V. El impacto de los grupos sucesores en términos humanitarios y de derechos humanos

Los grupos sucesores cometen abusos graves y generalizados, que incluyen masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, desplazamiento forzado, amenazas, extorsión, secuestros y reclutamiento de niños para el combate.

Los abusos más frecuentes son asesinatos y amenazas contra civiles, como sindicalistas, periodistas, defensores de derechos humanos y víctimas de las AUC que reclaman la restitución de sus tierras y exigen justicia como parte del proceso de Justicia y Paz. Son uno de los principales actores responsables del desplazamiento forzado de más de 250.000 colombianos cada año.

La MAPP ha señalado que en varias regiones las poblaciones “no perciben una mejoría en las condiciones de seguridad” como resultado de la desmovilización paramilitar [103] . Colombianos de distintas regiones informaron a Human Rights Watch que el clima de temor en que vivían no había cambiado significativamente por efecto de las desmovilizaciones.

En algunas oportunidades el gobierno ha reconocido este hecho de manera indirecta. Por ejemplo, en su informe de 2007 sobre derechos humanos en Colombia, el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República señaló que“[h]istóricamente, las autodefensas eran las principales responsables de las masacres que ocurrían en el país, sin embargo con la desaparición de estas... se ha incrementado el porcentaje de casos, sobre los que no se tiene conocimiento del autor... [V]arios de estos casos... están relacionados con el surgimiento de nuevas bandas criminales, vinculadas con el negocio del narcotráfico” [104] .

De hecho, entre 2007 y 2008 la cantidad de masacres registradas anualmente en Colombia se incrementó abruptamente en un 42 por ciento, y pasó de 26 casos (con 128 víctimas) a 37 casos (con 169 víctimas). Según el Observatorio de Derechos Humanos, los grupos sucesores utilizan las masacres como “medio de venganza, para apoderarse del territorio, demostrar poder y hacer “purgas” dentro de las mismas organizaciones, todo lo anterior orientado al control del negocio de la droga” [105] .

Violencia y amenazas contra grupos vulnerables

En todas las regiones visitadas por Human Rights Watch, recibió numerosas denuncias de amenazas y asesinatos por parte de grupos sucesores. A menudo sus agresiones se dirigen contra defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y víctimas de las AUC que intentan hacer valer sus derechos. Estas amenazas con frecuencia inhiben o frustran el trabajo legítimo de las personas que son objeto de sus ataques.

Por ejemplo, el 4 de noviembre de 2007, Yolanda Becerra, presidenta de la Organización Femenina Popular (OFP) en Barrancabermeja, departamento de Santander, informó haber sido agredida, golpeada y lesionada por hombres armados que ingresaron por la fuerza a su vivienda y le dijeron que tenía 48 horas para abandonar la ciudad, o de lo contrario “liquidarían a su familia”. Anteriormente, había denunciado haber recibido una amenaza de muerte por escrito de las “Águilas Negras”, y había sido catalogada como “enemiga del proceso de paz” por un ex jefe paramilitar. Como resultado de las amenazas y las agresiones, Yolanda debió trasladarse de Barrancabermeja a Bucaramanga, donde continúa al frente de la OFP, pero ha debido tomar importantes medidas de seguridad [106] .

Una mujer que coordina un grupo sobre desapariciones afirmó: “Vivo en una comunidad de alto riesgo donde convivimos con los paramilitares. Este año, varias personas se acercaron a mi vivienda y me dijeron que tenía que defender a... un paramilitar desmovilizado que estaba en la cárcel. Me amenazaron” [107] .

En la primera mitad de 2008 se produjo una ola de amenazas contra grupos de derechos humanos, sindicalistas y otras personas, lanzadas en su mayoría por las Águila Negras u otros grupos sucesores. Varias amenazas se vinculaban con una marcha masiva contra la violencia paramilitar y los crímenes de estado realizada el 6 de marzo de 2008. Por ejemplo, el 11 de marzo de 2008, el “Bloque Bogotá” de las “Águilas Negras” envió una amenaza en tres partes a diversas organizaciones y personas que participaron en la marcha, y llamó a la “muerte a los lideres [de la] marcha por la paz y guerrilleros y auxiliadores”, además de declarar a varias organizaciones y personas como “objetivo militar” [108] . El día siguiente circuló otra amenaza escrita contra la revista Semana, la confederación sindical CUT, Peace Brigades International, grupos indígenas y organizaciones de derechos humanos. Esta amenaza, firmada por el líder del “Comando Central Águilas Negras en Rearme”, anunció el “total rearme de las fuerzas paramilitares” e identificó a varios grupos como objetivos militares [109] . Durante la semana posterior a la marcha, cuatro sindicalistas fueron asesinados, entre ellos algunas de las personas que habían organizado la manifestación en su región [110] . La organización Nuevo Arco Iris, que ha participado activamente en el monitoreo de la infiltración paramilitar del sistema político, informó que su sede fue tomada por hombres armados que robaron sus archivos informáticos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó también que el 28 de febrero de 2008 se efectuaron disparos contra la vivienda de Luz Adriana González, miembro del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos y una de las promotoras del evento que tuvo lugar el 6 de marzo en el departamento de Pereira [111] .

Las amenazas han incluido a observadores internacionales y embajadas extranjeras. Según trascendió, ocho embajadas extranjeras en Bogotá habrían recibido amenazas firmadas por “Águilas Negras” en marzo de 2008 [112] . De manera similar, en noviembre de 2007, un representante de la MAPP fue amenazado por grupos sucesores que operan en Medellín [113] .

En la región sur del departamento de Bolívar, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, así como varias organizaciones del clero, organizaciones no gubernamentales y el sindicato Fedeagromisbol informaron haber recibido amenazas durante la primera mitad de 2008 por parte de “estructuras paramilitares que actúan de manera libre, pública y abierta en el Sur de Bolívar”. Concretamente, recibieron amenazas por correo electrónico firmadas por “Águilas Negras, Bloque Norte de Colombia”, donde se expresa que estaban siendo vigilados y que el “plan de aniquilamiento contra [ellos] iniciará con cualquier cierre” [114] .

Diro César González Tejada, un periodista de Barrancabermeja, Santander, que publica en forma independiente un breve periódico local sobre violencia y violaciones de derechos humanos en la ciudad, relató su experiencia al haber estado desplazado durante un año, luego de que dos hombres armados se presentaran en su vivienda preguntando por él. Después de regresar a Barrancabermeja, afirmó, “hemos sido seguidos permanentemente por hombres armados que son conocidos paramilitares”. Diro manifestó que recibe amenazas en su oficina y que los grupos sucesores “llaman constantemente a mi esposa, le mencionan los lugares a los cuales ha ido y le dicen ‘vamos a matarla’... Salvo para ir a la oficina, no salgo de mi casa. No tengo vida social y no puedo ir a ningún lado sin mis escoltas”. Diro afirmó que había podido protegerse gracias al apoyo de organizaciones no gubernamentales y a la atención internacional que había recibido su caso, pero que las autoridades públicas habían negado reiteradamente que estuviera sucediendo algo en Barrancabermeja. “Si esto es lo que pasa conmigo que soy periodista, ¿qué puede esperar un campesino que hace una denuncia?”, señaló [115] .

En noviembre de 2009, varios grupos de derechos humanos e indígenas del departamento de Nariño recibieron una amenaza escrita firmada por los “Comandos Urbanos” de los Rastrojos, en la cual se asociaba a las organizaciones no gubernamentales con guerrillas de izquierda y les advertían que podían ser asesinados [116] .

Violada y amenazada por ayudar a víctimas

“Lucía”, quien pidió no ser identificada por su nombre, relató haber sido violada por miembros de las Águilas Negras en Antioquia en 2007 como represalia por brindar asistencia a víctimas:

Me encontraba... brindando una asesoría a una de las mujeres víctimas de [las AUC]...quedaba lejos de donde pasaban los buses y estaba cayendo agua y esa noche me toco pernoctar allá.  Pasada la medianoche...tocaron la puerta.... Entran tres tipos encapuchados que se identificaron como Águilas Negras y empezaron a interrogarme sobre mi trabajo... Ellos dijeron que me quedaba prohibido brindar el apoyo sicosocial en el municipio... A ellos no les interesaba que las víctimas conocieran sus derechos ni mucho menos que denunciaran.... Antes de irse, dos de estos chicos abusaron sexualmente de la señora y de mí, por mucho rato [117] .

Lucía quedó embarazada a causa de la violación, pero afirmó que finalmente perdió el feto “quizás de la misma rabia y la depresión en la que entré... Es lo más horrible que le puede pasar a uno porque uno se siente incompetente y vulnerable del todo porque no puede hacer nada.... Es la forma de ellos de intimidar a las personas” [118] . Cuando Lucía continuó su trabajo, las Águilas Negras la encontraron nuevamente:

 Cada día participaba menos. [Pero entonces] hicimos un promo para [televisión en la cual se mostraba parte de mi trabajo. Al día siguiente] cuatro tipos armados golpearon a mi puerta... Me suben a la camioneta...  y me vendaron los ojos...  pensé que no volvería a mi casa porque se estaban dando muertes en esos días muy fuertes donde estaban entregando a la gente picada en bolsas y hacia poco habían matado a una compañera mía, la habíamos encontrado picada en un costal ... [Otro hombre] dijo que no sabe cómo me tiene que hablar, que si es que no tengo familia y si no fue suficiente con el escarmiento que me habían dado y las advertencias que me habían hecho... Me dicen que tengo 15 días para dejar la región [119] .

Las amenazas contra su familia finalmente obligaron a Lucía a intentar denunciar y abandonar la ciudad, pero encontró numerosos obstáculos al pedir ayuda:

Como estábamos trabajando... con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, pedimos cita... pero la razón que me dejaron es que no, que no eran competentes y que no me podían apoyar, que fuera a Justicia y Paz. La fiscal... dijo que a ella se le salía de las manos, que ella veía delitos antes de la desmovilización y ya había pasado la desmovilización y no podía hacer nada....   [Posteriormente], fui al Gaula [para denunciar el hecho como secuestro]... ellos lo que hacen es mirarme y se ríen y dicen que yo había sido víctima de mi propio invento, que si sabía que a los defensores de derechos humanos los mataban... que por qué me había metido a hacer eso y que por que después de hacerme una advertencia había seguido... No hicieron nada.  [Finalmente] la Defensoría del Pueblo en Medellín me tomaron la denuncia y [obtuve reubicación como defensora de derechos humanos durante tres meses a través del Ministerio del Interior]. Luego,  me han apoyado otras ONG e instituciones... La investigación no ha avanzado absolutamente nada... [Vivo] con temor, porque... uno no sabe en quién confiar... [120]

Lucía ya había sido víctima anteriormente en 1995, pero en esa ocasión a manos de las FARC, quienes la secuestraron y retuvieron durante seis meses. Finalmente, fue liberada cuando su familia utilizó hasta sus últimos recursos para pagar el rescate.

Violencia anti-sindical

Además de los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, quienes a menudo eran atacados y señalados como guerrilleros por las AUC, han sido objeto de amenazas y violencia continuas por parte de los grupos sucesores. Según la Escuela Nacional Sindical, en 2008 fueron 39 los sindicalistas asesinados. Si bien los datos completos correspondientes a 2009 aún no están disponibles, al 7 de diciembre la Escuela Nacional Sindical había registrado 36 asesinatos de sindicalistas. Debido a la impunidad que prevalece en estos casos, la mayoría de los responsables no han sido descubiertos. Sin embargo, existen razones de peso para creer que los grupos sucesores participan en muchos de los asesinatos: en 2008, los sindicalistas informaron haber recibido 498 amenazas (contra 405 sindicalistas). De esas, 265 se indican como realizadas por grupos sucesores, mientras que 220 fueron vertidas por actores no identificados [121] .

Las amenazas han inhibido la actividad sindical. Por ejemplo, Over Dorado, del sindicato docente ADIDA, en Medellín, señaló que en los primeros nueve meses de 2008 había recibido entre 20 y 25 amenazas por teléfono y correo electrónico. En una grabación de una de las amenazas telefónicas, que reprodujo a Human Rights Watch, el autor lo acusaba de terrorista y mencionaba un atentado fallido en su contra. Dado que en la mayoría de los hechos de violencia perpetrados contra sindicatos en el pasado los responsables no han sido juzgados, estas amenazas resultan aún más alarmantes para los sindicalistas. Dorado afirmó que uno de sus colegas, Julio Gómez, un importante miembro del sindicato, había sido asesinado en 2007. “Pero recién me entrevistaron en relación con el caso hace tres días. Fue asesinado hace un año, y recién ahora están investigando debido a la presión de los gringos... La muerte de sindicalistas ha afectado muchísimo a la organización, ya que estábamos fortaleciendo el sindicato y consiguiendo un efecto en la política nacional... Pero las amenazas tienen un efecto silenciador” [122] .

En Cúcuta, representantes de ASINORT, otro sindicato docente del departamento de Norte de Santander, manifestaron que si bien eran menos los sindicalistas asesinados en comparación con el pasado, “la violencia se ha transformado... matan a unos pocos y amenazan al resto. La amenaza es efectiva y las personas tienen miedo de hablar... Entre los sindicalistas, prevalece el temor y la actividad sindical es mayormente clandestina. Mantenemos el perfil más bajo posible” [123] .

Amenazas y asesinatos a nivel local: un problema constante

Los grupos sucesores no sólo atacan a defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas, sino también a ciudadanos comunes, como campesinos, líderes comunitarios, pequeños empresarios y vecinos que de algún modo estorban a los grupos.

En Cúcuta, las fuentes relataron que los grupos sucesores habían distribuido volantes ordenando toques de queda en determinados barrios de la ciudad en los cuales buscaban controlar actividades lucrativas de contrabando, como el narcotráfico. “Controlan los barrios mediante limpieza social. Los volantes indican que después de las 9 p.m. no pueden salir”, afirmó un observador internacional asignado a Cúcuta. “Las personas ven las drogas... y detrás de esto hay otros negocios, préstamos de dinero, corrupción policial. Manejan los problemas cotidianos del barrio... Reclutan a jóvenes” [124] .

Algunas fuentes señalaron que, antes de la desmovilización, las AUC habían tomado a su cargo la provisión de “fuerzas de seguridad privada” en la ciudad, y que los grupos sucesores estaban aplicando la misma estrategia. “Empezaron a asesinar a celadores de la comunidad, para colocar cooperativas de celadores y controlar la comunidad.  En mi barrio asesinaron al celador”, afirmó un representante de la Fundación Progresar, una organización de derechos humanos de Cúcuta [125] . Otro residente manifestó: “los comités de vigilancia requisan a la gente, los maltratan...lo amenazan a uo... lo cogen a puntapié y puno.  Son informantes de todo lo que sucede en la zona... Ahora le da a uno miedo estar afuera de noche.  La zozobra se mantiene. ” [126] .

El presidente de un consejo vecinal de Cúcuta relató cómo había logrado escapar por poco de que lo asesinaran agresores no identificados, que posiblemente pertenecían a grupos sucesores: “Tenía miedo de participar en el consejo porque mi señora me había dicho que las personas que participaban ‘desaparecían’ o eran asesinadas... Después de la primera reunión... dos hombres se acercaron mientras caminaba... El hombre que caminaba a mi lado recibió un disparo en el hombre y cayó al piso. Luego me dispararon seis veces... No entiendo cómo sobreviví, ya que el hombre que estaba a mi lado... murió” [127] .

Un desmovilizado nos dijo que en Puerto Santander (Norte de Santander), “las personas que participan en contrabando tienen que pagar a las Águilas Negras... Se reunieron con los proveedores de gasolina... e hicieron una lista de quiénes compran gasolina... [T]ambién están en el narcotráfico... Manejan los cultivos de coca... y tienen laboratorios y controlan el transporte. La policía los protege” [128] .

Una mujer de Medellín afirmó que había sido desplazada de Turbo, Antioquia, luego de recibir amenazas de un grupo al cual identificó como las Águilas Negras. “Nos amenazaron porque vendíamos drogas... son los mismos paramilitares que han cambiado de nombre. Los paramilitares también perseguían a las personas que vendían drogas si no les pagaban la vacuna... Han matado a traficantes y jóvenes... A mí me amenazaron directamente: dos hombres se acercaron en motocicleta y dijeron que iban a matar a quienes vendían drogas” [129] .

Amenazas y violencia contra víctimas de las AUC

Víctimas y familiares de víctimas de las AUC que han exigido justicia por los crímenes de los paramilitares han sido amenazados, agredidos e incluso asesinados. A menudo, señalan a los grupos sucesores como los autores de las amenazas.

El caso más resonante fue el de Yolanda Izquierdo, quien fue fusilada junto con su marido afuera de su vivienda en Córdoba, en enero de 2007. Izquierdo había representado a las familias que exigían la restitución de miles de hectáreas de tierra en el marco del proceso de Justicia y Paz. Había solicitado reiteradamente la protección de las autoridades, pero sus pedidos fueron ignorados. Desde entonces, la policía ha arrestado a Víctor Alonso Rojas (conocido bajo el alias de “Jawi”), un presunto miembro de los “Urabeños” y supuestamente ex asesor directo del líder de las AUC Salvatore Mancuso, por los asesinatos. Fiscales de derechos humanos también han señalado a Sor Teresa Gómez, cuñada de los líderes de las AUC Carlos y Vicente Castaño, en relación con el asesinato [130] . Se sabe que Gómez controla grandes extensiones de tierra, que habría tomado de las personas desplazadas por los paramilitares, en la región de Urabá [131] .

Una víctima de la masacre de El Salado le dijo a Human Rights Watch que no había relatado su historia a representantes de la Fiscalía General de la Nación porque temía que ella o sus hijos fueran agredidos si alguien sabía lo que le había sucedido: “[en mi ciudad] no digo que soy de El Salado porque tengo a mis hijos... Porque [la ciudad en que vivo] es muy peligrosa, a las 6 p.m. ya cerramos la puerta. Estoy tranquila durante el día pero no de noche, porque las Águilas Negras están allí” [132] .

Una mujer que había presentado una denuncia sobre la desaparición de su padre describió cómo un grupo sucesor la había obligado a abandonar su vivienda en 2006: “El grupo llegó a mi casa y nos amenazó... Se llevaron mis documentos. ...Dijeron que si me quejaba por las desapariciones o por el desplazamiento, me mataban... Eran 35 y estaban vestidos de camuflado” [133] .

Otro grupo de familiares de personas asesinadas en una masacre cometida por las AUC en Santander afirmaron que habían sido amenazados luego de exigir justicia a través del proceso de Justicia y Paz, pero estaban demasiado atemorizados para dar a conocer los detalles de las amenazas [134] . Del mismo modo, los familiares de los miembros de una comisión de investigación de la Fiscalía General de la Nación “desaparecidos” o ejecutados por el Bloque Norte de las AUC informaron haber sido objeto de amenazas y agresiones por intentar conocer la verdad sobre el destino de sus seres queridos [135] .

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en 2007 la Policía Nacional informó 160 amenazas de muerte contra víctimas que intentaban hacer valer sus derechos, en tanto la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación registró 13 homicidios de víctimas que exigían la restitución de sus tierras y otros bienes [136] .

Juan David Díaz: Amenazado por Buscar Justicia

Juan David Díaz Chamorro es hijo de Eudaldo “Tito” Díaz, quien se desempeñó como alcalde de El Roble, Sucre, y fue asesinado en abril de 2002 por paramilitares, que presuntamente actuaron en connivencia con políticos locales.  En un consejo de seguridad en 2002 con el presidente Uribe, altos oficiales de las fuerzas de seguridad, y varios funcionarios regionales de Sucre incluyendo al gobernador Salvador Arana, Tito había denunciado que los políticos locales intentaban tomar recursos de El Roble para financiar a las AUC, y que miles de personas habían sido asesinadas por los paramilitares en el departamento. Juan David afirma que posteriormente Tito fue perseguido por los paramilitares y retirado de su cargo por funcionarios corruptos. En un consejo comunal con el Presidente Uribe llevado a cabo el 1 de febrero de 2003, Tito reiteró sus declaraciones y dijo que los políticos iban a matarlo.

Tito fue asesinado tres meses después, el 5 de abril. Tito salió de su vivienda para asistir a un encuentro político con altos funcionarios, pero desapareció luego de la reunión. El 10 de abril, el cuerpo de Tito fue encontrado en un camino con marcas de tortura y múltiples heridas de bala. Se encontraba en posición de crucifixión y con la credencial de alcalde en la frente. En su zapato, sus familiares encontraron una carta de Tito del 8 de abril dirigida al “comandante Rodrigo” (conocido como “Cadena”, el jefe paramilitar local). En la carta, Tito rogaba que Cadena aceptara reunirse y pedía que tuviera piedad con su familia.

“Lo frustrante es que todos los políticos que mi padre había denunciado fueron recompensados. Uno de los hombres que acusó fue designado agregado militar en Francia... Otro fue nombrado embajador en Chile... Ninguno está pagando por sus crímenes”, afirmó Juan David. El Presidente Uribe nombró al ex gobernador de Sucre, Salvador Arana, embajador en Chile poco después del homicidio.

El día en que su padre fue asesinado, Juan David recibió amenazas de personas que le dijeron que debía abandonar Sucre en 24 horas. Se fue por dos años, pero luego regresó y comenzó a trabajar con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Desde entonces, ha participado en una lucha continua y frustrante por juzgar a los asesinos de su padre. Ha recibido numerosas amenazas.

Han intentado matarme en plena calle. Me han amenazado y perseguido, y me han dicho que abandone el departamento o me va a suceder lo mismo que a mi padre por continuar denunciando a los paramilitares y trabajando por la justicia. Pero no me voy a ir de Sucre porque debo levantar la bandera que mi padre intentó levantar y que fue destruida [137] .

Según Juan David, 11 testigos del caso han sido asesinados, hubo atentados contra la vida de otros dos, uno ha desaparecido y otros han sido amenazados. En un mensaje reciente, Juan David afirmó que “las amenazas en contra mío y de mi familia se han incrementado, en forma de panfletos, mensajes de correo electrónico y un atentado de muerte que intentaron perpetrar el 27 de marzo [2009], todo para impedir que continuáramos reclamando nuestro derecho a la justicia” [138] . Juan David cree que los hombres que intentaron asesinarlo en marzo eran miembros de los Paisas [139] .  Una amenaza reciente que llego por correo electrónico, en octubre del 2009, amenazaba que si Arana era condenado, la familia de Juan David moriría. [140]  

No obstante, seis años después del asesinato de Tito, la Corte Suprema ha condenado a Arana de colaborar con paramilitares y de participar en el homicidio de Tito Diaz, imponiéndole una pena de 40 años de prisión. [141]   Según Juan David, otros funcionarios y paramilitares que pueden haber estado involucrados en el asesinato aun no han sido juzgados.  

 

Desplazamiento interno

Se considera que los grupos paramilitares son responsables de más desplazamientos que cualquier otro actor en Colombia (37 por ciento, según un estudio reciente realizado como parte del monitoreo de la difícil situación de las personas desplazadas llevado a cabo por la Corte Constitucional de Colombia) [142] .

El proceso de desmovilización no se tradujo en una reducción significativa y sostenida de los desplazamientos, como podría haberse esperado. Por el contrario, según Acción Social, en los años siguientes a la desmovilización los índices de desplazamiento interno de Colombia se incrementaron.

De acuerdo con las cifras oficiales, después de reducirse a 228.828 en 2004, la cantidad de nuevas personas desplazadas se incrementó cada año hasta llegar a 327.624 en 2007. Las cifras oficiales de 2008 son algo menores, con 300.693, pero continúan siendo mucho más elevadas que al principio del proceso de desmovilización [143] .

CODHES (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento), una destacada organización no gubernamental de Colombia, informa otras cifras, y concluye que cerca de 380.863 personas fueron desplazadas en 2008, lo cual representa un incremento del 24,47 por ciento respecto de la cifra que difundió para 2007 (305.966) [144] .

En declaraciones realizadas ante grupos de derechos humanos a mediados de 2009, el director de Acción Social señaló que hasta entonces las cifras correspondientes a 2009 parecían reflejar una sustancial reducción en los desplazamientos durante ese año: al 30 de septiembre, había registrado 86.397 nuevos casos durante 2009. No obstante, al momento de la elaboración del presente informe aún es muy pronto para determinar si las cifras de 2009, una vez que estén completamente procesadas, mostrarán una reducción en la cantidad de desplazamientos internos.

El titular de Acción Social señaló a Human Rights Watch que el incremento en los desplazamientos, al menos entre 2006 y 2007, podía deberse a la “percepción de violencia” por parte de las víctimas en casos en que tal violencia no existía realmente, a “procesos de erradicación manual de cultivos de coca, que llevaron a los grupos [armados] a ejercer presión sobre la población civil, y a disputas territoriales [entre grupos armados]” [145] .

CODHES, por su parte, atribuye el incremento en los desplazamientos registrado hasta 2008 a diversos factores, pero destaca en particular el crecimiento de los grupos sucesores.

Independientemente de si los grupos sucesores son la principal causa del incremento de los desplazamientos con posterioridad a 2004, resulta claro que se trata de un factor significativo que incide en los desplazamientos. Human Rights Watch recibió numerosas denuncias de desplazamientos provocados por grupos sucesores, generalmente mediante amenazas. Una mujer describió su experiencia en el sur del departamento de Cesar en los siguientes términos:

Me fui por un grupo llamado Águilas Negras. Mis dos hijos de 11 años y otro joven habían desaparecido la semana anterior. Los busqué... Luego se presentó un grupo de los Águilas Negras... El grupo dijo “debes irte ahora o te mataremos”. Mis dos hijos aparecieron vivos más adelante en Cúcuta y están bajo el cuidado del gobierno... El día antes de que desaparecieran, los niños me habían dicho que habían visto a algunos hombres en la calle con ropas negras extrañas, pero que no dijeron nada. Creo que tenían a mis hijos pero los devolvieron porque eran demasiado jóvenes para servirles. El otro joven sigue desaparecido... Las personas que nos pidieron que dejáramos la ciudad estaban usando prendas militares negras... Ya habíamos sido desplazados por los paramilitares antes... Me dijeron que si continuaba dando vueltas con papeles diciendo que era desplazada, me matarían. Estoy cansada de moverme todo el tiempo sin paz. [146]

Otra mujer que había sido desplazada por el mismo grupo señaló:

[F]uimos desplazados de Puerto Rico por un grupo llamado Águilas Negras. Dijeron que debíamos colaborar con ellos o nos matarían. El día anterior, ya habían desplazado a personas de la zona. Llegaron el 30 de agosto [de 2008]... Varios hombres con armas largas y con camuflado negro se presentaron en mi casa. Llegaron diez hombres. Soy madre soltera y tenía mucho miedo, y escapé con mi niña. Creí que me matarían si me quedaba. Estaba aterrorizada... Creo que querían la tierra y que colaborara, que trabajara con ellos... Hay pocos policías o militares allí, y no presentamos denuncias porque tenemos miedo. Dejé la granja y caminé durante casi tres días hasta que llegué aquí [147] .

De hecho, gran parte de los desplazamientos ocurren en regiones donde los grupos sucesores están activos. CODHES afirma que hubo 82 casos de desplazamientos masivos en 2008, y que los departamentos más afectados fueron Nariño y Chocó, donde los grupos sucesores se encuentran plenamente activos [148] .

Según el informe anual del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el 66,5 por ciento de las personas desplazadas a las cuales brindó asistencia el CICR durante 2008 habían sido desplazadas debido a amenazas de muerte. Otro 10,9 por ciento fueron desplazadas como resultado de amenazas de reclutamiento forzado para integrar grupos armados [149] .

Ejemplos regionales

En cada una de las cuatro regiones que analizamos en detalle para este informe, comprobamos que los grupos sucesores mantenían el control de facto de territorio, pueblos y barrios, y cometían abusos frecuentes y graves contra civiles. Nuestras conclusiones se indican a continuación, según la región.

Grupos sucesores en Medellín

“El perro que antes nos mordió ahora nos está mostrando los dientes”.

—Funcionario local de Medellín

En Medellín, resulta claro que el proceso de desmovilización fue incompleto, y que muchas personas que supuestamente se habían desmovilizado —entre ellas, el titular del principal grupo paramilitar de Medellín, Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido como “Don Berna”— continuaron controlando el delito en la ciudad.

Sin embargo, durante años medios de comunicación colombianos, autoridades nacionales y locales y funcionarios de Estados Unidos se han referido habitualmente a Medellín como una ciudad ejemplar en relación con la desmovilización paramilitar y la reducción de la violencia [150] . De hecho, entre 2006 y 2008 la ciudad se convirtió en un destino preferido de delegaciones del Congreso estadounidense organizadas por la Oficina de la Representante de Comercio y del Departamento de Comercio de Estados Unidos para promover un tratado de libre comercio con Colombia [151] .

Efectivamente, Medellín había registrado una reducción significativa de la violencia entre 2002 y 2007 [152] .Sin embargo, como se explica en las siguientes secciones, la reducción en la cantidad de homicidios se debió mayormente a que Don Berna mantenía el monopolio del delito en la ciudad y ya no estaba inmerso en conflictos territoriales con otros grupos. No obstante, los miembros de estos grupos —entre los cuales se cuentan personas supuestamente desmovilizadas— continuaron asesinando a líderes comunitarios y amenazando y extorsionando a residentes.

Dado que el grupo de Don Berna se ha dividido debido a luchas internas y que su control ha sido disputado por otros grupos sucesores que llegan a la ciudad desde las afueras, Medellín experimenta una vez más un rápido incremento de la violencia. Entre 2008 y 2009, el índice de homicidios llegó a más que duplicarse, sumando 1.717 muertes durante los diez primeros meses del año (un promedio de 74,1 homicidios cada 100.000 habitantes) [153] . El desplazamiento interno dentro de la ciudad también se ha más que duplicado en el último año. En algunos casos, los fiscales de Medellín han intentado investigar a los grupos, pero las investigaciones se han visto obstaculizadas por numerosas dificultades, como la falta de protección adecuada de los testigos. Asimismo, se han formulado graves denuncias de vínculos entre algunos de estos grupos y ciertos agentes del estado, entre ellos el ex director de la Fiscalía de Medellín, quien actualmente está siendo investigado penalmente.

En una entrevista de septiembre de 2008, el actual alcalde Alonso Salazar declaró que la ciudad se encontraba en una situación de “tensión” y que enfrentaba graves obstáculos, dado que era difícil “mantener la gobernabilidad con un fenómeno tan desestabilizador como el narcotráfico” [154] . Reconoció que parte del problema era que algunos sectores de los grupos paramilitares, incluidas facciones de sus líderes, habían continuado ligados a la actividad delictiva.

Una paz impuesta

La supuesta paz que vivió Medellín durante algunos años fue resultado del monopolio que mantenía Don Berna sobre el delito en la ciudad. De hecho, los homicidios comenzaron a bajar en Medellín bastante antes de la desmovilización del bloque paramilitar Cacique Nutibara a fines de 2003. Como se señaló precedentemente, el índice se redujo a casi la mitad entre 2002 y 2003. La reducción parece haber estado estrechamente ligada a la derrota del Bloque Metro de las AUC por el Bloque Cacique Nutibara, de Don Berna, así como a la expulsión de la guerrilla de la ciudad por el Ejército colombiano y los paramilitares [155] . Al momento de la desmovilización de 2.033 personas que supuestamente pertenecían al Bloque Héroes de Granada en agosto de 2005, la más grande producida en Medellín, los índices de homicidios ya habían alcanzado niveles mínimos sin precedentes [156] . Un paramilitar desmovilizado de bajo rango nos dijo “cuando nos desmovilizamos, ya habíamos ganado, todo estaba controlado” [157] .

Human Rights Watch recibió comentarios similares de líderes de la Corporación Democracia, una organización de miembros desmovilizados de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, mediante la cual la ciudad coordinaba habitualmente su interacción con los paramilitares desmovilizados. Los líderes de la Corporación Democracia señalaron que fue su “líder natural” Don Berna quien llevó la paz a Medellín después de que su grupo había “regulado” a todas las bandas y actores armados de la ciudad, logrando que “dejaran de matarse entre ellos” [158] . De hecho, afirmaron que la Corporación Democracia había continuado respondiendo a Don Berna mientras este se encontraba en prisión a la espera de una pena reducida en virtud de la Ley de Justicia y Paz.

“En la ciudad hubo un vencedor que actualmente mantiene la hegemonía”, manifestó un funcionario de la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de Medellínen 2007. “En las comunas y barrios vecinos hay un sólo actor que puede... imponer sus leyes a la fuerza. Son las amenazas, la extorsión... A veces se manifiestan como un actor armado, otras como un actor social. Combinan distintas formas de actividad” [159] .

El ex Alcalde Fajardo también reconoció en una entrevista de septiembre de 2007 que los paramilitares habían conservado poder en Medellín luego de la desmovilización, si bien señaló que su gobierno intentó quebrar ese poder invirtiendo en la reinserción:

Había un hombre muy poderoso con un grupo. Comenzamos a cambiar ese poder. La mayoría comienza a tener una relación con la ciudad, con psicólogos, trabajadores sociales... Comienzan a distanciarse del grupo... Algunos están mintiendo... cerca del 10 por ciento... Aún mantienen ese poder... Probablemente cobran vacunas... [Pero] muchos de los jóvenes no quieren que eso suceda... colaboran con información [160] .

No obstante, si bien es posible que las medidas de reinserción en Medellín hayan ayudado a algunos jóvenes que participaron en las ceremonias de desmovilización (independientemente de que fueran o no paramilitares), muchos residentes de Medellín continuaron percibiendo a los paramilitares y a las personas vinculadas con ellos como una amenaza real. Por ejemplo, una mujer que anteriormente había sido una líder comunitaria en la Comuna 13 y que había sido desplazada forzadamente por paramilitares en 2002, señaló que permanecía desplazada debido a que los paramilitares continuaban teniendo el control: “los paramilitares aún están por aquí... Siguen diciendo que si las personas vuelven las van a matar” [161] .

Estos temores estaban justificados. Pese a los terribles hechos de violencia ocurridos en Medellín durante la toma de la ciudad por el Bloque Cacique Nutibara, sólo 23 miembros de dicho bloque se encuentran en la lista de paramilitares que solicitaron beneficios en virtud de la Ley de Justicia y Paz [162] . De los 2.033 miembros del Bloque Héroes de Granada que se informó oficialmente que se habían desmovilizado, sólo 75 solicitaron los beneficios de la Ley de Justicia y Paz [163] . Por consiguiente, las personas responsables de gran parte de la violencia masiva que sufrió Medellín hasta 2002 (y posteriormente) no debieron responder como parte del proceso de desmovilización.

Inmediatamente después de la desmovilización de Cacique Nutibara, varios especialistas denunciaron que Don Berna continuaba controlando el crimen en la ciudad, a tal punto que cuando Don Berna fue capturado por el presunto asesinato de un congresista, el transporte local en Medellín se paralizó durante varias horas [164] .

Se sospecha que socios cercanos a Don Berna habrían tomado el control de las operaciones diarias de la denominada Oficina de Envigado, una organización que ofrece servicios de sicariato y seguridad al crimen organizado en Medellín y que, según el gobierno, se había desmovilizado como parte del Bloque Héroes de Granada [165] . “De uno u otro modo, los jefes paramilitares de Antioquia conservan el poder”, afirmó el periódico El Espectador en febrero de 2007. “Y, en este contexto, la mayoría de los caminos conducen a una sola persona: Diego Fernando Murillo Bejarano, más conocido como... Don Berna” [166] .

Control continuo

Los grupos sucesores han continuado controlando muchos barrios de Medellín luego de la desmovilización. Su control se manifiesta mediante asesinatos y amenazas dirigidas contra líderes comunitarios, la extorsión de comerciantes locales, el “castigo” de quienes no cumplen mediante golpizas y el monopolio del crimen en la ciudad.

En algunos barrios, los “coordinadores” locales de los paramilitares desmovilizados —que son también jefes locales desmovilizados— no se limitaron a coordinar las actividades relacionadas con la desmovilización, sino que continuaron actuando como autoridades locales, cuyas órdenes se imponen mediante la fuerza. Un hombre desmovilizado expresó que los coordinadores consideraban que era parte de su trabajo “castigar” a los desmovilizados y “sacudirlos un poco si no prestan atención” [167] . Este tipo de control también se aplica a “otras personas de la comunidad” [168] . Esta misma persona dijo que en su barrio había grupos integrados por personas desmovilizadas que “aún salen a extorsionar a la gente” [169] .

Otro hombre desmovilizado dijo que “si alguien hace algo malo, como robar... los [coordinadores] los enfrentan y si esto sucede mucho, pueden tomar medidas más severas como golpearlos, patearlos... En el barrio todos tienen que ir en la misma dirección” [170] .

Alexander Pulgarín, un líder comunitario, señaló a Human Rights Watch en 2007 que un miembro de la Corporación Democracia, Antonio López, conocido también como “Job”, había ordenado el asesinato de coordinadores de su barrio que no “lo copiaban”, es decir, que no seguían sus órdenes [171] . Dijo que cada vez que llegaba un nuevo coordinador, era intimidado o comprado por un miembro de la Corporación Democracia [172] . “Rey muerto es rey puesto ”, afirmó . “Esta es la paz con un revolver al cuello, y quien se salga del corral, pierde” [173] .

Entonces, Pulgarín estaba intentando postularse a la junta de acción comunal, y relató que Job lo había presionado para que fuera su representante en la junta. Según Pulgarín, “dijo ‘queremos que estés con nosotros... Te daré un carro, dos escoltas y tres millones [de pesos] al mes... Te daré una estructura logística’”. Pulgarín afirmó que cuando se negó, comenzó a recibir amenazas [174] .

Otra persona que llevaba a cabo una intensa labor comunitaria en la Comuna 8 coincidió con la versión de Pulgarín, y relató cómo a mediados de 2008 el barrio quedó bajo el control de Job y otro miembro de la Corporación Democracia, John William López, conocido como “Memín”. Ambos hombres, dijo, habían manejado todo el crimen organizado en el barrio [175] . Señaló que en algunos sectores del barrio las personas eran extorsionadas por hombres armados. “Continúan con la intimidación y los castigos... dicen que los soplones deben ser eliminados” [176] .

De hecho, Memín ganó la elección como presidente de la junta de acción comunal de Villatina [177] . En julio de 2008, Job fue asesinado en un exclusivo restaurante en el sector de Las Palmas, en el camino del aeropuerto de Rionegro a Medellín [178] . Y, en marzo de 2009, Memín fue condenado por desplazamiento forzado, constreñimiento al elector y concierto para delinquir [179] . Cuatro testigos fueron asesinados durante el juicio, en el cual Memín también acusó al Alcalde Alonso Salazar de aceptar la ayuda paramilitar durante su candidatura (Salazar ha negado las acusaciones) [180] . Más tarde ese año, Alexander Pulgarín, quien había declarado contra Memín, también fue asesinado [181] .

Human Rights Watch recibió múltiples denuncias de que los grupos sucesores locales extorsionaban a empresas y residentes locales, desplazaban a quienes no cumplían sus órdenes, reclutaban a niños y perpetraban violaciones sexuales, además del narcotráfico y otras actividades de crimen organizado. “Toman a niños de ocho o nueve años... Si los niños no se involucran, los amenazan”, afirmó un líder de la Comuna 13. “Aún cobran vacunas, amenazan a personas que no hacen lo que dicen... las golpean delante de todos” [182] .

Los grupos han participado en asesinatos y amenazas, y a menudo han atacado a líderes comunitarios. En un caso, la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería informó que “el presidente de la junta de acción comunal... se vio obligado a renunciar a su cargo debido a las presiones ejercidas por un conocido desmovilizado” [183] . En otro momento, la unidad denunció que “en una de las juntas de acción comunal (JAC) reemplazaron a la totalidad de la junta con personas que seguían sus órdenes” [184] .

“Tenemos miedo”, afirmó un grupo de líderes comunitarios de la Zona Nororiental de Medellín en 2008. “No sabemos cómo va a reventar... Los que manejan los hilos... tienen su instrumento [en] las bandas, pero los que manejan esta guerra son actores externos” [185] .

En agosto de 2006, Haider Ramírez, un popular líder comunitario de la Comuna 13 fue asesinado por sicarios. Algunos meses después, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo preparó un “Informe de Riesgo” acerca de la Comuna 13 [186] . El informe de riesgo advertía sobre la amenaza que supone la existencia de “grupos armados derivados de los desmovilizados de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, así como nuevos grupos armados ilegales post desmovilización Águilas Negras” [187] . Señaló el riesgo de que los grupos cometieran homicidios, forzaran a las personas a abandonar sus viviendas, recurrieran a las amenazas y la fuerza para reclutar nuevos miembros y sembraran temor entre la población civil [188] . Expresó que el asesinato de Haider Ramírez fue un acto premeditado destinado a crear un temor generalizado en la zona, especialmente en este año de elecciones municipales y regionales, y representaba la eliminación de líderes sociales que se negaban a participar en el orden establecido [189] .

Sin embargo, la Alcaldía rechazó el informe de riesgo y señaló en su respuesta del 10 de abril de 2007 que “en la Comuna 13 no se presenta un conflicto armado; existen, eso sí, combos y grupos de delincuencia común, que son los causantes de la gran mayoría de los delitos que allí se cometen. Estos grupos no obedecen a estructura militar alguna, pues en la comuna 13 no hay presencia organizada de guerrillas o paramilitares” [190] .

Dos semanas después, el 23 de abril de 2007, Judith Vergara, una líder comunitaria del barrio El Pesebre en la Comuna XIII, de 33 años de edad y madre de cuatro hijos, fue fusilada por un agresor no identificado mientras viajaba en autobús, camino a su trabajo [191] . Según Luis Fernando Quijano, quien trabajaba en estrecha colaboración con Judith, dijo que ella y otro miembro del grupo habían sido detenidos y amenazados por paramilitares en julio de 2005. Quijano afirma que Judith tenía previsto postularse a un importante cargo político, pero que algunos días antes de su muerte le había dicho que tenía miedo de hacerlo por los problemas que había tenido con los paramilitares en su barrio [192] .

Según un representante de la Defensoría del Pueblo, “los dos asesinatos [el de Vergara y el de Ramírez] estaban vinculados... [A]mbos tenían problemas con los desmovilizados” [193] .

Mery del Socorro Naranjo y María del Socorro Mosquera, quienes tenían puestos políticos locales en la Comuna 13, señalaron que habían sido presionadas por personas vinculadas con los paramilitares para que aprobaran proyectos que favorecían a los paramilitares utilizando presupuestos locales [194] .

Otra líder comunitaria de la Zona Nororiental de Medellín señaló que había abandonado su trabajo en política debido a las presiones de los grupos sucesores: “Me amenazaron y me dijeron que dejara la junta. Lo que me duele es que me excluyeron de la administración pública por mucho tiempo”. También manifestó que los grupos presionaban a la comunidad para que votara a sus candidatos a la junta de acción comunal: “Durante la elección, van puerta a puerta, se acercan a las personas más vulnerables... y les dicen que tienen que votar por su lista” [195] .

“El objetivo es controlar los presupuestos locales a través de juntas de acción comunal”, afirmó un funcionario de la Unidad de Derechos Humanos de la Personería de Medellín; “también se infiltran en las instituciones educativas locales, presionan a los funcionarios educativos para que les den contratos” [196] .

Varios representantes de CEDECIS, una organización que trabaja en temas de educación en zonas de bajos recursos de Medellín, relataron a Human Rights Watch que en julio de 2007 algunos miembros de la Corporación Democracia se presentaron en una de las escuelas de CEDECIS. Dijeron que los hombres presionaron a las autoridades escolares para que enviaran a los estudiantes al centro de Medellín la semana siguiente a fin de que participaran en una celebración callejera en homenaje a “Don Berna”, cuando fue trasladado a la ciudad para presentar su “confesión” ante los fiscales [197] . Anteriormente, cuando el jefe paramilitar “El Alemán” había estado en Medellín para presentar su confesión, cientos de personas “habían salido a la calle” para alentarlo frente a la Fiscalía [198] . “Preguntaron al director cuántos autobuses podía llenar [con estudiantes]”, afirmaron los representantes de CEDECIS. “Cuando el director se negó, comenzaron a formular amenazas, y dijeron que la escuela no valía nada [y] que nunca los había apoyado” [199] .

Poco después, los funcionarios de CEDECIS emitieron un comunicado de prensa acerca de lo sucedido, y creen que gracias a esto los funcionarios de la ciudad impidieron que la Corporación Democracia celebrara un evento masivo con motivo de la confesión de “Don Berna”, como habían planeado originalmente [200] . La Corporación Democracia respondió con un comunicado de prensa en el cual expresaban que “nunca habían obligado a ninguna persona a asistir a eventos de solidaridad con [Don Berna]”, que las afirmaciones de que habían presionado a personas para que concurrieran al evento eran falsas y que quienes las formularon eran “personas inescrupulosas y malintencionadas que están en contra del proceso de paz” [201] . Los funcionarios de CEDECIS afirman que el director de la escuela recibió varias amenazas más en las semanas siguientes [202] .

Otros grupos o personas que aparentemente estarían vinculadas con los paramilitares también lanzaron amenazas contra la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de Medellín. En una ocasión, dos miembros del personal que realizaban trabajo de campo en la Comuna 1 debieron solicitar protección policial cuando un motociclista empezó a seguirlos; otra vez, un miembro de la Corporación Democracia acusó públicamente a miembros de la unidad de ser “guerrilleros” [203] .

La Red Juvenil de Medellín, un grupo de jóvenes menores de 27 años contra la violencia, informó que había recibido amenazas después de celebrar un concierto fuera de las oficinas de Corporación Democracia. “Unas horas después del concierto, alguien apuñaló y mató a un joven en un parque cercano... Dos semanas después... llegaron amenazas por correo electrónico diciendo que nunca más hiciéramos el concierto. Circularon una lista que incluía a ocho personas de nuestra organización. Las personas de la lista fueron seguidas y fotografiadas... Un mes después, llegó una amenaza a un... periódico que trabajaba con nosotros. Los [nuevos] mensajes de correo electrónico eran similares a las amenazas que habíamos recibido, pero los autores se identificaron como grupos antiguerrilla y no como las Águilas Negras” [204] . La organización juvenil continúa llevando a cabo su trabajo, “pero aún hay mucho temor” [205] .

En diciembre de 2007, los funcionarios de la MAPP informaron que un representante de la oficina local de la MAPP en Medellín había recibido una amenaza de muerte seria [206] . Un motociclista ingresó a la oficina y dijo que el director de la oficina local no debía aparecer por allí nunca más, o lo matarían [207] .

Luchas por el poder

En los últimos años, el poder de las estructuras delictivas de Don Berna ha sido disputado por otros grupos sucesores y por luchas internas dentro de la Oficina de Envigado [208] .

Dos de los presuntos socios de Don Berna, Gustavo Upegui y Daniel Alberto Mejía (alias “Danielito”), fueron asesinados en una aparente lucha por el poder dentro de la organización [209] . Oscar Naranjo, Director General de la Policía Nacional de Colombia, señaló en 2007 que el Vicepresidente de la Corporación Democracia, Carlos Mario Aguilar, conocido por el alias de “Rogelio”, se había convertido en el nuevo jefe de la Oficina de Envigado [210] .

“Existen estructuras que en un primer momento ‘copiaron’ [siguieron las órdenes de] Berna, pero debido a la desaparición de Danielito y Upegui, comienzan a aparecer nuevas estructuras de poder que buscan su propio beneficio”, expresó un funcionario de la Defensoría del Pueblo en Medellín, a fines de 2007. “Rogelio tiene cierto control... algunos dicen que está trabajando sin Berna, otros que están juntos” [211] . En una entrevista de febrero de 2008, el General Naranjo señaló que “[d]esde hace por lo menos ocho meses lo que se notó es que había esfuerzo desde Urabá por llegar a Medellín con un grupo sicarial a tratar de someter a la Oficina de Envigado”, y eso significó varias muertes [212] . Naranjo afirmó que la Oficina de Envigado parecía haberse retirado y fraccionado, mientras que otros grupos se estaban reestructurando [213] .

En mayo de 2008, el gobierno colombiano extraditó a Don Berna a Estados Unidos. “A partir de entonces, todo cambió”, manifestó el General Roberto León Riaño, entonces al frente de la Dirección de Carabineros de la Policía [214] . Explicó que se produjo un enfrentamiento entre Don Mario (de Urabá) y Rogelio. Varios meses después, Rogelio, quien una vez fue investigador de la Fiscalía General de la Nación, se habría entregado voluntariamente a las autoridades estadounidenses [215] .

Desde entonces, los grupos de Medellín han tenido una sucesión de líderes, muchos de los cuales son paramilitares supuestamente desmovilizados, y algunos han sido detenidos o asesinados.

Por ejemplo, la policía detuvo a John William López Echavarría (conocido también como “Memín”), un miembro del Bloque Cacique Nutibara que supuestamente se había desmovilizado. Human Rights Watch había llegado a reunirse con Memín en las oficinas de la Corporación Democracia a mediados 2007. Como se explicó previamente, Memín fue finalmente condenado por desplazamiento forzado, constreñimiento al elector y concierto para delinquir (esta imputación es la que usualmente se aplica a los paramilitares) en la Comuna 8 [216] .

Human Rights Watch había recibido anteriormente denuncias de que Memín era la mano derecha de Antonio López (conocido también como “Job”), un alto líder del Bloque Cacique Nutibara y miembro de la Corporación Democracia que trabajaba en colaboración con Don Berna. A mediados de 2008, se desató un fuerte escándalo cuando la revista Semana publicó información sobre un encuentro de Job con altos asesores del Presidente Uribe en la Casa de Nariño, en el cual Job les ofreció materiales que supuestamente servirían para desacreditar a un magistrado auxiliar de la Corte Suprema.  Job fue asesinado pocas semanas después [217] .

Intensificación de los abusos

Las luchas internas y la fractura de los grupos sucesores estuvieron acompañadas por un rápido incremento de la violencia en Medellín. Según el Instituto de Medicina Legal de Medellín, en los primeros diez meses de 2009 se produjeron 1.717 homicidios. Esta cifra representa un incremento de más del 100 por ciento respecto de los 830 casos registrados en el mismo período durante 2008 [218] .

Muchas de las víctimas son paramilitares presuntamente desmovilizados. Según la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería , 71 paramilitares desmovilizados fueron asesinados en Medellín en 2008. Otros 125 fueron asesinados hasta el 17 de noviembre de 2009 [219] .

También aumentó la cantidad de desplazamientos nuevos intraurbanos. La Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería señala que en los primeros diez meses de 2009 recibió denuncias sobre el desplazamiento de 2.103 personas tan sólo dentro de la ciudad de Medellín, lo cual prácticamente triplica la cantidad de denuncias que había recibido la Personería el año anterior [220] .

La Personería informó a Human Rights Watch que las personas que fueron obligadas a abandonar su hogar durante la primera mitad de 2009 identificaron como responsables en sus declaraciones a los siguientes actores: grupos paramilitares, 32 por ciento de los casos; miembros de bandas criminales, 29 por ciento de los casos; grupos armados no identificados, 24 por ciento de los casos; y personas desmovilizadas, 10 por ciento de los casos. Sólo el 4 por ciento atribuyó el desplazamiento a la delincuencia común, el 1 por ciento a guerrillas y el 1 por ciento al Ejército. En sus declaraciones, las víctimas señalan que no existen diferencias concretas entre muchos de estos grupos, ya que tienen conductas similares y sus miembros pasan fácilmente de un grupo a otro. La Personería notó que muchas de las víctimas se referían al “jefe” que maneja las cosas en el barrio, y dijo que había similitudes en los patrones de control de los grupos, lo cual sugería la existencia de redes jerárquicas más amplias. Las víctimas denunciaron reiteradamente que los grupos ejercían el control social, llevaban a cabo limpieza social, reclutaban a jóvenes y niños y participaban en extorsión y amenazas [221] .

Desplazamiento del Barrio Pablo Escobar

Entre fines de 2008 y julio 2009, más de 40 residentes del barrio de Pablo Escobar (una zona pequeña que abarca unas pocas cuadras) en Medellín fueron desplazados como resultado de las amenazas y los asesinatos por parte de un grupo dirigido por ex miembros de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada de las AUC [222] . Human Rights Watch entrevistó a numerosos miembros de la comunidad desplazada, quienes relataron que el grupo, que ellos creían mantenía vínculos con la Oficina de Envigado, ejercía un control estricto y violento de sus actividades.

Una mujer describió el asesinato de su hijo por el grupo en mayo de 2009 en los siguientes términos: “Cuando comenzó la guerra entre desmovilizados, las bandas de Medellín se quedaron sin ley ni líder, y en noviembre de 2008 comenzaron a matar a jóvenes que antes no se les permitía... El 28 de febrero, recibimos una amenaza y [mi hijo] nos consiguió una casa para que pudiéramos escondernos en otro barrio” [223] . Pero el grupo lo localizó en su nueva vivienda. “Lo estaban esperando en la entrada. Lo mataron. Yo salí corriendo en medio de los disparos; nos dispararon a mí y a mi hija pequeña. Reconocí a uno de los jóvenes del barrio”, dijo. La mujer afirmó que el grupo se había enojado con ellos porque había comenzado a declarar en relación con un crimen que había presenciado. “Si te quedas estás con ellos, y si te vas eres un enemigo porque eres un testigo”, dijo otro familiar [224] . “No es justo que todos hagan la vista gorda [a los crímenes que cometen]”, agregó la madre. “La banda ha dicho que nadie puede dejar el barrio o los van a cortar en pedazos... Ninguna autoridad ha intervenido y [la banda] estaba actuando libremente, por lo que no hablé mas” [225] .

Varios jóvenes de la comunidad afirmaron que habían recibido amenazas del grupo intimándolos a unirse o irse. “En Medellín todos los barrios son calientes. No tenemos seguridad”, dijo uno de ellos [226] .

“Han asesinado a muchas personas, ves cómo las golpean hasta matarlas. Toman para ellos a las jóvenes más lindas, de 12 o 13 años. Y si no aceptan, las violan y las matan”, afirmó otro. Varios miembros de la comunidad describieron casos de jóvenes que habían sido violadas, por lo general en una escuela abandonada llamada la “escuelita”. “Cada domingo hacen fiestas y allí llevan a cualquier joven que agarran. Ese es un pequeño infierno. Torturan a personas”, dijo otro hombre [227] .

Otra mujer describió cómo su hijo había sido asesinado y descuartizado el 17 de abril de 2009. “Dijo que almorzaría conmigo... pero nunca llegó... La policía me llamó para que reconociera el cadáver... Sacaron una bolsa del baúl del carro [donde estaba su cuerpo]”. Su hijo conducía un taxi, y ella cree que fue asesinado por el grupo debido a que no aceptó trabajar con ellos. “Comencé a recibir amenazas, donde preguntaban ‘¿Cuánto vas a quedarte? o ¿Vas a salir como tu hijo?’” [228] .

Según varios residentes, miembros de la policía local toleran las actividades del grupo. “La policía les tiene miedo, y como les pagan, pese a que han cambiado [al personal policial] 5 veces, siempre sucede lo mismo”, dijo un miembro de la comunidad. Según nos comentaron varios miembros de la comunidad, el grupo también maneja el negocio de la droga en el barrio y obliga a los conductores de taxis a llevar droga para ellos. Algunos residentes manifestaron que en los últimos meses, el grupo había comenzado a trabajar para un nuevo líder llamado “Chaparro”, que originalmente había formado parte de la Oficina de Envigado y quien, según señalaron, actualmente controla varios grupos en la Comuna 9 de Medellín. “Ya no podemos vivir en Medellín. Tienen tentáculos en todas partes”, dijo un residente [229] .

Las personas desplazadas del barrio de Pablo Escobar no tienen a dónde ir. El Personero de Derechos Humanos de Medellín hizo gestiones para que pudieran permanecer en un refugio municipal para personas desplazadas. Sin embargo, muchos expresaron su descontento debido a que no podían trabajar mientras estaban en el refugio, por temor a ser identificados y asesinados [230] . Esneider Camilo Higuita, un hombre desplazado que decidió abandonar el refugio, fue asesinado posteriormente en el barrio de Pablo Escobar, el 12 de septiembre de 2009 [231] .

Las personas del refugio se encuentran en una situación de incertidumbre en cuanto a sus condiciones de vida. El fiscal a cargo de la investigación de los abusos cometidos por el grupo ha pedido reiteradamente al Programa de Protección al Testigo de la Fiscalía General de la Nación que brinde protección, y Human Rights Watch envió una carta a la Fiscalía apoyando estos pedidos [232] . Sin embargo, hasta el momento en el que se estaba elaborando este informe, la Fiscalía sólo había aprobado los pedidos de protección correspondientes a dos miembros de la comunidad. Mientras tanto, las autoridades municipales de Medellín afirman que no son responsables de proteger a la comunidad, debido a que los residentes desplazados pertenecen al programa de protección de testigos. La ciudad continúa permitiendo que permanezcan en el refugio, pero afirma que se están agotando sus recursos [233] .

La investigación de los abusos en el barrio de Pablo Escobar se encuentra bajo la dirección de un fiscal especializado que forma parte de un grupo de la Fiscalía General de la Nación encargado de investigar a los grupos sucesores. En octubre de 2009, el fiscal consiguió la captura de 18 hombres que la comunidad había identificado como integrantes de la banda que había cometido los abusos. No obstante, aún no han sido detenidos otros tres hombres contra los cuales se emitieron órdenes de captura.

Grupos sucesores en la región del Urabá

La región del Golfo de Urabá, que incluye parte de los departamentos de Chocó y Antioquia, ha sufrido históricamente algunas de las peores atrocidades del conflicto armado interno de Colombia. A fines de la década de 1990, los paramilitares tomaron gran parte de la región y operaban con la tolerancia, e incluso la connivencia, de algunos sectores de la 17° Brigada del Ejército, incluido, según varias fuentes, el General Rito Alejo del Río[234]. Las operaciones militares y paramilitares en la región llevaron al desplazamiento masivo de civiles, entre ellos numerosos afrocolombianos que abandonaron sus territorios tradicionales.

La región, ubicada en la costa del Pacífico, constituye un corredor estratégico para el tráfico de drogas y armas. Está integrada además por tierras fértiles que se utilizaron históricamente para plantaciones bananeras. Luego del desplazamiento de civiles, varias empresas privadas y propietarios de tierras —algunos de los cuales mantendrían estrechos vínculos con las AUC— ocuparon amplias extensiones de tierras afrocolombianas. Plantaron palma africana, para la producción del rentable aceite de palma, y también persiguieron la explotación maderera[235].

Desde mediados de la década de 1990, la región de Chocó en Urabá pasó a estar bajo control del bloque Elmer Cárdenas de las AUC, al mando de Freddy Rendón (conocido también como “El Alemán”). Como se explica en el sitio web sobre noticias de investigación VerdadAbierta.com, que ha realizado exhaustivas investigaciones sobre la historia de los paramilitares:

[Los hombres de El Alemán] asesinaron y desplazaron a cientos de indígenas y afrodescendientes que se negaron a vender sus tierras para sembrar palma. Las comunidades de Curvaradó, Cacarica y Domingodó, hablan de por lo menos 22.000 hectáreas que les han sido arrebatadas por los hombres del Bloque Elmer Cárdenas. La zona de Belén de Bajirá en Mutatá también registra miles de hectáreas sembradas con palma, las cuales también se dice fueron tomadas por el Bloque Élmer Cárdenas, y por Vicente Castaño, tras obligar a cientos de campesinos a entregarle sus territorios. Sin embargo, todo este despojo ha sido presentado por “El Alemán” y los hombres de su Bloque como un proyecto de envergadura social... y que busca generar empresas productivas en zonas alejadas. En realidad, es parte de una estrategia de repoblamiento y control territorial cuyo eje es una agroindustria maderera y palmífera diseñada por Vicente Castaño [236] .

En los últimos años, algunas personas desplazadas han intentado regresar y reclamar sus tierras, en algunos casos mediante la creación de “zonas humanitarias”, es decir, pequeñas comunidades de facto en las cuales se han asentado, o cerca de las tierras que anteriormente trabajaban.

En 2006, el Bloque Elmer Cárdenas supuestamente se desmovilizó. No obstante, un nuevo grupo bajo el mando del hermano de El Alem á n, Daniel Rend ó n (“Don Mario”), quien también supuestamente se había desmovilizado, comenzó a operar en la región casi inmediatamente, con conductas muy similares a las del Bloque Elmer C á rdenas.

Persistencia del control y los abusos

Don Mario se presentaba frecuentemente como el verdadero heredero de Carlos Casta ñ o, un importante ex líder de las AUC (presuntamente asesinado por su hermano Vicente Casta ñ o), quien a menudo afirmaba que los paramilitares participaban en una lucha ideológica contra las guerrillas y al cual se atribuyen las atrocidades más aberrantes. El grupo de Don Mario utilizó diferentes nombres, como “Héroes de Casta ñ o”,“Autodefensas Gaitanistas de Colombia” y “Águilas Negras”. La policía los llama “los de Urabá”, y otros se refieren a ellos como los “Urabe ñ os”. En 2007 y 2008 el grupo pareció crecer rápidamente y se conocieron informes de que había comenzado a tener presencia en Medellín, donde disputaba el poder a los grupos de Don Berna.

En abril de 2009, la policía detuvo a Don Mario [237] . Sin embargo, otros miembros tomaron el control de su organización.

Human Rights Watch visitó dos zonas humanitarias —áreas donde se han asentado las personas desplazadas y que reclaman como el territorio del cual fueron expulsadas— en Urabá, ambas cerca de la cuenca del río Curvaradó en el departamento de Chocó, y habló con personas de otras partes de Urabá que viajaron para reunirse con nosotros. Los residentes describieron una situación de amenazas constantes por grupos armados locales, que a menudo operan en aparente colusión con algunos empresarios y terratenientes que intentan impedir que los afrocolombianos recuperen sus tierras.

Fuentes policiales que consultamos dijeron que los grupos sucesores de la región de Urabá están cercanamente vinculados con el negocio del cultivo de palma, y que podían ser considerados “ejércitos privados”; uno de los oficiales señaló que este fenómeno también podía observarse en otras partes del país, como en los departamentos de los llanos [238] .

En general, los residentes señalaron que los grupos que operan en la región se identificaban como “Águilas Negras” y formaban parte de la estructura que había dirigido Don Mario.

“Mantienen un control estricto. En Brisas, Pavarando, Curvaradó, Mutata, donde vayas, tienen el control”, dijo un residente [239] . Los residentes relataron que existían numerosos retenes de los grupos sucesores en toda la región. “Hay un retén móvil antes de salir de Mutatá para entrar a la carretera central, donde cobran una vacuna a todos los vehículos con carga”, afirmó otro. Además de exigir estos pagos a los miembros de la comunidad y a las empresas locales mediante extorsión, la mayoría de los residentes cree que estos grupos están obteniendo fondos de las plantaciones de palma y el narcotráfico. “Se encargan de los cultivos de palma. Son parte de la misma estructura [que existía anteriormente]”, afirmó un ex funcionario nacional que había trabajado en el área [240] .

Una zona humanitaria que ha sido recientemente objeto de numerosas agresiones es la de Ca ñ o Manso, a la vera del río Curvaradó. El 14 de octubre de 2008, según afirman miembros de la comunidad, las Águilas Negras asesinaron al líder comunitario Gualberto Hoyos de Caño Manso. “Lo mataron a una cuadra de la escuela de Ca ñ o Manso”, dijo un residente, quien denunció que las Águilas Negras trabajaban en estrecha colaboración con empresarios y terratenientes locales [241] . Según la Comisión Interamericana, “tras el asesinato los agresores se llevaron los teléfonos celulares de la comunidad para dejarlos incomunicados. La Policía se presentó al lugar recién cinco horas después de ocurridos los hechos y el Ejército siete horas después” [242] .

Durante una visita de Human Rights Watch a la región de Curvaradó realizada el 30 de mayo de 2009, los pobladores informaron que había habido un conflicto entre residentes de la zona humanitaria de Caño Manso y el administrador de tierras de la persona que había asumido el control del territorio.  Supuestamente, el administrador tenía el respaldo de miembros del Ejército. “El administrador dijo que teníamos que irnos de la zona humanitaria, lo quisiéramos o no. Uno de nuestros amigos fue amenazado. El Ejército estaba presente, vieron cómo [los hombres] cortaban la cerca [que había colocado la comunidad desplazada para delimitar su territorio] alrededor de la zona humanitaria de Caño Manso”, relató un residente. Otro agregó: “estamos preocupados porque recibimos amenazas de las Águilas Negras. Había dos hombres de las Águilas Negras allí... tomaron videos y fotos... los que tumbaron la cerca trabajan para los empresarios” [243] .

Amenazado y secuestrado por defender a la comunidad

Yimmy Armando Jansasoy, un joven miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, una organización no gubernamental que trabaja con las comunidades afrocolombianas de la cuenca del río Curvarad ó, fue obligado a escapar de la región luego de ser amenazado y secuestrado por las “Águilas Negras” en 2008. Mientras se encontraba oculto, nos relató su historia:

A partir del 24 de agosto comenzamos a recibir amenazas de las Águilas Negras... todo el equipo de Curvaradó, ocho defensores de derechos humanos, recibimos amenazas de que debíamos abandonar la zona para seguir con vida... En esa zona hay muchos intereses... ayudamos a las comunidades a defender lo que es suyo por descendencia.

[Las amenazas] realmente afectaron las actividades de nuestra organización... El 3de septiembre, salí para hacer varias veultas y fui secuestrado por 4 hombres armados. Me metieron en un camión, boca abajo, con las manos atadas en la espalda. Me intimidaron con un arma. Me ordenaron que les diera información sobre mis compañeros de trabajo y sus familiares... Pensé que iban a matarme porque las amenazas eran en serio. Dijeron que al trabajar para la organización, lo que buscaba era morirme... [Pero finalmente me liberaron].

A partir de ese momento, tuve que abandonar mi territorio... El 6 de septiembre recibí más amenazas en mi teléfono celular. Mi colega también recibió una amenaza el mismo día... nos dimos cuenta de que estábamos tratando con una estructura grande.

Vimos que los grupos actúan con impunidad, y eso es lo lamentable. Vimos que las organizaciones de derechos humanos están en peligro porque es una estructura grande y fuerte... Son paramilitares. Se desmovilizaron, pero la desmovilización fue un acto de publicidad mundial. En realidad, los grupos mantuvieron la misma estructura. Continúan matando y explotando a sus comunidades. Mantienen su presencia en la comunidad. El estado no hace nada para poner fin a estas estructuras. Los paramilitares actúan en forma clandestina. No pueden ser visibles como a fines de los noventa, pero el control continúa. Asesinan a líderes comunitarios, a quienes hablan, explotan a las comunidades que trabajan, a la persona que trabaja. Ejercen el control sobre el territorio con la excusa de que están en contra de las guerrillas, pero en realidad están tratando a las comunidades como guerrillas, comunidades que no tienen nada que ver con el conflicto nacional... Lo hacen para controlar el territorio, obtener riqueza e imponer su agroindustria. Quieren alcanzar un alto nivel económico, pero a costa de sangre y la vida de las comunidades. Aterrorizan a las comunidades para que abandonen sus tierras... Es posible que debido a la desmovilización los paramilitares sean menos visibles, pero el control paramilitar y militar bajo la misma estructura persiste” [244] .

 

Grupos sucesores en el Meta

Los departamentos al este de Bogotá, que limitan con Venezuela —Meta, Vichada, Casanare y Guaviare— y se denominan en conjunto “los llanos”, se encuentran entre los más golpeados por la violencia de las AUC. El territorio ha sido siempre valioso para el cultivo de coca, el tráfico de drogas por la frontera y el cultivo de biocombustibles, caucho, madera y recursos naturales, como petróleo y minería.

Los departamentos de los llanos también representan un claro ejemplo de continuidad entre los paramilitares de las AUC y sus grupos sucesores. El grupo más activo en la zona, el ERPAC, es una facción del Bloque Centauros de las AUC, que se mantuvo activa bajo el mando de Pedro Oliverio Guerrero (Cuchillo), pese a que este supuestamente se había desmovilizado.

Las FARC han mantenido su presencia en la región durante años, y los llanos —especialmente en Meta— también tienen una importante presencia de las fuerzas militares.

A principios de la presente década, los llanos se convirtieron en escenario de luchas internas entre diferentes grupos paramilitares, que buscaban tomar el control del territorio. Por otra parte, las Autodefensas Campesinas del Casanare participaron en una lucha sangrienta contra el Bloque Centauros de las AUC (bajo el control de Miguel Arroyave) en 2003 y 2004. Se impuso el Bloque Centauros, y su líder Miguel Arroyave participó en negociaciones de desmovilización en Ralito hasta que fue asesinado en 2004, como resultado de una lucha interna con el bloque Centauros. Ese bloque se dividió en dos facciones: los Héroes del Llano, al mando de Jesús María Piraban (Pirata), y Héroes del Guaviare, encabezados por Pedro Oliverio Guerrero (Cuchillo) [245] . Algunos funcionarios sostienen que Cuchillo es responsable de la muerte de Arroyave [246] . Tanto Cuchillo como Pirata entraron en el proceso de desmovilización, pero Cuchillo nunca se entregó.

Surgimiento del ERPAC o los “Cuchillos”

En el 2007, se desató una lucha por el control de los llanos entre el grupo de Cuchillo y diversas facciones de otros grupos de la región que estaban activas. Un informe de riesgo del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo advirtió lo siguiente en noviembre de 2007:

El no desmovilizado Bloque Guaviare (facción del Bloque Centauros de las AUC ...), al mando de Pedro Oliverio Guarrero (“Cuchillo”) se constituye en el grupo de los “Cuchillos", que gradualmente ha ido consolidando su dominio en el Meta, Vichada y Guaviare en la confrontación que libra con el grupo paramilitar de los denominados “Paisas” ó “Macacos”. A medida que el grupo de “Los Cuchillos” avanza, también fortalece su presencia en zonas de disputa con las FARC, impulsados por los recursos de la coca y por la obtención a la fuerza de grandes extensiones de tierra... , se establecen de manera violenta sobre comunidades consideradas apoyo de la guerrilla, estrategia contrainsurgente que acentúa la crudeza de las violaciones a los derechos fundamentales y las infracciones al DIH [247] .

Las personas de Cuchillo se impusieron cerca de octubre de 2007, y su grupo actualmente controla gran parte de la región, si bien Human Rights Watch recibió denuncias de que otros grupos más pequeños también continúan operando allí. Otro actor que opera en la región es el narcotraficante conocido como El Loco Barrera, y varias fuentes —entre ellas, la policía— afirmaron que trabajaba con Cuchillo [248] .

Varios funcionarios del gobierno, líderes de organizaciones sin fines de lucro y líderes de la iglesia y comunitarios señalaron a Human Rights Watch que Cuchillo se mueve libremente por los llanos, pese a la fuerte presencia del Ejército. Si bien la policía afirma que el ERPAC cuenta con 770 soldados bajo su mando, los medios han informado que el DAS y el CTI consideran que la cifra asciende a más de 1.200, y otras fuentes calculan la cantidad de miembros entre 2.500 y 3.000 [249] . Según el Defensor del Pueblo Regional:

Este territorio está dominado por Cuchillo, que está en proceso de expansión, y está tomando el sur del estado y avanza hacia Guaviare y Vichada. Su presencia es parecida a la de los paramilitares ... Tiene una clara presencia en Puerto Lleras, Puerto Rico, y Vistahermosa, con control de la población. No hay dudas de que es Cuchillo... está presente un elemento de contrainsurgencia. Hay enfrentamientos entre paramilitares y guerrilla entre Mapiripán y Puerto Gaitán. Tienen más de 1.000 miembros.

Agregó que Cuchillo recluta soldados activamente en las ciudades, incluso niños. “Ofrece entre 800.000 y 1 millón de pesos... especialmente en Villavicencio” [250] .

Abusos contra civiles y actividades de contrainsurgencia

Human Rights Watch visitó diversos sectores de Meta, incluidos Puerto Rico, Vistahermosa, Granada y la capital, Villavicencio. Puerto Rico y Vistahermosa cuentan con una fuerte presencia del Ejército colombiano, que incluye retenes en las carreteras y grandes bases militares. Sin embargo, Human Rights Watch recibió numerosas denuncias de que los grupos sucesores, presuntamente bajo el mando de Cuchillo, estaban operando en el área y amenazaban y mataban a civiles. En el municipio de Vistahermosa, en particular, los residentes informaron sistemáticamente que un grupo de hombres que se identificaban como “Águilas Negras” y afirmaban trabajar para Cuchillo estaban operando en la región y amenazando a civiles. En una nota de seguimiento de octubre de 2008 a su informe de riesgo, el SAT advirtió lo siguiente:

La consolidación del proyecto expansivo del grupo paramilitar denominado los “Cuchillos”, ... en una estrategia que se ha enfocado en cortar circuitos territoriales, económicos y de movilidad, considerados estratégicos por los Frentes de las FARC que mantienen influencia en las zonas rurales de Puerto Rico y Vistahermosa, igualmente con el objetivo de controlar zonas de comercio y producción cocainera. Esto se ha visto reflejado en una espiral de violencia contra la población civil como amenazas, asesinatos selectivos, desplazamientos forzados, reclutamiento o utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes, intimidación y terror, especialmente en contra de líderes de las Juntas de Acción Comunal y de Asociaciones Campesinas que son declarados objetivo militar por parte de este actor armado [251] .

Un funcionario público de Vistahermosa señaló que la gente de Cuchillo había comenzado a ingresar a la zona en forma masiva en octubre de 2008 [252] . Otro funcionario dijo que los hombres de Cuchillo tenían una “clara presencia en Puerto Lleras, Puerto Rico y Vistahermosa, con control de la población... No hay dudas de que es Cuchillo” [253] .

Residentes de Vistahermosa señalaron de manera consistente la existencia en la región de un grupo que respondía a Cuchillo y que estaba amenazando y matando a personas, y señalaron que sus miembros a menudo acusaban a los residentes de guerrilleros o afirmaban perseguir a las guerrillas.

Por ejemplo, algunos residentes de la localidad de Santo Domingo, cerca de Vistahermosa, Meta, dijeron que miembros de los grupos sucesores que en ocasiones se identificaban como Águilas Negras, pero trabajaban para Cuchillo, habían llegado a su pueblo a fines de 2008. Los miembros habrían obligado a los cocaleros a venderles, y también amenazaban a las personas, obligaban a la comunidad a alimentarlos y cometían asesinatos. Según un miembro de la comunidad: “se trata del control del territorio. Son del sur [del departamento] de Bolívar... y dicen trabajar para Cuchillo. Se visten de negro. El Ejército está allí pero no hace nada” [254] .

Otro residente señaló que “hay mucho paramilitarismo allí... Están rotando constantemente, 15 ó 20 de ellos”. El hombre había abandonado anteriormente la localidad vecina de El Tigre cuando un grupo de hombres armados se presentaron durante la noche y secuestraron a varias personas. “Esto es contrainsurgencia: lo dijeron allí, que van a matar a todo lo que huela a colaborador de la guerrilla. Lo dicen delante de la gente... Estas comunidades han estado manejadas por las guerrillas durante años”.

De manera similar, en Balconcitos, otra localidad pequeña de Vistahermosa, una mujer manifestó:

 “vivimos bajo la presión de la guerrilla [y] luego llegó el Ejército. [Se fue] y luego los paramilitares llegaron en noviembre de 2008... Cuando llegaron los paramilitares en noviembre dijeron que eran autodefensas. Entraron a las casas a la fuerza y dijeron que las personas tenían que permitir que se quedaran... Ocho personas fueron desplazadas. [Los paramilitares] no hicieron mucho. Llegaban y preguntaban cuántos guerrilleros habían estado, qué estaban haciendo. Se fueron el 22 de diciembre y el Ejército llegó el 24. No le dijimos al Ejército... Dicen que están con el Ejército y que su jefe va a saber si alguno habla sobre ellos... Es la ley del silencio” [255] .

Otra mujer que vivía en Balconcitos dijo que se había ido “porque los paramilitares llegaron y metieron a dos personas en cada casa. Tenían reuniones... Los de Balconcitos dijeron que eran paramilitares que trabajaban para Cuchillo. Por eso se fueron muchas personas. Un vecino nos dijo que estábamos en una lista, y entonces nos fuimos” [256] .

“Los hombres de Cuchillo se metieron en la comunidad. Se hacen llamar Águilas Negras”, manifestó una mujer que había sido desplazada de La Cooperativa, Vistahermosa. “Dijeron que todo lo que oliera a guerrilla debía irse de la región. Las personas tenían miedo y comenzaron a abandonar el pueblo. Hubo muchas amenazas de los hombres de Cuchillo contra la Junta de Acción Comunal y otros”. La mujer relató que se había ido porque había escuchado que estaba en una lista armada por la gente de Cuchillo en la cual se indicaban 50 personas que serían asesinadas en Pi ñ alito, Santo Domingo, la Cooperativa, El Tigre, Puerto Toledo y Villa La Paz.

En Caño Amarillo, un residente señaló que los grupos sucesores habían llegado al pueblo y estaban extorsionando a las personas: “Llegan muchas personas desconocidas... y no vienen a trabajar. Llegan más cuando las fuerzas de seguridad están cerca. Hace unos días cuatro hombres armados llegaron a Caño Amarillo, y las fuerzas de seguridad estaban cerca... están haciendo ‘limpieza’ de los reductos guerrilleros. El año pasado, hubo amenazas contra personas acusadas de colaborar con la guerrilla” [257] .

Un residente de Mata de Bambú, Vistahermosa, dijo que los grupos se identificaban como Águilas Negras y estaban uniformados. “Van en grupos de alrededor de 150 personas y acampan en las montañas... Nos preguntaron si habíamos visto a la guerrilla” [258] .

Sobre la base de los informes de riesgo de la Defensoría del Pueblo, se emitió una alerta temprana para los municipios de Vistahermosa, Puerto Lleras y Puerto Rico. Sin embargo, un funcionario dijo que la alerta se canceló posteriormente porque “el Ministerio de Defensa se quejó... y el gobierno departamental se opuso. Hubo una reunión con el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas, en la cual decidieron eliminar la alerta, pero no fue por falta de pruebas”[259].  

 

Grupos sucesores en Nariño

En el departamento fronterizo de Nariño, al sur del país, actualmente prevalece un contexto de violencia generalizada, con efectos sumamente negativos en términos humanitarios y de derechos humanos. Tanto las FARC y el ELN como el Ejército y la Marina, al igual que los grupos sucesores de los paramilitares y diversos grupos de narcotráfico, se mantienen activos. En 2008, de acuerdo con cifras oficiales del Observatorio de Derechos Humanos correspondientes al departamento, hubo 723 homicidios y 23.604 personas fueron desplazadas [260] . Si bien estas estadísticas oficiales se encuentran entre las más altas del país, es posible que las cifras reales sean mucho más elevadas. Según funcionarios locales y observadores internacionales, la cantidad de homicidios y desplazamientos forzados que no se denuncian es alarmante, y esto se debe a las dificultades que plantea el acceso a la región, al temor de los ciudadanos a denunciar los abusos y a que los actores armados a menudo esconden los cuerpos, descuartizándolos y sepultándolos en fosas comunes, o lanzándolos al río [261] .

Nariño es un departamento mayormente rural, dedicado a la agricultura, rodeado por una extensa costa al oeste y por la cordillera de los Andes al este. Su posición y sus condiciones geográficas lo convierten en un corredor estratégico para el tráfico de drogas, y presenta rutas de transporte que llegan hasta sus puertos marítimos y atraviesan cruces fronterizos hacia Ecuador con controles deficientes. En el departamento también se cultiva coca y se ha llevado a cabo una amplia fumigación aérea con fondos del Plan Colombia provenientes de Estados Unidos. Alberga importantes comunidades afrocolombianas que se han visto gravemente afectadas por la violencia. Nariño también es una región con abundantes recursos, vastas tierras fértiles aptas para cultivos industriales como la palma africana y zonas mineras en las montañas.

Desmovilización del Bloque Libertadores del Sur

El principal grupo paramilitar que operaba en Nariño era el Bloque Libertadores del Sur (BLS), que formó parte del más amplio Bloque Central Bolívar (BCB). El BCB operaba en numerosas regiones de todo el país bajo el mando de Carlos Mario Jiménez Naranjo (“Macaco”). Los hermanos Rodrigo Pérez Alzate (“Julián Bolívar”) y Guillermo Pérez Alzate (“Pablo Sevillano”) también fueron jefes importantes del BLS y el BCB.

Según un jefe desmovilizado del BLS, el BLS habría ingresado primero a Nariño con el apoyo del Batallón Boyacá del Ejército en 2002, realizando operaciones conjuntas [262] .

El BLS participó activamente en el narcotráfico en Nariño. Los informes de prensa citan a un testigo —un teniente retirado del Ejército que afirma haber trabajado en colaboración con los líderes del BLS y el BCB durante varios años— que señaló que el BLS incluso habría realizado negocios vinculados con el narcotráfico con guerrilleros de las FARC y el ELN en 2004 y 2005 [263] . Sostuvo que cada semana llegaban a la región nada menos que US$ 17 millones para la compra de coca, y que los jefes del BLS ordenaron tres masacres en la localidad portuaria de Llorente que también estaban relacionadas con la venta de coca [264] .

El BLS se desmovilizó formalmente el 30 de julio de 2005, y 689 personas participaron en las ceremonias de desmovilización [265] . Sin embargo, varias fuentes informaron a Human Rights Watch que el BLS actuó en forma fraudulenta durante las desmovilizaciones, permitiendo que algunos sectores de las redes paramilitares permanecieran intactos. Autoridades locales dijeron que dos o tres meses antes de la desmovilización los paramilitares reclutaban a jóvenes para que participaran en las ceremonias. Autoridades recibieron denuncias de ciudadanos que afirmaron haber visto autobuses llenos de hombres jóvenes que llegaban a la zona para cortarse el cabello y ponerse uniformes como los de los paramilitares. “No todos los paramilitares se desmovilizaron, y no todos los desmovilizados eran paramilitares”, afirmó un funcionario local [266] . El mismo funcionario describió cómo, pocas semanas antes de las desmovilizaciones, se cruzó con un grupo de hombres jóvenes en una zona rural, quienes le dijeran que les habían ofrecido ingresar al proceso para que pudieran recibir un estipendio que el gobierno entregaba a los paramilitares desmovilizados (el salario mínimo durante 18 meses) [267] . Un funcionario del centro de referencia local para desmovilizados reconoció que “algunos [de los desmovilizados] pueden ser civiles que lograron pasar inadvertidos” [268] .

Surgimiento de los grupos sucesores

Desde la desmovilización del BLS, Nariño ha estado sumido en la violencia ocasionada por grupos que operan de manera similar a las AUC: reclutan, amenazan, violan y asesinan a civiles, participan en narcotráfico y compiten entre sí y con las guerrillas por el territorio. Inicialmente, el más prominente de estos grupos fue la Organización Nueva Generación (también llamada por la sigla ACNG—Autodefensas Campesinas Nueva Generación—, que actualmente se conoce simplemente como Nueva Generación o NG) [269] . Posteriormente, el grupo los Rastrojos adquirió mayor poder, y Human Rights Watch recibió numerosas denuncias sobre la presencia de un grupo conocido como Águilas Negras.

Los grupos se concentran en tres zonas principales: NG tiene mayor presencia en las montañas. Los Rastrojos y Águilas Negras operan en la costa del Pacífico (y estarían luchando por el control de la ciudad portuaria de Tumaco), y tienen cada vez mayor presencia en la región andina, en la carretera Tumaco-Pasto y en el municipio de Barbacoas.

Un funcionario del centro de referencia local para desmovilizados afirmó que escuchó “muchas denuncias de que [los desmovilizados] estaban siendo reclutados por las mismas personas. Algunos dicen que están en contacto con grupos que se mantienen activos... Buscan reclutar personas con experiencia” [270] . El funcionario manifestó que el centro de referencia intenta llevar un seguimiento, pero afirmó: “no sabemos si de noche hacen cosas” con los grupos armados [271] .

La Defensoría del Pueblo, en un informe de riesgo sobre Nariño emitido en 2007, describió el caso de un joven desmovilizado del BLS que se había trasladado al departamento de Córdoba. En abril de 2007, el joven pidió ayuda a funcionarios de Nariño, a quienes informó que había aceptado una oferta de uno de sus ex comandantes para trabajar en un proyecto de explotación forestal a principios de ese año [272] . Según el informe, en realidad estaba siendo reclutado nuevamente para integrar un grupo armado con fines de contrainsurgencia:

Al llegar a la zona rural de Iscuande, probablemente sector comprendido entre las dos bocanas existentes entre Iscuande y Guapi-Cauca, encontró en ese lugar cerca de 200 personas, 90 de ellos desmovilizados ‘también traídos con engaño, como posibles trabajadores del presunto proyecto maderero, sin armamento suficiente, el cual próximamente llegará dotación total para el grupo’. Estas personas, están siendo reclutados por segunda vez con el objetivo de conformar un nuevo grupo  paramilitar, para reingresar en la región costera del pacífico con el fin de combatir a los insurgentes y su presunta base social; además unirse en el futuro con el grupo paramilitar que viene desarrollando acciones armadas en la sierra del departamento; cordillera Occidental nariñense . [273]

El joven logró escapar y las autoridades lo ayudaron a abandonar el estado [274] .

Todos los grupos sucesores participan en actividades que afectan a la población civil, como la ejecución selectiva de civiles, las amenazas, la extorsión y el desplazamiento forzado.

Varios grupos de la sociedad civil, líderes políticos y activistas de derechos humanos de Nariño, como la Pastoral Social de Tumaco, el Comité Permanente de Derechos Humanos, Avre, la Organización Internacional de Migración y el Consejo Noruego para Refugiados, entre otros, han recibido amenazas por correo electrónico que habrían sido enviadas por paramilitares de Nueva Generación. Se enviaron amenazas en marzo y julio de 2007, y luego a principios de 2008, en relación con la marcha en contra de la violencia paramilitar que estaba siendo organizada para el 6 de marzo de 2008. Otro grupo que se identificó como “Legionarios del Bloque Sur de las AUC” distribuyó una carta abierta a la población de Nariño en la cual afirma ser el verdadero heredero de las AUC y anuncia que comenzará a realizar acciones en Nariño contra las guerrillas y las bandas criminales [275] .

Antonio Navarro, el Gobernador de Nariño, comentó que “si no son paramilitares, son muy similares a estos grupos” [276] .

Grupos sucesores en la cordillera en Nariño

Nueva Generación

Luego de la desmovilización del BLS, surgieron versiones de que grupos sucesores operaban en varios municipios en la cordillera andina de Nariño [277] .

En febrero de 2007, la Misión de la Organización de los Estados Americanos de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) informó que se creía que Nueva Generación (NG) contaba con cerca de 300 hombres que actuaban en la región y que había consolidado su control de comunidades en los municipios de Los Andes, Policarpa, Cumbitara, El Rosario y Leiva [278] . El informe señaló que en las zonas rurales los miembros del grupo vestían de camuflado, portaban brazaletes con su insignia y patrullaban con armas largas. El grupo controlaba a la población civil mediante retenes en las carreteras y realizaban operativos dirigidos a civiles, como “extorsión, asesinatos selectivos, violaciones y amenazas” [279] . El grupo también se había enfrentado en combate con el Frente 29 de las FARC, y esto causó el desplazamiento masivo de civiles [280] .

Un informe de la Defensoría del Pueblo señaló poco después que, además de asesinatos selectivos, desapariciones, extorsión, reclutamiento de menores y desapariciones forzadas, NG posiblemente estaría utilizando minas antipersonales [281] . El informe describió el ingreso violento de NG al municipio de Policarpa en 2006, “anunci[ando] la intención de apoderarse de algunos sectores, sin importar el costo de vidas que esto conlleva, donde lo que prima es posicionarse estratégicamente, obstaculizando la movilización de las FARC, que opera en el municipio”. En la misma región, señala el informe, los miembros de NG violaron a varias mujeres, abusaron de trabajadoras sexuales y generaron el desplazamiento masivo de civiles [282] .

“Torturaron a las prostitutas durante cinco días y las violaron”, señaló un observador internacional. “Vimos dos cuerpos en el río Pat í a en ese entonces, y supimos que hubo muchos más” [283] .

“En agosto de 2006 los paramilitares mataron a mi hijo en Policarpa. Dijeron que era guerrillero... lo torturaron, lo ataron... y le dieron tres tiros en la cabeza delante de todos”, relató una mujer. “Dijeron que me matarían así que me fui... Matan a muchas personas” [284] .

En el municipio vecino de Cumbitara, un funcionario local comentó que el ingreso de NG tuvo como resultado numerosas ejecuciones y desplazamientos forzados. “Había 180 familias en Sánchez a mediados de 2006... Para agosto de 2007, eran cerca de 20 familias”, dijo el funcionario local, que visitó el área. “Se dice que si drenaran el río Pat í a se encontrarían miles de cuerpos” [285] .

Un hombre que fue desplazado de Sánchez en 2006 señaló: “Los paramilitares mataron a mi jefe y a todos los que trabajaban con él en octubre de 2006... Eran 18 hombres y los paramilitares los mataron a todos hasta que llegaron al jefe y lo mataron”. El hombre dijo que en ese entonces había numerosos enfrentamientos entre paramilitares y las guerrillas que provocaron muchas muertes. “Era triste ver la cantidad de cuerpos que pasaban corriente abajo por el río Pat í a. Pero ahora encontraron otro modo de esconder los cuerpos. Les abren el estómago y meten piedras adentro. Es imposible contar cuántas personas desaparecieron aquí en los últimos dos años” [286] .

Un informe de septiembre de 2007 preparado por investigadores de la Fiscalía General de la Nación, al cual tuvo acceso Human Rights Watch, indicaba que Guillermo Pérez Alzate (conocido también como Pablo Sevillano) era el líder de NG.  Pérez Alzate había sido el líder del BLS y supuestamente se había desmovilizado.  Fue posteriormente extraditado a Estados Unidos. El informe señalaba que NG surgió inmediatamente después de la desmovilización del BLS. También indica que en un momento el grupo se partió en dos facciones a causa de una disputa interna. Uno de los subgrupos manejaba los municipios en la región norte de la cordillera de Nariño bajo el mando del jefe Jhon Jairo García, conocido por su alias, “Nené”. Nené había sido miembro del BLS pero no se había desmovilizado. Su grupo se habría organizado en cinco brigadas antiguerrilla de 30 hombres cada una, que vestían de camuflado, usaban uniformes y llevaban fusiles AK-47, y en otras 11 brigadas de 12 hombres cada una. El otro grupo, al mando de “El Rolo”, tenía presencia en los municipios sureños como Pasto e Ipiales. Según el documento en cuestión, NG contaba con 50 menores entre sus soldados, de entre 14 y 17 años. El grupo se financiaba extorsionando a la población y mediante el manejo del negocio cocalero. El informe también señalaba a NG como responsable de homicidios, desapariciones, desplazamientos forzados y extorsión.

Varias fuentes dijeron a Human Rights Watch que en 2006 y 2007, sectores del Ejército colombiano, en especial el Batallón Boyacá (el mismo que presuntamente ayudó al BLS a ingresar al departamento en 2002), habrían tolerado a NG. Sin embargo, en 2008 la Brigada Móvil N° 19 del Ejército ingresó a la región y comenzó a confrontar a NG, y Nené murió en un enfrentamiento con la policía. Según Fabio Trujillo, Secretario de Gobierno de Nariño, el gobierno regional había instado a las fuerzas de seguridad públicas a que emprendieran acciones contra NG, especialmente luego de una masacre en Leiva perpetrada a fines de 2007 [287] .

Si bien NG se habría debilitado significativamente, a mediados de 2009 algunas fuentes que viven en la región afirmaron que se mantenía activo en la cordillera, con un nuevo comandante conocido como “El Tigre” y con cerca de 200 hombres que operaban entre los municipios de Cumbitara y Policarpa.

Rastrojos y Águilas Negras

A medida que NG se debilitaba, el grupo los Rastrojos (que aparentemente estaría aliado con facciones del ELN) y las Águilas Negras han intensificado su presencia en la cordillera.

Según un informe reciente del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, “durante enero de 2009, Las “Águilas Negras”, y Las “Autodefensas Nueva Generación”, esta ultima diezmada por los golpes propinados por la Fuerza Pública, unieron esfuerzos para contener el ingreso violento de Los “Rastrojos”; los cuales habían establecidos acuerdos con la guerrilla del ELN para combatir a las FARC, en la zona norte de la cordillera occidental de Nariño” [288] . El informe señala que en su intento por controlar el territorio y las poblaciones, los grupos “están ocupando las viviendas de los moradores y les están exigiendo ... servicios... De la misma forma, el establecimiento de poderes armados... esta desencadenando una serie de mecanismos de violencia psicológica y física contra la población civil, consistentes en amenazas, extorsiones, secuestros extorsivos, asesinatos, desapariciones, y desplazamientos.” [289] .

Fabio Trujillo, el Secretario de Gobierno de Nariño, también cree que las Águilas Negras se han unido con NG, y que los Rastrojos se han aliado con el ELN [290] . En igual sentido, un observador internacional afirmó que “es claro que las Águilas Negras están enfrentándose con los Rastrojos”. Calculó que actualmente, entre los dos grupos, hay al menos 600 hombres alrededor de Policarpa. “Todos los grupos están ejerciendo presión sobre la región controlada por la guerrilla: el Patía, El Charco. El Ejército y la Armada están allí. Hay ataques entre la guerrilla y estos paras” [291] .

Sin embargo, la policía de Nariño se refirió únicamente a Rastrojos y NG, y sostuvo que las Águilas Negras en realidad eran NG que usaban el nombre de Águilas Negras [292] .

Una joven de Madrigal describió el estricto control al cual las Águilas Negras sometían a su pueblo, bajo el mando de un hombre conocido como “Araña”:

[L]as Águilas Negras operan abiertamente en el pueblo. Los Rastrojos están en la montaña. Se dice que la guerrilla está al otro lado del pueblo. Las Águilas Negras siempre han estado cerca, pero el 1 de junio comenzaron a entrar al pueblo. Antes venían y se llevaba cosas del pueblo, pero ahora viven en las casas en el pueblo. Después comenzaron a matar a jóvenes de 15 o 16 años... cobraban vacunas a los negocios. Yo conocía a uno de los jóvenes que mataron. Están proponiendo que los jóvenes vayan con ellos. Uno de mis amigos va a ir. A las 6 p.m. cierra todo y ellos dan vueltas en carros... Amenazas a las jóvenes y les proponen que se prostituyan para ellos. En Madrigal, tres chicas se fueron y a una la mataron [en la localidad vecina de Santa Cruz]... Las otras dos han desaparecido... La policía está con Araña, ellos conocen la situación [293] .

Un hombre de Santa Cruz ofreció un relato similar:

En Madrigal... las Águilas Negras nos interrogan, con la policía a 20 metros... no puedes confiar en el Ejército ni la policía porque prácticamente están con ellos. En Santa Cruz, no parecen ser Águilas Negras, porque están en Madrigal y Bajo Cumbitara...

En Santa Cruz y Santa Rosa, tenemos a los Rastrojos. Llegaron en marzo o abril. Llegaron... en camuflado. Son muchísimos, 100, 150, 300; han crecido muchísimo. Están en la localidad de Santa Rosa y luego se meten en el campo. Están unos días en Santa Cruz y luego se van. Vienen y cobran la vacuna a los empresarios. Parece que a veces se enfrentan a la guerrilla y otras a las Águilas Negras y Nueva Generación. Se identifican como Rastrojos... Han realizado dos encuentros con la comunidad en Santa Cruz y dicen que son los Rastrojos. Arman cronogramas...

Antes de los Rastrojos, tuvimos a NG. El Ejército atacó a NG hace como un año... el Ejército se quedó durante 3 semanas. Se fueron, y unos días después los Rastrojos ingresaron a Santa Rosa y Santa Cruz. También lo hizo NG, pero como Águilas Negras... Los Rastrojos tienen retenes en Santa Cruz.... Los Águilas Negras y los Rastrojos están luchando por el territorio [294] .

Grupos sucesores en la vía Junín-Barbacoas

Varias fuentes describieron la presencia de un grupo armado, que se cree pertenecería a los Rastrojos, en la carretera entre Junín (junto a la carretera Tumaco-Pasto) y Barbacoas, donde se afirma que, en julio de 2008, tenían un retén [295] . Según varias fuentes, en el retén el grupo no sólo detenía a los vehículos sino que también secuestraba a civiles. “El Ejército está en Buenavista y los Rastrojos están a 5 o 10 km de allí. Oficialmente, el Ejército no puede enfrentarlos porque son responsabilidad de la policía. No son un objetivo militar del gobierno”, comentó un observador internacional [296] .

Fabio Trujillo, el Secretario de Gobierno de Nariño, reconoció que un grupo armado había estado deteniendo autobuses en la carretera Jun í n-Barbacoas, había obligado a las personas a descender y, en algunos casos, había perpetrado asesinatos selectivos. También reconoció que los grupos realizaban un censo de la población de algunas localidades, de modo de tener un registro de quiénes llegaban y se iban, y así mantener controlado el territorio [297] .

Sin embargo, el Comandante de la Policía de Nariño, el Coronel William Montezuma, afirmó que “es mentira” que existan retenes en el camino Jun í n-Barbacoas o que los grupos hayan matado o detenido a personas. También dijo que no sabía de ningún censo de la población: “Es posible que grupos armados ilegales hayan cometido violaciones... pero no sé de ninguna denuncia formal” [298] .

 

Grupos sucesores en la costa del Pacífico

Existe una presencia significativa de Águilas Negras, Rastrojos y otros grupos en la costa. A mediados de julio de 2009, la policía de Nariño dijo que se produjeron 154 asesinatos en el municipio de Tumaco en 2009, lo cual representa un incremento respecto de los más de 132 registrados durante los primeros 7 meses de 2007 [299] . Los residentes de Tumaco, al igual que los observadores internacionales y las autoridades nacionales y regionales, entre ellas Fabio Trujillo, dijeron que los Rastrojos y las Águilas Negras protagonizaban una intensa batalla por el control de Tumaco [300] .

Un representante de personas desplazadas de la costa de Nariño nos comentó que los grupos en la zona rural de Tumaco no sólo se están matando entre sí sino que también asesinan a civiles que se niegan a venderles coca, y que los civiles reconocen a algunos de los miembros de los grupos sucesores como ex miembros y comandantes del BLS [301] .

Los grupos han amenazado y atacado a defensores de derechos humanos de la zona. Por ejemplo, la organización Cáritas denunció el asesinato, presuntamente a manos de estos grupos, de Felipe Landazury, un miembro del consejo comunitario local quien también trabajaba para la Caritas diocesana en Tumaco ayudando a personas desplazadas:

Un grupo de hombres armados atacaron Candelilla de la Mar y capturaron al Sr. Landazury. Dos horas después, el cadáver del trabajador de Caritas fue encontrado con tres heridas de bala en la cabeza.  Los hombres armados rodearon la comunidad local y amenazaron a sus miembros, acusándolos de pasar información al ejército y los guerrilleros colombianos sobre sus actividades en la zona... El asesinato de Landazury ocurre en circunstancias en que miembros del personal de Caritas y personas que trabajan con ellos, como los maestros de escuelas, eran objeto de amenazas de muerte [302] .

Un informe de mayo de 2007 de la Defensoría del Pueblo había descrito la creciente presencia de los grupos sucesores en los municipios de El Charco, La Tola, Iscuandé y Olaya Herrera, en la costa del Pacífico [303] . En general, estas han sido zonas que han tenido presencia de las FARC y el ELN, pero el informe señaló que ACNG, Águilas Negras y Rastrojos aparecían cada vez con mayor frecuencia en estas áreas, en especial en las capitales municipales, donde buscaban influir a quienes adoptaban decisiones a nivel local [304] . En 2008, Human Rights Watch también recibió denuncias de que miembros de grupos armados que usaban brazaletes con la insignia ACN, de “Autodefensas Campesinas de Nariño”, habían sido vistos en Satinga [305] . “Dieron la orden de que todas las embarcaciones que fueran a Satinga debían detenerse en Pital para ser revisadas y para ver si los dejaban pasar”, comentó un líder comunitario [306] .

Una mujer de Satinga describió hostigamiento y ataques continuos por parte de los grupos sucesores:

Los vemos venir, vemos que hablan con las personas, les piden la vacuna y, si hay ganado o una gallina, se los llevan. Matan a personas de la comunidad cuando no pagan... es muy alto... en una zona muy pobre. Las personas no tienen dinero para pagar la vacuna. Tienen que irse, convertirse en desplazados en Cali, Buenaventura, Tumaco... Pelean con la guerrilla: escuchamos los combates y [vemos] los muertos. Hay explosiones. No es el Ejército ni la Infantería... Son como criminales, pero se enfrentan a la guerrilla. Se visten igual que el Ejército pero llevan una insignia en los hombros o la espalda, y hace 6 meses o un año llevaban un brazalete de las AUC. Las AUC se han entregado, pero en el centro del país, no en la costa. Una parte se entregó pero el resto sigue. Las cosas han cambiado muy poco. La realidad que uno vive es muy distinta a como la presenta el gobierno [307] .

Una persona que trabaja en los municipios de Satinga, Olaya Herrera y Mosquera dijo:

La violencia continúa pero en menor escala, las personas desaparecen y unos pocos días después se ven los cuerpos que bajan por el río. Usan a muchos jóvenes para entregar drogas y recibir dinero, y cuando regresan los matan para no tener que pagarles. En algunos casos, han amenazado a miembros de los consejos comunitarios, en especial para iniciar la toma de los territorios. Es una fuerza de para-narcos o narcos defendidos por paras... En algunas comunidades, esto ha causado desplazamientos [308] .

Entre junio y julio de 2008, más de 200 familias en tres comunidades de Satinga (San José La Turbia, Herradura y Gómez Jurado) fueron desplazadas luego del asesinato de dos jóvenes y la desaparición forzada de otro a manos de las ACN. “Ataron a las personas, las empujaron al piso, sacaron a algunas y las mataron frente a los demás... Nadie sabe por qué. Eran personas pobres” [309] . Según una fuente, 118 familias de San José La Turbia, 53 de la Herradura y 40 de Gómez Jurado fueron desplazadas. “Entraron al casco urbano de Satinga... vaciaron las casas y revolvieron cada habitación. Dejaron pintas en las casas que decían ACN—Autodefensas Campesinas de Nariño” [310] .

Un líder comunitario de la región describió los sucesos del siguiente modo:

Llamaron a una reunión de la comunidad [en el pueblo], y los acusaron de ayudar a la guerrilla. Se llevaron a un joven que nunca más apareció. La segunda noche se llevaron a otro al agua y lo mataron. Luego mataron a otro en la calle frente a la comunidad. Estaban uniformados, con uniformes de infantería de marina, pero tenían brazaletes de las ACN... Dicen que eran cerca de 48 ó 50 en un bote... La noche del asesinato, había 80 familias en el campo... Luego de la primera noche, recolectaron todas las armas que había en la comunidad y dijeron que nadie debía avisar a la infantería de marina porque ya habían sido avisados [311] .

El líder comunitario dijo que se considera en general que el grupo es de fuera de la región. Señaló que los miembros de la comunidad estaban sumamente preocupados porque no hubo ninguna investigación y nadie había sido juzgado. “Sentimos que tenemos que dejar nuestro territorio, con la violencia, el miedo... En Satinga cada noche hay 2, 3, 4 muertos. Nadie dice nada. Es un modo de eliminarnos discretamente. Nos estamos muriendo uno tras otro. Por Dios, no podemos permitir que nos maten de este modo” [312] .

Otra fuente dijo que los grupos “generan miedo en las personas... Toman las casas de las personas desplazadas. Ejercen el control, saben sobre los movimientos de las embarcaciones y el narcotráfico. Algunos son contrainsurgentes y otros defienden el narcotráfico. Los contrainsurgentes son los que señalan a la población civil, o atacan a jóvenes que parecen de la guerrilla” [313] .

Según un líder comunitario:

En Mosquera y Satinga hablan de las Águilas Negras y las ACN, pero para nosotros son paras; es la misma barbaridad, brutalidad, violencia, armas, uniformes de la marina. En el pueblo están vestidos de civil, pero más allá están uniformados o visten de negro. Tienen retenes en la salida de Olaya Herrera y más allá... Aparentemente matan a los colaboradores de la guerrilla para infundir el terror. La cuestión en San José fue imponer el terror, un asesinato frente a la comunidad. ... Muchos cuerpos bajan por el río Sanguianga y nadie los recoge. Las ACN se mantienen con los narcos, pero es un modo de controlar el territorio.

Los asesinatos en El Roble

El 15 de septiembre de 2008, varios hombres armados llegaron a la pequeña localidad de El Roble, en las afueras de Tumaco, lanzaron una granada afuera de una vivienda al límite del pueblo, ingresaron por la fuerza y dispararon contra los habitantes. Dos hombres y una mujer mayor murieron como resultado del ataque, y un bebé resultó herido. Human Rights Watch se encontraba en otra parte de Tumaco en ese momento y, en los días siguientes, entrevistó a sobrevivientes y a las autoridades locales, incluida la policía, observó los cuerpos de las víctimas en el cementerio de Tumaco y asistió a un encuentro comunitario en El Roble.

Los miembros de la comunidad y otras personas dijeron que los asesinos pertenecían a un grupo desconocido, posiblemente los Rastrojos, a quienes describieron como “paramilitares”. Según varios testigos, dos días antes de los asesinatos, el 13 de septiembre de 2008, hubo un encuentro comunitario en el cual algunos miembros de la comunidad se habían quejado de la presión que sufrían por parte las FARC y los Rastrojos. Esa tarde, cuatro hombres, que se cree pertenecían a los Rastrojos, tuvieron una discusión con un hombre de El Roble. La discusión concluyó cuando el hombre de El Roble disparó contra uno de los Rastrojos y lo hirió. La comunidad, por temor a que los hombres regresaran con ánimo de venganza, pidió a las fuerzas de seguridad pública que ingresaran para brindarles protección. Las autoridades locales dijeron a Human Rights Watch que el Ejército estuvo en el pueblo durante algunas horas, pero luego se retiró. Se cree que los asesinatos del 15 de septiembre habrían sido cometidos por los mismos hombres que llegaron al pueblo el 13 de ese mes.

Un vecino de las víctimas describió su experiencia:

Mi padre estaba afuera y yo estaba en casa con mi hermano cuando escuchamos la explosión de la granada frente a nuestra casa. Luego oímos disparos y una mujer que pedía ayuda. Creí que era mi tía. Tenía a mi hijo en brazos y traté de escapar... Al correr me llevé por delante un alambre que me cortó y quise gritar... Dispararon a un niño y una mujer que no tenían nada que ver... Mi hijo que estaba en brazos dijo corramos, van a matarnos... Le dije que no llorara” [314] .

Según otra mujer del pueblo:

Las tres personas que mataron eran buenos vecinos... Los [que las mataron] eran paras. Habían estado en el pueblo antes y el pueblo se reunió y les dijo que no podían entrar ni permanecer allí. Los paras tomaron las armas de las personas del pueblo y andaban como civiles. El pueblo es fuerte, y cuando escucharon disparos salieron a buscar a los paras, pero ya se habían ido... El Ejército no protegió al pueblo. Cuando la policía llegó... los paras se habían ido [315] .

A la entrada del hospital en el cual estaba siendo atendido el bebé luego del ataque, hablamos con una amiga de la familia agredida. Nos dijo que “las personas que murieron eran la abuela, el hijo de esta y otro vecino. Los [sobrevivientes] debieron ir al hospital en una canoa porque tenían miedo de ir por tierra”. Agregó: “Me siento impotente. La gente no puede hacer nada en estos casos. Gente que nunca molestó a nadie, que era completamente inocente, tienen que pagar” [316] .

Cuando Human Rights Watch se dirigió a la morgue donde estaban los cuerpos de las víctimas el 17 de septiembre de 2008, descubrió que la policía había dejado los cuerpos afuera de la morgue en el cementerio de Tomaco, sin ninguna supervisión, apenas envueltos en bolsas plásticas. Los cuerpos habían sido rodeados por residentes curiosos de Tumaco que, cada tanto, levantaban el plástico para mirar los cadáveres. Los funcionarios del Instituto de Medicina Legal, que normalmente llevan a cabo las autopsias en este tipo de casos, dijeron a Human Rights Watch que ni siquiera sabían que los cuerpos estaban allí, y que de todos modos no podían hacer nada porque la policía no les había dado los documentos pertinentes para mantener la cadena de custodia (pese a que esta ya se había interrumpido cuando la policía abandonó los cuerpos) [317] . A su vez, cuando Human Rights Watch preguntó a la policía por qué habían dejado los cuerpos sin ninguna supervisión, no pudieron ofrecer ninguna explicación [318] .

El 18 de septiembre de 2008, el alcalde de Tumaco, junto a representantes de la armada, asistió a un encuentro comunitario en El Roble. Human Rights Watch observó cómo varios líderes comunitarios se quejaban por los asesinatos y pedían a las autoridades que les brindaran mayor seguridad: “No somos violentos, somos personas trabajadoras que quieren una sociedad sin violencia”, expresó uno de ellos. El alcalde de Tumaco dijo a los asistentes que el problema básico era que había personas en la comunidad que cultivaban coca. Los líderes de la comunidad manifestaron que muchos habían dejado de cultivar coca y que, en todo caso, necesitaban protección porque los grupos armados —tanto las guerrillas como los sucesores de los paramilitares— los presionaban para que cultivaran. “Exigimos ayuda inmediata porque las personas están siendo desplazadas. Estamos dispuestos a abandonar un cultivo que no representa nuestro trabajo y porque sabemos que nos trae problemas”, afirmó un líder. [319]