(Nueva York) - La emisión de una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente sudanés Omar al-Bashir manda el mensaje de que incluso aquellos en puestos de alto nivel deben rendir cuentas por asesinatos en masa, violación y tortura, dijo Human Rights Watch hoy. Magistrados de la Corte expidieron la orden contra Bashir, la primera contra un actual jefe de Estado, acusado de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra por su papel en la organización de la abusiva campaña contrainsurgente de Sudán en Darfur.
"Con la orden de arresto expedida por la Corte Penal Internacional, Omar al-Bashir se ha convertido en un hombre buscado", dijo Richard Dicker, director del Programa de Justicia Internacional de Human Rights Watch. "Ni siquiera los presidentes tienen garantizada la impunidad para crímenes atroces. La orden de arresto indica que el presidente al-Bashir debe responder por las atrocidades en Darfur, y desmiente las reiteradas negativas de Jartum sobre su responsabilidad."
La Corte no confirmó los tres cargos de genocidio que fueron solicitados por el fiscal de la CPI. El cargo de genocidio requiere prueba de que los crímenes fueron cometidos específicamente "con la intención de destruir, total o parcialmente," un grupo nacional, étnico, racial o religioso, únicamente sobre la base de su identidad.
"Siempre es muy difícil comprobar cargos por genocidio", dijo Dicker. "El presidente Bashir apenas se encuentra fuera del gancho, ya que se le acusa por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, incluyendo la violación generalizada, el asesinato y la tortura cometidos como parte de un plan de gobierno".
En virtud del Estatuto de la CPI, el fiscal puede solicitar una enmienda de la orden para incluir el genocidio si obtiene pruebas adicionales para apoyar la acusación.
El fiscal de la CPI pidió una orden de detención contra Bashir el 14 de julio de 2008. Tras el anuncio del fiscal, los funcionarios del gobierno sudanés amenazaron con represalias implícitas y explícitas contra trabajadores humanitarios y del mantenimiento de la paz. El 25 de julio, Bona Malwal, asesor presidencial sudanés, dijo en lo que respecta a las fuerzas de mantenimiento de la paz que, "Estamos diciéndole al mundo que con la acusación a nuestro presidente al-Bashir no podemos ser responsables por el bienestar de las fuerzas extranjeras en Darfur. "El presidente Bashir también ha amenazado con expulsar a las fuerzas internacionales del mantenimiento de la paz si se emite una orden judicial.
El Consejo de Seguridad, cada uno de sus miembros, la Secretaría de las Naciones Unidas, la Unión Europea, y la Unión Africana tiene un papel fundamental en la prontitud para responder a cualquier represalia apoyada por algún gobierno en Darfur tras la noticia de la orden de arresto.
"El gobierno sudanés está obligado a mantener la seguridad en el país y el Consejo de Seguridad debe actuar con decisión para asegurar que esta obligación se cumpla", dijo Dicker. "No se debe permitir a Jartum utilizar la orden de arresto como un pretexto para intensificar sus políticas obstruccionistas que han entorpecido el mantenimiento de la paz y los esfuerzos humanitarios en Darfur."
Una resolución del Consejo de Seguridad exige al gobierno de Sudán facilitar el despliegue de la Unión Africana y la Misión de las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID, en inglés) y cooperar con la CPI. En virtud del derecho internacional, Sudán sigue sujeto a la obligación de proteger a sus propios civiles y de proporcionar acceso pleno, seguro y sin obstáculos al personal de socorro a los necesitados en Darfur. La orden de detención no cambia estas obligaciones, ni tiene ningún impacto en las obligaciones de Jartum para implementar el Acuerdo General de Paz 2005 con el gobierno del Sudán Meridional.
"El Consejo de Seguridad y los gobiernos preocupados deben imponer sanciones específicas contra los funcionarios sudaneses responsables de cualquier violencia en represalia, y considerar otras medidas como nuevas restricciones bancarias o una ampliación del embargo de armas", dijo Dicker.
La CPI es una institución judicial independiente. Sudán, aunque no es parte en el Estatuto de Roma que da existencia a esta Corte, está sujeta a la jurisdicción de la CPI a través de una resolución del Consejo de Seguridad. Tener una posición oficial como jefe de Estado no ofrece inmunidad por la responsabilidad penal ante la CPI.
Aparte de la orden de detención contra el presidente Bashir, la CPI ha emitido otras dos órdenes de arresto en relación a Darfur. El 27 de abril de 2007, la Corte emitió órdenes de detención contra el ministro de Estado de Asuntos Humanitarios Ahmed Haroun y contra Ali Kosheib, un líder de las milicias "Janjawid". El fiscal también ha solicitado órdenes de detención contra tres líderes rebeldes en relación con los ataques a los trabajadores internacionales de mantenimiento de la paz en Haskanita, en octubre de 2007. Esta solicitud está actualmente bajo consideración por parte de la Corte.
Sudán se ha negado hasta ahora a cooperar con la CPI. Todas las órdenes de detención siguen pendientes. Haroun continúa en su cargo como Ministro de Estado de Asuntos Humanitarios. El 24 de noviembre, el gobierno sudanés detuvo y torturó a tres defensores de los derechos humanos en Jartum por presuntamente dar información a la Corte Penal Internacional.
"Jartum tiene la obligación de cooperar con la Corte", dijo Dicker. "Debido a que la CPI no cuenta con su propia fuerza policiaca, necesita un fuerte apoyo de los gobiernos para garantizar que todos los acusados de delitos sean detenidos".
Antecedentes
En una resolución del 31 de marzo de 2005, el Consejo de Seguridad remitió la situación en Darfur al fiscal de la CPI para su investigación y enjuiciamiento. La decisión se basó en la recomendación de una comisión internacional de investigación, que comprobó la existencia continua de violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos en Darfur y que el sistema de justicia sudanés carecía de la capacidad y la voluntad para abordar dichos crímenes. Darfur es el primer caso remitido por Consejo de Seguridad a la CPI.
