De acuerdo al informe de la policía, tres sospechosos fueron arrestados tras haber confesado que participaron en la violación colectiva y asesinato de dos adolescentes en el distrito de Badaun, en el estado de Uttar Pradesh en India. Mientras tanto, en el estado occidental de Maharashtra, el fundador de una casa de acogida fue arrestado luego de que cinco niños que vivían en el refugio dijeron haber sido abusados sexualmente. En Etawah, la madre de una sobreviviente de violación fue golpeada por los autores después de que la mujer se negó a retirar la denuncia.
Los recientes incidentes de violencia sexual en India eclipsaron la ceremonia en la que Narendra Modi prestó juramento como nuevo primer ministro de la India, el pasado 26 de mayo y distrajeron la atención de los medios, a pesar de que el partido nacionalista hindú Bharatiya Janata, encabezado por Modi obtuvo una aplastante victoria en las elecciones nacionales.
Modi tiene en sus manos la oportunidad de luchar contra el flagelo de la violencia sexual y ganar nuevamente la atención de los medios de comunicación, gracias a que su partido cuenta con una mayoría absoluta en el Parlamento.
Los desafíos, ha quedado claro tras el ataque en Badaun, son enormes. Las adolescentes, que al parecer tenían entre 14 y 15 años de edad, fueron primero violadas y luego estranguladas, antes de ser colgadas de un árbol de mango, donde fueron encontrados sus cuerpos. Las niñas pertenecían al grupo dalit (casta de los "intocables" grupo social que ocupa el último escalafón en el sistema de castas).
La policía Badaun no prestó ayuda inmediata cuando familiares de las victimas acudieron a pedir auxilio por primera vez. La negativa se dio pese a la implantación de numerosas leyes y políticas en India dirigidas a poner fin a la discriminación de castas y la protección de los dalits y los grupos marginados, así como la entrada en vigor de una nueva ley para prevenir el abuso sexual infantil y las recientes modificaciones de otras leyes similares.
El fracaso de la policía para investigar delitos graves, ya sea contra los miembros de grupos marginados, las mujeres o los niños ha sido ampliamente documento en India. "Dos de ellos me sujetaron" narró una víctima de violación sexual de 14 años de edad a Human Rights Watch, en enero de 2013. “Sus rostros estaban cubiertos. Me abusaron entre todos. Me arrancaron la ropa. Me las arreglé para ver el rostro de uno. Nadie me cree."
Durante su campaña Modi se presentó como un líder que puede ofrecer soluciones. Ahora debe tomar la iniciativa para presionar a los departamentos de policía y al sistema de justicia penal a que sean más sensibles a los casos de violencia sexual. Con mucha frecuencia, los sobrevivientes de abuso sexual están demasiado intimidados para acudir a la policía y temen sufrir nuevos abusos en lugar de recibir el apoyo e incluso la simpatía que necesitan.
Modi es una figura polémica en la política de India. En 2002 fue acusado de negligencia, abandono del cumplimiento del deber y complicidad durante los disturbios religiosos ocurridos ese año, tiempo en el que Modi encabeza la administración del estado de Gujarat. Muchos están profundamente escépticos de que Modi promoverá una agenda de pro de los derechos humanos durante su mandato. Sin embargo, durante la campaña electoral Modi centró su discurso en su capacidad para ofrecer un buen gobierno. La protección a los derechos humanos es un elemento esencial para contar con un buen gobierno y es precisamente, lo que el país necesita con urgencia.
Millones de votantes han puesto su confianza en el nuevo primer ministro para reactivar la economía, crear empleos, enfrentar la pobreza y restaurar la notoriedad de la India en la política mundial. Sin embargo, entre retos también está tomar las numerosas y bien intencionadas políticas que existen en India para generar una sociedad más respetuosa de las leyes, todavía muy dividida por la casta, la etnia y la religión, y que se respete el estado de derecho y la rendición de cuentas. Modi podría empezar esta labor poniendo fin a la inacción de las agencias del gobierno encargadas de atender a las víctimas de violencia sexual y al mismo tiempo, demandando una rendición de cuentas no sólo de los autores de estos crímenes atroces, pero de todos los involucrados en el cumplimiento de la ley.
