Ahora la Cámara de Representantes tratará la prórroga de esta ley sobre violencia doméstica y sexual
26 de Abril de 2012
En el día de hoy, la seguridad de las mujeres prevaleció por sobre las diferencias partidistas y el Senado se unió para prorrogar la Ley sobre Violencia contra la Mujer. La Cámara de Representantes debería salvar diferencias y defender los derechos de todas las mujeres y sus familias a vivir sin violencia.
Meghan Rhoad, investigadora sobre derechos de la mujer

(Washington, DC) – La Cámara de Representantes de Estados Unidos no debe demorar la prórroga de la Ley sobre Violencia contra la Mujer (Violence against Women Act, VAWA), señaló hoy Human Rights Watch. El 26 de abril de 2012, el Senado de Estados Unidos aprobó con el voto de ambas bancadas el proyecto de ley para prorrogar la principal norma federal que brinda protección y servicios legales destinados a combatir la violencia doméstica y sexual y el acoso.

“En el día de hoy, la seguridad de las mujeres prevaleció por sobre las diferencias partidistas y el Senado se unió para prorrogar la Ley sobre Violencia contra la Mujer”, afirmó Meghan Rhoad, investigadora sobre derechos de la mujer en Human Rights Watch. “La Cámara de Representantes debería salvar diferencias y defender los derechos de todas las mujeres y sus familias a vivir sin violencia”.

La VAWA promueve distintos servicios de atención a víctimas, como centros destinados a personas que hayan sufrido violación sexual, alojamiento temporario para víctimas de violencia doméstica y programas que abordan la violencia contra personas con discapacidad. El Congreso ha prorrogado la VAWA en dos ocasiones desde que fue sancionada originalmente en 1994.En un momento en que los estados aplican fuertes recortes en el presupuesto, el financiamiento resulta indispensable para la continuidad de estos programas, manifestó Human Rights Watch.

El proyecto bipartidista que propone prorrogar la norma (S. 1925) fue aprobado en el Senado con 68 votos a favor, incluido el voto de la totalidad de los senadores demócratas y de 15 de los 47 miembros republicanos del Senado. El proyecto fue presentado por el senador Patrick Leahy, representante demócrata de Vermont, y por el senador Mike Crapo, representante republicano de Idaho, y recibió además el respaldo de otros 59 legisladores. El Senado rechazó un proyecto sustituto propuesto por los senadores republicanos Charles Grassley de Iowa y Kay Bailey Hutchinson de Texas. El proyecto sustituto habría debilitado las protecciones otorgadas a inmigrantes que son víctimas de violencia, personas que sufren agresiones en tierras originarias o tribales, y víctimas de la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero, aseveró Human Rights Watch.

La Cámara de Representantes aún tiene que tratar la prórroga de la VAWA. Los legisladores republicanos en la Cámara anunciaron el 25 de abril de 2012 que están trabajando en la redacción de un proyecto similar al texto sustituto impulsado por los senadores Hutchinson y Grassley. Gwen Moore, representante demócrata de Wisconsin, presentó una versión de la VAWA en la Cámara (H.R. 4271) que sólo ha conseguido el apoyo de demócratas, lo cual sugiere que la renovación en la Cámara baja no avanzaría tan fácilmente.

“La votación de hoy muestra claramente que no existe un sustituto para la protección de todas las víctimas”, expresó Rhoad. “Lo principal es que nadie debería verse atrapado en una relación violenta de la cual no pueda librarse, ni nadie debería tampoco sentir temor de denunciar hechos de violencia doméstica, agresión sexual o acoso. El proyecto del Senado asegura que numerosas garantías y programas fundamentales sean accesibles para todas las personas que los necesitan”.

Según cifras de diciembre de 2011 aportadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), una de cada cuatro mujeres en Estados Unidos ha sufrido violencia física grave por parte de su pareja en algún momento de su vida, y casi una de cada cinco ha sido violada. Los CDC comprobaron que en Estados Unidos, en promedio, cada minuto 24 personas son víctimas de violación sexual, violencia física o acoso por una pareja.

Uno de los aspectos básicos de la ley consiste en asegurar que se persigan los casos de violencia sexual y doméstica a través del sistema de justicia penal. El proyecto de ley mantiene el financiamiento de programas que procuran superar las demoras que existen a nivel nacional en el análisis de cientos de miles de muestras recogidas con posterioridad a hechos de violencia sexual y que contienen pruebas forenses. Diversos estudios nacionales han comprobado que los casos en que estas muestras fueron analizadas tenían mayores probabilidades de avanzar en el sistema de justicia penal y permitir la detención de los responsables. 

El proyecto de ley también subsana importantes falencias en las iniciativas implementadas en el país para prevenir la violencia contra mujeres inmigrantes y responder a este tipo de actos, señaló Human Rights Watch. El proyecto reforzaría las visas de categoría “U”, de carácter temporario, que permiten a víctimas inmigrantes de delitos graves permanecer en Estados Unidos para brindar asistencia a las autoridades de aplicación de la ley durante la investigación y el juzgamiento de estos hechos. Cada año se expiden solamente 10,000 visas de tipo “U”, y el proyecto de ley permitiría otorgar anualmente hasta 5,000 visas que no se hayan utilizado durante períodos anteriores, una vez agotadas las disponibles para el año en curso. A su vez, el acoso se añadiría a la lista de delitos graves contemplados para el otorgamiento de visas de categoría “U”.

El proyecto de ley también exigiría que el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) adopte reglamentaciones destinadas a prevenir el abuso sexual en centros de detención migratoria. Pese a que existe una clara voluntad parlamentaria de incluir a los centros de detención migratoria en la Ley para la Eliminación de las Violaciones Sexuales en Prisión (Prison Rape Elimination Act), las reglamentaciones propuestas excluyen a estos establecimientos de las responsabilidades establecidas por la Ley.

Las personas que son víctimas de abuso en centros de detención para inmigrantes se enfrentan a diversos obstáculos y factores que las disuaden de presentar una denuncia, indicó Human Rights Watch. Estos factores incluyen la falta de información sobre las normas aplicables a la conducta del personal, el temor a denunciar a las mismas autoridades que intentan deportarlas, el trauma causado por el abuso ocurrido durante su detención o hechos de violencia u otros abusos sufridos en el país de origen.

“Prorrogar la Ley sobre Violencia contra la Mujer implica continuar los notables avances conseguidos desde que esta emblemática ley se aprobó por primera vez en 1994”, afirmó Rhoad. “Hemos llegado muy lejos para permitir que las diferencias partidistas frustren la ley estadounidense más importante para la seguridad de las mujeres”.