Se aproxima el Día del Trabajo. Si tiene suerte, conseguirá pasar un día más en la playa, preparar en la parrilla su carne asada favorita o disfrutar de una siesta.
A pesar de haber sido concebido inicialmente para reivindicar garantías laborales básicas como la jornada de ocho horas y reconocer el valor de las clases trabajadoras, esta fecha no significa demasiado para quienes se encuentran atrapados en situación de trabajo forzado o trata de personas.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que hay 1,5 millones de mujeres, hombres y niños víctimas de trabajo forzado en economías desarrolladas como Estados Unidos, Canadá y Europa. Esta proporción asciende a la estremecedora cifra de 21 millones de personas a nivel mundial, de las cuales aproximadamente el 25 por ciento son menores.
El trabajo forzado, al cual se hace referencia a menudo como “esclavitud contemporánea”, adopta diversas formas, y es particularmente común en ámbitos como agricultura, trabajo doméstico, manufactura y la industria del sexo. Numerosas víctimas trabajan extensas jornadas en condiciones riesgosas a cambio de una remuneración ínfima o nula, sufren violencia psicológica, física o sexual, y no pueden escapar debido a confinamiento, servidumbre por deudas o amenazas de represalias.
A pesar de que se mantienen alejados de la mirada pública, estos abusos resultan por demás lucrativos para quienes explotan a estas personas. Según cálculos de la OIT, quienes se benefician con el trabajo forzado perciben ganancias ilícitas que ascienden a US$ 150.000 millones.
Miembros de la OIT –gobiernos, sindicatos y asociaciones de empresarios– se reunieron en junio para definir estándares internacionales más exigentes y medidas más enérgicas con respecto al trabajo forzado. Adoptaron un nuevo tratado histórico que aspira a prevenir el trabajo forzado, y proteger y resarcir a quienes sobreviven a esta situación.
El nuevo Protocolo sobre Trabajo Forzoso moderniza un tratado de 1930 que, si bien en su momento fue ampliamente ratificado, actualmente ha quedado obsoleto. Entre las medidas del protocolo se incluyen:
- Ampliar la legislación y las inspecciones laborales a sectores donde existe riesgo de trabajo forzado;
- Proteger a migrantes ante prácticas de contratación abusivas;
- Apoyar las medidas de debida diligencia adoptadas por las empresas, para que puedan prevenir el trabajo forzado en sus operaciones y actuar en caso de que se manifieste.
- Asistir a víctimas de trabajo forzado, además de protegerlas de eventuales represalias; y
- Asegurar que todas las víctimas, con independencia de su condición migratoria, tengan acceso a medidas de justicia y recursos, incluidas indemnizaciones.
El trabajo forzado no puede tener cabida en la sociedad contemporánea. Los gobiernos deberían redoblar sus esfuerzos para combatir este flagelo, ratificando el protocolo y asegurando que se traduzca en medidas de protección concretas en la práctica, a fin de que el próximo Día del Trabajo sea una ocasión para celebrar los avances logrados.
