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Estados Unidos autoriza detención indefinida, sujeta a restricciones

Se reanudarán los juicios a cargo de comisiones militares

(Washington, DC) - Un nuevo decreto ejecutivo del gobierno de Obama sobre las personas detenidas en Guantánamo conforme al denominado "derecho de guerra" establece una instancia de revisión adicional que no existía anteriormente. Sin embargo, el decreto mantiene la posibilidad de detención indefinida sin juicio, una práctica que resulta violatoria del derecho internacional, afirmó hoy Human Rights Watch.

El decreto ejecutivo, dictado el 7 de marzo de 2011, otorga a aquellos detenidos a quienes el gobierno considera demasiado peligrosos para ser liberados y para quienes no se ha previsto un juicio la posibilidad de impugnar su detención ante una nueva Junta de Revisión Periódica. Los detenidos alcanzados por el decreto serán sometidos a una revisión inicial en el plazo de un año, en la cual se evaluará si representan una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

Los detenidos podrán presentar prueba documental cada seis meses, pero solamente comparecerán ante el panel completo una vez cada tres años. Se les asignará un "representante" militar, si bien podrán ser representados por el abogado que ellos designen sin costo para el gobierno.

Aunque estas nuevas disposiciones suponen un avance respecto del sistema vigente, que no contempla tal revisión, el uso por parte de Estados Unidos de la detención sin juicio por tiempo indefinido aún no cumple con los aspectos más básicos del debido proceso conforme al derecho internacional, señaló Human Rights Watch. Sin embargo, es importante destacar que el decreto se aplica sólo a los detenidos que se encuentran actualmente en Guantánamo y no a las personas que sean capturadas en el futuro, lo cual representa una fuerte limitación dadas las peticiones de algunos críticos del gobierno que buscan ampliar el poder de detención.

"¿Esta nueva posibilidad de revisión implica alguna mejora? Sí. ¿Confiere legalidad a las políticas de detención de Estados Unidos? No", afirmó Andrea Prasow, especialista sénior en lucha contra el terrorismo de Human Rights Watch. "Haber firmado un decreto ejecutivo no consigue que, de un momento a otro, la práctica de encarcelar a las personas por tiempo indefinido sin demostrar que han cometido un delito pase a ser lícita".

Hay actualmente en Guantánamo 172 personas detenidas. El gobierno de Obama tiene previsto que 47 de ellas permanezcan detenidas sin juicio por tiempo indeterminado, que otras 36 sean juzgadas y ha autorizado que las demás 89 puedan ser trasferidas. El decreto se aplica únicamente a los 47 presos para quienes anteriormente se dispuso la detención indefinida, así como a aquellos para quienes se ha previsto un juicio pero aún no han sido acusados formalmente. Al limitar el decreto ejecutivo de este modo -y excluir a presuntos terroristas que sean detenidos en el futuro- el gobierno muestra su renuencia a ampliar la posibilidad de detención indefinida a otros casos que no sean los heredados del gobierno de Bush. 

"Autorizar la detención por tiempo indeterminado de personas sospechadas de terrorismo en el futuro habría creado un riesgo concreto de que se instaure en forma permanente un régimen de detención indefinida para cualquier persona que el gobierno considere peligrosa", expresó Prasow. "No obstante, al limitar el decreto a un número específico de personas que están detenidas actualmente, el Presidente Obama asumió el compromiso de que su gobierno aplique esta práctica únicamente a los casos que se manejaron de manera irregular y que fueron heredados de su predecesor".

El decreto incluyó el anuncio de que el gobierno de Obama procuraría conseguir la ratificación del II Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativos a conflictos armados no internacionales, que cuentan con el firme apoyo de Human Rights Watch. Si bien Human Rights Watch ha instado desde hace tiempo al gobierno estadounidense a que también ratifique el I Protocolo Adicional sobre conflictos armados internacionales, el reconocimiento otorgado por el gobierno al artículo 75 sobre garantías fundamentales como "obligación jurídica" constituye una medida positiva.

Además del decreto ejecutivo, el gobierno también anunció que restablecería las comisiones militares para los procedimientos en Guantánamo. El uso de las comisiones militares para los nuevos casos había sido suspendido poco después de que asumió Obama, a la espera de que el gobierno efectuara una evaluación exhaustiva de la situación de cada uno de los detenidos en Guantánamo, que ya ha sido completada. El decreto ejecutivo también expresó el compromiso del gobierno de Obama de juzgar algunos casos ante la justicia ordinaria federal.

Si bien la confirmación del compromiso del gobierno de someter a las personas sospechadas de terrorismo a un proceso ante la justicia ordinaria constituye un paso en la dirección correcta, Human Rights Watch se opone firmemente a que continúen los procesos a cargo de comisiones militares. Los tribunales federales estadounidenses continúan siendo el único medio legítimo y viable para juzgar a personas presuntamente involucradas en hechos de terrorismo. Las comisiones militares de Guantánamo se han distinguido por numerosas irregularidades procesales, el uso de pruebas obtenidas mediante coerción, la aplicación desigual de distintos criterios de prueba, deficiencias en la traducción y falta de acceso público. Cualquier decisión que adopten estas comisiones podría ser impugnada en instancia de apelación y no tendrá carácter definitivo.

Asimismo, en comparación con los tribunales federales, las comisiones militares han avanzado muy lentamente. En los 9 años transcurridos desde que se anunció la creación de estas comisiones, los fiscales militares solamente han concluido 6 casos, 4 de ellos mediante pactos sobre declaración de culpabilidad. Los tribunales federales, en cambio, han juzgado cientos de delitos de terrorismo durante el mismo período y han condenado, entre otros, a Zacarias Moussaoui, autor intelectual de los ataques del 11 de septiembre, y a Richard Reid, acusado de haber intentado detonar un explosivo que llevaba en sus zapatos.

"Cualquier juicio que se desarrolle en el marco del sistema de comisiones militares llevará el estigma de Guantánamo y estará empañado por la falta de debido proceso", señaló Prasow. "En cambio, las sentencias emanadas del sistema de justicia federal serán reconocidas internacionalmente como legítimas".

Si bien a fines de 2010 el Congreso impuso restricciones a la potestad del gobierno de trasladar detenidos a Estados Unidos, aun cuando fuera para juzgarlos en ese país, y de entregarlos a su país de origen o a terceros países, estas restricciones se aplican únicamente a los fondos del Departamento de Defensa y caducarán a fin de este año. El gobierno aún conserva la facultad de utilizar los fondos del Departamento de Justicia o el Departamento de Seguridad Nacional para ese fin.

"El Presidente Obama debería aplicar sin demora los fondos disponibles para impulsar los procesos vinculados con los hechos del 11 de septiembre, todavía pendientes, y otros casos de terrorismo ante la justicia federal", afirmó Prasow. "Debe asegurar que los acusados sean debidamente juzgados, en lugar de ampararse en este nuevo decreto para permitir que permanezcan detenidos sin ningún tipo de acusación formal".

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