(Washington, DC) – Leyes extremadamente rigurosas que exigen el registro público a menudo castigan de por vida a jóvenes que cometieron delitos sexuales, sin contribuir realmente a resguardar la seguridad pública, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. Existe un amplio espectro de leyes federales y estatales que afectan a menores de 18 años que han cometido cualquier tipo de delitos sexuales, desde algunos extremadamente graves, como la violación sexual, hasta otros relativamente inofensivos, como la desnudez en público.
El informe de 111 páginas, “Raised on the Registry: The Irreparable Harm of Placing Children on Sex Offender Registries in the US”(Crecer en el registro: el perjuicio irreparable que implica incluir a menores en registros de infractores sexuales en Estados Unidos), explica los perjuicios que las leyes sobre registro público provocan a jóvenes que han cometido delitos sexuales. Las leyes, que pueden aplicarse durante décadas o incluso toda una vida, y se acumulan a la pena de prisión o confinamiento en centros de detención para menores, exigen la publicación de la información personal de los agresores en registros públicos, lo cual a menudo los convierte en víctimas de acoso, humillación e incluso violencia. Las leyes también establecen restricciones estrictas respecto de dónde y con quiénes pueden vivir, trabajar, asistir a la escuela o incluso pasar tiempo los jóvenes que han cometido algún delito sexual.
“Sin duda, todas las personas que cometen un delito sexual deben responder ante la justicia”, observó Nicole Pittman, la autora del informe, quien ha estado trabajando en Human Rights Watch mediante una beca Soros sobre promoción de la justicia. “Sin embargo, el castigo debe adecuarse tanto al delito como al delincuente, e incluir a los menores condenados por delitos sexuales en registros públicos – a menudo de por vida – puede causar más perjuicios que beneficios”.
Los gobiernos estatales y el federal deberían eximir de la aplicación de las leyes sobre registro público a las personas que cometan delitos sexuales cuando tienen menos de 18 años, debido a que tales leyes vulneran derechos fundamentales de los jóvenes que cometen delitos. Las investigaciones disponibles sugieren que los jóvenes que han cometido delitos sexuales son una de las categorías de delincuentes con menores probabilidades de reincidir.
Durante 16 meses de investigaciones, Human Rights Watch entrevistó a 281 jóvenes condenados por delitos sexuales, con una edad promedio de 15 años, en 20 estados distintos, así como a cientos de familiares de estos jóvenes, abogados defensores, fiscales, jueces, funcionarios de aplicación de la ley, especialistas en el tema y víctimas de agresiones sexuales entre menores.
“Soy como un fantasma”, dijo “Dominic G.” de San Antonio, Texas, quien fue obligado a registrarse por un delito que cometió cuando tenía 13 años. “Mi nombre no puede figurar en ningún contrato de arrendamiento, y jamás recibo correo. A nadie le importa que yo esté vivo. De hecho, creo que preferirían verme muerto”.
En gran parte de los Estados Unidos, los jóvenes que cometen delitos sexuales deben cumplir una serie de requisitos jurídicos complejos que afectan prácticamente todos los aspectos de su vida. Conforme a las leyes sobre registro, deben presentarse ante las autoridades de aplicación de la ley, indicar su nombre, domicilio residencial, lugar de trabajo y el domicilio de la escuela a la cual asisten, y proporcionar una fotografía reciente y otros datos personales. Además, leyes sobre notificación a la comunidad prevén que la policía ponga esta información a disposición al público, generalmente a través de la Internet.
Y conforme a leyes sobre restricción de residencia, los jóvenes condenados por delitos sexuales no pueden vivir a una determinada distancia (generalmente entre 500 y 2.500 pies) de los sitios donde haya habitualmente niños, como escuelas, patios de juegos, parques e incluso paradas de autobuses.
No existen estadísticas completas sobre la cantidad de personas menores de 18 años en Estados Unidos que están alcanzadas por estas leyes de registro, dado que las cifras nacionales en general no distinguen a los jóvenes que cometen delitos sexuales de otras personas responsables de estos delitos. Cada estado, territorio estadounidense y tribu indígena reconocida a nivel federal cuenta con sus propias leyes sobre delitos sexuales, que difieren significativamente, y varias leyes federales también contienen requisitos que afectan a jóvenes condenados por delitos sexuales.
En 2011, el último año sobre el cual se tienen estadísticas completas, la cantidad total de infractores sexuales a nivel nacional era de 747.000.
La mayoría de los jóvenes que cometieron delitos sexuales y fueron entrevistados por Human Rights Watch habían sido incluidos en un registro entre 2007 y 2011. Pero debido a que algunas leyes estatales sobre registro han estado vigentes durante casi dos décadas, muchas personas en Estados Unidos que fueron incluidas por primera vez cuando eran menores han alcanzado hace ya tiempo la edad adulta. Sus delitos incluyen desde crímenes gravísimos como violaciones sexuales, hasta relaciones sexuales entre menores con consentimiento, o incluso actos relativamente inofensivos como la desnudez en público.
“Muchas personas asumen que cualquier individuo que figura en el registro de infractores sexuales es un violador o un pedófilo”, indicó Pittman. “Sin embargo, la mayoría de los estados extienden esta categoría de manera mucho más amplia”.
El informe documenta las distintas formas en que los jóvenes que cometen delitos sexuales se ven perjudicados por normas sobre registro, notificación a la comunidad y restricciones al lugar de residencia. Es común que se estigmatice y se humille públicamente a los jóvenes que han cometido delitos sexuales, y esto a menudo provoca que se depriman o tengan incluso tendencias suicidas. Pueden convertirse en víctimas de acoso y de quienes toman la justicia por mano propia.
Dado que se les prohíbe estar en las proximidades de escuelas, y menos aún dentro de ellas, suelen tener dificultades para continuar su educación. A muchos les cuesta conseguir y conservar un empleo, o incluso una vivienda. Y si no se registran a tiempo, con frecuencia estos jóvenes pueden terminar en prisión, en muchos casos por períodos prolongados.
Las leyes sobre infractores sexuales procuran proteger a las comunidades de la posibilidad de que sus miembros sean víctimas de delitos sexuales, ayudando a la policía a supervisar a quienes en el pasado hayan cometido este tipo de delitos. Sin embargo, al incluir a los jóvenes condenados por delitos sexuales en registros se presupone que tienen amplias posibilidades de volver a delinquir, cuando en realidad esto no es cierto. Numerosos estudios estiman que el índice de reincidencia entre menores que cometen delitos sexuales es de entre el 4 y el 10 por ciento, comparado con el 13 por ciento entre los adultos que han cometido delitos sexuales, y el promedio nacional del 45 por ciento para todos los delitos.
Las leyes también presuponen que los menores son simplemente versiones más jóvenes de los adultos. No obstante, las investigaciones psicológicas y del ámbito de la neurociencia confirman que los menores, incluidos los adolescentes, actúan de manera más irracional e inmadura que los adultos y no se les debería aplicar el mismo estándar de culpabilidad. En este mismo sentido, las investigaciones indican que los niños tienen mayores probabilidades de responder favorablemente a la rehabilitación y al tratamiento.
Asimismo, exigir que un amplio espectro de infractores sexuales se inscriba en un registro supone una carga excesiva para las autoridades de aplicación de la ley, ya que requiere supervisar a gran cantidad de personas, sin ningún tipo de distinción según el riesgo que impliquen para la seguridad pública.
Los estados y el gobierno federal deberían eximir a los jóvenes que han cometido delitos sexuales de los requisitos de registro y notificación a la comunidad, indicó Human Rights Watch. Si no se implementa una exclusión total, los estados deberían entonces retirar a todos los jóvenes que cometieron delitos sexuales de aquellos programas de registro que no consideren específicamente la naturaleza del delito, el riesgo que suponen estos jóvenes – si corresponde – para la seguridad pública, sus características cognitivas y de desarrollo particulares, su necesidad de tratamiento y las posibilidades de que se rehabiliten.
“Incluir a todas las personas que cometieron delitos sexuales en una misma categoría frustra la intención de las autoridades de seguridad pública de concentrar su accionar en los delincuentes más peligrosos e ignora todo lo que cualquier padre sabe sobre el modo en que los niños se comportan y maduran”, indicó Pittman. “Eximir a los jóvenes de los requisitos excesivamente duros establecidos en las leyes sobre registro contribuirá a respetar sus derechos y su posibilidad de cambiar, y permitirá fortalecer la seguridad pública”.
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A continuación se presentan extractos de testimonios que fueron ofrecidos por jóvenes que cometieron delitos sexuales y otras personas entrevistadas por Human Rights Watch, u obtenidos a través de documentos examinados por Human Rights Watch. Los nombres de los jóvenes que cometieron delitos sexuales y sus familiares han sido abreviados o reemplazados con seudónimos para resguardar su privacidad.
“Vivo en un estado general de desespero, y lucho casi a diario con pensamientos suicidas debido a la pena perpetua [de registro] y el castigo que supone estar registrado. El estigma y la vergüenza no desaparecerán jamás, las personas siempre se van a acordar”.
– Christian W., quien fue obligado a registrarse como agresor sexual por un delito que cometió cuando tenía 14 años. Tulsa, Oklahoma.
“En ese entonces, la ley disponía que iba a tener que figurar en el registro público cuando cumpliera 18. Su fotografía, su domicilio y otros datos iban a aparecer en la Web... Para él, esto fue simplemente demasiado”.
– Julia L., madre de Nathan L., quien fue condenado por un delito sexual a los 12 años y se suicidó a los 17. Grand Rapids, Michigan.
“Todos en la comunidad sabían que estaba en el registro de infractores sexuales, no les importaba que lo hubieran quitado... El daño ya estaba hecho. No es posible deshacer lo que ya está hecho”.
– Elizabeth M., madre de Noah M., quien fue condenado por un delito sexual cuando tenía 12 años y se suicidó a los 17, tras ser eliminado del registro de Michigan. Flint, Michigan.
“El suicido [de menores que son incluidos en registros de agresores sexuales] es una posibilidad... incluso predecible”.
– David S. Prescott, trabajador social y especialista en estrategias de tratamiento para jóvenes que han cometido delitos sexuales.
“Un miembro de la comunidad confeccionó volantes que decían ‘Atención: Hay un infractor sexual en el barrio’. Los volantes, donde se mostraba mi fotografía del anuario escolar y se indicaba el delito y el domicilio, estaban por todos lados”.
– Nicholas T., quien fue incluido en el registro a los 16 años. Portland, Oregón.
“Pocos meses después de que [Max] fuera incluido en el registro, el periódico local publicó una nota vinculada con las festividades de Halloween bajo el título ‘Sepa dónde se esconden los monstruos’, en el cual se advertía a las familias que estuvieran atentas a los infractores sexuales registrados que vivían en el barrio al llevar a sus niños por las casas pidiendo dulces. El artículo incluía una lista de todos los infractores sexuales de nuestra localidad. Y aparecían el nombre y el domicilio de Max”.
– Bruce W., padre de un joven que había cometido un delito sexual y que debió inscribirse en el registro a partir de los 10 años. Weatherford, Texas.
“La policía siempre presupone que eres el más despreciable de todos los infractores sexuales y te tratan como si lo fueras. La mayoría te mira despectivamente como si fueras la peor escoria del mundo”.
– Elijah B., quien fue incluido en el registro cuando tenía 16 años. Houston, Texas.
“La vida de mi hijo fue arruinada incluso antes de que cumpliera los 18 años. Debido a las dificultades que implicaba el registro, mi hijo abandonó la escuela, teme salir de casa y no puede conseguir entrevistas de trabajo. Pese a que no ha vuelto a cometer delitos, esto le impide convertirse en un miembro útil de la sociedad”.
– Tony K., padre de un joven que fue incluido en el registro a los 17 años. Kansas City, Missouri.
“Una vez, cuando intentaba registrar mi domicilio, un policía se negó a darme los papeles y me dijo ‘A los que son como tú, nos los queremos sacar de encima’”.
– Maya R., incluido en el registro por un delito que cometió cuando tenía 10 años. Howell, Michigan.
“Las personas se enfurecen. Una vez un vecino alcoholizado hostigó y casi mata a golpes a mi hermano, porque como somos parecidos, creyó que era yo”.
– Isaac E., quien debió registrarse por primera vez a los 12 años. Spokane, Washington.
“En una ocasión, un hombre me gritó desde un vehículo ‘abusador infantil’. Una semana después, se produjeron varios disparos desde un automóvil que pasó por aquí. Las balas atravesaron la ventana de la sala de estar mientras yo y mi familia estábamos mirando la televisión”.
– Camilo F., quien figura en el registro desde los 14 años. Gainesville, Florida.
“Estaba en el estacionamiento [de la escuela] cuando pasó una camioneta y comenzó a arrojarme botellas de cerveza. Tuve que correr adentro. Me gritaron, ‘¡Fuera de la escuela, abusador de niños! ¡Quisiera matarte!’”.
– Joshua G., incluido en el registro por un delito que cometió cuando tenía 12 años. Dallas, Texas.
“Los vecinos hostigaban a nuestra familia. Luego descubrimos que uno de los vecinos había disparado a nuestro perro”.
– Jasmine A., madre de Zachary S., quien figura en el registro desde los 11 años. Dallas, Texas.
“Para los infractores sexuales, el error que cometimos siempre estará a la vista de todo el mundo. No hay posibilidad de redimirse ni de ser perdonados. Nunca terminas de pagar por tu delito. No existe la posibilidad de empezar de cero. Estás acabado. Desearía ser ejecutado, porque en definitiva mi vida está acabada”.
– Austin S., quien se registró por primera vez a los 14 años. Denham Springs, Luisiana.
“Se suponía que mis diez años de registro debían concluir el 27 de septiembre de 2012. Estamos en 2013 y aún aparezco en el sitio web del estado y todos los demás sitios de registro. Siento que esto nunca va a terminar”.
– Diego G., incluido en el registro cuando tenía 10 años. Houston, Texas.
“Debido a las restricciones que se aplican a quienes cometen delitos sexuales, mi familia se vio obligada a separarse. Yo no podía vivir con menores. Mi padre se quedó en nuestra casa con mi hermano menor. Mi madre y yo nos mudamos con mis abuelos a un sitio a dos horas de distancia”.
– Sebastian S., joven que a partir de los 10 años debió registrarse por haber cometido un delito sexual. Laredo, Texas.
“Me preocupa que mis dos niños pequeños, de 4 y 2 años, tengan que vivir en una vivienda que ha sido identificada públicamente, y tengan que pagar de por vida por algo que sucedió años antes de que nacieran. Quiero ser parte de sus vidas, pero también quiero que puedan vivir libremente sin tener que soportar esta carga”.
– Jerry M., incluido en el registro desde los 11 años. Wilmington, Delaware.
“Como es común que se culpe a los padres por los pecados de sus hijos, muchas veces los padres de quienes cometen delitos sexuales sufren los mismos temores, y la misma vergüenza y sensación persecutoria que sus hijos”.
– David Prescott, trabajador social y especialista en estrategias de tratamiento para jóvenes que han cometido delitos sexuales.
“He arrendado distintas viviendas, pero apenas nos mudamos la policía y los vecinos comienzan a acosarnos, hasta que finalmente nos desalojan. Logran que nunca tengamos un sitio donde vivir. A mí no se me permite vivir en un hogar para personas de la calle”.
– Aaron I., incluido en el registro de Florida desde los 15 años. Palm Beach, Florida.
“Me contratan y me despiden una y otra vez. Normalmente logro conservar un empleo algunas semanas, hasta que el nombre y el domicilio del empleador aparecen en el registro de infractores sexuales [ya que quienes están registrados deben proporcionar estos datos]. Los empleadores entonces me dicen que conservar mi puesto de trabajo ‘perjudica su negocio’”.
– Elijah B., incluido en el registro cuando tenía 16 años. Houston, Texas.
“Conseguir empleo es difícil. Tengo que mantener a mi esposa e hijos. Creo que entre enero y abril de 2012 me presenté a 250 búsquedas laborales”.
– Joshua G., incluido en el registro por un delito que cometió cuando tenía 12 años. Dallas, Texas.
“Tengo que mirar un mapa antes de ir a pie a cualquier sitio. Me pueden detener si camino cerca de una escuela o un parque”.
– Blake G., registrado por un delito que cometió cuando tenía 15 años. Citrus, Florida.
“La persona incluida en el registro deberá pagar este precio en cualquier sitio al que vaya, durante el resto de su vida. Es como un impuesto de por vida”.
– Ethan Ashley, abogado de James O., un joven condenado por un delito sexual.
“Las leyes más recientes reducen la efectividad del registro como herramienta de seguridad pública, al incorporar miles de infractores que no suponen un riesgo significativo, como los niños, y que en su gran mayoría no volverán a cometer delitos sexuales”.
– Detective Bob Shilling, ex inspector jefe a cargo de la Unidad de Delitos Sexuales de Seattle, responsable de visitar a infractores sexuales registrados en su domicilio.
“Armamos una red amplia para asegurarnos de incluir a todos los infractores sexuales... pero resulta que tan sólo un porcentaje menor de las personas condenadas por delitos sexuales suponen un verdadero riesgo para el público”.
– Declaración de Ray Allen, ex legislador de Texas y ex presidente de la Comisión de Temas Penitenciarios de la Cámara de Representantes de Texas (Texas House Corrections Committee) – quien inicialmente había impulsado la sanción de leyes que establecían requisitos de registro más estrictos – en la cual admite que él y sus colegas se habrían excedido.
“En muchos sitios web de los estados sobre infractores sexuales, se pueden encontrar fotos de jóvenes, su nombre y su domicilio, y en algunos casos su fecha de nacimiento y mapas que indican dónde se encuentran sus viviendas, junto a los datos de pedófilos y violadores adultos”.
–Brenda V. Smith, profesora de derecho y directora del Proyecto sobre Violaciones Sexuales en Prisión del Instituto Nacional Correccional (National Institute of Corrections) del Washington College of Law, American University.
