(Nueva York) - El nuevo informe y las normas sobre violación en las cárceles – dados a conocer hoy por la Comisión Nacional de Eliminación de Violaciones en las Prisiones – exhortan a funcionarios de prisiones a poner fin a esta práctica devastadora y excesivamente prevalente de violación de los derechos humanos, dijo Human Rights Watch. Aunque un número creciente de autoridades penitenciarias están tratando de frenar la violencia sexual y hacer rendir cuentas a los agresores, el informe de la Comisión deja claro que decenas de miles de presos siguen siendo violados cada año por el personal y por otros presos, porque los funcionarios no han instituido medidas básicas para protegerlos.
La Comisión fue creada en virtud de la Ley nacional para la eliminación de las violaciones sexuales en prisión de 2003 (PREA, por sus siglas en inglés), la cual fue impulsada por la investigación de Human Rights Watch sobre la violencia sexual en las prisiones. Jamie Fellner, asesora principal para el programa de Estados Unidos de Human Rights Watch, es una de sus ocho miembros. A partir del resultado de una amplia consulta con las partes interesadas – que incluyen sobrevivientes de abusos en prisión, agentes penitenciarios, investigadores y defensores - la Comisión insiste en que la violación no es inevitable tras las rejas.
"La violación es demasiado previsible cuando las autoridades penitenciarias no prestan atención o no les importa", dijo Fellner. "La historia de la violación en las cárceles es una historia de funcionarios que negaron la existencia de este problema, lo toleraban, o pensaban que no se podía hacer nada para detenerlo. El trabajo de la Comisión deja claro que esas actitudes no deben tener lugar en el sistema carcelario de Estados Unidos".
Bajo los términos de la legislación, el Fiscal General de los Estados Unidos decidirá si aprueba las normas establecidas en el informe. Si lo hace, estas se volverán obligatorias para las cárceles federales, y los estados que nos las adopten podrán perder parte del financiamiento de prisiones federales. Los tribunales, sin duda, utilizarán las normas como referencia para determinar si los funcionarios de prisiones han cumplido con sus obligaciones constitucionales de proteger a los prisioneros.
"El fiscal general Eric Holder puede por sí solo hacer una contribución impresionante a la seguridad de las cárceles de Estados Unidos", dijo Fellner. "Con la adopción de estas normas puede iniciar la marcha para que los casos de violación generalizada se conviertan en cosa del pasado".
En informes pioneros, Human Rights Watch documentó la falta de seriedad con que los dirigentes del sistema correccional han abordado las violaciones en prisión. Denuncias de violación no fueron investigadas y víctimas que denunciaron violaciones a menudo sufrieron represalias por parte de los autores. El personal que abusó de los presos fue en raras ocasiones, si acaso, despedido. Los reclusos que buscaban protección contra la violación brutal de otros reclusos enfrentaron la indiferencia e incluso a veces la complicidad del personal. Los informes titulados "Demasiado familiar: Abuso sexual de mujeres en las prisiones estatales de Estados Unidos" y "Sin salida: Violación de hombres en las prisiones de Estados Unidos" ayudaron a crear el impulso político para proteger a los reclusos que culminó con la legislación de 2003.
Las normas propuestas por la Comisión están destinadas a prevenir, investigar y sancionar los casos de violación en todas las instalaciones de confinamiento federales, estatales y locales - incluidas las prisiones, las prisiones privadas, cárceles, calabozos, centros juveniles, centros de detención para inmigrantes y establecimientos de corrección comunitaria. Las normas toman en consideración la vulnerabilidad especial de ciertos presos, entre ellos los jóvenes, los inmigrantes, las personas que son percibidas como homosexuales o transexuales y las que son de baja estatura o nuevas a la encarcelación. Áreas cubiertas por las normas incluyen la supervisión, detección de vulnerabilidad de los reclusos a los abusos, servicios de salud médica y mental, mecanismos de denuncia, investigaciones, capacitación del personal, sanciones administrativas, control interno, y auditorías externas.
"Los presos sólo estarán seguros si están confinados en instalaciones donde los funcionarios hayan instituido políticas de tolerancia cero y se hayan comprometido a un riguroso control interno y externo", dijo David Fathi, director del programa de Estados Unidos en Human Rights Watch. "Las normas proporcionan un plan práctico y flexible. Todo lo que se necesita ahora es el compromiso de seguirlo".
