El Gobierno de Papua Nueva Guinea debería abolir la pena de muerte en lugar de ponerla de nuevo en vigor, dijeron Human Rights Watch y Amnistía Internacional en una carta conjunta dirigida al Dr. Allan Marat, ministro de Justicia y fiscal general.
Nueva evidencia demostró que en el 2005 los malos tratos y tortura formaron parte de una estrategia deliberada de contraterrorismo del gobierno de Bush.