El bombardeo de instalaciones civiles sugieren políticas ilegales
17 de Julio de 2014
La retórica de Israel se centra por completo en la precisión de sus ataques, pero los bombardeos que no tienen un objetivo militar y que causan tantas muertes de civiles difícilmente pueden considerarse precisos. Casos recientes documentados en Gaza encajan tristemente en el largo historial de Israel de ataques aéreos ilegales con un elevado número de bajas civiles.
Sarah Leah Whitson, directora para Medio Oriente

(Gaza) – Los ataques aéreos lanzados por Israel en Gaza investigados por Human Rights han atacado blancos aparentemente no militares y matado a personas ajenas al conflicto, en lo que supone una violación de las leyes de guerra, señaló hoy Human Rights Watch. Israel debe poner fin a los ataques ilegales que no hagan blanco en objetivos militares y puedan tener la intención de castigo colectivo o de destruir bienes civiles en general. Los ataques deliberados o imprudentes que violan las leyes de guerra constituyen crímenes de guerra, dijo Human Rights Watch.

Los ataques israelíes lanzados en Gaza desde el pasado 7 de julio, equivalentes según funcionarios israelíes a más de 500 toneladas de explosivos en misiles, bombas y fuego de artillería, han matado hasta el 17 de julio al menos a 230 personas y herido  a 1.764, incluyendo 893 mujeres y niños, según Naciones Unidas. Informes preliminares de la ONU identificaron a 183 personas, aproximadamente el 77 por ciento de las bajas, como civiles, incluidos 52 niños, y descubrieron que los ataques habían destruido 1.780 viviendas, desplazando al menos a 10.600 personas.

“La retórica de Israel se centra por completo en la precisión de sus ataques, pero los bombardeos que no tienen un objetivo militar y que causan tantas muertes de civiles difícilmente pueden considerarse precisos”, dijo Sarah Leah Whitson, directora para Medio Oriente de Human Rights Watch. “Casos recientes documentados en Gaza encajan tristemente en el largo historial de Israel de ataques aéreos ilegales con un elevado número de bajas civiles”.

Los grupos armados palestinos también deben poner fin a los ataques indiscriminados con cohetes dirigidos hacia los núcleos de población israelíes. Los medios de comunicación israelíes informaron que los grupos armados palestinos han lanzado 1.500 cohetes contra Israel, hiriendo a cinco israelíes y destruyendo propiedades civiles.

Las fuerzas israelíes y los grupos armados palestinos ejecutaron menos ataques y lanzamientos de cohetes en mayo y principios de junio. El 11 de junio, un ataque aéreo israelí mató a un presunto miembro de un grupo armado y a su hijo cuando montaban una motocicleta en Gaza. Esto provocó el lanzamiento de cohetes por parte de grupos armados palestinos, lo que, a su vez, desató la escalada masiva de los ataques israelíes el 7 de julio. Israel también culpó a Hamas por el secuestro y asesinato de tres adolescentes israelíes cerca de un asentamiento de Cisjordania el 12 de junio. Como reacción, el 13 de junio lanzó una operación militar en Cisjordania, acabando con la vida de al menos seis palestinos. Si bien Hamas elogió los secuestros, nunca se adjudicó su responsabilidad.

Human Rights Watch investigó cuatro ataques israelíes durante la ofensiva militar de julio en Gaza que causaron víctimas civiles y que, o bien no atacaron un objetivo militar legítimo, o fueron ejecutados a pesar de la probabilidad de que las víctimas civiles fueran desproporcionadas en relación con las potenciales ventajas militares. Este tipo de ataques cometidos deliberada o imprudentemente constituyen crímenes de guerra bajo las leyes de guerra aplicables a todas las partes involucradas. En estos casos, el ejército israelí no ha presentado ninguna evidencia para demostrar que estaba atacando objetivos militares legítimos o que actuó con el objetivo de minimizar las bajas civiles.

Israel ha afirmado erróneamente como una cuestión política que los miembros civiles de Hamas u otros grupos políticos que carecen de un papel militar son “terroristas” y por tanto objetivos militares legítimos, y ha llevado a cabo con anterioridad cientos de ataques ilegales sobre este supuesto. Israel también ha atacado domicilios familiares de presuntos miembros de grupos armados sin demostrar que la vivienda estuviera siendo utilizada para fines militares.

El 11 de julio, un ataque israelí contra la cafetería Fun Time Beach, cerca de la ciudad de Jan Yunis, mató a nueve civiles, entre ellos dos niños de 15 años, e hirió a tres, incluido un niño de 13 años. Un portavoz militar israelí dijo que el ataque fue “dirigido a un terrorista”, pero no presentó ninguna prueba de que alguno de los presentes en la cafetería, que se habían reunido para ver un partido de la Copa del Mundo, estuviera participando en operaciones militares, o de que la muerte de un presunto “terrorista” en un café lleno de gente justificara las víctimas civiles previstas.

En otro ataque el 11 de julio, un misil israelí impactó contra un vehículo en el campamento de refugiados de Bureij, acabando con la vida de dos trabajadores municipales que estaban en su interior. Los hombres se dirigían a su casa en un vehículo municipal después de despejar los escombros de una carretera dañada por un ataque aéreo. Sus familiares dijeron que ninguno de ellos estaba afiliado a un grupo armado y que el conductor había seguido la misma rutina todos los días en el mismo vehículo desde el 7 de julio. La explosión voló el techo del vehículo y destripó parcialmente a una niña de 9 años e hirió a su hermana, de 8. Ambas estaban sentadas en frente de su casa, en las cercanías. Human Rights Watch no encontró pruebas de que en ese momento hubiera un blanco militar en el vehículo o en la zona.

Un ataque aéreo israelí el 10 de julio sobre la casa de la familia de un sastre, Mohammed al-Hajj, en el abarrotado campamento de refugiados de Jan Yunis, mató a siete familiares civiles, entre ellos dos niños, e hirió a más de una veintena de civiles. Una octava víctima mortal, el hijo de al-Haji de 20 años de edad, era un miembro de bajo rango de las Brigadas Qassam, el brazo armado de Hamas, dijeron los residentes a Human Rights Watch. El ejército israelí dijo que el ataque estaba siendo investigado. Incluso si el hijo era el blanco previsto, la naturaleza del ataque parece indiscriminada y, en cualquier caso, desproporcionada.

“La presencia de un único combatiente de bajo nivel difícilmente justifica la terrible destrucción de toda una familia”, dijo Whitson. “Israel nunca aceptaría un argumento de que cualquier vivienda israelí de un miembro de las Fuerzas de Defensa de Israel sería un objetivo militar válido”.

Un cuarto ataque aéreo israelí, el 9 de julio, acabó con la vida de Amal Abed Ghafour, que estaba embarazada de 7 meses, y su hija de 1 año, además de herir a su marido y a su hijo de 3 años. La familia vivía enfrente de un edificio de apartamentos que fue atacado con varios misiles, según testigos. Los residentes de las casas cercanas dijeron que las fuerzas israelíes dispararon un pequeño misil no explosivo “de advertencia” en el edificio de apartamentos minutos antes de los ataques principales con misiles. Sin embargo, la familia no se enteró de la advertencia o no tuvo tiempo para huir. Las autoridades israelíes no han aclarado por qué atacaron el bloque de apartamentos.

Una breve declaración inicial el 8 de julio por parte de la oficina del portavoz del ejército israelí afirmó que los ataques militares habían apuntado a “cuatro domicilios de activistas de la organización terrorista Hamas que están involucrados en actividades terroristas y dirigen y ejecutan ataques con armas de alta trayectoria hacia Israel”, sin ninguna otra calificación. En declaraciones posteriores, el ejército afirmó que su política consiste en atacar viviendas utilizadas como centros de “comando y control” o como “infraestructura terrorista” después de advertir a los residentes que se vayan, pero no ha proporcionado información que soporte estas imprecisas afirmaciones.

El grupo de derechos humanos israelí B'Tselem dijo el 13 de julio que el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel había cambiado el texto de las declaraciones relativas a este tipo de ataques en el transcurso de la ofensiva militar actual, pero que sólo en un caso específico el ejército aseguró que las armas estaban escondidas en una casa que había atacado. Un funcionario militar israelí declaró el 12 de julio que el ejército ha atacado “más de 100 hogares de comandantes de diferentes rangos” en Gaza, informó el sitio web de noticias israelí Ynet.

Estructuras civiles como casas residenciales se convierten en blancos legítimos sólo cuando están siendo utilizadas para fines militares. Mientras que las leyes de guerra alientan el uso de advertencias eficaces antes de los ataques para minimizar las bajas civiles, realizar advertencias no convierte en legal un ataque que de otro modo sería ilícito.

Para que las advertencias sean eficaces, los civiles necesitan tiempo suficiente para salir e ir a un lugar seguro antes de un ataque. En varios casos que Human Rights Watch investigó, Israel dio advertencias, pero llevó a cabo el ataque dentro de los siguientes cinco minutos, o incluso menos. Teniendo en cuenta que Gaza no tiene refugios antiaéreos, los civiles, en realidad, a menudo no tienen a donde huir.

Los ataques contra civiles o bienes civiles son ilegales, así como también los ataques que no distinguen o no pueden distinguir entre civiles y combatientes. Los ataques destinados a castigar a los familiares de un comandante o combatiente enemigo también constituirían un castigo colectivo ilegal. También están prohibidos los ataques que causan la destrucción generalizada de bienes llevados a cabo de forma ilegal y arbitraria.

“Advertir a las familias para que huyan podría reducir las bajas civiles pero no hace que los ataques sean menos ilegales”, señaló Whitson. “El hecho de que Israel no haya podido demostrar por qué los ataques que están matando a civiles son legales plantea serios interrogantes acerca de si estos ataques tienen como objetivo atacar a civiles y destruir bienes civiles arbitrariamente”.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debería celebrar una sesión especial para abordar las violaciones de los derechos humanos internacionales y del derecho humanitario en el contexto del conflicto, recomendó Human Rights Watch. El Consejo debería ordenar a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU que cree una misión para investigar de manera imparcial, informar inmediata y públicamente sobre las violaciones por ambos lados, y formular recomendaciones dirigidas a los implicados y la ONU.

La Unión Europea y sus países miembros deben apoyar la convocatoria de una sesión especial y la formación de una misión de investigación. También deben trabajar para una resolución que:

 

  • Destaque las obligaciones de las partes en conflicto conforme al derecho internacional para proteger a los civiles;
  • Destaque la necesidad de que las fronteras se mantengan abiertas para que la asistencia humanitaria y médica pueda llegar a los necesitados y puedan salir;
  • Condene las violaciones de derechos humanos internacionales y del derecho humanitario por todas las partes; e
  • Insista en la necesidad de la rendición de cuentas para las violaciones graves.

 

Ni las autoridades israelíes ni palestinas han tomado nunca medidas serias para investigar los presuntos crímenes de guerra por miembros de sus fuerzas militares en los conflictos armados previos. Human Rights Watch ha documentado numerosas violaciones graves de las leyes de la guerra por parte de las fuerzas militares israelíes en la última década, especialmente ataques indiscriminados contra la población civil.

Desde 2005 hasta finales de 2012, las operaciones militares israelíes en Gaza causaron la muerte de 1.474 civiles y la destrucción de miles de edificios. En el mismo período, Hamas y otros grupos armados en Gaza lanzaron 8.734 cohetes contra núcleos de población israelíes, matando a 38 civiles, entre ellos 26 israelíes, 2 extranjeros y 10 palestinos cuando los cohetes cayeron antes de alcanzar sus objetivos previstos

La Organización para la Liberación de Palestina debe pedir al presidente Mahmoud Abbas que solicite a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional que investigue y juzgue los graves crímenes internacionales cometidos por todas las partes en territorio palestino.

Los gobiernos que están proporcionando armas a Israel, Hamas o a los grupos armados en la Franja de Gaza deberían suspender los traslados de cualquier material que haya sido documentado o del que pueda haber una sospecha creíble de que haya sido utilizado en violación del derecho internacional humanitario, así como la financiación o el apoyo a dichos materiales, recomendó Human Rights Watch. EE.UU. suministra a Israel aviones militares de alas giratorias y fijas, misiles Hellfire y otras municiones que se han utilizado en los ataques aéreos ilegales en Gaza.

“El prolongado fracaso de ambas partes en enjuiciar los crímenes de guerra en Gaza significa que la única opción razonable para la justicia y la rendición de cuentas es un procedimiento judicial ante la Corte Penal Internacional”, dijo Whitson. “¿Cuántos más civiles morirán como consecuencia de ataques israelíes ilegales antes de que el presidente Abbas someta a Palestina a este tribunal?”.