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Egipto: El Gobierno interino debe acabar con los actos arbitrarios contra la Hermandad Musulmana

Se debe investigar la violencia y realizar detenciones sólo en base a la ley

(New York) – El gobierno militar interino de Egipto debe poner fin a sus actos arbitrarios contra los Hermanos Musulmanes y contra los medios de comunicación, dijo hoy Human Rights Watch. Desde que el ministro de Defensa, el general Abdul Fattah al-Sisi anunció el derrocamiento del presidente Mohamed Morsi el pasado 3 de julio, las autoridades han detenido a líderes de la Hermandad Musulmana, al parecer, únicamente por ser miembros del grupo, así mismo, clausuraron varias sedes de la Hermandad, y cerraron su cadena de televisión y otras estaciones afines a la organización.

Los militares detuvieron al expresidente y a por lo menos diez miembros de su gabinete a los que mantienen incomunicados desde hace cuatro días, sin poder hablar con sus familiares o abogados. El ejército no ha revelado el paradero del ex mandatario y sus asesores, ni los han acusado formalmente de ningún delito reconocible y tampoco los han presentado ante un tribunal. El ejército debe liberar al ex presidente y a sus asesores a menos de que posean pruebas de que han cometido un delito enjuiciable bajo la legislación egipcia, dijo Human Rights Watch. Cualquiera de estos cargos no debe contradecir los derechos a la libertad de expresión y de asociación pacífica reconocidos  internacionalmente.

"Tanto el general al-Sisi, como el presidente interino, Adli Mansour, prometieron que el proceso de transición política sería inclusivo, pero estas violaciones de los derechos políticos básicos demuestran que la Hermandad Musulmana y otros grupos serán excluidos de la vida política", dijo Joe Stork, subdirector para Medio Oriente y Norte de África de Human Rights Watch. "Sin un respeto estricto del Estado de Derecho y de los derechos esenciales desde el principio, no habrá libertad política."

Hasta el momento los funcionarios de seguridad han detenido a por lo menos otros seis miembros del Partido Justicia y Libertad. Los fiscales han ordenado su detención bajo cargos de incitación a la violencia e insultos al poder judicial. Así mismo, los fiscales han emitido órdenes de arresto contra cientos de miembros del grupo.

Las autoridades egipcias deben anunciar inmediatamente que ellos - y todos los funcionarios del Estado, incluidos los miembros del ejército y las fuerzas de seguridad – respetarán la legislación vigente, y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos egipcios, dijo Human Rights Watch.

Momentos después de que al-Sisi anunciara la expulsión del ejército de Mohamed Morsi como presidente de Egipto, el 3 de julio 2013, los organismos de seguridad interrumpieron las emisiones de cinco canales de televisión y detuvieron a los periodistas que laboran en el lugar. Los periodistas fueron liberados a los dos días, pero las estaciones continúan clausurada.

En entrevista con la Agencia Estatal de Middle East News, el 6 de julio, la ministra de Previsión Social Nagwa Khalil expresó que tras inhabilitarse la constitución su ministerio tenía la autoridad para ordenar el cierre de los grupos no gubernamentales. Destacó que había recibido instrucciones para estudiar la disolución de la Hermandad Musulmana, registrada en la Ley 84 como una organización no gubernamental, con el argumento de que posee un "ala militar." El 7 de julio, el Partido Justicia y Libertad emitió un comunicado de prensa afirmando que las fuerzas de seguridad habían cerrado sus oficinas ubicadas en la zona centro de El Cairo sin una orden judicial. La acción fue una violación flagrante de la libertad de asociación, señaló Human Rights Watch.

Los fiscales han revelado a varios medios de comunicación egipcios que están investigando a los miembros de la Hermandad Musulmana por su papel en la muerte de varios manifestantes contrarios a Morsi durante los enfrentamientos que tuvieron lugar el 30 de junio en la sede del partido de la Hermandad en la localidad de Moqattam, así como en los enfrentamientos que se produjeron cerca de la Universidad de El Cairo el 2 de julio, las pugnas fuera de Ettihadiya en diciembre de 2012 y la sublevación de enero de 2011 en la Morsi y los líderes de la Hermandad Morsy escaparon de prisión.

Egipto enfrenta una desesperada necesidad de  justicia por los crímenes cometidos en el pasado, pero las investigaciones deben ser independientes de cualquier interferencia política o parcialidad, dijo Human Rights Watch. Cualquier persona que haya cometido algún delito grave, ya sea un elemento la policía, el ejército o miembros de la Hermandad, deben rendir cuentas.

Con la Constitución de Egipto inhabilitada, hay un vacío en lo que respecta a la protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, Egipto no está bajo un estado de emergencia, y no se ha establecido una excepción a ninguna de sus obligaciones internacionales. Como resultado de ello, las autoridades están obligadas a respetar plenamente el derecho a la libertad de asociación y de expresión, y el derecho a un proceso justo que proteja a sus ciudadanos contra una detención arbitraria, señaló Human Rights Watch. Las autoridades no deben actuar como si se les hubiera otorgado nuevos poderes para interferir con los derechos esenciales de las personas.

"Tras un año de lucha prolongada entre el poder judicial y la Hermandad Musulmana, lo último que Egipto necesita es el surgimiento de arrestos y persecuciones arbitrarias y partidistas", señaló Stork. "La Fiscalía debe ser todavía más cuidadosa para evitar esa percepción y ser transparente sobre las pruebas que posee para emitir órdenes de arresto, y velar por que se respeten los derechos durante el proceso."

Leer el resto de este comunicado en inglés

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