El Secretario de Justicia debe llevar a cabo una revisión completa
25 de Agosto de 2009
El informe del inspector general de la CIA ofrece una convincente confirmación oficial de que la CIA cometió crímenes graves. Es absolutamente necesaria una investigación criminal completa sobre estos delitos y quién los autorizó.
Joanne Mariner, directora del Programa de Terrorismo y Contraterrorismo

(Nueva York) - El informe del inspector general de la CIA sobre las prácticas de interrogatorio durante el gobierno de Bush, cuya publicación fue detenida durante mucho tiempo, demuestra la necesidad de una completa investigación criminal del maltrato a detenidos después del 11 de septiembre de 2001, señaló hoy Human Rights Watch. La publicación del informe de la CIA coincide con el anuncio del secretario de Justicia Eric Holder de un examen preliminar del maltrato durante los interrogatorios posteriores al 11 de septiembre de 2001.

El informe del inspector general, finalizado en abril de 2004, expone en detalle una serie de abusos cometidos por la CIA que constituyen tortura conforme a la legislación estadounidense e internacional. Describe como los agentes de la CIA sometieron a los prisioneros detenidos clandestinamente a simulacros de ejecuciones, esgrimieron una pistola y un taladro eléctrico ante un detenido, amenazaron con matar a los hijos de otro y emplearon otras formas de tortura.

"El informe del inspector general de la CIA ofrece una convincente confirmación oficial de que la CIA cometió crímenes graves", señaló Joanne Mariner, directora del Programa de Terrorismo y Contraterrorismo de Human Rights Watch. "Es absolutamente necesaria una investigación criminal completa sobre estos delitos y quién los autorizó", agregó.

Nuevas informaciones indican que la repulsión de Holder ante los abusos descritos en el informe del inspector general influyó firmemente en su decisión de iniciar una investigación preliminar.

"Es esperanzador que el Secretario de Justicia haya abierto una investigación preliminar sobre estos crímenes, aunque es crucial que abarque a los altos oficiales  que autorizaron la tortura", señaló Mariner. "Los agentes de rango inferior de la CIA podrían haber seguido la letra o el espíritu de las autorizaciones de altos cargos, incluso en el caso de las denominadas ‘técnicas no autorizadas'", agregó.

Al anunciar el examen preliminar, Holder señaló que el Departamento de Justicia no enjuiciaría a nadie que hubiera actuado de buena fe y dentro del marco de las directrices jurídicas ofrecidas por los abogados del Departamento de Justicia del gobierno anterior.

Human Rights Watch hizo hincapié en que no existe una diferencia significativa entre las técnicas de interrogatorio abusivas "autorizadas" por el Departamento de Justicia del gobierno de Bush y otras técnicas "no autorizadas" descritas en el informe del inspector general de la CIA. Ambos tipos de técnicas llevan tiempo enjuiciándose como actos de tortura de acuerdo con la legislación estadounidense.

Es notable la considerable similitud entre los simulacros de ejecuciones documentados en el informe del inspector general de la CIA y el simulacro de ahogamiento, una técnica autorizada específicamente gracias a la orientación legal del Departamento de Justicia del gobierno de Bush. Los detenidos sometidos al simulacro de ahogamiento, al igual que los amenazados con ser ejecutados por arma de fuego, creen que su muerte es inminente.

Teniendo en cuenta estas preocupaciones, Human Rights Watch advirtió que cualquier investigación centrada exclusivamente en los interrogadores "díscolos" que actuaron sin autorización oficial, pero no en los altos funcionarios con responsabilidad general sobre el programa de la CIA, carecerá de credibilidad. Dicha estrategia daría validez a los memorandos del Departamento de Justicia del gobierno de Bush que autorizaron la tortura.

Human Rights Watch también reclamó una investigación completa y pública de los abusos cometidos después del 11 de septiembre de 2001 mediante una comisión de averiguación no partidista. Aunque varias averiguaciones del Congreso, informes del Ejército e investigaciones del Departamento de Justicia han examinado aspectos particulares del problema, nunca se ha realizado una investigación exhaustiva pública de los abusos, y las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora han carecido de independencia del Poder Ejecutivo o de acceso a las pruebas documentales y testimoniales necesarias.

Hasta la fecha, el rendimiento de cuentas en Estados Unidos por el maltrato a detenidos ha sido terrible. Human Rights Watch ha recopilado información relacionada con unos 350 casos de abuso en los que están involucrados más de 600 oficiales estadounidenses. A pesar de los numerosos abusos sistemáticos, no se ha exigido responsabilidades a ningún agente de la CIA y muy pocos soldados han sido sancionados.

El informe del inspector general se publicó conjuntamente con varios documentos relacionados con los abusos de la CIA, entre ellos un memorando del Departamento de Justicia de 2007 en el que se reautorizan técnicas abusivas de interrogatorio y otros que evalúan el valor y la eficacia del programa de interrogatorios de la CIA.