Para cuando concluya su mandato, el presidente Barack Obama habrá deportado a más inmigrantes que cualquier otro presidente estadounidense, puesto que su gobierno está próximo a haber deportado del país a cerca de dos millones de personas, casi la misma cantidad alcanzada por George W. Bush en dos periodos presidenciales completos.
Por ello, cuando Obama declaró la semana pasada que su gobierno revisaría la política en materia de deportación debido a una “profunda consternación” (en palabras de su secretario de prensa) ante “el sufrimiento causado a demasiadas familias por las separaciones producto de nuestro sistema inmigratorio desvirtuado”, el anuncio sin duda llegó de manera tardía.
No obstante, si Obama tiene realmente intención de establecer un “sistema de inmigración más humano”, podría empezar por ser honesto con respecto a las prioridades de su gobierno en lo que atañe al control inmigratorio.
Durante años, el gobierno de Obama ha señalado que su política de deportación se centra en expulsar a quienes representen un grave riesgo para la seguridad nacional o el orden público, o hayan cruzado recientemente la frontera y sólo tengan vínculos tenues con EE. UU. Sin embargo, las cifras indican que la situación sería distinta. Casi el 25 por ciento de los “extranjeros que participan en delitos” que fueron deportados en 2012 no habían sido condenados por hechos graves, sino por delitos vinculados con inmigración, como el ingreso o reingreso ilegal en el país, que hasta hace poco se consideraban faltas de naturaleza civil, y no penal. Más grave aún, una gran cantidad de estos “delincuentes” y “personas que cruzaron recientemente la frontera” intentan reunirse con familiares en EE. UU., un factor que no es tenido en cuenta por programas federales como Operation Streamline, que permite llevar adelante procesos penales masivos.
Incluso quienes recibieron otras condenas de tipo penal a menudo son deportados aplicando una política “única e invariable”, que no contempla la posibilidad de una audiencia justa ante un juez que podría tomar en consideración sus lazos familiares y raíces en EE. UU. al emitir su decisión.
Al conceder a aquellos inmigrantes que fueron traídos a EE. UU. durante su infancia la oportunidad de beneficiarse con el programa de Prórroga de Pocedimientos Migratorios para Personas Llegadas en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals), en 2012 Obama dio un paso importante para armonizar el sistema inmigratorio estadounidense con los principios de derechos humanos. Al margen de si cuenta o no con la autoridad para ampliar el programa, esta cuestión no debería ofrecer una excusa para no hacer algo que sí se inscribe claramente dentro de sus facultades: revisar las políticas y programas de su propio gobierno para reducir la cantidad de personas que son obligadas a transitar un sistema desvirtuado que permite detenciones y deportaciones injustas.
