Los problemas económicos mundiales se ven agravados por un retroceso en materia de derechos humanos con la preocupante carencia de compromisos adoptados durante la Conferencia sobre Desarrollo Sustentable de la ONU Río+20.

Los líderes de todo el mundo tienen una oportunidad única de establecer un vínculo genuino entre el desarrollo sustentable y los derechos humanos, señalaron hoy Amnistía Internacional y Human Rights Watch en una declaración conjunta dirigida a los distintos ministros de medioambiente y relaciones exteriores que se reunirán en Río de Janeiro.

Lo más valioso que hemos logrado construir colectivamente en este hemisferio para defender y expandir los derechos humanos y las libertades públicas corre serio peligro. Se trata de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -para muchos observadores imparciales- una de las pocas instituciones con credibilidad y que funciona en la OEA. La Comisión y su Relatoría Especial para la Libertad Expresión (mecanismo que más irrita a algunos) son directamente responsables de los más importantes progresos alcanzados en ámbitos tan diversos como la despenalización de calumnias e injurias y derogación del desacato, la anulación de leyes de amnistía, reformas al fuero militar, acceso a información de interés público y derogación de normas discriminatorias. Pues bien, si este órgano ha sido tan exitoso, ¿por qué se ha desatado una verdadera campaña en su contra? Muy sencillo: porque ha tocado intereses importantes de gobiernos con claras tendencias autocráticas o lo suficientemente poderosos como para creer que tienen el peso para no rendir cuentas de sus políticas o prácticas a un órgano de supervisión regional.

El fallo del máximo tribunal de Brasil el 12 de abril de 2012 que amplía los casos en que se permite interrumpir un embarazo es un paso positivo hacia la protección de los derechos humanos de las mujeres.