones comerciales” “no contempla la prestación de servicios... como agua, alcantarillado, electricidad, saneamiento, alimentos y atención de la salud” [44] e instó a la legislatura a modificar la disposición y establecer claramente que “transacción comercial” se refiere únicamente a transacciones específicas relacionadas con licencias [45] . Aun cuando los criterios de orientación del procurador general, si se aplican de manera coherente, reducirán considerablemente la incidencia de la ley en el acceso por parte de inmigrantes no autorizados a los servicios de agua, alcantarillado y electricidad, no reivindican el derecho de todos los residentes de Alabama a las necesidades básicas cotidianas. El memorando del procurador general contiene la aclaración de que “[a]lgunos de estos servicios podrán quedar alcanzados por otras disposiciones de la Ley N.° 2011-535”, sin indicar qué servicios podrían ser negados [46] . Como se señala más adelante, las oficinas locales no tienen los recursos para interpretar e implementar esta ley, y aún existe incertidumbre acerca de cómo se implementarán los criterios de orientación del procurador general en todo el estado.

Las directrices emitidas por el procurador general demuestran que la finalidad de la ley, que consiste en crear obstáculos que dificulten la vida de los inmigrantes no autorizados, ha favorecido una interpretación tan amplia por parte de funcionarios locales y del estado, que se ha negado a inmigrantes no autorizados derechos tan básicos como el acceso al servicio de agua.

Vivienda

Para muchas familias, la posibilidad de perder su vivienda es uno de los problemas más apremiantes generados por la nueva ley sobre inmigración. La ley, que según se ha interpretado impide que inmigrantes no autorizados renueven la matrícula de sus viviendas móviles, efectivamente prohíbe que las familias y personas afectadas ocupen legalmente las viviendas que son de su propiedad, que en general se encuentran ubicadas en terrenos que también son propios. Varias semanas después de nuestra visita a Alabama, el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Medio de Alabama emitió una orden de restricción temporal que establece la inaplicabilidad de esta disposición a las viviendas móviles, y que vencerá el 7 de diciembre [47] . Sin embargo, la disposición ha estado en vigor desde el 28 de septiembre hasta el 23 de noviembre, y ha tenido graves consecuencias para algunas de las personas que entrevistamos. Incluso después de que entró en vigor la orden de restricción temporal, el Southern Poverty Law Center recibió denuncias de personas en seis condados que señalaban que algunas oficinas del condado no estaban cumpliendo con lo dispuesto por dicha orden [48] . La carta de orientación emitida por el procurador general el 1 de diciembre dispone que las oficinas locales y de los condados únicamente podrán negar a personas que no sean ciudadanas el derecho a llevar a cabo una transacción comercial solo cuando se verifique mediante un programa del gobierno federal que la persona en cuestión no se encuentra legalmente en el país [49] . Dado que tan solo un condado se encuentra actualmente inscripto en el programa, hasta el momento la disposición no debería excluir a inmigrantes no autorizados de la posibilidad de celebrar “transacciones comerciales” relativas a viviendas [50] . Sin embargo, los criterios de orientación no reivindican el derecho de los inmigrantes no autorizados a vivir en las casas que son de su propiedad, y si la ley no se deroga o no se determina su inaplicabilidad con efectos permanentes, cada vez serán más los inmigrantes no autorizados y las familias que podrían ver amenazado su derecho a la vivienda.

Según el Pew Hispanic Center, el 43 por ciento de los hispanos [51] en Alabama son propietarios de viviendas [52] . Si bien es difícil determinar qué cantidad de estos propietarios son indocumentados, resulta claro que una proporción significativa de hispanos podrían ver comprometido su derecho a habitar sus propias viviendas como resultado de la ley sobre inmigración de Alabama.

El 29 de septiembre de 2011, el Departamento de Impuestos de Alabama (Alabama Department of Revenue) envió un memorando a todos los valuadores de impuestos, recaudadores de impuestos, comisionados de impuestos y analistas de valuación impositiva en Alabama, en el cual indicaba que:

[C]ualquier persona que solicite la inembargabilidad de los bienes de familia, la aplicación de la valuación según el uso actual de su propiedad o cualquier otra exención para la rebaja de los impuestos inmobiliarios por primera vez deberá comprobar antes su ciudadanía estadounidense. Si la persona es extranjera, deberá demostrar que se encuentra legalmente en Estados Unidos. Toda persona que registre una vivienda prefabricada deberá además comprobar su ciudadanía estadounidense. Si la persona es extranjera, deberá demostrar que se encuentra legalmente en Estados Unidos [énfasis en el original] [53] .

La gran mayoría de las familias que entrevistamos viven en remolques que, desde el punto de vista técnico, son viviendas móviles, pero que en general ahora tienen carácter fijo. No obstante, se consideran vehículos móviles cuya matrícula debe renovarse todos los años. Diversas familias que viven en cinco ciudades del estado informaron a Human Rights Watch que el Departamento de Automotores ( Department of Motor Vehicles) dejará de renovar la matrícula de esos remolques ya que constituiría una “transacción comercial” con el estado, lo cual infringe la ley de Alabama [54] . Activistas locales [55] , el conductor de un programa de radio [56] y ministros religiosos [57] informaron que este tema también preocupa a miembros de su comunidad. A las personas que son propietarias del terreno en el cual se encuentran los remolques también se les indica que no pueden pagar los impuestos inmobiliarios ni recibir el comprobante de pago [58] . Una mujer informó que, a causa de la ley, se había visto obligada a vender su vivienda a un precio extremadamente bajo [59] . Otras personas dijeron que habían transferido el título de propiedad a familiares y amigos que son residentes legales [60] .

Estos remolques no son vehículos usados para fines de esparcimiento, sino la “vivienda” de una familia, en todos los sentidos de la palabra. Muchas familias manifestaron haber ahorrado o efectuado pagos durante años y haber invertido en otros gastos para reacondicionar los remolques y hacer que fueran habitables. Human Rights Watch visitó a dos hermanas cuyas familias viven en remolques contiguos. Ambos remolques estaban meticulosamente cuidados por dentro y por fuera, y tenían cobertizos, zonas infantiles, gallineros y conejeras, y jardines. Una de las hermanas y su esposo habían trabajado y ahorrado durante ocho años para pagar el remolque y también habían logrado comprar el terreno donde lo habían instalado [61] . En otra ciudad, Víctor, un joven de 19 años que llegó a Alabama cuando tenía 6 años, nos mostró orgulloso una vivienda en la cual su padre había gastado US$20,000 para reacondicionarla e instalar pisos de madera, azulejos y lámparas tipo candelabro. Su padre es propietario de otros dos remolques que ha acondicionado y que arrienda a otras personas [62] . Al momento de las entrevistas, las tres familias estaban preocupadas por la falta de certidumbre acerca de si podrían continuar viviendo en sus casas sin renovar las matrículas.

La imposibilidad de los inmigrantes no autorizados de renovar la matrícula de sus viviendas móviles de conformidad con el artículo 30 se ve agravada por la disposición de la ley que establece que los tribunales de Alabama no pueden exigir el cumplimiento de contratos en los cuales se sabe que una de las partes es una persona indocumentada [64] . El único tribunal que se pronunció con respecto a la disposición sobre contratos de la Ley Beason-Hammon sostuvo que la ley no se aplica a las demandas interpuestas antes de que la ley entrara en vigor [65] . Cabe la posibilidad de que los tribunales dispongan, empleando un criterio similar, que la ley se aplica solamente a nuevos contratos, y no a contratos celebrados con anterioridad a su sanción, si bien aún no se ha dictado ninguna decisión de ese tipo. Pero mientras se mantenga la incertidumbre respecto de la validez de esta disposición, muchas familias experimentarán una profunda preocupación respecto de su vivienda y su activo financiero más importante. Por ejemplo, Sara M. y su familia continúan preocupados debido a que desconocen qué derechos tienen exactamente sobre las dos viviendas que les pertenecen, una de las cuales aún no han terminado de pagar. Sara, que ahora tiene 27 años de edad, vive en Estados Unidos desde que tenía 7. Con dos hijos que son ciudadanos estadounidenses y el resto de su familia en el estado, no puede imaginarse llegar a perder “todo aquello por lo que trabajamos” [66] .

Si bien Human Rights Watch no recibió denuncias de personas cuyas viviendas hubieran sido embargadas por bancos, varios agentes inmobiliarios que trabajan con residentes latinos expresaron su preocupación de que la ley pudiera comprometer el derecho de los inmigrantes no autorizados sobre las viviendas con hipotecas. Freddy Guerra, un agente inmobiliario de Birmingham, comentó que durante una reunión celebrada recientemente de la Asociación Nacional de Profesionales Hispanos de Bienes Raíces   (National Association of Hispanic Real Estate Professionals), un abogado explicó que la ley podría anular las hipotecas otorgadas a inmigrantes no autorizados. Si bien existe la posibilidad de que la justicia determine que la ley no se aplica retroactivamente a las hipotecas suscriptas antes de su entrada en vigor, esto solo se sabrá cuando un caso de este tipo llegue a los tribunales. Guerra cree que debido a que los valores de las viviendas han bajado, los bancos no se han mostrado interesados en los embargos, pero que si su valor sube “entonces tendremos grandes problemas” [67] .

Independientemente de cuál sea finalmente la interpretación de la ley, la incertidumbre ha sido suficiente para que algunas personas que vendieron viviendas móviles y casas se nieguen a cumplir sus acuerdos de venta en pagos. Una líder comunitaria informó que una familia la había llamado para pedirle ayuda después de que quien les había vendido su vivienda les advirtió que volvería a tomar posesión del inmueble. Pese a que habían estado cumpliendo los pagos durante tres años, el vendedor pretendía devolverles únicamente el depósito [68] . Y la coordinadora de ministerios hispanos de una iglesia católica afirmó conocer a familias que aún estaban realizando pagos de sus viviendas móviles y a quienes los vendedores les habían avisado que, en adelante, debían proporcionar un número de Seguridad Social para continuar efectuando los pagos [69] .

La ley también amenaza el derecho a una vivienda digna de los inmigrantes no autorizados que son arrendatarios. La ley penaliza a los propietarios que arrienden una propiedad a una persona cuando sepan que su situación es ilegal [70] . Si bien esta disposición fue invalidada de manera preliminar por un tribunal federal [71] , parece haber alentado a algunos propietarios a incumplir sus obligaciones frente a sus arrendatarios. Una mujer que vive con su esposo y siete hijos en un remolque arrendado dijo que este se había infectado de cucarachas. Antes de que se aprobara la Ley Beason-Hammon, podía pedir al propietario que solucionara cualquier problema. Pero desde entonces, el propietario ya no está dispuesto a ayudarla, y teme que si se muda y busca una nueva vivienda se le pida un documento que acredite su situación legal [72] . Otro inmigrante no autorizado informó haber tenido un problema similar con una empresa de administración que se rehusó a intervenir ante el hostigamiento de un vecino [73] , mientras que otro conocía a una persona que había sufrido un robo y que, tras pedir al propietario que reparara la ventana por la cual habían ingresado los asaltantes, este se rehusó a hacer los arreglos [74] .

Varios líderes comunitarios señalaron que la mayoría de los propietarios estaban inconformes por haber perdido a arrendatarios confiables que eran inmigrantes y que habían abandonado el estado, y no pensaban iniciar acciones legales para desalojar a los que aún no se habían ido. Sin embargo, un médico en un centro de salud rural informó que el propietario de un predio utilizado para el aparcamiento de remolques se estaba aprovechando de la situación de personas que se habían  ido y luego decidieron volver, cobrándoles el doble del precio de arrendamiento que pagaban antes y vendiéndoles nuevamente los muebles que habían dejado en sus viviendas [75] .

Licencias de negocios

La renovación de la licencia de un negocio se considera una “transacción comercial” con el estado, y la nueva ley, por lo tanto, requiere que las personas que pretendan renovar tales licencias presenten documentación que comprueben su ciudadanía o que viven legalmente en Estados Unidos [78] . Este requisito ha sido sumamente gravoso para todos los propietarios de negocios, incluidos ciudadanos estadounidenses y residentes legales, y el estado ha debido extender el plazo para las renovaciones que vencían en octubre de 2011 [79] . Como se señaló anteriormente, el procurador general ha dado instrucciones a oficinas locales y de los condados de que únicamente podrán negarse a celebrar “transacciones comerciales” con una persona en virtud de la ley cuando constaten que se trata de un inmigrante indocumentado a través de un programa federal [80] . Sin embargo, ya se ha observado un profundo impacto sobre los inmigrantes no autorizados, varios de los cuales han informado que cerraron o que posiblemente cierren sus negocios a causa de la ley   [81] . El caso de la madre de Carmen, explicado anteriormente, es un ejemplo de ello. Otro caso similar es el de Sonia D., quien teme no poder renovar la licencia de su restaurante que vence el próximo año pero que, según nos dijo, aún no puede aceptar tener que dejar el negocio del cual depende toda su familia [82] . En la sección a continuación se describe el caso de una persona de origen salvadoreño con residencia permanente en Estados Unidos que se ha visto obligada a cerrar su taller mecánico porque no pudo renovar la licencia.

También cabe mencionar que el artículo 11 de la ley sobre inmigración de Alabama penaliza a los inmigrantes no autorizados que buscan trabajo o, incluso, que trabajan en forma independiente [83] , mientras que otros artículos de la ley prevén penas para los empleadores que, a sabiendas, contratan a inmigrantes no autorizados (algunos de los últimos artículos han sido invalidados mientras se encuentren pendientes procedimientos judiciales) [84] .

Más allá de las enormes dificultades que se generan para las familias de inmigrantes no autorizados, se prevé que la ley sobre inmigración de Alabama tendrá consecuencias profundamente negativas para la economía del estado. Los negocios enfocados a las comunidades latinas ya tienen dificultades para mantener su actividad [85] , los agricultores aseveran que no hay suficientes trabajadores [86] y las empresas que no son del estado están reconsiderando o cancelando sus planes de instalarse en Alabama [87] . A pesar de que se afirma lo contrario, la mayoría de los inmigrantes no autorizados pagan impuestos: se calcula que la población de inmigrantes no autorizados de Alabama ha pagado US$ 130 millones en concepto de impuestos durante 2010 [88] . El profesor Samuel Addy del Centro de Investigación Comercial y Económica (Center for Business and Economic Research) de la Universidad de Alabama ha estimado que la ausencia de 10,000 trabajadores no autorizados en el estado provocaría una contracción de US$ 40 millones en la economía de Alabama [89] .

Verificación de documentos irregular y discriminatoria

Si bien la Ley Beason-Hammon exige que los funcionarios del estado y locales asuman la tarea de verificar los documentos de inmigración y ciudadanía para cualquier clase de trámite, desde la inscripción de viviendas móviles hasta la renovación de licencias de negocios, no destina ningún tipo de financiamiento a medidas de capacitación o supervisión que permitan garantizar que los funcionarios cumplan esta tarea de conformidad con todas las leyes relevantes. La ley sobre inmigración es compleja, e incluso el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE), el organismo federal de control de inmigración, comete errores graves, que incluyen la deportación de ciudadanos estadounidenses [90] . Las largas filas de residentes de Alabama que intentan renovar matrículas y licencias son una señal de que la nueva ley exige requisitos engorrosos, incluso para residentes de Alabama cuya situación es legal [91] . A su vez, los primeros informes señalan que es probable que la carga recaiga particularmente sobre residentes legales que son percibidos como no autorizados, en particular las personas de ascendencia latina, dado que es posible que los funcionarios estatales y locales de Alabama no siempre comprendan las distinciones entre ciudadanos, no ciudadanos a quienes se ha reconocido algún tipo de situación legal e inmigrantes no autorizados.

Cuando una asesora en declaraciones de impuestos de Dothan intentó ayudar a uno de sus clientes, que es propietario de un negocio y residente permanente, a renovar la licencia comercial, se encontró con que la oficina de licencias local no sabía que una tarjeta de residencia permanente, o “tarjeta verde” (green card), constituía un documento que acredita la situación legal. Cuando presentó una tarjeta de residencia permanente, un funcionario de la oficina de licencias le preguntó: “¿Quién otorgó esto?, ¿Qué es USCIS?”. La oficina no comprendía que USCIS, o el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (US Citizenship and Immigration Service), es el organismo federal encargado de la emisión de tarjetas de residencia permanente. Dijeron que podían aceptar únicamente un “Formulario I-551”, lo cual indica que ignoraban que a la tarjeta de residencia permanente también se la conoce como   Formulario I-551 [92] . Cuando Human Rights Watch hizo un seguimiento para averiguar si esta oficina aceptaba una “tarjeta verde”, se le preguntó al investigador: “¿Contiene una fotografía?” [93] .

En otra parte del estado, una mujer informó que un amigo, originario de El Salvador, se había visto obligado a cerrar su taller mecánico porque no pudo renovar su licencia comercial. Aunque es residente permanente y vive en Estados Unidos desde hace 20 años, en la oficina local del condado de Shelby le indicaron que necesitaba presentar un certificado de nacimiento para renovar la licencia de su negocio [94] . Alfredo Chávez, un ciudadano estadounidense y propietario de varios negocios en Decatur, creía que los funcionarios habían aplicado criterios de selectividad racial cuando renovó la licencia de su negocio poco tiempo atrás. Contó que los funcionarios en la oficina no solicitaron la licencia de conducir a dos personas de origen caucásico que estaban en la fila delante de él, pero que sí se la pidieron a él y a otra persona de ascendencia hispana [95] .

Algunos memorandos emitidos por organismos del estado poco después de que la ley entró en vigor contenían información incorrecta y hacían referencia, por ejemplo, a un pasaporte extranjero “con una visa de Estados Unidos vencida” [96] y una “tarjeta de inscripción tribal válida (no vencida) u otra forma de identificación tribal” [97] como prueba de permanencia legal para quienes no sean ciudadanos.

El 1 de diciembre, luego de que supuestamente se produjeron los incidentes antes descritos, la Procuraduría General emitió una carta de orientación donde indicaba a los funcionarios locales y de los condados que “solamente se podrá negar a un extranjero el derecho a llevar a cabo una transacción comercial con el estado... cuando exista una determinación federal de que este se encuentra en el país en forma ilegal”, es decir, dicha determinación deberá efectuarse a través del programa de Verificación Sistemática del Derecho de los Extranjeros a Recibir Beneficios (Systematic Alien Verification for Entitlements, SAVE), administrado por el Departamento de Seguridad Nacional [98] . El Departamento de Impuestos de Alabama también emitió un memorando por el cual dejó sin efecto una directiva previa que autorizaba a funcionarios locales y del condado a verificar la situación migratoria de personas que no fueran ciudadanas estadounidenses y que quisieran realizar “transacciones comerciales” con el estado [99] . Al momento de la redacción de este informe, se desconoce si estas medidas lograrán prevenir prácticas discriminatorias o incongruentes de verificación de documentos. Asimismo, incluso si todos los organismos se inscribieran en el programa SAVE y pudieran reconocer adecuadamente a personas que no son ciudadanas que se encuentran ilegalmente en el país, la negación de las necesidades básicas cotidianas a inmigrantes no autorizados constituiría igualmente una violación de las normas internacionales de derechos humanos.