(Washington, DC) – Un decreto firmado por el presidente Barack Obama el 21 de julio de 2014 constituye un paso significativo para poner fin a la discriminación de lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT) en el ámbito laboral en Estados Unidos, señaló hoy Human Rights Watch.
El decreto prohíbe que empresas a las cuales se les han adjudicado contratos con el gobierno federal incurran en discriminación laboral por motivos de orientación sexual o identidad de género y condena la discriminación de empleados federales por razones de identidad de género. El decreto no incluye nuevas excepciones religiosas, a pesar de los reclamos de prominentes líderes religiosos para que se incorporaran excepciones sumamente amplias.
“El decreto del presidente Obama, que prohíbe la discriminación laboral por parte de contratistas federales vinculada con razones de orientación sexual o identidad de género, protegerá los derechos de millones de trabajadores estadounidenses”, aseveró Graeme Reid, director de la división de derechos de LGBT de Human Rights Watch. “La negativa de Obama a incorporar las excepciones religiosas envía un mensaje contundente de que estas creencias no deberían ser invocadas en ningún caso para justificar la discriminación”.
Un decreto ejecutivo es una directiva presidencial sobre política pública que no requiere la aprobación del Congreso y puede ser revocado por futuros gobiernos. El Congreso debería incorporar estas disposiciones antidiscriminatorias en la legislación federal, indicó Human Rights Watch.
El decreto ejecutivo se formuló sobre la base de una legislación preexistente que prohíbe el empleo de criterios sesgados, e incorporó la orientación sexual y la identidad de género a la lista de garantías ya establecidas que deben cumplir los contratistas federales. Al incluir a la identidad de género como una categoría protegida para los empleados federales, el decreto ofrecerá por primera vez una garantía contra la discriminación por motivos de identidad de género. Los empleados federales ya gozan de garantías frente a la discriminación por razones de orientación sexual. El decreto tendrá efectos sumamente amplios, ya que las empresas que contratan con el gobierno de EE. UU. serían cerca de 24.000 y representan aproximadamente a 28 millones de trabajadores.
El decreto ejecutivo conserva disposiciones limitadas sobre excepciones religiosas estipuladas en un decreto dictado en 2002 por el ex presidente George W. Bush, que permite a las compañías tomar en cuenta las creencias religiosas al contratar personal.
Esta medida presidencial se adoptó tras el caso Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc., en el cual la Corte Suprema de EE. UU. determinó que esta empresa familiar podía negarse por motivos religiosos a incluir los métodos de anticoncepción en la cobertura de seguro ofrecida a sus empleados. Una interpretación amplia de la Corte a la excepción religiosa podría sentar un precedente que cercene las garantías destinadas a hombres gay, lesbianas, bisexuales y personas transgénero por razones religiosas, expresó Human Rights Watch.
Obama manifestó que la paralización en el Congreso de la Ley contra la Discriminación en el Empleo (Employment Non-Discrimination Act, ENDA), cuya sanción desde hace tiempo se reclama como urgente, lo había motivado a adoptar el decreto ejecutivo. La ENDA, que prevé una excepción religiosa, también perdió el apoyo de algunos de sus promotores iniciales, a la luz de las implicaciones de la decisión de la Corte Suprema en la causa Hobby Lobby. Este pronunciamiento podría dejar sin efecto la finalidad antidiscriminatoria de la ley, como resultado de la excepción que se prevé para empleadores que rechacen la homosexualidad invocando justificaciones de índole religiosa.
“Lamentablemente, los cuestionamientos religiosos se están convirtiendo en sinónimo de una modalidad de discriminación que se pretende plantear como aceptable”, señaló Reid. “La discriminación es discriminación independientemente de la forma en que se justifique. El decreto ejecutivo deja en claro que las organizaciones religiosas, como cualquier otra persona, no deberían ser objeto de excepciones”.
