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Ataques a establecimientos de salud, personal y pacientes

La falta de supervisión, protección y justicia obstaculiza el acceso

(Ginebra) – Una serie de ataques contra establecimientos médicos, trabadores de la salud y pacientes se han producido en al menos 17 países inmersos en conflictos y revueltas civiles desde enero de 2014, señalaron Human Rights Watch y Safeguarding Health in Conflict Coalition en un informe conjunto publicado hoy. El informe se presentó durante la reunión anual de ministros de salud de distintas regiones del mundo celebrada en Ginebra del 18 al 26 de mayo de 2015.

El informe de 22 páginas, “Attacks on Health: Global Report” [Ataques a la salud: Informe mundial], alerta sobre ataques recientes ocurridos en distintos países del mundo. En el último año, diversos grupos armados han perpetrado 41 incidentes de ataques contra hospitales, clínicas y personal de salud en Afganistán, y han asesinado en forma deliberada a más de 45 trabajadores de salud, principalmente personal encargado de suministrar vacunas contra la poliomielitis, en Nigeria y Pakistán. En Siria, donde establecimientos médicos en Alepo fueron alcanzados por bombas de barril lanzadas por fuerzas gubernamentales, 194 médicos murieron y 104 centros de salud han sido atacados desde 2014.

“La Asamblea General de la ONU instó en diciembre a los países miembros a que adopten medidas concretas para reforzar la protección de trabajadores de la salud”, observó Leonard Rubenstein, presidente de la coalición, conformada por más de una veintena de organizaciones no gubernamentales. “Sin embargo, los continuos ataques deliberados a establecimientos de salud, la violencia contra trabajadores del sector y la ausencia de un sistema que exija que los responsables rindan cuentas, evidencia que aún hay mucho por hacer”.

La Organización Mundial de la Salud debería agilizar su iniciativa de crear sistemas para reunir y difundir información sobre ataques a personal y establecimientos médicos, observaron Human Rights Watch y la coalición. También exhortaron a los gobiernos y grupos armados no estatales a adoptar medidas más enérgicas para prevenir ataques y exigir que los responsables rindan cuentas.

Las organizaciones informaron sobre ataques en Sudán del Sur, donde 58 personas fallecieron durante una sucesión de atentados ocurridos a comienzos de 2014 en cuatro hospitales distintos, y en el este de Ucrania, donde se estima que entre el 30 y el 70 por ciento de los trabajadores de la salud han abandonado la región debido a la inseguridad. En Yemen, milicias de Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) atacaron centros de salud a comienzos de 2014, y la coalición de 10 países encabezada por Arabia Saudita efectuó ataques aéreos que impactaron en hospitales e interrumpieron el abastecimiento de insumos médicos durante el conflicto a principios de 2015. A partir de cifras extraídas de la Base de Datos sobre Seguridad de Insecurity Insight, el informe muestra además las tendencias observadas en ataques a la atención de la salud a lo largo de una década en Sudán del Sur y la República Centroafricana.

Las organizaciones también examinaron acciones gubernamentales que afectaban la atención de la salud durante conflictos. Por ejemplo, Turquía sancionó una ley que criminaliza la atención de emergencia sin autorización oficial, y que podría suponer penas de uno a tres años de prisión para los trabajadores de la salud que atiendan a manifestantes heridos.

Las organizaciones también destacaron algunos avances en la respuesta global, como la resolución adoptada en diciembre de 2014 por la Asamblea General de la ONU, que fortalece las normas de protección como elemento clave del derecho a la salud, y el mayor liderazgo ejercido por la Organización Mundial de la Salud.

El informe se difundió conjuntamente con un mapa en línea, donde se muestran los ataques a la atención de la salud, elaborado por Physicians for Human Rights. El mapa interactivo documenta ataques, aporta información de referencia sobre cada país y presenta ejemplos ilustrativos sobre ataques nefastos producidos entre enero de 2014 y abril de 2015.

“En vez de recibir protección, en la práctica la atención médica es objeto de ataques”, manifestó Donna McKay, directora ejecutiva de Physicians for Human Rights y miembro de la coalición. “En Siria, durante el último mes se produjeron al menos 14 ataques a hospitales y murieron siete trabajadores de la salud. El impacto que las agresiones han tenido para la salud en casi veinte países causa profunda consternación y amerita una respuesta global”.

Las organizaciones también alertaron sobre ataques a trabajadores de la salud en Guinea, Liberia y Sierra Leona ocurridos durante el brote del ébola, que alcanzó una gravedad sin precedentes. En estos países, el temor y la desconfianza —incluida la creencia de que la enfermedad estaba siendo propagada por trabajadores de la salud— propiciaron ataques contra personal y establecimientos médicos. En agosto se produjo en Liberia un incidente de saqueo de equipos médicos, alimentos y ropa de cama de un centro de cuarentena de personas infectadas con ébola, que obligó a pacientes y trabajadores de la salud a escapar del lugar. En Sierra Leona, varios trabajadores de la salud fueron atacados mientras intentaban enterrar los cuerpos de cinco víctimas de ébola en septiembre. Y en Guinea, una multitud atacó a trabajadores de la salud al grito de “¡el ébola es mentira!”, luego de que se rociara una sustancia desinfectante en un mercado. Ocho personas, entre ellas trabajadores de la salud, funcionarios locales y periodistas que informaban sobre el ébola, fueron asesinadas en septiembre con machetes y palos. En abril de 2015, la justicia de Guinea condenó a 11 personas a prisión perpetua por estas muertes.

“Los ataques contra establecimientos y personal de salud vulneran el derecho internacional e interfieren con las garantías fundamentales del derecho a la salud”, señaló Joe Amon, director sobre salud y derechos humanos de Human Rights Watch, y miembro de la coalición. “Monitorear los ataques puede ayudarnos a comprender más claramente cuán extendido se encuentra este problema, pero en definitiva la ONU y los gobiernos deben proteger a los trabajadores de la salud y exigir que se juzgue a los responsables”.

 

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