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Chile debe reformar y promulgar una Ley Antidiscriminación

Es necesario proteger a la comunidad de LGBT tras el brutal asesinato de Zamudio

(Washington, DC) – El Congreso chileno debería examinar algunas falencias significativas del proyecto de ley contra la discriminación que se encuentra actualmente en las últimas etapas de debate parlamentario, señaló hoy Human Rights Watch en una carta enviada a importantes legisladores.

“Al adoptar una norma que refleje plenamente los estándares internacionales de derechos humanos,  Chile tiene la posibilidad de promulgar una legislación modelo de gran importancia  no sólo para Chile sino también para toda la región”, afirmó José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch.

El 28 de marzo, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera anunció que agilizaría un proyecto de ley que está siendo tratado por el Congreso desde 2005 y que busca brindar garantías jurídicas a las minorías vulnerables de Chile, que incluyen a lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT). El 4 de abril, el gobierno expresó su intención de proponer reformas significativas al proyecto de ley en respuesta a objeciones planteadas por organizaciones no gubernamentales chilenas que trabajan por los derechos de LGBT. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto ese mismo día, y quedó pendiente el debate de dos artículos en que hubo desacuerdo con el Senado, y de las reformas propuestas por el gobierno.

El Presidente Piñera señaló que el proyecto de ley tenía carácter prioritario luego de que Daniel Zamudio, un joven gay de 24 años, falleciera en un hospital de Santiago tras sufrir una brutal golpiza el 3 de marzo por parte de un grupo de presuntos neonazis. Durante el ataque, Zamudio perdió el conocimiento y sus agresores usaron una botella rota para marcar con esvásticas su pecho y brazos. Cuatro hombres han sido arrestados en relación con este hecho y podrían recibir penas de prisión perpetua.

Entre los aspectos positivos del proyecto de ley cabe mencionar la inclusión expresa de la orientación sexual y la identidad de género entre las causas de discriminación prohibidas. También se establece un procedimiento judicial especial para ofrecer una vía de reparación rápida a las víctimas de actos discriminatorios, que permite a los jueces suspender o dejar sin efecto actos de esta naturaleza y brindar protección a las víctimas.

Sin embargo, como señaló Human Rights Watch en su carta, el proyecto no contiene disposiciones sobre medidas de prevención. También se elimina un artículo de la versión original presentada durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos que permite a las víctimas de actos discriminatorios reclamar una indemnización. Asimismo, para apaciguar a los senadores que se oponían a que se incluyera en forma expresa la orientación sexual en el proyecto, se agregó una cláusula que dispone que las “exclusiones o restricciones” que se impongan en el ejercicio legítimo de otro derecho constitucional “se considerarán siempre razonables”. Human Rights Watch observó al respecto que todos los derechos tienen idéntico status, y que los conflictos entre derechos contrapuestos, como el derecho a la igualdad y el ejercicio de otros derechos, deben ser dirimidos por los tribunales de justicias, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso.

En una carta enviada al Presidente Sebastián Piñera donde se elogia su compromiso de reformar la ley, Human Rights Watch instó al Presidente a asegurar que la ley establezca mecanismos adecuados para que las víctimas de actos discriminatorios reclamen una indemnización ante la justicia.

Varios sectores influyentes de línea conservadora, incluida la Iglesia católica, se han mostrado preocupados ante la posibilidad de que el proyecto de ley amenace la libertad religiosa y las leyes existentes sobre matrimonio. Diversos defensores de derechos de LGBT y legisladores de la oposición se oponen a la sanción de la norma a menos que se implementen profundas reformas que amplíen su alcance.

“En definitiva, no se trata de atacar creencias ni instituciones, sino de proteger a personas vulnerables y lograr que Chile sea un país más justo y tolerante”, señaló Vivanco. 

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