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Estados Unidos/Colombia: Los requisitos de derechos humanos son un aspecto crucial del tratado de comercio

El “Plan de Acción” contempla importantes medidas, pero también hay graves omisiones

(Washington, D.C.) - El Congreso estadounidense debería exigir el cumplimiento riguroso de los compromisos de derechos humanos asumidos por los Presidentes Barack Obama y Juan Manuel Santos antes de avanzar con el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia, señaló hoy Human Rights Watch. El Congreso también debería insistir en que las medidas para enfrentar a los grupos armados responsables de actos de violencia contra sindicalistas logren resultados significativos.
 
Está previsto que el 7 de abril de 2011 Obama y Santos presenten un "Plan de Acción" con medidas concretas para proteger los derechos de los trabajadores colombianos. El gobierno de Obama señaló que Colombia debe implementar satisfactoriamente algunas medidas clave establecidas en el plan como requisito previo para la ratificación del tratado de comercio.
 
"El gobierno de Obama ha reconocido acertadamente la necesidad de supeditar la ratificación del TLC a que se otorgue protección a los sindicalistas colombianos, que durante décadas han sido asesinados en números alarmantes", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Sin embargo, los compromisos anunciados hoy, pese a ser muy importantes en algunas áreas, eluden un aspecto sustancial del problema: la existencia de poderosos grupos armados que son responsables de gran parte de los hechos de violencia contra sindicalistas y otros abusos."
 
El Plan de Acción propuesto exige a la Fiscalía General de la Nación mejorar el manejo de los casos de delitos contra sindicalistas. El control del cumplimiento con este requisito debería incluir medidas para verificar que los fiscales no sólo persigan a los autores materiales, sino a todos aquellos con responsabilidad penal, incluidos quienes ordenen estos asesinatos, afirmó Human Rights Watch.
 
El Plan de Acción también exigiría a la Fiscalía General de la Nación consultar periódicamente a líderes sindicales locales para agilizar las medidas adoptadas en los casos pendientes de violencia sindical. El cumplimiento de este compromiso debería exigir que los fiscales especializados en temas sindicales se encarguen de todos los casos denunciados por organizaciones sindicales, y no solamente los pocos que investigan actualmente.
 
"Para que pueda tener impacto, el Plan de Acción deberá cumplirse con rigurosidad, y el cumplimiento deberá medirse en función de resultados concretos", expresó Vivanco.
 
Colombia es el país con el mayor número de asesinatos de sindicalistas en todo el mundo, y según datos de la Escuela Nacional Sindical (ENS), la principal organización no gubernamental colombiana dedicada al monitoreo de los derechos laborales, han sido más de 2.800 los asesinatos denunciados desde 1986. Los niveles de violencia contra el trabajo sindicalizado continúan siendo alarmantes: la ENS señala que luego de reducirse a 39 en 2007, la cantidad de asesinatos de sindicalistas se incrementó nuevamente a 51 en 2008, 47 en 2009, y 51 en 2010.
 
Son pocos los casos de asesinatos de sindicalistas en los cuales se consigue justicia: sólo el 25 por ciento de los más de 2.800 asesinatos de sindicalistas documentados por la ENS están siendo investigados por la subunidad de la Fiscalía General de la Nación encargada de la investigación penal de estos delitos. Según fuentes oficiales, hasta octubre de 2010, de la cantidad limitada de casos de delitos contra sindicalistas que fueron investigados por la unidad especializada, sólo en el 15 por ciento se habían dictado condenas.
 
Si bien la mayoría de los asesinatos de sindicalistas nunca han sido investigados, hay pruebas suficientes que indican que gran parte de estos crímenes fueron cometidos por organizaciones paramilitares de derecha y sus grupos sucesores. Es común que los grupos sucesores del paramilitarismo ataquen a sindicalistas y cometan atrocidades contra civiles en forma generalizada, como masacres, asesinatos, violaciones sexuales y desplazamientos forzados. A estos grupos se debe el incremento del 34 por ciento registrado en la cantidad de masacres perpetradas durante 2010, y el servicio de inteligencia de Colombia (Departamento Administrativo de Seguridad, DAS) estima que son responsables del 40 por ciento de los homicidios cometidos en el país. La tolerancia de estas organizaciones por parte de algunos funcionarios locales y miembros de las fuerzas de seguridad pública contribuye significativamente a su crecimiento.
 
A principios de febrero, el Presidente Santos anunció un nuevo plan para combatir a estos grupos sucesores de los paramilitares, que el gobierno denomina oficialmente "bandas criminales emergentes". Sin embargo, este plan aún no ha sido implementado totalmente y no ha conseguido reducir los abusos contra civiles.
 
"Si bien el gobierno de Santos ha anunciado una nueva estrategia para perseguir a estos grupos, al no incluir el tema en el Plan de Acción se ha eliminado un importante incentivo para cumplirlo", manifestó Vivanco.

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