(New York) – Las autoridades de la India deberían investigar adecuadamente todos los delitos, incluidas las denuncias de hechos de agresión sexual y violaciones colectivas ocurridos el mes pasado durante episodios de violencia en comunidades del estado de Uttar Pradesh, al norte del país, señaló hoy Human Rights Watch.
Asimismo, las autoridades deberían formular un plan que contemple medidas inmediatas de ayuda, retorno o reubicación, además de resarcimiento para quienes debieron desplazarse a causa de los disturbios, y generar un entorno seguro donde puedan avanzar los esfuerzos de investigación y juzgamiento.
Las primeras denuncias de agresión sexual han comenzado a surgir, luego de los hechos de violencia entre varias comunidades del distrito de Muzaffarnagar en Uttar Pradesh, en septiembre pasado, durante los cuales más de 50 personas perdieron la vida y decenas de miles fueron desplazadas. Muchas de ellas, incluidas varias jóvenes, aún se encuentran desaparecidas. Hasta el momento, la policía local de Uttar Pradesh ha recibido cinco denuncias penales de violación colectiva y dos sobre acoso sexual.
Varios activistas indios que han visitado comunidades afectadas por los disturbios señalan que posiblemente otras mujeres musulmanas sufrieron agresiones sexuales, incluidas violaciones, pero no han interpuesto denuncias por temor a sufrir represalias, el estigma que ello implica y el descreimiento en las instituciones estatales. Esto impide que accedan a servicios que son indispensables, como orientación psicosocial, asistencia legal, atención médica de emergencia y servicios de salud reproductiva que tengan en cuenta los efectos de la violencia sexual.
“El gobierno de Uttar Pradesh necesita generar con urgencia un ámbito en el cual las víctimas puedan contar lo sucedido y exigir justicia”, observó Meenakshi Ganguly, directora paraAsia Meridional de Human Rights Watch. “Las víctimas de hechos de violación sexual producidos durante episodios de violencia entre comunidades necesitan tiempo para atreverse a denunciar los abusos, y esto hace que no reciban asistencia fundamental como ayuda psicológica, médica y de otra índole”.
Los sucesos de violencia se desencadenaron el 7 de septiembre entre comunidades hindúes y musulmanas en Muzaffarnagar y se propagaron a distritos vecinos en el estado de Uttar Pradesh tras un altercado violento en el cual murieron dos ciudadanos hindúes y uno musulmán. No obstante, el incidente suscitó rumores sobre la posibilidad de ataques violentos contra musulmanes. Algunos hindúes de la comunidad jat, incitados por las declaraciones provocativas de distintos líderes políticos durante una convocatoria masiva, procedieron a perpetrar ataques contra comunidades musulmanes.
La violencia se extendió durante tres días, se decretó el toque de queda y el Ejército de la India debió intervenir para restablecer el orden público. Para entonces, miles de musulmanes habían huido de su hogar y muchos aún permanecen en campamentos de acogida improvisados.
En una denuncia presentada a la policía, una mujer contó que intentó escapar durante un ataque contra su vivienda provocado por hombres jat, pero cinco de ellos lograron atraparla y la amenazaron con un arma. La obligaron a ingresar a una vivienda y una vez allí la violaron. La víctima denunció lo sucedido casi tres semanas después del incidente, y explicó que no lo había hecho antes porque estaba atemorizada. Todas las mujeres que denunciaron estos hechos de violación colectiva han identificado a los responsables.
En vez de adoptar medidas para generar un entorno que genere confianza entre las víctimas de violación sexual, las respuestas ofrecidas en un primer momento por los policías que recibieron las denuncias sugieren que se habría hecho lo contrario. Cuando Human Rights Watch dialogó con dos policías a cargo de las dependencias en Muzaffarnagar donde se han radicado las denuncias de abuso sexual, ambos cuestionaron su legitimidad y señalaron que las víctimas habían demorado en plantearlas.
Al no ofrecer oportunidades de rehabilitación adecuadas ni garantizar un entorno seguro en el cual las víctimas puedan exigir justicia y resarcimiento, se evidencia que las autoridades del estado de Uttar Pradesh incurrieron en graves omisiones administrativas, observó Human Rights Watch.
“A un mes de los disturbios, el gobierno de Uttar Pradesh aún no ha definido un plan concreto para asegurar medidas adecuadas de ayuda, rehabilitación y reparación”, comentó Ganguly. “Las autoridades deben evaluar la magnitud del daño, crear un entorno seguro para la denuncia de abusos y brindar servicios a las víctimas”.
Las autoridades del estado de Uttar Pradesh deberían instalar campamentos con servicios adecuados para las personas desplazadas. Los servicios brindados en los campamentos deberían ser acordes con los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas. Los Principios Rectores de la ONU establecen que tales servicios deberán ser definidos con la plena y libre participación de las comunidades desplazadas y sin discriminación. Como mínimo, los servicios deberían garantizar un estándar de vida adecuado, alimentos esenciales y agua potable, vivienda e instalaciones de acogida básica, vestimenta adecuada y servicios médicos y de saneamiento esenciales.
Definir un plan y adoptar una ley para abordar la violencia entre comunidades
Simultáneamente, las autoridades estatales deberían formular un plan a más largo plazo para ayudar a las comunidades a retornar a su territorio o reubicarse en otros lugares y recuperar sus propiedades, indicó Human Rights Watch. Cuando recuperar estos bienes sea imposible, las autoridades estatales deberán asistir a las comunidades afectadas para que puedan obtener una indemnización adecuada u otras formas de resarcimiento pertinentes.
Se deberá establecer un plan de resarcimiento en colaboración con las comunidades afectadas por los disturbios y las organizaciones de defensa de derechos que trabajan con ellas. Dicho plan deberá respetar los Principios y directrices básicos de la ONU sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Conforme a estos principios, se deberá otorgar indemnización por todos los perjuicios económicamente evaluables, incluida la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; y los daños materiales y la pérdida de ingresos, que comprende el lucro cesante.
Los planes de ayuda y resarcimiento deberían tomar en cuenta las necesidades especiales de mujeres, en particular las víctimas de violencia sexual que residen en estos campamentos. Es importante que los programas de ayuda y resarcimiento se definan mediante consultas con mujeres, incluso víctimas de violación, y respondan a sus inquietudes vinculadas con la experiencia traumática sufrida, el estigma asociado con estos hechos, el temor a represalias y el impacto que los sucesos de violencia entre comunidades tendrán a largo plazo en su vida. Se deberían brindar servicios de salud sexual y reproductiva y asistencia psicosocial a todas las mujeres que los necesiten, con independencia de si han sido víctimas de violencia sexual. Deben respetarse las Directrices de la Organización Mundial de la Salud para la atención médico-legal a las víctimas de la violencia sexual, que reconocen a la salud y el bienestar de los sobrevivientes de violencia sexual como una “prioridad fundamental” y disponen que los servicios forenses no podrán prevalecer por sobre las necesidades de salud.
“Las autoridades del estado de Uttar Pradesh han conformado un equipo especial de investigación que se ocupará de estos delitos”, aseveró Ganguly. “Sin embargo, a casi un mes del anuncio es muy poco lo que se sabe sobre este equipo, su estrategia para abordar la violencia sexual de un modo que tome en cuenta la perspectiva de género o los recursos de que dispone para garantizar la protección de víctimas y testigos”.
Las autoridades del estado deberían dar a conocer y difundir inmediatamente información sobre el equipo especial de investigación y los recursos con que cuenta para llevar a cabo una investigación penal exhaustiva e imparcial, incluida su capacidad de adoptar medidas de protección a favor de víctimas y testigos.
La India debería además sancionar una ley rigurosa para prevenir y responder a los hechos de violencia entre comunidades que ocurran en el país, tomando en cuenta la opinión de activistas de derechos que tengan experiencia en asistencia a víctimas de este tipo de violencia. Dicha norma deberá cumplir con principios internacionales de derechos humanos ampliamente reconocidos, comentó Human Rights Watch. Tales principios comprenden la obligación del estado de rendir cuentas por no haber adoptado medidas para prevenir los disturbios entre las comunidades ni haber actuado en respuesta, incluida la responsabilidad de las autoridades o quienes ocupan cargos de mando, la no discriminación, los principios de ayuda, retorno y reubicación acordes con los Principios Rectores de la ONU y el derecho a recurso y reparación conforme a los Principios y directrices básicos de la ONU sobre el derecho a interponer recursos y obtener reparaciones.
“Pese a los disturbios incesantes, las autoridades de la India no han aprendido que deben prevenir este tipo de violencia, ayudar a las víctimas y asegurar medidas de justicia”, indicó Ganguly. “Ya no se puede postergar más la sanción de una ley efectiva para abordar la violencia entre comunidades, y ahora es momento de actuar rápidamente para garantizar su adopción”.
