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Río + 20: Basar el desarrollo sustentable en los derechos humanos

Conferencia reúne a líderes mundiales para analizar la necesidad de una “economía verde”

(Nueva York) – Los líderes de todo el mundo tienen una oportunidad única de establecer un vínculo genuino entre el desarrollo sustentable y los derechos humanos, señalaron hoy Amnistía Internacional y Human Rights Watch en una declaración conjunta  dirigida a los distintos ministros de medioambiente y relaciones exteriores que se reunirán en Río de Janeiro.

Está previsto que diversos jefes de Estado, funcionarios de gobierno y actores no gubernamentales participen entre el 20 y el 22 de junio de 2012 en la Cumbre de la Tierra Río+20, llamada oficialmente Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable.

El objetivo del evento es evaluar los avances logrados respecto de los compromisos asumidos durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, en la cual se adoptaron los Principios de Río y el “Programa 21”, un modelo para la acción a nivel global, nacional y local sobre un amplio espectro de temas ambientales y de desarrollo.

Son pocos los países que se han adecuado a los Principios de Río, y los avances conseguidos en materia ambiental han sido escasos.

“Los líderes de todo el mundo que asistan a la cumbre de Río deberían asegurar que el desarrollo sustentable se base en el reconocimiento de los derechos humanos”, señaló Jan Egeland, subdirector ejecutivo de Human Rights Watch. “Si bien resulta alentador que el nuevo borrador para el documento final se refiera de manera expresa a los derechos humanos, igualmente no llega a garantizar que se protejan tales derechos”.

Las iniciativas de desarrollo económico que no incorporan obligaciones y principios de derechos humanos pueden incrementar la marginación, la discriminación y la injusticia.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de proyectos de infraestructura impulsados supuestamente con fines de desarrollo, actividades de industrias extractivas que han expulsado a poblaciones indígenas de las tierras que ocuparon tradicionalmente y políticas de desarrollo que han causado el desalojo forzado de personas que pertenecen a los sectores más pobres.

A poco tiempo de la Primavera Árabe, no podemos negar la importancia de la libertad de expresión, asociación y reunión, el acceso igualitario a información y procesos transparentes, la participación cívica y la rendición de cuentas para el desarrollo sustentable, agregaron Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

El desarrollo sustentable debe además reconocer la relación entre la sustentabilidad ambiental y los derechos humanos.

Los organismos de vigilancia de los derechos humanos y los tribunales internacionales, regionales y nacionales han reconocido progresivamente el daño ambiental como una causal de violaciones de derechos humanos y han establecido de manera inequívoca la responsabilidad del Estado en materia de protección ambiental.

Human Rights Watch ha documentado violaciones del derecho a la salud de grupos vulnerables, incluidos niños que han estado expuestos a productos químicos tóxicos en el contexto de la minería, la producción industrial y la agricultura.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch instaron a países de todo el mundo a adoptar las siguientes medidas:

  • Reafirmar la obligación jurídica de todos los Estados de respetar, proteger y asegurar el goce de todos los derechos humanos, los cuales son indispensables para el desarrollo sustentable.
  • Reafirmar que las políticas, los proyectos y las prácticas de desarrollo deben reflejar las obligaciones de derechos humanos de los Estados y que la asistencia técnica y financiera debe ser acorde con las obligaciones de derechos humanos.
  • Asegurar que las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, aprueben únicamente proyectos que hayan sido objeto de evaluaciones efectivas sobre las posibles consecuencias para los derechos humanos y estén destinadas a mitigar riesgos para los derechos humanos que puedan haber sido identificados durante tales evaluaciones.
  • Reafirmar el derecho de acceso a la información. Comprometerse a facilitar la participación efectiva a través de procesos transparentes y protegiendo los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión.
  • Reafirmar el principio de no discriminación en función de factores como raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, nacionalidad u origen social, propiedad, lugar de nacimiento, discapacidad u otra condición, y comprometerse a trabajar de manera más enérgica a fin de asegurar que la ayuda para el desarrollo sustentable llegue a los miembros más marginados de la sociedad.
  • Promover activamente los derechos de la mujer y la igualdad de género a través de políticas de desarrollo sustentable, que incluyan políticas para asegurar el acceso a servicios e información sobre salud reproductiva.
  • Reafirmar los derechos humanos de los pueblos indígenas.
  • Reafirmar que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos independientemente del lugar donde lleven a cabo sus actividades, ejercer la debida diligencia para evaluar, prevenir y mitigar las consecuencias para los derechos humanos y el medioambiente, y brindar un recurso accesible cuando se produzcan abusos.

El director de la campaña Exige Dignidad de Amnistía Internacional, Savio Carvalho, dijo al respecto: “A menos que tanto los gobiernos como las empresas y las instituciones internacionales dejen de sacrificar el respeto a los derechos humanos en nombre del desarrollo, no será posible reducir el nivel de marginación, discriminación e injusticia”. 

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