Es necesario desarmar y llevar ante la justicia a los militantes y proteger a la comunidad hazara
30 de Junio de 2014
Extremistas sunitas han atacado a los hazaras con armas y bombas mientras participan en procesiones religiosas, rezan en las mezquitas, se desplazan al trabajo o simplemente llevan a cabo su vida diaria. No hay una ruta de viaje, una escapada para hacer compras, una carrera a la escuela o un desplazamiento por trabajo que sea seguro para los hazaras. El hecho de que el gobierno no haya puesto fin a estos ataques es tan sorprendente como inaceptable”.
Brad Adams, director para Asia.

(Londres) - El gobierno de Pakistán debe tomar todas las medidas necesarias para evitar que los grupos extremistas sunitas en la provincia de Baluchistán cometan nuevos homicidios y otros abusos contra los hazaras y otros musulmanes chiítas, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El informe de 62 páginas, “‘We are the Walking Dead’: Killings of Shia Hazaras in Balochistan, Pakistan” (“Somos los muertos vivientes’: Los asesinatos de chiítas hazaras en Baluchistán, Pakistán”), documenta los ataques de grupos militantes sunitas contra la comunidad chiíta hazara de Baluchistán. Desde 2008, cientos de hazaras han muerto debido a un agravamiento constante de la violencia selectiva, incluyendo dos atentados con bomba en la capital provincial, Quetta, en enero y febrero de 2013, que acabaron con la vida de al menos 180 personas.

“Extremistas sunitas han atacado a los hazaras con armas y bombas mientras participan en procesiones religiosas, rezan en las mezquitas, se desplazan al trabajo o simplemente llevan a cabo su vida diaria”, dijo Brad Adams, director para Asia. “No hay una ruta de viaje, una escapada para hacer compras, una carrera a la escuela o un desplazamiento por trabajo que sea seguro para los hazaras. El hecho de que el gobierno no haya puesto fin a estos ataques es tan sorprendente como inaceptable”.

Los continuos ataques han provocado que medio millón de miembros de la comunidad hazara en Quetta vivan con miedo y se vean obligados a restringir sus movimientos, lo que conlleva dificultades económicas y un reducido acceso a la educación y el empleo, dijo Human Rights Watch. Esta situación de opresión ha hecho que un gran número de hazaras huya de Pakistán en busca de refugio en otros países.

Para el informe, Human Rights Watch entrevistó a más de 100 supervivientes, miembros de familias de las víctimas, agentes de la policía, funcionarios de seguridad y expertos independientes.

Desde 2008, la comunidad musulmana chiíta de Pakistán ha sido blanco de una escalada de violencia sectaria sin precedentes en la que militantes sunitas han matado a miles de chiítas en todo el país. El grupo Lashkar-e-Jhangvi (LeJ) se ha atribuido la responsabilidad de la mayoría de los ataques, sin embargo muchos de sus líderes siguen desempeñando funciones de mando y liderazgo y evitando la justicia o, de alguna manera, consiguen evadir su responsabilidad. Varios militantes de alto perfil del LeJ condenados y sospechosos bajo custodia han logrado escapar de la detención militar y civil en circunstancias que las autoridades no han sido capaces de explicar.

El 10 de enero de 2013, el ataque suicida en un club de billar en Quetta frecuentado por hazaras mató a 96 personas e hirió a por lo menos 150. Muchas de las víctimas fueron sorprendidas por una segunda explosión, 10 minutos después de la primera, que hirió a los que habían acudido a ayudar a las víctimas de la primera. El 17 de febrero de 2013, una bomba explotó en un mercado de verduras en la ciudad hazara de Quetta, matando al menos a 84 hazaras e hiriendo a más de 160. El LeJ se atribuyó la responsabilidad por ambos ataques, los más sangrientos de la violencia sectaria en Pakistán desde la independencia en 1947.

“Es obsceno que la comunidad hazara se haya visto obligada a una existencia temerosa y aterrorizada porque las autoridades paquistaníes no hayan logrado detener la violencia del LeJ”, dijo Adams. “Incluso va más allá de lo obsceno que las autoridades paquistaníes hayan sugerido a la etnia hazara que el hecho de que sus derechos se vean gravemente limitados es simplemente el precio que han de pagar para mantenerse con vida”.

Fuerzas civiles y militares de seguridad desplegadas en Baluchistán han hecho poco para investigar los ataques contra los hazaras o tomar medidas para prevenir el próximo ataque, dijo Human Rights Watch. Muchos hazaras dijeron a Human Rights Watch que las actitudes discriminatorias y la hostilidad hacia ellos por parte de los funcionarios electos y los servicios de seguridad del Estado son una razón importante por la cual este tipo de ataques no se investigan y quedan impunes.

El LeJ también ha matado con creciente impunidad a miembros de los cuerpos paramilitares fronterizos y agentes de policía encargados de proteger las procesiones chiítas, peregrinaciones y los barrios hazaras. Aunque las autoridades militares y los políticos paquistaníes niegan cualquier complicidad en los abusos o simpatía por sus actividades, el LeJ se ha beneficiado históricamente de sus vínculos con elementos de los servicios de seguridad del país.

Las autoridades paquistaníes y de Baluchistán afirman haber detenido a decenas de sospechosos en ataques contra los chiítas desde 2008, pero sólo unos cuantos de ellos han sido condenados. El gobierno de Pakistán debe disolver y desarmar el LeJ e iniciar una investigación penal de su liderazgo y los demás implicados en los crímenes, señaló Human Rights Watch. Aliados y donantes internacionales de Pakistán deben presionar al gobierno para que cumpla con sus obligaciones internacionales de derechos humanos y promueva la buena gobernabilidad mediante la investigación de los asesinatos sectarios en Baluchistán y el enjuiciamiento de todos los responsables.

“Los funcionarios del gobierno y las fuerzas de seguridad tienen que entender que no hacer frente a las atrocidades del LEJ ya no es una opción”, dijo Adams. “La inacción ante la masacre de los hazaras y la comunidad chiíta en general no sólo es una traición cruel a sus propios ciudadanos, sino que sugiere la complicidad del Estado al permitir que estos crímenes continúen”.

Lashkar-e-Jhangvi (LeJ) y los hazara
La población actual de Pakistán se estima en aproximadamente 185 millones, de los cuales aproximadamente 95 por ciento son musulmanes. Los sunitas representan aproximadamente el 75 por ciento de esta población y los chiítas el 20 por ciento. La comunidad chií hazara se concentra en Quetta y se estima en alrededor de 500.000.

La aparición en Afganistán en 1994 de los talibanes, respaldados por el gobierno de Pakistán, militares sunitas extremistas que ven a los chiítas como blasfemos, desató una nueva ola de persecución contra los hazaras en Afganistán. En agosto de 1998, cuando las fuerzas de los talibanes entraron en la multiétnica y norteña ciudad afgana de Mazar-i Sharif, mataron al menos a 2.000 civiles, la mayoría de los cuales eran hazaras.

Varios paquistaníes, incluidos miembros del grupo extremista sunita Sipah-i-Sahaba (SSP) y su fracción, el Lashkar-e-Jhangvi (LEJ), lucharon en el bando de los talibanes en Mazar-e Sharif. Los vínculos entre estos grupos militantes sunitas de Afganistán y Pakistán y la ola  de hazaras en Baluchistán provocaron un aumento de la persecución de los hazaras en esa provincia.

El gobernador militar de Pakistán en ese momento, el general Pervez Musharraf, prohibió el LeJ en 2002, pero la prohibición no ha impedido que LeJ lleve a cabo ataques sectarios en todo Pakistán. Estos incluyen ataques contra la comunidad hazara en Quetta, en colaboración con los talibanes.

Desde 2002, Malik Ishaq ha sido el jefe de operaciones del LeJ. Ishaq ha sido procesado por su presunta participación en unos 44 incidentes violentos relacionados con el asesinato de 70 personas, la mayoría de la comunidad chiíta de Pakistán. Sin embargo, los tribunales no han condenado a Ishaq por ninguno de esos asesinatos y le han absuelto en 40 casos relacionados con terrorismo, incluyendo tres absoluciones por un tribunal de Rawalpindi el 29 de mayo de 2014 sobre la base de que “las pruebas contra Ishaq no eran suficientes para procedimientos adicionales”.

El hecho de que no se haya logrado llevar a Ishaq ante la justicia subraya tanto la crisis del sistema de justicia penal de Pakistán como la impunidad ante abusos graves que este fracaso facilita. Usman Saifullah Kurd ha sido el jefe operativo del LeJ en Baluchistán al menos desde 2002. Los informes de prensa afirman que ha participado en centenares de homicidios en todo el país, en particular en Baluchistán.

Testimonios de “Somos los Muertos Vivientes”
“Conduzco autocares en la ruta hacia la frontera iraní. (Los hombres armados) llegaron acelerando justo cuando entramos en el distrito de Mastung y nos interceptaron. No me acuerdo de cuántos hombres había, pero todos iban armados con Kalashnikovs [fusiles de asalto] y lanzacohetes. Nos dijeron que saliéramos. Preguntaron quiénes eran los sunitas,  pidiendo nombres. Entonces ordenaron a los sunitas que corrieran. Saltamos y corrimos para ponernos a salvo. Todo el mundo estaba muy asustado... algunos corrieron en una dirección y otros en otra. Pero si bien permitieron que todo el mundo que no fuera chiíta escapara, se aseguraron de que los chiítas se quedaran en el autobús. Después los hicieron salir y abrieron fuego. Lo vi mientras me refugiaba en un edificio cercano”.
–Conductor de autocar sunita, Quetta

“Había salido de la tienda 10 minutos antes del ataque. Había cuatro tiendas propiedad de los hazaras chiítas en una fila y las cuatro fueron atacadas en conjunto.  Llegaron seis o siete personas en motocicleta y abrieron fuego. Mataron a los hazaras que trabajaban en las tiendas y también a aquellos que estaban trabajando en la parte posterior en el almacén. Más tarde me enteré de que, dos días antes del ataque, alguien se había acercado a un tendero pastún cuya tienda está a cuatro tiendas de los comercios propiedad de la etnia hazara y preguntó cuáles eran propiedad de los hazaras. Los atacantes sabían exactamente cuántos hazaras trabajaban en esas tiendas y dónde. También sabían que había personas en los almacenes y por eso se dirigieron a la parte trasera de las tiendas y mataron a la gente”.
Tendero hazara, Quetta

“Yusuf era un chico joven y guapo. Tenía 22 años y estudiaba administración de empresas en una universidad local. Tan pronto como terminaron las oraciones (Eid), Yusuf salió de la mezquita para saludar a algunos amigos. Lo vi salir. A continuación, ocurrió la explosión. Algunos de los muertos y heridos ya habían sido trasladados al hospital, así que fuimos al Hospital Civil. Entré en urgencias y había una hilera de cuerpos con los rostros cubiertos. Levanté el velo del primer cuerpo y vi que era mi hijo. Estaba totalmente quemado: donde había estado su corazón ahora había una cavidad y tenía marcas de munición en todo el cuerpo. Lo reconocí sólo por sus manos.


El gobierno está fallando cada vez más en su deber de protegernos. Sólo existe la ley de la selva y aún peor si eres chiíta. Tengo un buen negocio, pago impuestos, pero todavía siento que soy un ciudadano de segunda clase en Pakistán. ¿Por qué asesinan a los chiítas? ¿Por qué el gobierno permite que Lashkar-e-Jhangvi nos mate?”.
–Padre de una víctima hazara, Quetta

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