(New York) – A raíz de los aparentes ataques con armas químicas el 21 de agosto de 2013, en la zona occidental y oriental de Ghouta cerca de Damasco, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y otros países están evaluando las opciones para una intervención militar en Siria.
Human Rights Watch no asume una posición que abogue ni se oponga a tal medida, pero cualquier clase de intervención militar debería ser juzgada de acuerdo a la protección que pudiera ofrecer a todos los civiles sirios contra la posibilidad de sufrir nuevas atrocidades.
“La acción militar llevada a cabo en nombre de la defensa de una norma humanitaria básica –no intoxicar con gas a niños mientras duermen— será juzgada a partir de su efecto a la hora de proteger a todos los civiles sirios de nuevos ataques ilegítimos, ya sean químicos o convencionales”, dijo Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch.
En caso de producirse una intervención militar , todas las partes en conflicto deben adherirse estrictamente a las leyes de la guerra. Las leyes de la guerra prohíben los ataques deliberados contra civiles, los ataques que no discriminan entre civiles y combatientes y los ataques que causan daños desproporcionados a los civiles en relación a la ventaja militar esperada. No se pueden utilizar armas prohibidas, tales como las bombas de racimo o las minas terrestres antipersona. Las partes deben tomar todas las precauciones posibles para minimizar el daño a los civiles y garantizar que éstos no sean blanco de ataque, así como evitar el despliegue de fuerzas armadas en zonas densamente pobladas. Proporcionar armas y equipamiento bélico a las fuerzas armadas nacionales o grupos armados no estatales, destacados para cometer abusos generalizados, puede hacer que esa parte se convierta en cómplice de sus abusos.
Las partes que decidan intervenir con una acción militar deberían tener en cuenta las necesidades humanitarias adicionales creadas por su acción y, por lo tanto, planificar y prepararse en vista de esas necesidades. Dada la insuficiencia de la ayuda humanitaria proporcionada únicamente con el permiso del gobierno sirio, los esfuerzos para proporcionar asistencia transfronteriza deberían ser incrementados drásticamente, independientemente del consentimiento de Siria . Todas las partes en el conflicto deberían permitir que la asistencia humanitaria llegue a la población civil en situación de riesgo.
Durante más de dos años, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha estado paralizado en la cuestión de Siria y no ha logrado ayudar a reducir las atrocidades cometidas debido a los repetidos vetos de Rusia y China. Muy lejos de cualquier intervención militar, el Consejo de Seguridad debería remitir la situación de Siria a la Corte Penal Internacional para que los implicados en violaciones graves del derecho internacional puedan ser procesados adecuadamente, y debería aplicar sanciones específicas contra esas personas.
