(Washington, DC) - Las autoridades iraquíes deben detener todas las ejecuciones y abolir la pena de muerte, Human Rights Watch señaló hoy. Desde el comienzo de 2012, Irak ha ejecutado por diversos delitos al menos a 65 presos, 51 de ellos en enero y 14 más el 8 de febrero.
"El Gobierno iraquí parece haber dado a los verdugos del Estado luz verde para ejecutar a voluntad", dijo Joe Stork, subdirector para Medio Oriente de Human Rights Watch. "El Gobierno debe declarar una moratoria inmediata de todas las ejecuciones y comenzar una revisión de su defectuoso sistema de justicia penal".
A Human Rights Watch le preocupa especialmente que los tribunales iraquíes admitan como evidencias las confesiones obtenidas bajo coacción. El Gobierno debe revelar la identidad, ubicación y el estado de todos los presos condenados a muerte, los crímenes por los que han sido declarados culpables, los registros de la corte respecto a las acusaciones, juico y sentencia, así como los detalles de las ejecuciones inminentes, señaló Human Rights Watch .
El 8 de febrero, un funcionario del Ministerio de Justicia confirmó a Human Rights Watch que las autoridades habían ejecutado a 14 presos al principio del día. "Se esperan más ejecuciones en los próximos días y semanas", agregó el funcionario.
De acuerdo con las Naciones Unidas, se estima que más de 1,200 personas han sido condenadas a muerte en Irak desde 2004. El número de presos ejecutados durante ese período no ha sido revelado públicamente. La ley iraquí autoriza la pena de muerte para cerca de 50 delitos, entre ellos el terrorismo, el secuestro y el asesinato, pero también para delitos como daños a la propiedad pública.
Human Rights Watch se opone a la pena capital en todas las circunstancias, debido a su naturaleza inhumana y su finalidad. La legislación internacional de derechos humanos exige que, donde todavía exista la pena de muerte, ésta se imponga solo para los crímenes más graves y cuando el sistema judicial haya cumplido escrupulosamente con las normas sobre el juicio justo, como el derecho del acusado a un abogado defensor competente, a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, y a no ser obligado a confesarse culpable.
Los juicios penales en Irak a menudo violan las garantías mínimas, señaló Human Rights Watch. Muchos acusados no pueden llevar a cabo una defensa válida o impugnar las pruebas en su contra, y la detención preventiva prolongada sin revisión judicial es algo común.
