El estado de excepción declarado días atrás por el Presidente Nicolás Maduro en la frontera venezolana debería haber puesto en alerta a la comunidad internacional. Pero no fue así, y cada vez hay más evidencias creíbles de que se estarían produciendo violaciones de derechos humanos.
El decreto de emergencia restringe diversos derechos, incluido el derecho a participar en reuniones públicas, y permite que miembros de las fuerzas de seguridad allanen viviendas, vehículos y personas sin una orden judicial. Si bien el derecho internacional no prohíbe estas restricciones en situaciones de estado de excepción, el gobierno debe asegurar que estas no sean discriminatorias y que se limiten a medidas necesarias y proporcionales, y que las personas tengan en todos los casos acceso a un recurso efectivo cuando sufran presuntos abusos.
Este definitivamente no parece ser el caso de los más de mil colombianos deportados a lo largo de la semana pasada, a los que se suman otros 4 mil que han abandonado el país por miedo a sufrir abusos o a ser deportados.
La reconocida Defensoría del Pueblo de Colombia ha indicado que recibió 451 denuncias de abusos sufridos por colombianos en Venezuela, incluidos desalojos forzados de sus viviendas —que posteriormente fueron destruidas— y decenas de casos de agresiones verbales y físicas por agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas. Hubo 177 casos de separación de familias colombianas, incluyendo algunas instancias en las cuales los hijos quedaron en Venezuela. Otras fuentes confiables consultadas por Human Rights Watch corroboraron esta información, y nos indicaron que algunos ciudadanos colombianos que fueron deportados tenían autorización legal para vivir en Venezuela, pero no se les permitió cuestionar la deportación.
El decreto de emergencia también señala que el gobierno venezolano implementará la “Operación Liberación del Pueblo” (OLP) en el estado fronterizo de Táchira. El gobierno comenzó la OLP en julio, como reacción ante los problemas de seguridad y el comercio ilegal de productos de los cuales hay escasez. La prestigiosa organización de derechos humanos venezolana Provea ha indicado que en operaciones efectuadas desde que se puso en marcha la iniciativa, miembros de la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad han violado derechos fundamentales, incluyendo mediante detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales de viviendas, y abusos verbales y físicos.
No hay dudas de que el gobierno venezolano puede adoptar medidas para proteger a su población, abordar las crisis de seguridad y económica, y hacer cumplir sus leyes migratorias. Sin embargo, considerando el deplorable record de las fuerzas de seguridad venezolanas, la impunidad que prevalece en casos de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de estas fuerzas y la falta de independencia judicial en el país, debería haber un seguimiento y control más atento de las medidas adoptadas por el gobierno venezolano.
Los gobiernos latinoamericanos y las organizaciones regionales como Unasur y Mercosur deberían pronunciarse sobre esta situación y exigir que se ponga fin a las deportaciones masivas y que se garantice que las operaciones de seguridad no violen derechos fundamentales de las personas.
