10 de Julio de 2014
Desde hace años, los ciudadanos estadounidenses que pertenecen a comunidades musulmanas han estado bajo medidas de vigilancia dispuestas por su propio gobierno, a menudo basadas simplemente en sospechas equivocadas de que podría haber terroristas ocultándose en sus círculos. En vista de esos antecedentes, y del efecto amedrentador que tales revelaciones tendrán para otras organizaciones de defensa de derechos humanos y libertades civiles, el gobierno tiene ahora la difícil misión de demostrar que esta vigilancia electrónica secreta fue tanto lícita como necesaria.
Andrea Prasow, Subdirectora en Washington

(Washington, DC, 9 de julio de 2014) – El gobierno estadounidense debería dar explicaciones exhaustivas de por qué sometió a vigilancia electrónica a cinco líderes de la comunidad musulmana estadounidense, incluido un directivo de una importante organización musulmana de defensa de las libertades civiles, señaló hoy Human Rights Watch. La información formó parte de una investigación que fue difundida el 9 de julio de 2014.

La investigación, llevada a cabo por la organización de medios First Look sobre la base de documentos aportados por Edward Snowden, reveló que Nihad Awad, cofundador del Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses (Council on American-Islamic Relations, CAIR), fue puesto bajo vigilancia por el gobierno en julio de 2006. La vigilancia, que incluyó la recopilación de todas sus comunicaciones electrónicas, continuó hasta febrero de 2008. Los motivos que presuntamente causaron la vigilancia de Awad —y de los otros cuatro estadounidenses de la comunidad musulmana cuya vigilancia fue revelada por First Look— continúan siendo secretos.

“Desde hace años, los ciudadanos estadounidenses que pertenecen a comunidades musulmanas han estado bajo medidas de vigilancia dispuestas por su propio gobierno, a menudo basadas simplemente en sospechas equivocadas de que podría haber terroristas ocultándose en sus círculos”, indicó Andrea Prasow, Subdirectora en Washington de Human Rights Watch. “En vista de esos antecedentes, y del efecto amedrentador que tales revelaciones tendrán para otras organizaciones de defensa de derechos humanos y libertades civiles, el gobierno tiene ahora la difícil misión de demostrar que esta vigilancia electrónica secreta fue tanto lícita como necesaria”.

Human Rights Watch señaló que desde hace tiempo los organismos estadounidenses de aplicación de la ley han apuntado injustificadamente a las comunidades musulmanas estadounidenses con fines de vigilancia e investigación, incluso cuando simultáneamente reconocían la importancia de colaborar con esas comunidades en la lucha contra el terrorismo. Los documentos difundidos el 9 de julio podrían profundizar el temor entre otras organizaciones y entre la población musulmana de Estados Unidos en general, de que puedan ser perseguidas indebidamente.

Human Rights Watch, junto con otras 44 organizaciones, envió también una carta al presidente Barack Obama, instándolo a que se ofrezca una plena justificación pública de las prácticas expuestas en el informe de hoy.