(Washington, DC) - El gobierno de EE.UU. debería proporcionar más información sobre los programas de vigilancia secreta, dijo hoy Human Rights Watch.
El 18 de julio de 2013, Human Rights Watch, junto con más de 20 empresas de tecnología y más de 30 organizaciones no gubernamentales e inversionistas, envió una carta pidiendo al presidente Barack Obama, directores de seguridad de EE.UU. y agencias de inteligencia, así como a los líderes del Congreso, que tomen medidas concretas para ampliar la cobertura sobre la vigilancia de la seguridad nacional.
“Si el presidente Obama quiere mantener un verdadero debate sobre la privacidad y la seguridad, su gobierno debe ser mucho más transparente acerca de cómo se están utilizando las leyes existentes”, dijo Cynthia Wong, investigadora principal de Internet de Human Rights Watch. “Estas revelaciones son un primer paso necesario hacia una supervisión significativa y la discusión sobre los límites apropiados a los poderes de vigilancia”.
El gobierno de Obama debería permitir que las empresas de tecnología informen sobre el número total de solicitudes de datos de usuarios que han recibido de las autoridades nacionales de seguridad. El gobierno debería permitir que las empresas pudieran desglosar estos datos por disposición legal, tipo de información buscada y el número de usuarios afectados. Varias de las compañías que han firmado la carta conjunta ya emiten informes similares de “transparencia” en las solicitudes relativas a la justicia penal. Sin embargo, la legislación y la práctica actuales imponen muchas limitaciones a la divulgación de las solicitudes de seguridad nacional.
El gobierno sólo permite comunicaciones muy vagas sin un nivel de detalle suficiente para describir con claridad lo que está sucediendo. Después de las negociaciones en junio, las empresas tenían permiso para informar sobre el número de órdenes de seguridad nacional que habían recibido, pero sólo si los datos eran agregados a las solicitudes gubernamentales judiciales de todas las autoridades locales, estatales y federales; si las solicitudes de todos los servicios de una empresa eran combinadas, y si los totales eran presentados en rangos de 1.000. Además, las empresas sólo tenían permiso para reportar por un período máximo de 6 meses.
El gobierno también debería ampliar su propio informe anual para incluir los datos agregados sobre cómo las agencias están ejerciendo sus poderes de vigilancia con fines de seguridad nacional y propósitos de inteligencia internacional. Estas revelaciones podrían aumentar los requisitos de información legales existentes para los oficiales del orden público por motivos de investigaciones delictivas.
“Una información más clara es fundamental para evaluar si las prácticas de vigilancia son realmente proporcionales y si las empresas están saliendo a la defensa de sus usuarios”, dijo Wong. “El público no puede mantener un debate racional acerca de estos programas, cuando un cúmulo de información se mantiene en secreto”.
