El rechazo de los votantes uruguayos de una iniciativa para anular la ley de caducidad del país podría frustrar los esfuerzos para promover justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura militar de Uruguay (1973-1985), a pesar de las recientes e importantes sentencias que permiten establecer responsabilidades por ese período.
El Tribunal Penal Internacional para Ruanda puede perder su credibilidad si no acusa y enjuicia a funcionarios del Frente Patriótico Ruandés (FPR) sospechosos de haber cometido crímenes de guerra en Ruanda en 1994.