Como investigadora del almacenamiento de estuches de violación en los EE.UU., he entrevistado a muchos sobrevivientes de violación. Sin embargo, esta experiencia no había preparado para la historia que escuché en enero de una mujer con discapacidad de Dakota del Norte, quien fue brutalmente violada por un conocido.
Mientras esta mujer se recuperaba de una cirugía necesaria para reparar sus órganos internos después de una violación, ella recibió una factura por parte de su hospital para sufragar los gastos de su estuche de violación, un examen forense para recoger el ADN y otras pruebas del cuerpo de la víctima. Eventualmente, logró que la junta de indemnización de las víctimas de su estado pagara al hospital, pero mientras tanto siguió recibiendo avisos por parte del departamento de cobranzas de la institución médica.
“No podía creer lo que me estaba pasando, después de todo lo sucedido", me dijo. "Todo se resolvió, gracias a Dios, pero me preocupó el hecho de que mi incapacidad para pagar al hospital pudiera poner en riesgo mi caso. Me dicen que esto no hubiera sucedido, pero esto fue una excesiva preocupación que no necesitaba”.
La semana pasada, una estación de televisión local informó que a algunas víctimas de violación en Texas se les había cobrado por el costo de su estuche de violación - que, según el estado y el hospital, puede costar hasta 2,000 dólares. El año pasado, un periódico informó que a las víctimas de violación en Carolina del Norte se les pidió que cobraran a su compañía de seguro los gastos del estuche de violación, y si se negaban o no tenían seguro, se les enviaba a ellas mismas la factura. Y luego, vino la historia durante la temporada electoral en la que Wasilla, Alaska (dirigida por laentonces alcalde Sarah Palin) facturaba a las víctimas de violación por su estuche de violación.
Estos ejemplos han provocado indignación justificada. A ninguna víctima de un delito se les debe pedir pagar para reunir evidencias y es aún más horrible que esto se pidiera a los supervivientes de un crimen tan atroz como la violencia sexual, quienes ya han demostrado un enorme coraje y compromiso con la justicia al aceptar dicho examen. La víctima se somete a las pruebas del estuche de violación con la esperanza de que las pruebas de ADN ayuden a la policía detener a su agresor. Cobrar a la víctima por reunir las evidencias es tan ajeno a nuestro sentido de justicia y compasión básica que es reconfortante creer que se limita a estos pocos lugares.
Lamentablemente, las leyes mal redactadas y la torpeza burocrática significan que muchas víctimas de violación en todo el país son presionadas a pagar, o coordinar con su seguro el pago de los gastos de sus estuches de violación.
La Ley Federal de Violencia contra la Mujer prohíbe a los estados cobrar a las víctimas por la utilización estuches de violación, o corren el riesgo de perder fondos federales, y cada estado ha promulgado una ley para aplicar este requisito. Esta es una reforma importante y necesaria, pero su efecto es limitado por la debilidad de las leyes estatales y la forma en que los hospitales, la policía, los fiscales, y los fondos de compensación a las víctimas interpretan y llevan a cabo su obligación de asumir el costo de la aplicación del estuche de violación.
Algunas leyes estatales son simplemente insuficientes. Por ejemplo, la ley de Oklahoma establece un límite de indemnización para las víctimas de violación de 450 dólares. Esto cubre apenas un tercio del costo estimado de la utilización de un estuche de violación en ese estado. En Maine, el pago máximo de indemnización es de 500 dólares. Las leyes en Dakota del Norte, Oregón, y el Distrito de Columbia permiten a la víctima obtener una indemnización por cualquier costo en el que incurra para la aplicación de un estuche de violación. Esto significa que primero la víctima tiene que pagar la factura por cuenta propia, y luego solicitar una indemnización. En Montana, la víctima se supone que debe ser indemnizada siempre y cuando existan recursos en el fondo de indemnización de las víctimas, y la víctima coopere con la investigación.
Otros estados, como Texas, cuentan con leyes que parecen adecuadas, pero pueden ser mal ejecutadas. El estatuto de Texas parece claro: las instituciones policiacas deben pagar el costo de un estuche de violación. En la práctica, el proceso de pago está lejos de ser simple. En febrero de 2009, hablé con la víctima de una violación en Texas quien recibió un aviso del hospital comunicándole que la policía había pagado 700 dólares por el costo de los exámenes, dejando a su responsable los 800 dólares restantes. Ella no sabía sobre el fondo de indemnización de las víctimas, e hizo dos pagos de 50 dólares cada uno antes de que su defensor le ayudara a aplicar para el fondo, que finalmente pagó el resto.
La mujer dijo a Human Rights Watch: "No entiendo por qué tenían que involucrarme. ¿Por qué no puede [el fondo de indemnización de las víctimas] y la policía y el hospital haberlo arreglado por su cuenta? El pago del costo de mi estuche de violación fue todo un problema".
Si los estuches de violación deben ser tratados como las huellas dactilares recogidas después de un robo - de hecho, como cualquier otro tipo de pruebas forenses - entonces los estados deben asumir el costo total, en todos los casos, independientemente de las circunstancias. Los estados también deben prohibir a las partes responsables del el pago, tales como hospitales, facturar a la víctima de violación o presionarla a pagar la factura y buscar posteriormente una compensación.
Para las víctimas, aceptar someterse al examen del estuche de violación representa la esperanza de que se haga justicia en su caso. Recibir una factura en el correo por el costo del trabajo básico de la policía representa una verdad inaceptable, pero aún muy cotidiana – de que el sistema de justicia penal tiene mucho que aprender acerca de cómo trabajar con las víctimas de violación.
