Cuando Nicoll Hernández-Polanco, una mujer transgénero guatemalteca de 23 años, se entregó a oficiales de la patrulla fronteriza estadounidense en octubre pasado y pidió asilo en Estados Unidos, pensó que allí concluiría su calvario. Pero, lamentablemente, estaba equivocada.
Nicoll fue asignada a un centro inmigratorio exclusivo para hombres administrado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) de Estados Unidos en Florence, Arizona, donde en varias ocasiones fue agredida sexualmente por otros detenidos y manoseada y hostigada verbalmente por guardias, conforme señaló la organización de incidencia Mariposas Sin Fronteras.
“Quiero luchar por mis derechos, y por los derechos de las mujeres transgénero”, afirma Nicoll, quien ha pedido asilo debido a que teme ser perseguida por su condición de mujer transgénero en Guatemala.
Desafortunadamente, la historia de Nicoll no es la única de este tipo. En lugar de velar por la seguridad de quienes huyen de situaciones de persecución violenta, el gobierno estadounidense aplica controles inmigratorios de vía rápida a migrantes procedentes de América Central que llegan a sus fronteras pidiendo asilo. Muchos quedan detenidos, mientras que otros son enviados de regreso al lugar de proveniencia, donde enfrentan amenazas de muerte, violación sexual y violencia. Las personas transgénero —muchas de las cuales intentan ser acogidas para dejar atrás una situación de violencia y persecución sistémicas— a menudo enfrentan nuevos abusos mientras permanecen detenidas. Según un reciente informe de investigación, las personas transgénero que están detenidas en EE. UU. por motivos inmigratorios sufren habitualmente agresiones sexuales, negación de atención médica esencial y confinamiento por períodos prolongados en condiciones de aislamiento.
Si bien en ocasiones los migrantes transgénero han sido detenidos en las denominadas “unidades LGBT”, que generan una variedad de vulnerabilidades adicionales, el gobierno no ha enviado a mujeres transgénero a establecimientos de detención para mujeres. “No conozco que haya ningún establecimiento con esas características”, señaló a los medios un funcionario de inmigración estadounidense. “No existe una política beneficiosa de ese tipo para la asignación a centros de detención”.
Actualmente, una coalición de organizaciones de defensa de derechos de inmigrantes y personas LGBT está pidiendo a quienes apoyan sus actividades que exijan en forma directa a las autoridades estadounidenses #LibertadParaNicoll y todos los demás inmigrantes LGBT detenidos, debido a las amenazas que enfrentan durante la detención. El ICE debería cumplir inmediatamente con sus propias normas sobre detención, que establecen que las personas transgénero no deberían ser asignadas “exclusivamente en función de [sus] documentos de identidad o anatomía física”, y concluir la asignación de mujeres transgénero a establecimientos exclusivos para hombres, donde enfrentan grave riesgo de agresión sexual. El ICE debe abordar no solo los problemas que enfrentan los migrantes transgénero, sino también si los migrantes LGBT en general deberían ser designados como población vulnerable, que se encuentra expuesta a violentos abusos en prisión.
Hasta que EE. UU. aborde estos problemas, Nicoll y otras personas como ella no van a darse por vencidas. Con el uniforme azul de prisión, Nicoll esbozó una sonrisa y dijo orgullosa desde la sala de visitas en el centro de detención donde se encuentra en Florence: “Si estoy aquí, es porque estoy luchando”.
