(Doha, Qatar) – Cientos de miles de trabajadores migrantes de la construcción mayoritariamente de Asia meridional en Qatar corren el riesgo de sufrir condiciones de explotación y abuso, que equivalen en ocasiones a trabajo forzoso, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Tanto el Gobierno como la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) tienen que asegurarse de que se cumpla su compromiso de respetar los derechos de los trabajadores con vista a la Copa Mundial de 2022, señaló Human Rights Watch. Los contratistas de la construcción también deben adoptar compromisos específicos y públicos de respetar las normas internacionales del trabajo, dijo Human Rights Watch.
El informe de 146 páginas, “Building a Better World Cup: Protecting Migrant Workers in Qatar Ahead of FIFA 2022” (“Construir una mejor Copa Mundial: Protección de los trabajadores migrantes en Qatar de cara a la FIFA 2022”), examina un sistema de reclutamiento y empleo que deja prácticamente atrapados a los trabajadores migrantes en sus puestos de trabajo. Los problemas a los que se enfrentan incluyen tasas de contratación desorbitantes, que pueden tardar años en pagar, la confiscación habitual de sus pasaportes por parte de los empleadores y el sistema restrictivo de patrocinio de Qatar, que otorga a los empleadores un control desproporcionado sobre sus trabajadores. Human Rights Watch observó que, con frecuencia, el alto nivel de endeudamiento y las restricciones a las que se enfrentan los trabajadores si quieren cambiar de empleador los obligan a aceptar empleos y condiciones de trabajo que no habían aceptado en sus países de origen, o a continuar trabajando en condiciones abusivas. Los trabajadores se enfrentan a obstáculos para presentar quejas o buscar resarcimiento, y los abusos suelen pasar desapercibidos por las autoridades gubernamentales.
“Los trabajadores que construyen estadios no se beneficiarán de la promesa general de Qatar de poner fin al sistema de patrocinio: necesitan que esto suceda antes de que empiecen a trabajar para el campeonato de la FIFA”, dijo Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Medio de Human Rights Watch. “El Gobierno tiene que asegurar que los estadios de última generación y con tecnología punta que está planeando construir para los seguidores de la Copa Mundial no se construyan a costa del maltrato y la explotación de trabajadores”.
Human Rights Watch constató que Qatar tiene una de las leyes de patrocinio más restrictivas de la región del Golfo Pérsico, ya que los trabajadores no pueden cambiar de trabajo sin el permiso de sus empleadores, independientemente de que hayan trabajado durante dos o veinte años, y todos los trabajadores necesitan que el empleador que los patrocina firme un “permiso de salida” antes de que puedan abandonar el país. Arabia Saudita es el único otro país del Golfo que mantiene el sistema problemático de permisos de salida, mientras que otros países permiten ahora a los trabajadores cambiar de empleo después de cumplir su contrato o después de un período de dos a tres años con su primer empleador. En mayo, el viceministro de Trabajo Hussein al-Mulla anunció que Qatar podría remplazar el sistema de patrocinio por contratos entre empleados y empleadores, pero no especificó cómo sustituirían las leyes de inmigración vigentes o si los trabajadores tendrían derecho a cambiar de empleo.
Las leyes qataríes prohíben que los trabajadores migrantes formen sindicatos o se declaren en huelga, a pesar de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que la libertad de asociación es un derecho fundamental. Según Human Rights Watch, una propuesta reciente del Gobierno de un “sindicato de trabajadores” no cumple los requisitos mínimos de la libertad de asociación, ya que restringe todos los puestos de toma de decisiones a los ciudadanos qataríes.
Los trabajadores migrantes constituyen un sorprendente 94% de la fuerza laboral de Qatar, y el país tiene la mayor proporción de migrantes por habitante del mundo. El país podría reclutar hasta un millón más de trabajadores migrantes de la construcción en la próxima década para construir los estadios y las mejoras de la infraestructura prometidos por Qatar en su candidatura como sede de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA de 2022.
Human Rights Watch entrevistó a 73 trabajadores migrantes de la construcción para el informe, y se reunió y mantuvo correspondencia con funcionarios del Gobierno, empleadores, empresas contratistas, agencias de reclutamiento, diplomáticos de países de origen de los trabajadores y defensores de los derechos de los trabajadores.
Los trabajadores denunciaron una serie de problemas, como el impago de salarios, las deducciones salariales ilegales, el hacinamiento y la insalubridad de los campos de trabajo y la inseguridad de las condiciones laborales. Todos menos cuatro trabajadores dijeron que pagaron tasas de reclutamiento que iban de los US$726 a los US$3,651, y que pidieron préstamos a prestamistas privados con tasas de interés desde el 3% al 5% mensual al 100% de interés anual sobre su deuda.
“No nos quejamos, porque si nos quejamos de algo, la empresa nos castigará”, dijo a Human Rights Watch Himal K., un trabajador de la construcción de 18 años de edad de Nepal. La mayoría de los trabajadores dijeron a Human Rights Watch que temían las consecuencias de quejarse ante sus empleadores o las autoridades.
“Si no pago [mi deuda], el banco echará a mi familia de mi casa”, dijo Mahmud N., un trabajador de Bangladesh de 27 años quien dijo que debía 270,000 taka (US$3,298) de tasas de reclutamiento.
“El Gobierno de Qatar y las empresas del sector de la construcción tienen que asegurarse de que los empleadores, no los trabajadores desfavorecidos, paguen estas tasas de reclutamiento”, dijo Whitson. “Este problema no va a desaparecer hasta que el Gobierno aplique seriamente sus leyes para asegurarse que sean los empleadores quienes paguen estas tasas, e imponga sanciones graves a las empresas que hacen la vista gorda”.
Human Rights Watch dijo que la mayoría de los trabajadores que entrevistó habían hipotecado sus casas o vendido propiedades familiares para obtener sus empleos, y se enfrentaban por lo tanto a tremendas presiones para permanecer en sus puestos de trabajo, independientemente de las condiciones. Casi todos dijeron que sus empleadores habían confiscado sus pasaportes, y algunos dijeron que los empleadores se negaron a devolverles los pasaportes cuando se los pidieron. La OIT ha señalado que la confiscación de pasaportes es un indicador fundamental del trabajo forzoso, especialmente cuando se combina con la amenaza o la posibilidad de sanciones penales, la denuncia de los trabajadores a la policía, el despido o los impedimentos para obtener otro empleo —todos ellos son temores que comparten los trabajadores en Qatar.
Dinesh P., un trabajador nepalí de 20 años, dijo que él y otros 15 empleados de su empresa querían dejar sus trabajos y regresar a casa, pero que no lo harían.
“Nos sentimos engañados, no obtuvimos los puestos de trabajo que esperábamos”, dijo. Dado que no podían cambiar de trabajo sin permiso de su patrocinador, tanto él como sus compañeros tuvieron que elegir entre abandonar su empleo o continuar trabajando en condiciones que según ellos, no habían aceptado.
“Tengo un préstamo y acabaré quedándome”, dijo.
En una carta a Human Rights Watch, los funcionarios del Ministerio de Trabajo señalaron que: “el Ministerio no ha recibido ninguna denuncia de trabajo forzoso y es inconcebible que exista algo así en Qatar, ya que el trabajador puede cancelar su contrato y regresar a su país siempre que lo desee, y el empleador no puede obligarlo a quedarse en el país contra su voluntad”.
“Es profundamente inquietante que el Ministerio de Trabajo niegue el problema del trabajo forzoso, cuando las leyes y las prácticas de empleo de Qatar posibilitan precisamente este tipo de situación”, dijo Whitson. “Cuando hay miles de trabajadores con miedo a dejar sus empleos y que sólo se quejan cuando no tienen más remedio, es un indicativo de que hace tiempo se debió haber enfrentado el problema”.
Una serie de actores clave en los preparativos para la Copa Mundial de 2022 se han comprometido públicamente a respetar los derechos de los trabajadores, pero todavía no han adoptado los compromisos públicos específicos reclamados por Human Rights Watch. El comité local organizador del torneo, el Comité Supremo para Qatar 2022, así como la empresa designada para ayudar a supervisar la construcción para la Copa Mundial, CH2M HILL, han afirmado que establecerán normas laborales que tendrán que cumplir los constructores y otros contratistas involucrados en la construcción de las sedes de la Copa Mundial. En la correspondencia con Human Rights Watch, también dijeron que están considerando el uso de un texto obligatorio en los contratos que disponga estos requisitos. La FIFA se ha comprometido a tratar las cuestiones relacionadas con los derechos de los trabajadores con el Gobierno de Qatar.
Human Rights Watch dijo que estos compromisos son un comienzo, pero es necesario adoptar medidas adicionales. La FIFA debe instar al Comité Supremo para Qatar 2022, el organismo oficial creado para gestionar la Copa Mundial de 2022, a que requiera que los contratistas involucrados en la construcción relacionada con la Copa Mundial establezcan una serie de normas mínima para los empleados compatibles con la legislación qatarí y las normas internacionales del trabajo. Cualquier serie de normas mínimas establecidas por el Comité Supremo para los contratistas debe prohibir estrictamente la confiscación de los pasaportes de los trabajadores y requerir que los contratistas adopten todas las medidas posibles para garantizar que los trabajadores no paguen tasas de reclutamiento o reembolsar a los trabajadores que las hayan pagado. El Comité Supremo también debe contar con observadores independientes de las condiciones laborales para que informen públicamente del cumplimiento de las leyes qataríes y las normas internacionales del trabajo, señaló Human Rights Watch. La organización también instó a los contratistas privados a que se comprometan públicamente a proteger los derechos de todos los trabajadores asociados con sus proyectos, entre ellos los relacionados con las tasas de reclutamiento y los pasaportes de los trabajadores.
“El Comité Supremo de Qatar 2022 ha dicho que tiene previsto que las políticas laborales cumplan o sobrepasen los requisitos de las normas internacionales del trabajo”, dijo Whitson. “La comunidad internacional necesita escuchar compromisos específicos, públicos y aplicables por parte de los organizadores y las empresas de construcción. Teniendo en cuenta su compromiso público de promoción de los derechos laborales en Qatar, la FIFA también debería promover dichas medidas”.
El informe aborda las preocupaciones con respecto a la seguridad de los trabajadores en el sector de la construcción de Qatar. Subraya las discrepancias inquietantes entre el número de muertes de trabajadores de la construcción registradas por las embajadas locales y la cifra registrada por el Gobierno. Por ejemplo, la Embajada de Nepal informó de 191 muertes de trabajadores nepalíes en 2010, y la Embajada de India informó de 98 muertes de migrantes indios, lo que incluye el fallecimiento, hasta la fecha, de 45 trabajadores jóvenes con bajos ingresos como consecuencia de paros cardíacos. Un portavoz de la Embajada de India dijo a la prensa local que las insolaciones contribuyeron probablemente a esta tasa inusual de insuficiencias cardiacas.
Sin embargo, en una carta a Human Rights Watch, los funcionarios del Ministerio de Trabajo afirmaron que: “A lo largo de los últimos tres años, no se han producido más de seis casos de muertes de trabajadores. Las causas son caídas”. Según Human Rights Watch, la falta de cualquier requisito para que las empresas publiquen regularmente datos sobre las muertes y las lesiones de trabajadores contribuye a esta falta de transparencia e información.
“¿Cómo puede Qatar dar el visto bueno a proyectos de construcción tan masivos cuando no se saben con ninguna certeza la tasa de muertes y lesiones de trabajadores en el país?”, dijo Whitson. “Un punto de partida muy básico es que el Gobierno investigue y publique datos precisos y detallados acerca de dónde, cómo, y cuántos trabajadores han fallecido o sufrido lesiones en el país”.
