Confirmados los lazos entre el gobierno y las milicias janjawid
20 de Julio de 2004
Es absurdo distinguir entre las fuerzas gubernamentales y las milicias sudanesas-son una sóla. Estos documentos demuestran que la actividad miliciana no sólo se ha condonado, sino que ha sido específicamente respaldada por funcionarios del gobierno de Sudán.
Peter Takirambudde, director ejecutivo de la División de África de Human Rights Watch

(New York) - Los documentos del gobierno de Sudán demuestran incontrovertiblemente que funcionarios del gobierno dirigieron el reclutamiento, el armamento y otra asistencia a las milicias étnicas conocidas como janjawid, señaló hoy Human Rights Watch. El gobierno de Sudán ha negado constantemente el reclutamiento y armamento de las milicias janjawid, incluso durante las recientes visitas del Secretario de Estado de Estados Unidos Colin Powell y el Secretario General de la ONU Kofi Annan.

Human Rights Watch señaló que había obtenido documentos confidenciales de la administración civil de Darfur que implican a altos cargos del gobierno en una política de apoyo a la milicia.  

"Es absurdo distinguir entre las fuerzas gubernamentales y las milicias sudanesas-son una sóla", dijo Peter Takirambudde, director ejecutivo de la División de África de Human Rights Watch. "Estos documentos demuestran que la actividad miliciana no sólo se ha condonado, sino que ha sido específicamente respaldada por funcionarios del gobierno de Sudán".  

Human Rights Watch señaló que las fuerzas gubernamentales sudanesas y las milicias respaldadas por el gobierno son responsables de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y "limpieza étnica" consistentes en ataques aéreos y terrestres contra civiles de la misma etnia que los miembros de dos grupos rebeldes de Darfur. Miles de civiles han sido asesinados, cientos de mujeres y niñas han sido violadas y más de un millón de personas han sido forzosamente desplazadas de sus casas y fincas en Darfur.  

En una serie de documentos en árabe de las autoridades gubernamentales de Darfur del Norte y del Sur fechados en febrero y marzo de 2004, los funcionarios piden reclutamiento y asistencia militar, incluida la entrega de "provisiones y municiones" a conocidos líderes de la milicia janjawid, campamentos y "tribus leales al gobierno".  

En una directiva de febrero especialmente condenatoria se ordena "a todas las unidades de seguridad" en el área que toleren las actividades del conocido líder janjawid Musa Hilal en el Darfur del Norte. El documento "subraya la importancia de no intervenir para no cuestionar su autoridad" y autoriza a las unidades de seguridad de la provincia de Darfur del Norte a que "pasen por alto los delitos menores cometidos por combatientes contra civiles presuntos miembros de la rebelión..."  

En otro documento se reclama un plan para "operaciones de reasentamiento de nómadas en lugares de los que se hayan retirado los [rebeldes] fuera de la ley". Este documento, junto a las recientemente declaraciones del gobierno afirmando que las personas desplazadas serán instaladas en 18 "asentamientos" en lugar de en sus aldeas de origen, despierta la preocupación de que se consolide la limpieza étnica realizada y las personas no puedan regresar a sus pueblos y tierras.  

Human Rights Watch pidió que los funcionarios del gobierno sudanés implicados en la política de apoyo a la milicia sean agregados a la lista de sanciones que forman parte de una resolución de la ONU pendiente de aprobación. También solicitó la verificación internacional del desarme de los grupos milicianos y el establecimiento de una comisión internacional de investigación de los abusos cometidos en Darfur por todas las partes en conflicto.  

"Sudán ha puesto en marcha una importante campaña de relaciones públicas con el objetivo de ganar más tiempo para que funcionen las iniciativas diplomáticas", dijo Takirambudde. "Pero llegados a este punto y con las nuevas pruebas que contamos, la credibilidad de Jartum es nula. Hasta la fecha, el gobierno de Sudán sólo ha utilizado el tiempo adicional para consolidar la limpieza étnica en Darfur".  

Aunque el gobierno se ha comprometido a desarmar a los grupos "fuera de la ley", entre ellos los insurgentes, no está claro si el gobierno considera que las milicias janjawid a las que ha apoyado forman parte de los grupos que deben ser desarmados. Han aumentado los informes que indican que miembros de la milicia janjawid están siendo asimilados en las nuevas fuerzas policiales desplegadas por el gobierno para "proteger" a los civiles en Darfur.  

Human Rights Watch dijo que los milicianos janjawid que han participado en ataques, asesinatos y violaciones de civiles no deben incluirse bajo ninguna circunstancia dentro de las fuerzas policiales y militares que el gobierno está utilizando ahora para proteger a la población.  

Human Rights Watch pidió una inmediata y enérgica resolución de la ONU que sancione a Jartum y a los funcionarios del gobierno responsables de crímenes contra la humanidad.  

"La ambigüedad de las declaraciones del gobierno demuestra la importancia crucial de la verificación independiente del proceso de desarme", dijo Takirambudde. "La Unión Africana y otros observadores internacionales deben prestar mucha atención a los planes de reasentamiento y asegurarse de que las milicias no son sólo desarmadas, sino también retiradas totalmente de las zonas civiles que ocuparon".  

Los documentos que demuestran los lazos entre el gobierno de Sudán y los janjawid obran en poder de Human Rights Watch.

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