(Nueva York, 1 de julio de 2008) - El gobierno de Etiopía debe abandonar de inmediato los planes de imponer estrictos controles gubernamentales y fuertes sanciones penales a las organizaciones no gubernamentales (ONG), según han manifestado hoy, 1 de julio, Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Las dos organizaciones han pedido a los gobiernos donantes, cuyos esfuerzos entre bambalinas por lograr que se reforme el proyecto de ley parecen haber fracasado, que se pronuncien en público contra la criminalización de facto de la mayoría del trabajo que se lleva a cabo actualmente en Etiopía sobre los derechos humanos, el Estado de derecho y el establecimiento de la paz.
El gobierno federal de Etiopía alega que su proyecto de ley sobre Proclamación de Sociedades y Organizaciones Benéficas es un intento benévolo de promover la transparencia económica entre las ONG y mejorar su rendimiento de cuentas ante las partes interesadas. De hecho, las disposiciones clave del proyecto de ley son mecanismos contundentes y rígidos para controlar y vigilar a los grupos de la sociedad civil mientras se castiga a aquellos cuyo trabajo desagrada al gobierno. Además, el proyecto de ley también podría restringir severamente gran parte del trabajo relacionado con el desarrollo que actualmente llevan a cabo algunos de los socios internacionales clave de Etiopía, según han manifestado Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
"El gobierno de Etiopía ya ha imposibilitado una participación pública significativa en las cuestiones de gobernanza en numerosos ámbitos al perseguir a quienes le critican y reprimir la libertad de expresión y de reunión", ha manifestado Georgette Gagnon, directora sobre África de Human Rights Watch. "La intención evidente de esta legislación es consolidar esa tendencia eliminando el ‘no' de ‘no gubernamentales' y situando a la sociedad civil bajo control gubernamental."
La ley se aplicaría a todas las ONG que actúan en Etiopía salvo las organizaciones religiosas y las ONG extranjeras a las que el gobierno acceda a declarar exentas. Muchas de las disposiciones clave del proyecto de ley incumplirían las obligaciones que Etiopía ha contraído en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y violarían derechos fundamentales garantizados por la propia Constitución etíope, como el derecho a la libertad de asociación y de expresión. Human Rights Watch y Amnistía Internacional han elaborado sendos análisis sobre el proyecto de ley. Entre sus disposiciones más perjudiciales hay artículos que:
- Impondrían severas sanciones penales a quien participe en actividades "ilegales" de la sociedad civil. El proyecto de ley otorga a los órganos gubernamentales una capacidad casi ilimitada para decidir si se inscribe en registro a las ONG individuales, y luego define como "ilegal" a todo grupo de la sociedad civil que no esté inscrito. Para dar fuerza a esta restricción, el proyecto de ley impone multas y penas de prisión de hasta 15 años para una serie de delitos nuevos como la participación en cualquier reunión mantenida por una organización "ilegal". También castiga con la cárcel la difusión de toda información "en interés de una organización benéfica ilegal". Si la ley estuviera ya en vigor, esta última disposición podría utilizarse para encarcelar a cualquier persona en Etiopía que difundiera esta declaración.
- Someterían a todos los grupos de la sociedad civil a un control y una vigilancia gubernamentales intrusivos. El proyecto de ley establecería una Agencia de Sociedades y Organizaciones Benéficas con amplio poder para negarse a otorgar el reconocimiento legal a ONG, desmontar ONG que ya hayan sido reconocidas legalmente, e interferir en la gestión y la composición de ONG hasta el punto de alterar la misión de éstas. La Agencia tendría asimismo amplios poderes para vigilar todas las actividades de todas las ONG abarcadas por la ley. Ninguna ONG podría celebrar reunión alguna sin notificarlo por escrito a la Agencia con al menos una semana de antelación, y tanto la Agencia como otros órganos gubernamentales tendrían entonces la facultad de enviar a agentes de policía a esas reuniones para informar sobre ellas.
- Prohibirían todas las actividades llevadas a cabo por ONG no etíopes en relación con los derechos humanos y otros ámbitos específicos. El proyecto de ley establece una importante distinción entre ONG "extranjeras" y "etíopes". Las ONG "extranjeras" tienen expresamente prohibido realizar ningún trabajo relacionado con los derechos humanos, la gobernanza, la protección de los derechos de mujeres, menores y personas con discapacidad, la resolución de conflictos y otra serie de cuestiones. Esto convertiría en expresamente ilegal cualquier intento de Human Rights Watch, Amnistía Internacional o cualquier otra organización internacional de derechos humanos de realizar actividades de derechos humanos en Etiopía a menos que el gobierno acceda a declararlas exentas de la ley.
- Privaría del acceso a financiación extranjera a las ONG etíopes que trabajan sobre cuestiones de derechos humanos. El proyecto de ley cerraría de hecho las pocas ONG nacionales independientes que siguen trabajando sobre cuestiones de derechos humanos y gobernanza, al privarlas del acceso a financiación extranjera. El proyecto de ley define como "extranjera" a toda ONG de Etiopía que reciba más de un 10 por ciento de su financiación de fuentes extranjeras o que tenga miembros con ciudadanía extranjera, y luego prohíbe a las ONG "extranjeras" trabajar sobre cuestiones de derechos humanos y gobernanza. Esto afectaría enormemente a las ONG, dada la evidente falta de oportunidades de desarrollo y recaudación de fondos en Etiopía, uno de los países más pobres del mundo.
Estas y otras disposiciones similares del proyecto de ley, de ser puestas en práctica, tendrían un impacto devastador. Pero el impacto probable es aún más sombrío si se observa en su contexto general.
Si esta ley se aprueba, el espacio político de Etiopía, ya de por sí limitado, se vería aún más reducido. A lo largo de los años, el gobierno de Etiopía ha demostrado un patrón de represión, acoso de opositores políticos y defensores y defensoras de los derechos humanos que critican al gobierno, y violaciones generalizadas de derechos humanos. Esta tendencia se ha acelerado desde las controvertidas elecciones celebradas en el país en 2005. Las disputas sobre el resultado de esas elecciones provocaron protestas callejeras que fueron reprimidas con brutalidad y que vinieron seguidas de la detención, por cargos de traición, de políticos de oposición y destacados activistas.
La tolerancia oficial de la disidencia política, ya de por sí reducida, ha disminuido notablemente en los años transcurridos desde entonces. La oposición política oficial casi se ha evaporado en la mayor parte del país. En las elecciones de comunidad (kebele) y distrito (wereda) celebradas en abril, el partido gobernante ganó sin oposición en casi todas las circunscripciones, y obtuvo más del 99 por ciento del total de escaños.
"Esta ley no es simplemente un ataque a las organizaciones independientes de la sociedad civil", ha manifestado Michelle Kagari, directora adjunta del Programa para África de Amnistía Internacional. "Forma parte de un esfuerzo más amplio por silenciar las pocas voces independientes que han logrado hacer oír sus críticas al gobierno en un clima cada vez más represivo."
Etiopía es uno de los países del mundo que más dependen de la ayuda exterior. Sin embargo, sus donantes clave bilaterales han guardado en general un silencio público ante el empeoramiento del historial de derechos humanos del gobierno. Por ejemplo, Estados Unidos y Gran Bretaña, que de forma colectiva proporcionan a Etiopía más de 600 millones de dólares estadounidenses en concepto de ayuda exterior cada año, son los donantes más importantes del gobierno etíope. Sin embargo, ninguno de ellos ha hablado públicamente contra los arraigados patrones de represión y violaciones de derechos humanos, incluidos crímenes de guerra cometidos por fuerzas armadas etíopes en Somalia.
Varios gobiernos donantes, junto con una diversidad de ONG internacionales y nacionales, han mantenido intensos debates privados con autoridades etíopes en un intento por convencer al gobierno de que abandone los aspectos más represivos del proyecto de ley. Sin embargo, según la última versión del proyecto de ley difundida el pasado junio, no han logrado mejorar muchas de las disposiciones más preocupantes.
"Los socios bilaterales de Etiopía han eludido sistemáticamente hablar en público sobre los graves patrones de violaciones de derechos humanos patrocinadas por el gobierno", ha manifestado Georgette Gagnon. "Su política de silencio ha contribuido a envalentonar al gobierno etíope a que lance nuevos ataques contra los derechos humanos, conforme ilustra el proyecto de ley sobre ONG."
