Resumen
“Ha llegado un nuevo amanecer. Han cambiado las reglas del juego. Los que no se adapten a ellas quedarán al margen”.
– Embajador Zamir Akram de Pakistán hablando de la importancia de la Primavera Árabe. Ponencia presentada en nombre de la Organización de la Conferencia Islámica durante la sesión especial sobre Libia del Consejo de Derechos Humanos, 25 de febrero de 2011.
El 25 de febrero de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas convocó una sesión especial en respuesta a la represión violenta de las manifestaciones pacíficas en Libia. El Consejo decidió por unanimidad enviar urgentemente una comisión internacional encargada de investigar las violaciones y recomendó que la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) considerara la suspensión de la membrecía de Libia en el Consejo, la cual aprobó dicha suspensión el 1 de marzo.
Cinco años después de su creación, la acción del Consejo frente a Libia fue la primera de varias medidas decisivas tomadas por el Consejo para responder a situaciones de crisis de derechos humanos en el mundo. En el plazo de un año, el Consejo puso en marcha investigaciones internacionales sobre Côte d’Ivoire y Siria, además de Libia, nombró a un experto encargado de informar de la situación de los derechos humanos en Irán y, después de años de silencio, se pronunció acerca de los abusos de los derechos humanos en Belarús. Este informe examina el cambio sustancial que tuvo lugar en el seno del Consejo entre julio de 2010 y junio de 2011. Ofrece una descripción general de los principales logros del Consejo durante este período y considera las situaciones en las que el Consejo falló al no responder.
El informe examina el desempeño de las delegaciones que fueron más influyentes en el Consejo. Analiza la manera en que la conducta de estos Estados afectó la capacidad del Consejo para cumplir eficazmente su mandato de promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo.
Durante el período cubierto por el informe, fue el trabajo y la determinación de algunas delegaciones claves que contribuyó a que el Consejo avanzara hacia una implementación más eficaz de su mandato en lugares como Côte d’Ivoire, Irán y Belarús. Antes de esto, el Consejo no había logrado responder a una gran mayoría de situaciones de emergencia nuevas o de violaciones crónicas de derechos humanos que requerían su atención.
Los países que cambiaron la dinámica del Consejo de manera positiva durante este período provienen de diferentes regiones del mundo. Trabajaron colectivamente o en paralelo para promover un cumplimiento más riguroso del mandato del Consejo para abordar y prevenir situaciones de violaciones, reconociendo la pasividad del Consejo en el pasado. Algunas de las delegaciones que tuvieron mayor impacto en este sentido fueron: Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Maldivas, México y Zambia. A estas delegaciones se suman Estados como Francia, Japón, Jordania, Mauricio, Senegal, Reino Unido y Uruguay, que también desempeñaron una labor importante de movilización del Consejo en respuesta a las necesidades de las víctimas en cualquier parte del mundo.
La labor del Consejo fue más eficaz cuando grupos de Estados de varias regiones colaboraron para presentar iniciativas conjuntas destinadas a promover los derechos humanos. Esto contribuyó a evitar la polarización de debates y permitió que el Consejo se centrara en buscar soluciones, en lugar de enfocarse en rivalidades u opiniones divergentes en materia de derechos humanos. Sin embargo, algunos países se mostraron menos dispuestos a contribuir positivamente a estos esfuerzos y se resistieron especialmente a los intentos de mejorar la respuesta del Consejo a las denominadas “situaciones de violaciones”. En particular, China, Cuba y Rusia votaron sistemáticamente en contra de cualquier medida del Consejo que consideraron demasiado crítica con un Estado, o que no contaba con el apoyo del Estado en cuestión. Argumentaron que el Consejo debería ser un foro en el que los Estados se reúnen para discutir cuestiones de derechos humanos de manera cooperativa, sin que, según ellos, se “interfiera” en los asuntos internos de otros Estados.
Aunque mejoró el número de Estados con un desempeño positivo en el Consejo, hubo muy pocos Estados dispuestos a asumir un liderazgo para responder a las situaciones que requerían la acción del Consejo. Esto tuvo un efecto doblemente negativo: restringir el número de situaciones a las que el Consejo pudo responder eficazmente y exponer al Consejo a acusaciones de selectividad porque un pequeño grupo de Estados con iniciativa actuaron para responder a situaciones por las que sentían cierta afinidad, dejando sin respuesta otras situaciones graves de derechos humanos.
Este informe examina también los acontecimientos, tanto positivos como negativos, relacionados con la labor temática del Consejo, como los derechos de la mujer o la libertad de religión. Analiza la manera en que ciertos Estados contribuyeron a la promoción de los derechos humanos en áreas temáticas, mientras que la intervención de otros Estados en estos debates amenazó las normas existentes.
El informe confirma que los esfuerzos de Estados para crear nuevos mecanismos temáticos, como el mandato del nuevo relator especial sobre la libertad de reunión y asociación, fueron más exitosos cuando cooperaron y colaboraron con Estados de varias regiones. También documenta cómo gracias a la voluntad política y flexibilidad de ciertos Estados se pudo superar el impasse en debates temáticos complicados. Un buen ejemplo de ello fue la decisión de Pakistán y de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI) de trabajar en la búsqueda de una nueva posición de consenso para sustituir la resolución sobre la “difamación de las religiones”, así como la decisión de Sudáfrica de promover por la primera vez en la historia una resolución sobre los derechos humanos, la orientación sexual y la identidad de género.
El desarrollo de un enfoque más firme y eficaz en el Consejo tuvo lugar casi en paralelo a los acontecimientos de la denominada “Primavera Árabe”–los levantamientos pro democráticos que comenzaron en Túnez en diciembre de 2010 y se propagaron rápidamente por todo el mundo árabe. Sin embargo, como ocurre con muchos procesos de cambio, todavía es demasiado pronto para juzgar si las mejoras en el Consejo son duraderas o si volverán a surgir las viejas conductas. Este informe analiza como consolidar el progreso logrado hasta la fecha y hacer frente a prácticas nocivas enraizadas en el Consejo.
Será necesario combatir la selectividad y los dobles raseros en el Consejo. En este sentido, los países que pueden ejercer un mayor liderazgo en el Consejo deben asumir el desafío para que se puedan abordar una gama más amplia y diversa de situaciones. La aplicación del doble rasero por parte de cualquier Estado debilita la eficacia del Consejo y debe ser criticada. Sin embargo, es igualmente deplorable la idea de que el Consejo deje de responder del todo a situaciones de violaciones debido a críticas sobre su selectividad frente a una situación en particular.
La membrecía del Consejo se alterará significativamente en septiembre de 2011, cuando una serie de Estados influyentes terminarán su mandato rotativo y otros se incorporarán al Consejo. Los nuevos miembros del Consejo tendrán la opción de darle continuidad a la dinámica heredada del exitoso quinto año de vida del organismo o de retomar una posición más complaciente, especialmente en respuesta a las situaciones de violaciones. Tendrán la responsabilidad de unirse a otros Estados que se han comprometido a implementar, por razones de principio la totalidad del mandato del Consejo, o de quedarse al margen y cuestionar incluso el propósito fundamental del Consejo. La actuación de los nuevos Estados miembros, como Benín, Botsuana, Costa Rica, India, Indonesia, Italia y Perú, puede definir el legado del Consejo durante este período, así como lo hará la determinación de otros Estados a seguir construyendo sobre los logros del año pasado y remediando los problemas.
En concreto, los nuevos Estados miembros deben estar dispuestos a analizar de manera crítica los motivos de los Estados que cuestionan el mandato del Consejo de responder a situaciones de violaciones. Los países que han logrado salir de períodos oscuros de abusos contra los derechos humanos y se han comprometido con la democracia no deben aceptar el argumento de que el Consejo debe evitar abordar las situaciones en países, especialmente cuando este argumento proviene de Estados con escasas libertades o instituciones independientes, sociedades civiles reprimidas o inexistentes, y pueden oponerse a estas medidas para obtener ganancias políticas. Los Estados que se están distanciando de una historia interna de represión, ya sean nuevos o antiguos miembros del Consejo, también deben distanciarse de una posición internacional que sitúa la soberanía nacional y la política por encima de las víctimas de abusos y las protecciones de los derechos humanos. Teniendo especialmente en cuenta su pasado, los Estados como Nigeria, Indonesia y Perú deben optar por la promoción y la implementación del mandato del Consejo de responder a las situaciones de violaciones graves de los derechos humanos, y no rehuirlo.
Será el esfuerzo colectivo de los Estados de todas las regiones que marcará la diferencia en las vidas de los que sufren violaciones de los derechos humanos. Las víctimas de abusos necesitan que el Consejo investigue y siga de cerca sus situaciones, y que promueva su protección cuando sus derechos sean violados por sus propios gobiernos. Los defensores de los derechos humanos que viven bajo amenazas necesitan el apoyo a su labor que puede aportar la atención internacional. Esta es la esencia de la misión del Consejo. Las víctimas y los defensores de los derechos humanos recurrirán al Consejo en los momentos más difíciles, los momentos en que el Consejo tiene que estar dispuesto y preparado para responder. Ningún grupo regional o Estado puede definir por sí mismo la dirección que va a tomar el Consejo, pero la respuesta colectiva del organismo dependerá de la actuación individual de sus miembros. Este informe muestra cómo la voluntad y el compromiso de unos cuantos Estados han contribuido a que el Consejo adopte un papel más activo que ha mejorado la situación de los derechos humanos sobre el terreno. El compromiso de cada Estado puede ayudar a asegurar la continuación del progreso alcanzado durante el quinto año del Consejo, en beneficio de los que se enfrentan a violaciones de los derechos humanos en todo el mundo.