Human Rights Watch documentó por primera vez la violencia sexual en los conflictos en el año 1993, cuando denunciamos a través de un informe que miembros de las fuerzas de seguridad de la India en Kashmir utilizaban la violación sexual para degradar a las mujeres y castigar a sus comunidades, acusadas de simpatizar con militantes separatistas. A partir de entonces, hemos investigado y documentado violaciones sexuales cometidas durante conflictos en la República Democrática del Congo, Colombia, Somalia, Irak, Sierra Leona, Kosovo, Costa de Marfil, Guinea y Haití.
Desde aquel primer informe, la comunidad internacional ha conseguido avances significativos en reconocer la prevalencia de la violencia sexual y ha adoptado medidas para abordar esta situación: la violación sexual durante conflictos se considera un crimen de guerra y un delito de lesa humanidad. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución en 2008 donde expresó su intención de “adoptar... medidas apropiadas” para hacer frente a la violencia sexual generalizada o sistemática. Distintas organizaciones de la sociedad civil, con el apoyo de numerosos gobiernos, han formulado programas novedosos y efectivos destinados a encarar las secuelas de la violación sexual para mujeres, hombres, niños y sus comunidades. Las iniciativas se enfocan principalmente en revertir la impunidad de estos delitos, asignar recursos para identificar a los responsables y conseguir que rindan cuentas. En el encuentro de ministros de relaciones exteriores del G8 que tendrá lugar la semana próxima, el Reino Unido instará una vez más a que se ponga fin a la impunidad y se intensifiquen los esfuerzos para juzgar con éxito los casos de violación sexual ocurridos en contextos de guerra.
La Iniciativa de Prevención de la Violencia Sexual de William Hague, creada en 2012, es uno de los aspectos valiosos de este esfuerzo. El año pasado tuve oportunidad de formar parte de un panel en el cual Hague habló apasionadamente sobre su compromiso personal con esta cuestión. El gobierno del Reino Unido también anunció que financiará importantes proyectos en el Congo y otras regiones.
No obstante, numerosos activistas que trabajan en estos temas se muestran cada vez más preocupados ante el énfasis desproporcionado que se asigna a la violencia sexual en los conflictos, considerando que existe un amplio espectro de violaciones de garantías y derechos humanos que también repercuten en mujeres y niñas durante los conflictos. Aparentemente, se presume que la violencia sexual masiva es una característica de todos los conflictos, y esto no es cierto: en Siria, por ejemplo, son muy escasas las evidencias creíbles de que se hayan cometido violaciones sexuales en forma generalizada o sistemática. Human Rights Watch ha documentado los acontecimientos de este conflicto durante dos años, y sin duda hemos identificado casos de violaciones de hombres y mujeres. Sin embargo, no encontramos evidencias que permitan suponer que se estén produciendo hechos de violencia sexual en una escala masiva.
Concentrarse en una única dimensión de un problema mucho más amplio genera confusión y deja en segundo plano otros aspectos alarmantes de la situación de las mujeres en los conflictos, incluido el de Siria. Human Rights Watch ha documentado múltiples abusos que afectan a mujeres en contextos de guerra, como el desplazamiento forzado, los ataques o castigos contra mujeres por su propio trabajo de activismo o el de familiares de sexo masculino, la tendencia al matrimonio infantil o el matrimonio forzado o a temprana edad debido a la inestabilidad y la falta de seguridad para mujeres jóvenes, el aumento de la violencia sexual y doméstica cometida por civiles, la falta de acceso a alimentos, techo y atención de la salud, la interrupción de la educación, y la explotación y el tráfico sexual, entre otros. Reducir el análisis exclusivamente a la violencia sexual implica que no se recauden o destinen recursos suficientes para hacer frente a toda la gama de violaciones que asedian los derechos de las mujeres.
Para que la iniciativa de Hague logre un impacto real en la vida de las mujeres, debe abordar el problema desde una perspectiva más amplia, que tome en cuenta todas las necesidades de las mujeres en situaciones de conflicto. También debe evaluar qué sucede con las mujeres cuando concluye la guerra y los soldados regresan a casa, ya que la violencia contra las mujeres no termina automáticamente cuando se acaba el conflicto. Es necesario que la iniciativa considere la seguridad de las mujeres en los períodos de posguerra, a fin de que puedan participar plenamente en el proceso de paz y justicia.
