La ejecución de tres presos condenados a la horca el 7 de abril de 2012 por las autoridades de Hamas enfatiza la necesidad de una moratoria sobre la pena capital en Gaza.
Las políticas israelíes sobre la residencia palestina han negado arbitrariamente a miles de palestinos la posibilidad de vivir en Cisjordania y Gaza, y de trasladarse hacia estos lugares o en el interior de los mismos.
Hamas y la Autoridad Nacional Palestina (ANP) deben investigar los recientes ataques brutales contra defensores de los derechos humanos en Gaza y Cisjordania, y hacer rendir cuentas a los responsables.
Las políticas israelíes en Cisjordania discriminan duramente a los residentes palestinos, a los que privan de necesidades básicas mientras se establecen lujosos servicios e infraestructura para los asentamientos judíos.
Las autoridades egipcias deben rescatar a los migrantes secuestrados y maltratados por tratantes de personas en el desierto del Sinaí. El Gobierno no ha enjuiciado a los tratantes ni ha clausurado sus centros de detención.
Hamas debe rendir cuentas por dos nuevos ataques en contra de civiles israelíes en Cisjordania, y las personas que ordenaron y participaron en los ataques deben ser enjuiciadas.
Israel debe emprender inmediatamente una investigación creíble e imparcial acerca de las muertes de al menos diez activistas después de que las fuerzas de seguridad israelíes abordaran las embarcaciones que formaban parte de una “flotilla de ayuda” a Gaza.
Israel debería investigar la destrucción ilícita de propiedades civiles durante las hostilidades de 2009 en Gaza y levantar el bloqueo que obstaculiza los esfuerzos de los residentes por reconstruir sus viviendas, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
Las investigaciones de Israel sobre violaciones graves de las leyes de la guerra cometidas por sus fuerzas durante el año pasado en Gaza carecen de minuciosidad y credibilidad, mientras que Hamas no ha llevado a cabo ninguna investigación creíble.
