Metodología
El presente informe se elaboró sobre la base de investigaciones exhaustivas realizadas a lo largo de dos años en cinco estados profundamente afectados por la violencia vinculada al narcotráfico: Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco. Se trata, en todos los casos, de estados donde se han asignado fuerzas de seguridad federales, estatales y locales a iniciativas contra el narcotráfico. En conjunto, representan una muestra diversa del país, tanto en términos regionales como políticos, y los tres principales partidos políticos de México han conseguido gobernar al menos uno de estos estados.
Durante la investigación, Human Rights Watch realizó más de 200 entrevistas a un amplio espectro de actores. Entre estos se incluyen procuradores generales de justicia, agentes del Ministerio Público, defensores de oficio, jefes de fuerzas de seguridad pública, policías, legisladores, funcionarios de la CNDH y las comisiones nacionales de derechos humanos, víctimas y sus familiares, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, académicos y periodistas. Las entrevistas también incluyeron reuniones con diversos funcionarios federales, como representantes de la SEDENA, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, además de senadores y diputados.
Las conclusiones de estas entrevistas fueron complementadas por diversas estadísticas oficiales obtenidas por Human Rights Watch. No fue fácil conseguir estas estadísticas, y en algunos casos, aunque no en todos, hay razones de peso para dudar de su exactitud. En numerosas ocasiones, los funcionarios demoraron varios meses en responder a pedidos básicos de información, como preguntas sobre la cantidad de funcionarios públicos que habían sido condenados por violaciones de derechos humanos. Y, en los casos en que sí se enviaron, las respuestas fueron casi siempre incompletas, o no coincidían con la información solicitada.
Por ejemplo, el 8 de junio de 2011 Human Rights Watch envió un pedido al entonces vocero de la Presidencia de la República en temas de seguridad pública, Alejandro Poire, donde se preguntaba en cuántos de los casi 35.000 homicidios incluidos en la base de datos del gobierno se habían dictado condenas penales. Recibimos una respuesta un mes después donde se indicaba que cualquier información relativa a investigaciones penales en curso era “estrictamente reservada”, de conformidad con la Constitución. Sin embargo, Human Rights Watch no había solicitado información sobre investigaciones en curso, sino estadísticas sobre investigaciones en las cuales se hubieran dictado condenas penales. Por ende, Human Rights Watch reiteró el pedido el 30 de agosto de 2011. Al momento de la redacción del presente informe, no hemos recibido una respuesta.
Debido a la limitada respuesta por parte de funcionarios de gobierno ante estos pedidos directos enviados a través de mensajes de correo electrónico y otras comunicaciones, Human Rights Watch presentó más de 50 solicitudes de información pública por medio del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) de México y sus equivalentes en los estados. En algunos casos, este resultó ser un canal efectivo para obtener datos oficiales, como se observa en las citas del presente informe. Sin embargo, en otros casos, los organismos gubernamentales a los cuales dirigimos nuestros pedidos demoraron varios meses en responder, y luego los denegaron por defectos de forma o reenviaron nuestros pedidos a otros organismos, quienes a su vez nos indicaron que no contaban con la información.
Por otra parte, las respuestas que sí recibimos mostraban contradicciones en las estadísticas oficiales. Por ejemplo, varios pedidos de información pública acerca de la cantidad de investigaciones iniciadas en la jurisdicción militar presentados ante la Procuraduría General de Justicia Militar y la SEDENA recibieron como respuesta cifras notablemente contradictorias. En una respuesta de junio de 2011, la SEDENA informó que desde 2007 los agentes del Ministerio Público militar habían iniciado 3.671 investigaciones de delitos cometidos por soldados contra civiles. Por su parte, la Procuraduría General de Justicia Militar indicó en su respuesta de agosto de 2011 que solamente había iniciado 1.969 investigaciones de presuntos delitos de soldados contra civiles.
Human Rights Watch también obtuvo diversos documentos oficiales sobre casos individuales, como pericias médicas, informes de autopsia, informes de detención, denuncias presentadas por víctimas ante agentes del Ministerio Público y funcionarios de derechos humanos, expedientes de causas penales, fotografías tomadas en el lugar del delito, videos de juicios orales, amparos y resoluciones judiciales. En la mayoría de estos casos, los documentos fueron proporcionados por víctimas, sus abogados y organizaciones locales de derechos humanos. Y estos archivos fueron complementados por información adicional que fue recabada en forma independiente por las víctimas y sus familiares, quienes a menudo tomaron la iniciativa de impulsar sus propias investigaciones ante la pasividad de los agentes del Ministerio Público, como por ejemplo los números de identificación de vehículos policiales o militares que participaron en delitos contra civiles.
Human Rights Watch procuró obtener versiones oficiales en todos los casos documentados en este informe para complementar el relato ofrecido por las víctimas acerca de los sucesos. No obstante, en algunos casos este esfuerzo se vio frustrado por la renuencia de ciertas autoridades a reunirse con nosotros o brindarnos información sobre casos concretos.
En algunas de las entrevistas realizadas por Human Rights Watch, las víctimas, sus familiares y testigos pidieron que se omitieran sus nombres para resguardar su identidad, por temor a represalias. Por idénticas motivaciones, otros pidieron que no se incluyan en el informe los casos que relataron a Human Rights Watch. Varios funcionarios que hablaron abiertamente sobre delitos que implican a otras autoridades también pidieron que no se revelara su nombre, pero permitieron que identificáramos la institución gubernamental en la cual trabajaban. En estos casos, hemos omitido el nombre de la fuente, como se indica en las citas respectivas.