Imagínese que le obligan a abandonar el país que considera su casa, dejando atrás a su mujer y su hijo de 3 años, ambos ciudadanos estadounidenses. Ahora imagínese descubrir que en realidad nunca debió ser deportado, pero que aún así el gobierno de Estados Unidos no quiere que regrese.
Esa es la historia de Kenault Lawrence, que fue deportado a Jamaica en enero de 2013 tras ser considerado un traficante de drogas y un criminal agravado por dos condenas en 2009 relacionadas con la marihuana y por las que cumplió tres meses de cárcel hace años. Varios meses después de su expulsión, el Tribunal Supremo de EE.UU. falló en el caso Moncrieffe v. Holder que las condenas como la de Lawrence no constituyen un delito agravado de “tráfico de drogas”.
Bajo esa sentencia, Lawrence no habría afrontado la deportación automática sino que habría tenido una gran oportunidad para quedarse en EE.UU. gracias a su familia política con ciudadanía estadounidense, su historial estable de trabajo y sus años de residencia en el país.
Cada año, decenas de miles de personas, incluyendo residentes legales, son deportados como resultado de sentencias por delitos de drogas, incluso por faltas antiguas que dieron lugar a poco o ningún tiempo de cárcel bajo el sistema de justicia penal. Si bien estas leyes inflexibles y draconianas siguen traduciéndose para muchos en exilio y separación familiar, el Tribunal Supremo de EE.UU. ha emitido una serie de fallos a lo largo de los años que han erosionado los esfuerzos del gobierno estadounidense para interpretar el delito agravado del “tráfico de drogas” de maneras excesivamente amplias y a veces absurdas.
En Moncrieffe, caso que se decidió por una mayoría de 7 a 2, el Tribunal Supremo declaró: “Una vez más sostenemos que el enfoque del Gobierno desafía ‘la concepción de sentido común’ de estos términos”.
Pero cuando Lawrence finalmente recibió asesoría legal pro bono de Capital Area Immigrants’ Rights Coalition (CAIR) e intentó reabrir su caso este año, el gobierno de EE.UU. se opuso a su moción. El gobierno se niega a traerlo de vuelta a EE.UU. para el tipo de audiencia individual que debería haber recibido hace tres años.
El presidente Barack Obama recientemente conmutó las sentencias de 46 personas que cumplían largas condenas por tráfico de drogas. En una carta a uno de los hombres que recibió una conmutación, Obama escribió que su facultad para conceder indultos “encarna la creencia básica en nuestra democracia de que las personas merecen una segunda oportunidad después de haber cometido un error que diera como resultado una condena”.
Sin embargo, su gobierno se ha negado a concederle a Lawrence, y a tantos otros inmigrantes que en algún momento se equivocaron, esa segunda oportunidad. Tal como me contó su esposa Melissa, “cometió un error, cumplió su pena de cárcel, estuvo en libertad condicional e hizo todo lo que se suponía que debía hacer”, pero aun así “sigue pagando el precio una y otra vez”. Y Lawrence no es el único en pagar ese precio. Melissa, que trabaja como camarera, pasa apuros económicos y emocionales para sacar adelante en solitario a su hijo Devario. Además, la madrastra de Lawrence, que es quien lo crió, tiene cáncer y teme no volver a verlo nunca más.
Una diversa coalición de organizaciones, incluida Human Rights Watch, está apoyando a Lawrence y a su familia en su campaña por traerlo de vuelta a EE.UU. Usted también puede urgir al gobierno estadounidense a que devuelvan a Kenault Lawrence a su hogar firmando aquí la petición #bringkenaulthome.
