Los gobiernos deberían prohibir los ataques contra los centros educativos y su uso para fines militares
20 de Julio de 2011
Los niños tienen derecho a ir a la escuela en un entorno seguro, incluso en tiempos de conflicto. Los ataques contra escuelas y su uso con propósitos militares ponen en peligro la seguridad y la educación de los niños.
Bede Sheppard, investigador principal de los derechos del niño de Human Rights Watch

(Nueva York) – Los gobiernos deberían mejorar las protecciones para estudiantes y profesores durante los conflictos armados mediante la prohibición explícita de los ataques contra las escuelas y restringiendo su uso por las Fuerzas Armadas, Human Rights Watch señaló en un informe publicado hoy.

El informe de 162 páginas, “Schools and Armed Conflict: A Global Survey of Domestic Laws and State Practice Protecting Schools from Attack and Military Use” (“Escuelas y conflicto armado: Un análisis global de las leyes nacionales y las prácticas de los Estados para proteger a las escuelas de ataques y prevenir su uso con fines militares”), examina las leyes y las políticas militares de 56 países de todo el mundo. Los gobiernos han sido lentos a la hora de actualizar y adaptar su legislación interna a las prohibiciones explícitas sobre los ataques a escuelas bajo el derecho penal internacional, señaló Human Rights Watch. Tampoco están considerando el impacto negativo sobre el derecho de los niños a la educación cuando las escuelas son ocupadas por las Fuerzas Armadas para convertirlas en bases y cuarteles.

“Los niños tienen derecho a ir a la escuela en un entorno seguro, incluso en tiempos de conflicto”, dijo Bede Sheppard, investigador principal de los derechos del niño de Human Rights Watch. “Los ataques contra escuelas y su uso con propósitos militares ponen en peligro la seguridad y la educación de los niños”.

Desde diciembre de 2008, las escuelas han sido atacadas en al menos 16 conflictos armados. Detrás de esos atentados suelen estar los grupos armados de oposición, debido a que consideran las escuelas como símbolos de los gobiernos o se oponen a ciertas prácticas educativas, como la escolarización de las niñas. Bajo el Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional, un ataque intencional contra cualquier edificio dedicado a la educación es un crimen de guerra si dicha instalación no es un objetivo militar. Sin embargo, la investigación de Human Rights Watch reveló que sólo 27 de los 56 países analizados cuentan con una legislación nacional que criminaliza explícitamente los ataques deliberados contra las escuelas.

“Un ataque contra una escuela es un atentado contra el futuro del niño y el desarrollo de un país”, dijo Sheppard. “Disponer de una ley sobre papel que diga simple y llanamente que un ataque contra una escuela puede constituir un crimen de guerra envía un mensaje claro y potente de que los centros de aprendizaje no deben ser un blanco durante las guerras”.

Durante el mismo período, las fuerzas gubernamentales o grupos armados no estatales utilizaron u ocuparon las escuelas como bases y cuarteles, o para otros fines militares, en al menos 14 conflictos armados. En algunas situaciones, el uso militar de las instalaciones escolares desplazó a todos los estudiantes. En otros casos, los militares ocuparon sólo parte de los edificios escolares, mientras que los estudiantes trataban de continuar con sus estudios en el espacio restante.

El uso simultáneo de una escuela para fines militares y educativos coloca a los civiles en una situación de riesgo innecesario, y viola el derecho internacional humanitario y las leyes de la guerra, dijo Human Rights Watch. Por otra parte, el uso prolongado de una escuela para fines militares puede interferir con el derecho de los niños a la educación.

El análisis global de Human Rights Watch destaca a ocho países que cuentan con leyes o políticas militares que explícitamente prohíben, o bien restringen, el uso de los centros educativos por las Fuerzas Armadas: Filipinas, Colombia, Irlanda, India, Nueva Zelanda, Ecuador, el Reino Unido, y, en el caso de los edificios de educación superior, Grecia. El informe señala, sin embargo, que los casos en que las escuelas acaban siendo utilizadas por las Fuerzas Armadas siguen siendo un motivo de preocupación en las Filipinas, Colombia e India.

“Filipinas y Colombia han demostrado que la prohibición del uso de las escuelas por sus Fuerzas Armadas no está reñida con la lucha contra la insurgencia”, dijo Sheppard. “Otros países deberían hacer lo mismo y poner fin a una práctica que pone en peligro tanto a los estudiantes como a la propia educación”.

Las escuelas que han sido blanco de ataques en los 16 conflictos armados desde diciembre de 2008 están en Afganistán, Birmania, la República Centroafricana (CAR), Colombia, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo (RDC), India, Irak, Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, Libia, Pakistán, Filipinas, Somalia, Sudán, Tailandia y Yemen.

Las escuelas ocupadas o utilizadas como bases y cuarteles, o para otros fines militares, en al menos 14 conflictos armados durante el mismo período por las fuerzas gubernamentales o grupos armados no estatales, están en Afganistán, la República Centroafricana, Colombia, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo, India, Libia, los Territorios Palestinos Ocupados, Filipinas, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Tailandia y Yemen.

Human Rights Watch instó a los gobiernos a estipular de manera explícita en su legislación penal y militar que un ataque intencional contra instalaciones escolares que no sean utilizadas para fines militares durante los conflictos armados es un crimen de guerra. Todos los países deberían promulgar además leyes nacionales u otras políticas que prohíban o bien regulen el uso de las escuelas por las fuerzas militares, con el propósito de proteger la seguridad de los niños y maestros, y para garantizar el derecho de los niños a la educación.

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