La cumbre debe abordar la situación de las embarcaciones con migrantes y de los refugiados procedentes de Siria desde un enfoque de derechos humanos
23 de Octubre de 2013
Los líderes de la UE deberían ir más allá de lamentar lo sucedido y comprometerse a realizar acciones concretas para prevenir nuevas muertes de migrantes en alta mar. Las nuevas propuestas de un monitoreo más activo del Mediterráneo deberán enfocarse en el objetivo de salvar vidas, y no en impedir el ingreso a la UE.
Judith Sunderland, subdirectora interina para Europa Occidental

(Bruselas) – Los jefes de estado de países de la Unión Europea que se reunirán en Bruselas el 24 y 25 de octubre de 2013 deberían adoptar en forma urgente medidas para mejorar la eficacia del rescate en alta mar de migrantes y los solicitantes de asilo que intentan llegar a las costas de Europa, señaló hoy Human Rights Watch. La cumbre debería además comprometerse a tomar medidas adicionales para facilitar el acceso de refugiados provenientes de Siria y garantizar sus derechos a medida que estos recurren progresivamente a la alternativa de migrar atravesando las aguas en riesgosas embarcaciones. 

Los líderes de la UE acordaron discutir el tema de las embarcaciones de migrantes en el Mediterráneo durante la cumbre del Consejo Europeo, que ya se había convocado, luego de que el 3 de octubre más de 360 personas, en su mayoría de Eritrea y Somalia, murieran al hundirse la embarcación en la cual viajaban cerca de la isla italiana de Lampedusa. Apenas una semana después, el 11 de octubre, otra embarcación zozobró en el canal de Sicilia. Al menos 36 cuerpos pudieron ser recuperados, y se rescató a 206 ciudadanos sirios y palestinos.

“Los líderes de la UE deberían ir más allá de lamentar lo sucedido y comprometerse a realizar acciones concretas para prevenir nuevas muertes de migrantes en alta mar”, indicó Judith Sunderland, subdirectora interina para Europa Occidental de Human Rights Watch. “Las nuevas propuestas de un monitoreo más activo del Mediterráneo deberán enfocarse en el objetivo de salvar vidas, y no en impedir el ingreso a la UE”.

La Comisión Europea creó un equipo de trabajo que se ocupará de estudiar el fenómeno de la migración en embarcaciones tras la tragedia del 3 de octubre, y se espera que el Parlamento Europeo adopte una resolución sobre el tema el 24 de octubre.

Si bien apuntan a salvar vidas, muchas de las respuestas que se propusieron en materia de políticas reflejan la preocupación de la UE por impedir que las embarcaciones zarpen del lugar de origen y bloquear su ingreso, comentó Human Rights Watch. Estas respuestas han puesto en evidencia las históricas controversias entre los países mediterráneos que son miembros de la UE  con respecto a la responsabilidad que les corresponde en las operaciones de rescate, la determinación de adónde deben desembarcar las personas rescatadas y la tramitación del ingreso de los migrantes y solicitantes de asilo.

Además de acciones más enérgicas para salvar vidas en el mar, es necesario que se respeten otros derechos humanos fundamentales, como el derecho a solicitar asilo y protección contra la tortura y el maltrato, indicó Human Rights Watch. En particular, los líderes de la UE deberían considerar las siguientes medidas:

  • Asegurar que una vigilancia más activa del Mediterráneo, incluso a través del nuevo sistema EUROSUR, se enfoque en la obligación primordial de efectuar rescates en el mar;
  • Ampliar las circunstancias en las cuales se considera que una embarcación se encuentra en peligro y sus ocupantes necesitan ser rescatados;
  • Reformar las nuevas reglamentaciones propuestas para Frontex, la agencia de fronteras de la UE, a fin de asegurar que los migrantes que sean interceptados o rescatados en el mar sean llevados al puerto seguro más próximo de un país de la UE;
  • Adoptar normas vinculantes para evitar conflictos con respecto a los puntos de desembarque, y asegurar así que los migrantes sean llevados a un puerto seguro en el menor tiempo posible;
  • Limitar los desincentivos para que los buques privados realicen rescates asegurando que se permita a las personas rescatadas desembarcar rápidamente y poniendo fin a la amenaza de que se inicien acciones penales por facilitación de la inmigración clandestina;
  • Asegurar el cumplimiento de las normas de la UE y sobre derechos humanos contra la devolución, es decir, el retorno de una persona a un país donde podría ser torturada o perseguida. Asegurar asimismo que las personas no sean enviadas de regreso a países donde se enfrenten a la posibilidad de deportaciones en cadena a terceros países donde existe riesgo de tortura o persecución, debido a que carecen de sistemas de asilo u otros recursos efectivos contra la posibilidad de devolución.

La UEtambién debería adoptar medidas a más largo plazo para abordar el problema de la migración riesgosa, por ejemplo, diseñando mecanismos ordenados y lícitos de admisión para solicitantes de asilo, expresó Human Rights Watch. La cooperación en materia inmigratoria con los países de origen y los países de tránsito debería regirse por el respeto de los derechos humanos, como el derecho a salir de cualquier país, a solicitar asilo, a no ser objeto de detención arbitraria, a no sufrir maltrato y, por sobre todo, el derecho a la vida.

La cumbre es además una ocasión para que los líderes de la UE se comprometan a adoptar medidas más enérgicas para ofrecer protección a los refugiados provenientes de Siria, manifestó Human Rights Watch. La cantidad cada vez mayor de personas de Siria que aspiran a solicitar asilo y se lanzan a un arriesgado cruce por vía marítima ha contribuido al aumento del número de embarcaciones que llegaron a las costas durante 2013. En estos cruces han perdido la vida ciudadanos sirios y palestinos procedentes de Siria, así como eritreos, somalíes y personas de otras nacionalidades. Por estos motivos, los estados miembros de la UE deberían:

  • Asegurar que los solicitantes de asilo de Siria tengan acceso a una evaluación veloz, completa y objetiva de su solicitud, con independencia de cuál es el primer país por el que ingresan a la UE;
  • Suspender el regreso forzado de personas a Siria mientras exista un conflicto armado con hechos de violencia indiscriminada o a países de tránsito que no ofrezcan garantías genuinas de protección;
  • Reforzar los compromisos de reubicar a refugiados procedentes de Siria que estén en países vecinos para responder a la demanda de personas que necesitan ser trasladadas a un nuevo destino, tal como fue identificado por el ACNUR, el organismo para los refugiados de las Naciones Unidas;
  • Contar con establecimientos de acogida adecuados;
  • Evitar las detenciones salvo como medida de último recurso y durante el plazo más breve posible. Abstenerse de detener a menores que no estén acompañados por adultos y a familias con niños, y brindarles alojamiento de acogida seguro;
  • Evaluar alternativas para facilitar el acceso lícito al territorio de la UE para las personas que han escapado de Siria y solicitan protección, por ejemplo, permitiendo que se presenten solicitudes de asilo en las embajadas de los países miembros de la UE, estableciendo requisitos menos rigurosos para la obtención de visas de tránsito y reduciendo las restricciones a la reunificación familiar.

“La UE ha prometido ingentes fondos a la asistencia de países que limitan con Siria y acogen a refugiados del conflicto, pero los estados miembros han sido menos generosos en cuanto a dar refugio a esas personas aquí en Europa”, indicó Sunderland. “A medida que los sirios y personas de otras nacionalidades se lanzan a las aguas en un intento desesperado por llegar a un lugar seguro, la UE debería realizar acciones mucho más contundentes para permitir que los ciudadanos sirios y palestinos de Siria puedan obtener la protección que necesitan”.

Muertes en el mar
El 3 de octubre de 2013, más de 360 hombres, mujeres y niños murieron cuando la embarcación en la cual se trasladaban se hundió tras incendiarse a poca distancia de la costa de Lampedusa, una pequeña isla en el Mediterráneo que pertenece a Italia. Apenas una semana después, el 11 de octubre, se recuperaron al menos 36 cuerpos y cerca de 200 personas fueron rescatadas luego de que otra embarcación que trasladaba a migrantes zozobrara en el Canal de Sicilia. Se estima que más de 500 personas han perdido la vida al intentar cruzar el Mediterráneo hacia las costas de Europa en lo que va de 2013. 

Si bien la mayoría de los medios han señalado que la embarcación que se hundió el 11 de octubre llevaba hasta 250 personas, algunos sobrevivientes manifestaron al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)que a bordo había entre 400 y 500 personas, con lo cual se engrosaría considerablemente el número de víctimas fatales. El ACNUR también expresó preocupación ante la constatación de que el casco del barco presentaba impactos de armas de fuego que se efectuaron luego de que este partiera de Libia. El 17 de septiembre, fuerzas egipcias abrieron fuego contra una embarcación que se dirigía a Italia y en la cual se trasladaban entre 170 y 200 ciudadanos sirios y palestinos que habían escapado de Siria. En este hecho murieron dos personas y otras dos resultaron heridas. Los sobrevivientes fueron detenidos y llevados a dependencias policiales egipcias, incluidos 25 niños y un bebé de tan sólo un mes de vida.

Las Propuestas de la UE
Anticipándose a la cumbre, el presidente francés François Hollande propuso una política basada en la “prevención, la solidaridad y la protección”. En consonancia con el enfoque general de la UE, Hollande precisó estos valores señalando que incluyen la colaboración con los países de origen y países que limitan con zonas de conflictos, un mayor apoyo a los países de la “Primavera Árabe”, un control de fronteras más activo y una ofensiva contra la trata de personas.

La Comisionada de Asuntos Internos de la UE Cecilia Malmström se ha pronunciado a favor de fortalecer Frontex para que pueda llevar a cabo operativos de búsqueda y rescate en todo el Mediterráneo “desde Chipre hasta España”. Italia, Malta, Grecia, España, Francia y Chipre han cuestionado la adopción de nuevas directrices para los operativos de Frontex en el Mediterráneo —propuestas por la Comisión Europea en abril, antes de los trágicos sucesos en Lampedusa— que impondrían a esta agencia mayores responsabilidades de búsqueda y rescate, así como con respecto a la determinación sobre dónde deben desembarcar los migrantes rescatados, y han manifestado que esa decisión corresponde al gobierno de cada país.

Malmström y otros funcionarios de la UE han señalado que el nuevo sistema de vigilancia de fronteras marítimas de la UE, EUROSUR, que fue aprobado por el Parlamento Europeo el 10 de octubre y que comenzaría a funcionar en diciembre, se ocupará de brindar asistencia a las embarcaciones que lo necesiten y realizará un seguimiento de estas. EUROSUR procura mejorar la coordinación entre los sistemas de vigilancia de los estados miembros de la UE y crear nuevas herramientas y sistemas de información en el ámbito de los países y de la UE.

El 14 de octubre, Italia dio inicio a lo que describió como una “operación militar humanitaria”, denominada Mare Nostrum, a la cual se han destinado cuatro barcos de la Marina, helicópteros, un centro de control anfibio y aviones no tripulados para reforzar la vigilancia y la capacidad de rescate en el Mediterráneo. Sin embargo, el Ministro del Interior Angelo Alfano ha señalado que los migrantes rescatados por patrullas marítimas italianas no serán llevados necesariamente a puertos de ese país. Esto alerta sobre la posibilidad de que los migrante sean conducidos de regreso a países de África Septentrional como Libia, que carece de un sistema efectivo de asilo y donde en el pasado se han cometido abusos contra migrantes.

Un monitoreo más activo del Mediterráneo que responda a una aspiración clara de salvar vidas representará un avance positivo solamente si está acompañado por una coordinación eficaz entre estados y directrices claras, vinculantes y exigibles relativas a las normas de intervención, el concepto de embarcación en peligro y la determinación sobre dónde deberán ser desembarcadas las personas rescatadas, además de un compromiso claro con los derechos de los migrantes y los solicitantes de asilo. Actualmente, los estados miembros de la UE interpretan de manera diferente sus obligaciones, especialmente en los que respecta al mar.

El derecho marítimo impone una obligación precisa de brindar asistencia a embarcaciones en peligro, pero a menudo se interpreta que esta obligación opera únicamente cuando existen señales o pedidos claros de auxilio, lo cual permite que los buques no intervengan ante la presencia de embarcaciones abarrotadas que transportan migrantes y no están suficientemente equipadas. Las nuevas directrices de la UE propuestas para Frontex insisten acertadamente en un concepto más amplio de peligro, que toma en cuenta las condiciones generales de navegabilidad de la embarcación, la cantidad de pasajeros en función del tipo de nave, la presencia de tripulación y un capitán idóneos, la disponibilidad de suministros necesarios y las condiciones meteorológicas y del mar, entre otros factores.

La obligación de prestar asistencia se aplica a todos los barcos en alta mar, ya sean mercantes o militares, de pasajeros o de carga. Sin embargo, los buques privados podrían enfrentar desincentivos económicos y legales con respecto al auxilio de embarcaciones en peligro. Los desacuerdos sobre los puertos seguros de desembarque de las personas rescatadas y la renuencia de los países europeos a hacerse responsables de estas personas pueden provocar demoras. Esto podría implicar costos significativos para las actividades comerciales, dado que los buques que transportan a personas rescatadas no pueden continuar sus operaciones hasta que sean desembarcadas. En algunos países europeos, como Italia, tanto el capitán como la tripulación de buques han sido procesados penalmente por facilitación de la inmigración clandestina tras insistir que se permitiera el desembarque de migrantes rescatados.

La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dispuesto que los países del Consejo de Europa, incluidos todos los miembros de la UE, estarán sujetos a lo dispuesto en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos cuando tengan a personas bajo su custodia, incluso fuera del territorio del Consejo de Europa y también en alta mar.

El tribunal ha establecido que el derecho a no ser obligado a regresar a un país donde la persona enfrenta el riesgo de tortura o persecución —el principio de no devolución— y el derecho a un recurso efectivo ante violaciones de derechos humanos potenciales o concretas se aplican en alta mar. La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE contiene disposiciones similares y garantiza de manera expresa el derecho a pedir asilo.

Sin embargo, las nuevas directrices propuestas para Frontex que están siendo evaluadas por el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo permitirían el traslado a terceros países de personas interceptadas en alta mar, luego de tan sólo evaluar superficialmente las necesidades de protección y la situación en el país al cual serían enviadas de regreso. Esto incrementaría el riesgo de que se opte por la devolución tras una decisión tomada precipitadamente en alta mar.

Embarcaciones con migrantes
Desde hace décadas numerosas personas se arriesgan a cruzar el mar hacia Europa en embarcaciones peligrosas en busca de estabilidad económica o un refugio seguro que les permita dejar atrás un contexto de guerra o persecución. Las llegadas por mar varían de un año a otro, si bien en 2011 se registró un nivel máximo de 60.000 cruces y entre 1.500 y 1.800 muertes. Las llegadas se redujeron drásticamente durante 2012, cuando 15.000 personas cruzaron las aguas y al menos 500 perdieron la vida en el intento. Sin embargo, las cifras aumentaron considerablemente en 2013: más de 35.000 personas llegaron a Italia y Malta en los primeros 10 meses del año.

Los cálculos sobre muertes en el mar no son de por sí confiables, ya que muchos cuerpos nunca se recuperan. Varias fuentes estiman que entre 20.000 y 25.000 personas podrían haber muerto en el Mediterráneo en los últimos 20 años.

En un importante estudio sobre la gestión de fronteras de la UE publicado en abril, el relator especial de la ONU sobre los derechos de los migrantes François Crépeau criticó el enfoque de la UE que privilegia aspectos de cumplimiento por sobre el respeto de los derechos humanos, e instó a los países de la UE a despenalizar el ingreso y la permanencia ilegal, abstenerse de detener a migrantes vulnerables y generar más vías para la migración lícita.

Refugiados procedentes de Siria
Debido a las medidas de control fronterizo de la UE y la falta de un enfoque común europeo con respecto a los solicitantes de asilo provenientes de Siria, numerosas personas que escapan del conflicto se arriesgan a realizar peligrosos viajes por mar para ingresar irregularmente a la UE. Para quienes consiguen llegar a Europa, la posibilidad de protección se convierte en una especie de lotería, a raíz de la calidad desigual de los distintos procedimientos de asilo y las condiciones de recepción de los países de la UE. La Comisión Europea y la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad reconocieron este problema en junio, cuando exhortarona los países de la UE a adoptar un “mayor grado de convergencia” en su respuesta a la situación de los refugiados de Siria.

El ACNUR ha instado reiteradamentea la UE a facilitar el acceso seguro para las personas que escapan de Siria a través de vías flexibles y simplificadas de reunificación familiar, humanitarias y de otra índole, así como mayores cupos de reasentamiento.

Según datos del ACNUR de septiembre, 47.000 ciudadanos sirios habían solicitado asilo en países de la UE desde abril de 2011. La cantidad real de ciudadanos sirios que se encuentran en la UE podría ser incluso muy superior, dado que muchos no han querido o podido solicitar protección, según el lugar donde se encuentran. Grecia registró el ingreso de 15.072 ciudadanos sirios entre enero de 2011 y fines de septiembre de 2013, pero solamente 833 solicitudes de asilo hasta fines de julio.

Los ciudadanos sirios ostentan altos porcentajes de protección en toda la UE, principalmente bajo la modalidad de protección subsidiaria, que se basa en el riesgo de sufrir violencia indiscriminada, a diferencia de la condición de refugiado. Sin embargo, debido a las normas restrictivas sobre reunificación familiar que se aplican a quienes no tienen condición permanente de refugiados o de otro tipo, muchas personas originarias de Siria que están en Europa tienen pocas esperanzas de reunirse con sus seres queridos, que posiblemente se encuentren en países que limitan con Siria, en este mismo país, o bien en otros países de la UE.

Hasta julio, Alemania y Suecia habían recibido la mayor cantidad de solicitantes de asilo sirios, equivalente a dos tercios del total en los estados miembros de la UE. En septiembre, Suecia dijo que otorgaría residencia permanente a personas de Siria a quienes había otorgado la residencia temporaria por razones humanitarias.

Ese mismo mes, Alemania recibió al primer grupo de los 5.000 refugiados del conflicto de Siria que se había comprometido a reubicar y que estaban en países limítrofes con Siria. Francia y Austria se han comprometido a reubicar a 500 refugiados sirios cada uno. Sin embargo, son pocos los países de la UE que hayan propuesto ofertas de reubicación que no sean meramente simbólicas, a pesar de la recomendación conjunta sobre reubicación emitida por la Comisión Europea y la Alta Representante de la UE en junio.

Son muchas las personas que escapan de Siria e intentan ingresar a la UE por vía marítima. Más de 9.800 ciudadanos sirios y palestinos de Siria llegaron a Italia en los primeros nueve meses del año, lo que equivale a más del 25 por ciento del total de llegadas estimadas. Ahora que la frontera terrestre entre Grecia y Turquía se encuentra prácticamente bloqueada debido a la mayor cantidad de patrullas, incluso de Frontex, y la construcción de un vallado de 12,5 kilómetros de extensión, cada vez más solicitantes de asilo y migrantes de todas las nacionalidades parten de la costa de Turquía con la intención de llegar a las islas griegas en el mar Egeo. 

Según estadísticas oficiales, 8.052 personas completaron este viaje en los primeros nueve meses de 2013, en comparación con las 1.329 que lo hicieron durante ese mismo período en 2012. La llegada a las islas entre enero y agosto de 2013 registró un aumento del 726 por ciento respecto del mismo período en 2012. Human Rights Watch, Amnesty Internationaly ACNUR han recibido testimonios directos sobre maniobras aplicadas por la Guardia Costera de Grecia para obligar a embarcaciones a regresar a Turquía y en las cuales se puso en riesgo la vida de personas.

“Johnny Attasi”, un joven sirio de 26 años, dijo a Human Rights Watch que una nave que, según creía, pertenecía a la Guardia Costera de Grecia, embistió y perforó deliberadamente la embarcación en la cual él y otras 45 personas viajaban en el mar Egeo a mediados de marzo. Attasi dijo que cuando la embarcación en que viajaba no respondió a la orden de la otra nave para que se detuvieran, esta última avanzó hacia ellos: “Tomaron más velocidad, se acercaron e impactaron contra nuestra embarcación. Cuando colisionamos, sentimos que el agua entraba en la embarcación. Miramos y había un pequeño orificio... Luego una madre tomó a su bebé y lo mostró como para decir ‘Miren, tenemos niños’ y se acercaron y provocaron un nuevo impacto”. Attasi dijo que todos los pasajeros, incluidos 15 sirios y también ciudadanos afganos e iraníes, terminaron en el agua pero lograron llegar a la costa de la isla griega de Mytilene.

“Abu Mohamed”, un joven sirio de 38 años, dijo a Human Rights Watch que él y otros hombres fueron golpeados por uniformados cuya vestimenta coincidía con las características de la usada por la Guardia Costera Griega, cuando el bote inflable en el cual habían cruzado las aguas alcanzó la isla griega de Samos el 31 de julio. Afirmó que los hombres empujaron contra la lancha de patrullaje a su esposa, que estaba embarazada de tres meses. Contó que luego de esto comenzó a sufrir sangrado y finalmente perdió el embarazo. Abu Mohamed indicó que los hombres uniformados obligaron al grupo de 41 personas —dos de ellas somalíes y el resto sirias, incluidos 10 niños— a subir al bote inflable y los remolcaron de regreso a Turquía, donde los abandonaron sin combustible y lejos de la costa. Debieron ser rescatados por las fuerzas de Turquía.

El refuerzo de las medidas de seguridad en la frontera terrestre entre Grecia y Turquía también ha desviado a numerosos refugiados hacia Bulgaria, donde se cree que habrían ingresado cerca de 2.000 ciudadanos sirios en los dos últimos años. Las autoridades búlgaras señalaron recientemente que preveían dar acogida a un máximo de 11.000 ciudadanos sirios para fin de año, y anunciaron a la vez la intención del gobierno de instalar vallas en la frontera con Turquía, similares a las que ya existen en la frontera entre Grecia y Turquía, para impedir ingresos. El aumento en la cantidad de personas que llegan a Bulgaria ha exacerbado las falencias que ya presentaba el sistema de asilo del país, como obstáculos para pedir asilo, capacidad insuficiente de los centros de acogida y el confinamiento de algunos solicitantes de asilo en establecimientos de detención. 

A pesar de las medidas formales de armonización de procedimientos de asilo y estándares de acogida que se impulsaron tras la aprobación de las normas revisadas de la UE en junio, los solicitantes de asilo, incluidos aquellos provenientes de Siria, enfrentan falencias en materia de protección. Muchos de ellos, incluidos menores que no están acompañados por adultos, deben lidiar con dificultades para solicitar asilo y son acogidos en condiciones deficientes o incluso detenidos en algunos países.

Las autoridades griegas dijeron en abril que los ciudadanos sirios ya no serían detenidos por ingresar de manera clandestina. No obstante, en la práctica se continúa deteniendo en Grecia a ciudadanos sirios (a veces durante semanas enteras) para determinar si provienen de Siria. Y al igual que los demás solicitantes de asilo, pueden continuar detenidos si solicitan este beneficio tras la detención.

A principios de octubre, el ACNUR señaló que tenía constancia de que había 724 ciudadanos sirios detenidos en Italia, incluidas mujeres y niños, y manifestó preocupación ante la posibilidad de no poder tener acceso a las personas detenidas. En Bulgaria, algunos solicitantes de asilo, incluidos ciudadanos sirios, permanecen en centros de detención de los cuales no se les permite salir debido a que no hay suficiente espacio en los centros de acogida que no aplican este tipo de restricciones.

El reglamento de Dublín —la norma de la UE reformada recientemente que exige en general que las solicitudes de asilo sean procesadas por el primer país de ingreso a la UE— establece requisitos aún más complejos a las personas de Siria que solicitan asilo. Al igual que con los demás solicitantes de asilo, los ciudadanos sirios y palestinos de Siria que piden asilo se exponen a ser enviados de regreso al primer país de la UE adonde ingresaron si han viajado a otro país, incluso si ese primer país no cuenta con un sistema de asilo que funcione plenamente y con condiciones adecuadas de acogida u ofrece menor protección.

La gran mayoría de los ciudadanos sirios y palestinos de Siria que llegan a Italia por mar conocen estas restricciones y, por ejemplo, se niegan a que les tomen las huellas dactilares. Han trascendido versiones alarmantes en los medios y a través de organizaciones no gubernamentales que indican que policías italianos recurren a tácticas intimidatorias y abusos físicos para obligar a los migrantes a dar sus huellas dactilares. Una amplia proporción de quienes llegan a Italia finalmente son liberados, a menudo luego de 24 a 48 horas, si bien algunos grupos han sido retenidos por períodos de hasta dos semanas, y luego viajan hacia el norte con la intención de poder llegar a Alemania o Suecia. Alemania ha cuestionado a Italia por permitir que migrantes viajen hacia el norte, y es uno de los países que se opone rotundamente a implementar una reforma profunda del reglamento de Dublín.