El Gobierno venezolano debe emprender una investigación exhaustiva de las quejas de que las fuerzas de seguridad del Estado han golpeado y maltratado a manifestantes detenidos durante esta semana. La investigación debe aclarar también las circunstancias de las muertes ocurridas durante los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía.
"Dada la volatilidad que impera en el ambiente actual en Venezuela, es fundamental que las fuerzas de seguridad actúen dentro del marco legal ejerciendo la debida moderación en su respuesta a las protestas", dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "El Gobierno debe investigar de inmediato las denuncias de brutalidad y asegurarse de que los miembros de la Policía y de la Guardia Nacional no abusen de su poder", agregó.
Se ha informado del asesinato de, al menos, nueve manifestantes y de docenas de heridos, entre ellos periodistas, durante los enfrentamientos de la semana pasada con la Guardia Nacional. De acuerdo con las normas internacionales, el uso intencional de la fuerza letal por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley sólo es permisible cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida.
También han habido numerosas denuncias de allanamientos sin las debidas formalidades legales y palizas y maltrato a civiles detenidos por guardias y policías. En el Estado Zulia, por ejemplo, los miembros de la Guardia Nacional detuvieron a 23 estudiantes y dos profesores que estaban participando en una marcha de protesta el lunes, primero de marzo. Uno de los profesores informó a Human Rights Watch que él y cinco estudiantes fueron golpeados por los guardias durante la detención. Los detenidos fueron puestos en libertad al día siguiente, cuando el juez desestimó los cargos contra ellos.
Por otro lado se ha informado de actos de vandalismo de algunos grupos de manifestantes y ataques contra periodistas de medios pro-gubernamentales.
De otra parte, se ha informado que una comisión de magistrados de la Corte Suprema ha destituido esta semana sin debido proceso a tres jueces de Caracas, quienes habían ejercido sus facultades legales para poner en libertad a manifestantes detenidos, antes de resolver los cargos contra ellos.
"La destitución de jueces encargados de casos políticamente sensibles demuestra una peligrosa politización de la justicia en Venezuela", señaló Vivanco.
