Presunta complicidad estadounidense en 18 muertes exigen una investigación exhaustiva
7 de Noviembre de 2013

(Washington, DC) - El Gobierno de Estados Unidos debe emprender una investigación exhaustiva e imparcial tras nuevas denuncias referentes a una supuesta complicidad estadounidense en los asesinatos de 18 hombres en Afganistán, señaló hoy Human Rights Watch. Un artículo publicado el 6 de noviembre de 2013 en la revista Rolling Stone contiene nueva información que indica que personal de Estados Unidos pudo haber estado implicado en los asesinatos en el distrito de Nerkh, provincia de Wardak, ocurridos a finales de 2012 y principios de 2013. Se debe enjuiciar penalmente al personal de Estados Unidos que haya participado o estado involucrado, de cualquier forma, en estos abusos.

Estados Unidos tiene un récord pobre en cuanto a las investigaciones y enjuiciamientos de violaciones de los derechos humanos cometidos presuntamente por sus fuerzas durante su presencia militar de 12 años en Afganistán, señaló Human Rights Watch. Aunque algunos casos destacados se han saldado con condenas y penas sustanciales, muchos otros casos graves no han conducido a cargos formales o en otras instancias, los cargos han sido mínimos con penas desproporcionadamente leves.

“Se deben investigar los incidentes de Nerkh de manera rigurosa, imparcial y transparente”, dijo Andrea Prasow, asesora jurídica principal sobre la lucha contra el terrorismo en Human Rights Watch. “Dado que está claro que se han cometido crímenes, las autoridades tienen que establecer lo que ocurrió exactamente y quiénes son los responsables”.

Supuestos asesinatos en Nerkh
Las primeras denuncias de los asesinatos en Nerkh surgieron en noviembre de 2012, cuando muchos residentes locales afirmaron que estaban relacionados con las operaciones de una nueva unidad de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en el distrito, conocida como ODA 3124. En febrero se halló el cuerpo degollado de un hombre, de nombre Nasratullah, en Nerkh. Su familia dijo que, antes de su muerte, las fuerzas estadounidenses habían arrestado a Nasratullah. Después de que estallaran las protestas por los abusos en Wardak, el presidente afgano Hamid Karzai insistió que las fuerzas de Estados Unidos deberían salir de la provincia.

En abril, la ODA 3124 se retiró de Nerkh. Según el gobierno afgano, poco después, un pastor encontró restos humanos cerca del perímetro de la antigua base de la unidad, lo que hizo que los residentes excavaran la zona. Durante los siguientes dos meses se hallaron restos humanos en otros cinco lugares cercanos a la base, en algunos casos cadáveres completos y en otros solo partes. Las autoridades afganas utilizaron la ropa y las posesiones encontradas en las excavaciones para identificar los restos de diez hombres afganos del distrito de Nerkh, quienes habían sido detenidos por las fuerzas estadounidenses. Según los documentos del gobierno afgano, al menos otros ocho hombres habían sido asesinados en operaciones relacionadas con la ODA 3124, lo que hace un total de 18 muertes.

Durante los meses siguientes, familiares de los diez hombres cuyos cuerpos fueron hallados han proporcionado testimonios congruentes a las Naciones Unidas, a funcionarios afganos y a periodistas sobre la detención de los hombres. El artículo de Rolling Stone incluye declaraciones de funcionarios afganos, familiares y vecinos arrestados con las personas que fueron “desaparecidas” o asesinadas, y algunos afganos que trabajaron con la ODA 3124. En varios casos, las personas detenidas por la ODA 3124 describieron duras palizas que, dijeron, habrían sido propinadas por tropas estadounidenses y un intérprete afgano conocido como Zikria Kandahari, que trabajaba con la unidad. En un caso, un hombre detenido por miembros de las fuerzas de Estados Unidos dijo que presenció la ejecución de su vecino, de nombre Gul Rahim, por Kandahari, supuestamente asesinado delante de personal estadounidense, quienes al parecer no hicieron nada para detenerlo y presuntamente, tampoco pusieron objeción posteriormente. El hombre dijo también que personal militar de Estados Unidos y Kandahari lo golpearon duramente.

Después de que empezaran a desenterrarse los restos humanos en Nerkh en abril, funcionarios de Estados Unidos negaron a varios medios de comunicación que sus fuerzas estuvieran implicadas, alegando que Kandahari fue el único responsable de las desapariciones y los asesinatos. No obstante, las fuerzas armadas de Estados Unidos abrieron una investigación penal en julio. Según fuentes militares que hablaron con Rolling Stone, la investigación se abrió después de que el Comité Internacional de la Cruz Roja aportara nuevas pruebas en relación con las muertes y los asesinatos. Funcionarios de las Naciones Unidas también plantearon sus preocupaciones por el caso a funcionarios estadounidenses.

Varios testigos y familiares que hablaron con funcionarios de las Naciones Unidas y periodistas señalaron que los investigadores de Estados Unidos todavía no los habían entrevistado. Para garantizar que las investigaciones sean exhaustivas en Wardak, los investigadores tendrán que reunirse con testigos afganos y familiares de las víctimas, señaló Human Rights Watch.

“Estados Unidos no debe contentarse con abrir una investigación”, dijo Prasow. “El gobierno estadounidense tiene que ir más allá, recopilando pruebas de manera exhaustiva para descubrir la verdad, y llevar ante la justicia a todos aquellos responsables de los crímenes”.

Las autoridades afganas arrestaron al intérprete, Kandahari, en julio. En una entrevista en la cárcel, dijo a Rolling Stone que no había cometido abusos ni asesinatos y que la ODA 3124 era responsable de los abusos. Sus afirmaciones han sido contradichas por la información descrita en el artículo de Rolling Stone y los informes de las Naciones Unidas, pero las explicaciones de Estados Unidos que atribuyen toda la responsabilidad de los incidentes a Kandahari también carecen de credibilidad, señaló Human Rights Watch.

Incluso si se concluye que personal afgano cometió los asesinatos y el abuso, todo miembro de las fuerzas estadounidense involucrado en el caso podría tener responsabilidad penal por crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional si se confirma que ayudó, instigó, ordenó, supo o debió haber sabido acerca de la comisión de crímenes por sus subordinados y no tomó ninguna medida, señaló Human Rights Watch.

“Simplemente culpar a un intérprete afgano de 18 muertes le resta crédito al compromiso de Estados Unidos de establecer la verdad”, dijo Prasow. “La investigación de Estados Unidos debe ir más allá de las personas que llevaron a cabo los asesinatos y examinar quiénes podrían haber ayudado a que se cometieran [los crímenes] o no tomaron medidas para frenarlos”.

El historial de Estados Unidos: Escasa rendición de cuentas por los abusos militares y de la CIA
La denuncia de la participación de Estados Unidos en el asesinato de detenidos en Wardak no es más que la última de una serie de alegaciones—que ahora se cuentan en centenares— de la participación o la complicidad estadounidense en el maltrato a detenidos a lo largo de la última década en Afganistán, Irak, la Bahía de Guantánamo y en las prisiones secretas controladas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Aunque algunos casos destacados y muy graves se han saldado con condenas y penas duras, muchos otros casos se han cerrado sin cargos, o se han centrado únicamente en los responsables directos, y no en la responsabilidad de los comandantes que podrían haber autorizado o permitido que se cometieran los crímenes. Los casos, con frecuencia, han generado muy pocas condenas o en su defecto, penas criminales desproporcionadamente leves con respecto a la gravedad del crimen.

Por ejemplo, el incidente cerca de Haditha, Irak, ocurrido el 15 de noviembre de 2005, en el que murieron 24 civiles – entre ellos mujeres, niños y una persona en silla de ruedas – se saldó en 2012 con una sola condena que condujo solamente a la pena de reducción de rango militar.

Otro ejemplo es un incidente ocurrido en marzo de 2007 en Jalalabad, Afganistán, en el que infantes de marina de Estados Unidos que huían de una emboscada dispararon indiscriminadamente contra personas que se encontraba al lado de un largo tramo de carretera, matando a 19 civiles, entre ellos una menor de 16 años y un anciano de 75 años. Aunque se retiró la unidad de Afganistán y se abrió una investigación, nunca se formularon cargos contra nadie.

En una serie de incidentes más recientes, en 2010, varios miembros de una unidad del Ejército de Estados Unidos en el distrito de Maiwand, en Kandahar, fueron implicados en asesinatos premeditados de varios civiles, entre otros abusos, por lo que fueron acusados y condenados, y algunos recibieron largas penas. Sin embargo, nunca se formularon cargos contra el comandante de la unidad, a pesar de que una investigación exhaustiva de toda la unidad reveló que el comandante había promovido y aceptado la conducta abusiva.

Incluso diez años después de los infames abusos de Abu Ghraib cometidos en Irak, las autoridades de Estados Unidos solo formularon cargos contra miembros de la policía militar, pero no contra oficiales de inteligencia militar o mandos superiores que laboraban en la prisión, a pesar de las pruebas de que algunos de ellos conocían los abusos y no hicieron nada para detenerlos.

En un informe de 2006 Human Rights Watch examinó cientos de casos de la participación de Estados Unidos en el maltrato y el asesinato de detenidos —muchos de los cuales no fueron investigados, enjuiciados ni castigados. Human Rights Watch proporcionó ejemplos adicionales de la impunidad en niveles superiores del gobierno en un informe de 2011 describiendo casos de tortura y otros abusos en los que estaban implicados las fuerzas armadas y la CIA.

En 2012, Human Rights Watch documentó nuevos casos de maltrato a detenidos por la CIA en Afganistán, y reveló los casos de varios libios secuestrados, maltratos y devueltos después ilegalmente a Libia. En el informe se reveló un nuevo caso de tortura por simulacro de ahogamiento y otros casos de tortura con agua. Human Rights Watch ha publicado anteriormente informes sobre los abusos de la CIA en 2004, 2005, 2007 y 2008.

Human Rights Watch señaló que ciertos problemas del historial de impunidad por abusos de las fuerzas armadas de Estados Unidos son consecuencia de deficiencias del sistema de justicia penal militar, que carece de un sistema procesal unificado y permite que los mandos superiores encubran con demasiada facilidad su culpabilidad, especialmente en el caso de los oficiales de alto rango.

Por otro lado, Human Rights Watch señaló que el historial de impunidad por el maltrato a detenidos en Estados Unidos va más allá del sistema de justicia militar. En 2012, el Departamento de Justicia de Estados Unidos cerró, sin formular cargos, la investigación de las muertes de dos detenidos en secreto por la CIA, dirigida por el fiscal especial John Durham. La investigación había incluido originalmente los casos de aproximadamente un centenar de detenidos que habían sido recluidos por la CIA pero, en 2011, el Departamento de Justicia decidió centrarse solo en dos casos.

Nunca se han formulado cargos contra ningún militar o funcionario estadounidense en relación con los abusos cometidos en la Bahía de Guantánamo o las cárceles secretas de la CIA.

“Teniendo en cuenta que Estados Unidos castiga en muy contadas ocasiones a los responsables, no puede sorprendernos que se sigan cometiendo abusos graves”, dijo Prasow.