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(Ámsterdam) - Las leyes y las políticas discriminatorias contra los homosexuales y otras minorías sexuales en Irán los exponen al peligro de hostigamiento, violencia e incluso muerte, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Las minorías sexuales de Irán, especialmente las que se identifican como lesbianas, gais, bisexuales o transgénero (LGBT), son víctimas tanto de los agentes del Estado como de particulares, en parte porque dichos actores saben que pueden abusar de ellas sin consecuencias.

El informe de 102 páginas, "We are a Buried Generation: Discrimination and Violence Against Sexual Minorities in Iran" ("Somos una generación enterrada": Discriminación y violencia contra las minorías sexuales en Irán), basado en los testimonios de más de un centenar de iraníes, documenta la violencia y la discriminación contra las personas LGBT y otras personas cuyas prácticas sexuales y expresión del género no van acorde con las normas socio religiosas aprobadas por el Gobierno. Human Rights Watch analizó estos abusos dentro del contexto de las violaciones cometidas por el Gobierno contra la población general, que incluyen arrestos y detenciones arbitrarias, invasiones de la privacidad, maltrato y tortura de detenidos, así como la falta de garantías del debido proceso y el juicio justo.

"Los miembros de las minorías sexuales en Irán están asediados por todas partes", señaló Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Medio de Human Rights Watch. "Las leyes están en contra de ellos, el Gobierno los discrimina abiertamente y están expuestos al hostigamiento, el abuso y la violencia debido a que los responsables creen que pueden atacarles con impunidad", agregó.

Las fuerzas de seguridad de Irán, entre ellas la policía y el basij, las fuerzas paramilitares de línea dura, recurren a leyes discriminatorias para acosar, arrestar y detener a personas que consideran gais, según constató Human Rights Watch. Los incidentes suelen ocurrir en parques y cafés, aunque Human Rights Watch también documentó casos en los que las fuerzas de seguridad allanaron casas y vigilaron sitios de Internet con el propósito de detener a personas sospechosas de mantener una conducta sexual o una expresión del género no conforme con lo establecido.

El informe documenta también casos en los que la policía y el basij maltrataron aparentemente y en algunos casos torturaron a personas realmente LGBT o sospechosas de serlo, tanto en lugares públicos como en centros de detención. Varias personas entrevistadas alegaron que miembros de las fuerzas de seguridad las habían atacado sexualmente o violado.

Navid, un hombre gay de 42 años propietario de un café en las afueras de Teherán, contó a Human Rights Watc un ataque que sufrió en 2007 a manos de dos agentes de paisano que después supo que eran miembros del basij local. Dijo que lo capturaron cuando estaba saliendo del trabajo, lo esposaron y lo llevaron a su casa. Dijo que lo arrojaron fuera del vehículo, le golpearon y le obligaron entrar a su casa, donde le atacaron sexualmente.

"[Uno de ellos] me introdujo su pene en la boca por la fuerza", dijo. "Vomité y me ensucié. Me arrastraron hasta el baño y me lavaron con agua fría. Estuvieron golpeándome por todas partes durante todo el tiempo".

Describió cómo los agentes se lo llevaron después a otra residencia, donde lo encerraron en una cocina maloliente y llena de cucarachas.

"[Uno de los agentes] me quitó la ropa", dijo. "Después me violó con una linterna y un bastón. Me tiró al suelo y me violó. Los otros le ayudaron", agregó.

El informe documenta también abusos graves, entre ellos violaciones del debido proceso ocurridas durante el enjuiciamiento de minorías sexuales acusadas de crímenes. Los acusados de delitos de prácticas sexuales consensuadas con personas del mismo sexo tienen pocas posibilidades de recibir un juicio justo. Los jueces ignoran las disposiciones sobre pruebas del Código Penal en los casos de sodomía y suelen aceptar en cambio las confesiones obtenidas mediante tortura física y presión psicológica extrema. Tanto la legislación iraní como la internacional consideran dichas pruebas inadmisibles.

En otros casos, los tribunales han condenado a acusados de sodomía basándose solamente en el "conocimiento del juez derivado de métodos consuetudinarios". Las disposiciones probatorias del Código Penal de Irán permiten a los jueces basarse en pruebas circunstancialmente débiles para determinar si se ha cometido un delito en ausencia de otras evidencias o ante la presencia de pruebas exculpatorias.

Las leyes iraníes reflejan la actitud hostil del Gobierno frente a las minorías sexuales. El Código Penal criminaliza todas las relaciones sexuales fuera del matrimonio tradicional. Los "delitos" de relación entre personas del mismo sexo se consideran hudud, ofensas contempladas por la sharia o ley divina [islámica], por "exigencia del Dios". Los castigos son severos. En virtud del Código Penal, lavat (sodomía) acarrea la pena de muerte cuando el juez determine que hubo penetración.

Otras formas de sexo sin penetración entre hombres acarrean un centenar de latigazos para cada uno de los amantes y la muerte cuando se reincida cuatro veces. Las relaciones sexuales entre mujeres, o mosaheqeh, conllevan castigos similares.

Conforme al Código Penal, los besos "lujuriosos" entre dos hombres y dos mujeres acarrean 60 latigazos, y el delito de "dos hombres sin relación consanguínea... hallados desnudos bajo la misma sábana sin necesidad alguna" acarrea hasta 99 latigazos. Numerosas otras leyes sobre moralidad imponen la conformidad con la moral sexual y de género imperante, entre ellas las que prohíben la organización de reuniones "inmorales" o "corruptas" o la participación en ellas, o incitar a otros a cometer actos "corruptos" y "obscenos".  El Código Penal criminaliza también la producción, el uso y la divulgación de material considerado inmoral por la legislación iraní, lo que incluye sitios web, documentación y otra parafernalia relacionada con LGBT.

Irán es uno de los únicos siete países con leyes que permiten ejecuciones por la conducta sexual consensuada entre personas del mismo sexo. Los otros son Mauritania, Nigeria, Arabia Saudita, Somalia, Sudán y Yemen. Desde la revolución iraní de 1979, los periódicos y los medios de comunicación iraníes han publicado muchas historias acerca de ejecuciones por relaciones entre personas del mismo sexo. La abrumadora mayoría de los ejecutados o condenados a muerte son varones acusados de sodomía, entre ellos delincuentes juveniles que eran menores de 18 años cuando cometieron presuntamente el acto. El Gobierno iraní mantiene que la mayoría de estas personas han sido acusadas de sodomía forzada o violación.

Dado que, en Irán, los juicios por delitos contra la moral se celebran habitualmente a puerta cerrada, es difícil determinar qué proporción de los acusados y ejecutados por relaciones entre personas del mismo sexo son LGBT y qué proporción de las presuntas conductas delictivas fueron consensuadas. Human Rights Watch señaló que, ante la falta de transparencia, no puede descartarse que Irán esté condenando a muerte a minorías sexuales que mantienen relaciones consensuadas con personas del mismo sexo, con la escusa de que han cometido actos de sodomía forzada o violaciones.

"Irán no es solo uno de los escasos países que impone la pena de muerte por relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo, también tiene a personas condenadas a muerte que practicaron presuntamente la sodomía cuando eran menores de edad", señaló Whitson. "Cada vez que la judicatura iraní dicta una sentencia de muerte por actos sexuales consensuados, o en  contra un delincuente juvenil, Irán viola sus obligaciones legales internacionales", agregó.

Tanto la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) prohíben categóricamente la imposición de la pena capital a personas que eran menores de 18 años en el momento de cometer el delito. Irán ratificó el PIDCP en 1975 y la CDN en 1994.

Irán no es el único país de la región en el que se criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo o se maltrata gravemente a las minorías sexuales. Sin embargo, existe una desconexión manifiesta entre la postura oficial de Irán contra las minorías sexuales y las realidades sobre el terreno, especialmente en las grandes áreas urbanas del país. A pesar de la declaración del presidente Ahmadinejad en 2007 de que no hay homosexuales en Irán, miles de iraníes se identifican como LGBT y socializan en público y en privado, y contribuyen a comunidades LGBT vibrantes y desafiantes en blogs escritos en persa.

Desde 1979, el Gobierno iraní ha implementado varias políticas destinadas a abordar las complejas realidades de la orientación sexual y la identidad de género en el Irán actual. En apariencia, algunas de ellas pueden resultar tolerantes. Por ejemplo, el Gobierno reconoce legalmente a los iraníes transgénero, en la medida en que acepten someterse a una operación de cambio de sexo. También permite que los hombres gais, hombres transgénero o  aquellos que tengan relaciones sexuales con otros hombres soliciten una excepción del servicio militar por "desorden de conducta" si pueden establecer su condición de gay o transgénero.

Sin embargo, aunque estas políticas pueden tolerar o incluso beneficiar a algunos, su objetivo final es controlar e imponer la conformidad, según Human Rights Watch. En ocasiones exponen a las minorías sexuales a más hostigamiento, abuso, chantaje, extorsión y tortura.

"La abolición de las leyes y las políticas discriminatorias iraníes es fundamental para garantizar la protección de sus minorías sexuales vulnerables", señaló Whitson. "Los que cometen actos de violencia contra las minorías sexuales de Irán lo hacen porque saben que sus víctimas no tienen a dónde recurrir para obtener protección o justicia", agregó.

Human Rights Watch insta al Gobierno iraní a que:

  • Anule todas las leyes y otra legislación dentro del Código Penal Islámico que criminalicen las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo.
  • Revoque inmediatamente todas y cada una de las condenas y sentencias impuestas por relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo, y ponga inmediatamente en libertad a los que estén cumpliendo dichas condenas.
  • Anule inmediatamente todas las condenas a muerte impuestas por el crimen de lavat (sodomía) presuntamente cometido por personas cuando eran menores de 18 años, independientemente de que el acto fuera consensuado o forzado.
  • Prohíba el hostigamiento público, el abuso y la violencia por motivos de género contra minorías sexuales por parte de las fuerzas de seguridad, lo que incluye a las unidades basij, e investigue y enjuicie a los miembros de las fuerzas de seguridad involucradas en dichas acciones.
  • Cese toda persecución y trampas policiales, incluida las campañas de trampas por Internet y las redadas en casas, por parte de las fuerzas de seguridad contra minorías sexuales o personas con identidades sexuales y de género no conformes con lo imperante.
  • Prohíba el acoso, el maltrato, la tortura y los ataques sexuales contra minorías sexuales por parte de las fuerzas de seguridad durante la detención, e investigue y enjuicie a los miembros de las fuerzas de seguridad involucradas en dichas acciones.
  • Prohíba el uso en todos los enjuiciamientos, incluidos los relacionados con las relaciones entre personas del mismo sexo, de testimonios o confesiones que hayan sido aparentemente obtenidas mediante tortura o amenazas de tortura u otras formas de maltrato.
  • Permita un acceso adecuado a servicios de atención física y psicológica a los iraníes transgénero, lo que incluye terapia hormonal para las personas que se hayan sometido a una operación de cambio de sexo.

Human Rights Watch instó también a otros países y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a que implementen políticas y recomendaciones para salvaguardar los derechos de los vulnerables refugiados y solicitantes de asilo LGBT de Irán.

Durante los últimos años, Human Rights Watch ha intervenido en varias ocasiones para asegurarse de que países, como los Países Bajos y Suecia, dejen de deportar a personas LGBT iraníes con un temor legítimo a la persecución si regresan a Irán.

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