5. América Latina y el Caribe

Los movimientos de lesbianas, gays, personas bisexuales y trans en América Latina han alcanzado un número impresionante de logros en los últimos veinte años. (El Caribe, que es un caso particular, será analizado en una sección separada). Los grupos LGBT han aprovechado las aperturas democráticas para ingresar en esferas políticas y culturales. A pesar del hostigamiento persistente a que han sido sometidos, se han hecho visibles y no han dejado de hacer oír sus voces. La intensidad que cobran los debates entre activistas, el grado de vinculación que existe entre los movimientos de la región, y la diversidad de identidades y demandas que abordan, son tal vez mayores que en cualquier otra zona del mundo.

Las leyes de sodomía que quedaban han ido cayendo una por una. Ahora Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela brindan protecciones a nivel nacional frente a la discriminación por orientación sexual, aunque no en el caso de la identidad de género. En 2008, Uruguay se convirtió en el primer país latinoamericano en reconocer las uniones entre personas del mismo sexo mediante una ley de alcance nacional, aunque muchas ciudades y provincias de la región ya habían reconocido estas uniones anteriormente.

Pero el progreso no llega a tod*s en la misma medida. Una activista travesti señaló que “Brasil tiene la marcha del orgullo más grande del mundo, pero también una de las tasas más altas de crímenes por odio contra personas LGBT”. Las leyes que se utilizan para detener a personas transgénero en lugares públicos – así como también a trabajadoras sexuales, gays y lesbianas- siguen vigentes en todo el continente.

¿Y ahora qué? Una activista nicaragüense dice: “Nuestra primera meta fue librarnos de la ley de sodomía, que también afectaba la libertad de expresión y de reunión, porque castigaba a quienes ‘apoyaran’ nuestros derechos. Eso ya lo hicimos, y ahora nuestra prioridad es que se incluya la orientación sexual en la ley contra la discriminación que por ahora menciona la etnia, el color, el sexo, pero esto no... Después pasaremos a los derechos civiles y la ciudadanía plena”. Pero hay otr*s activistas que observan esos senderos y se preguntan: ¿quiénes seguirán sin protecciones?. ¿Quiénes quedarán fuera?

Patrones de abuso

La derogación de las leyes de sodomía ha dejado en pie otras disposiciones que permiten los abusos por parte de la policía. Una activista lesbiana dice: “En la República Dominicana, la homosexualidad no está penalizada, pero las disposiciones sobre ‘moral y buenas costumbres’ se utilizan para hostigar a los hombres gays y a las personas trans”.

Esta clase de disposiciones se pueden encontrar en los códigos penales estatales y locales, y a veces también en la legislación nacional, desde México hasta Argentina. Por ejemplo, diez de las veintitrés provincias argentinas cuentan con esta clase de normas. A veces castigan a los “homosexuales o viciosos sexuales” que “se ofrezcan en público”; otras veces la “prostitución escandalosa”, o simplemente las ”faltas a la moral”. Por lo general se conoce a estas disposiciones como “códigos contravencionales” y muchas de ellas le confieren una amplia autoridad a la policía para imponer multas o arrestar arbitrariamente a las personas, sin necesidad de presentarlas ante un juez. Las personas trans son blanco permanente de esta clase de violaciones.

Al preguntarle a una activista transgénero de Brasil cuáles son las violaciones más comunes a los derechos humanos que ella observa en su trabajo, nos responde: “¡Todas! Para las travestis en particular, sobrevivir equivale a ‘matar un león todos los días’”. La violencia policial es la denuncia más frecuente, agrega, pero la violencia es omnipresente. En Guatemala, Honduras, y otros países, hay bandas armadas – que much*s consideran están formadas por policías que actúan fuera de su horario de trabajo- que amenazan, maltratan y disparan a personas trans en las calles.

Las personas trans tienen una relación de alto voltaje emotivo con el sistema de salud, que es tal vez el espacio principal en el que se relacionan con el Estado y la autoridad: denuncian discriminación, maltrato, falta de acceso a los servicios, y una negativa generalizada a reconocer sus identidades. En Venezuela, una activista informa que: “Nueve de cada diez personas trans no consultan a un médico ni siquiera cuando sufren enfermedades graves, debido al maltrato con el que saben que se van a encontrar en los servicios de salud”. Una líder brasileña describe cómo muchas personas trans se mueren “debido a la auto-medicación con hormonas y siliconas, porque no confían en los médicos ... Ese es el principal desafío al que nos enfrentamos como movimiento”.

Muchos gobiernos todavía no permiten ningún cambio en la identidad legal para las personas trans, y la falta de documentos de identidad que reflejen el género en el que viven se traduce para much*s en la imposibilidad de trabajar legalmente, conseguir una vivienda, tramitar un pasaporte o conducir un vehículo. Los Estados que sí permiten estos cambios, por lo general imponen la cirugía como requisito obligatorio. Un activista chileno que es un hombre trans condena “la complicidad que se da entre la justicia y el sistema de salud para privarnos de ser tratados como personas”. A pesar de la decisión histórica por parte de la justicia colombiana diez años atrás, que restringió la realización de cirugías a niñ*s intersex, éstas siguen teniendo lugar en la mayoría de los países de la región.

La atención médica también es un tema para otros sectores. Una activista lesbiana de Ecuador señala que existe una gran cantidad de denuncias acerca de instituciones psiquiátricas que intentan “curar” a las lesbianas utilizando terapias de choque y otros medios abusivos: “Nos negamos a llamar a eso ‘internación forzada’: es tortura”.

La discriminación en el lugar de trabajo también es común. Una mujer nicaragüense dice: “Supimos de varios casos de lesbianas que fueron maltratadas en el trabajo y que fueron despedidas por ser lesbianas”. Como los valores patriarcales continúan predominando sin demasiadas fuerzas que mitiguen sus efectos, la violencia contra las mujeres disidentes sexuales también es muy común. Una entrevistada dominicana refirió que “Hay lesbianas que han sido asesinadas por las familias de sus compañeras, como castigo”.

No siempre resulta fácil documentar estas denuncias, en parte por la escasa visibilidad de las lesbianas tanto al interior del movimiento como ante el Estado y la sociedad: los abusos que se cometen contra ellas son ignorados y sus necesidades no son atendidas. Una activista argentina que trabaja en violencia doméstica dice: “Todo lo que existe en el campo de la violencia doméstica está dirigido a las mujeres heterosexuales”.

Los derechos de las niñas y los niños que son lesbianas, gays, bisexuales y transgénero – incluyendo sus derechos a la autonomía sexual y a la protección frente a los abusos sexuales – están en riesgo en todas las regiones. En América Latina resulta particularmente llamativo que, dados los avances en materia de protección que se observan en toda la región, los niños(as) hayan sido casi completamente dejados de lado. Una activista trans que trabaja en Colombia comenta que “L*s menores de 18 años no se consideran ciudadan*s y su participación en el diseño de políticas públicas y de proyectos de ley es prácticamente nula... Hablar de orientación sexual e identidad de género en menores genera miedos terribles”. Y agrega: “Una travesti no nace de repente el día que cumple 18 años. Para ese entonces, ella ya tiene una larga historia de marginación y abuso”.

“Todo empieza en la escuela”, sostiene una mujer brasileña transgénero. “No sólo nos expulsan sino que l*s otr*s alumnos, docentes y personal en general nos agreden moral y psicológicamente”. Ese hostigamiento está ligado al silencio que guardan los programas de estudios en torno a estos temas. En muchos países no existe la educación sexual. “En las escuelas venezolanas”, señala una activista de ese país, “no se imparte educación sexual: de la sexualidad se habla sólo en relación a la forma como ciertas plantas se reproducen”. Donde sí existe, l*s activistas se quejan de que sólo se presentan modelos heterosexuales con el matrimonio como culminación.

Desafíos y oportunidades

Casi tod*s l*s activistas de la región mencionaron, en primer lugar y por encima de todo, la fuerza de la religión y de la iglesia católica, así como la politización que ésta hace del concepto de  “familia”. En Argentina, la Iglesia combate la inclusión de las parejas formadas por personas del mismo sexo en la ley sobre violencia doméstica; en Guatemala, presiona por una ley que excluya de la definición de “familia” a los hogares formados por madres o padres solteros/as o por cualquier configuración distinta de la familia nuclear; en Honduras, contribuyó a que se aprobara una enmienda constitucional que prohíbe el matrimonio y la adopción a las parejas del mismo sexo. Su oposición a la promoción de métodos para el sexo más seguro por parte del Estado, incluyendo los preservativos, tiene un efecto desproporcionado sobre los grupos que resultan particularmente vulnerables al VIH y el SIDA. En países como Guatemala o Brasil, la presencia creciente de las denominaciones evangélicas también contribuye a lo que un* activista llama “un proceso continuo de des-secularización, que no se limita a la sociedad pero termina presionando al Estado a avalar sus perspectivas y a sumarse a sus prejuicios”.

La iglesia latinoamericana no se ha aliado, por lo general, al nacionalismo cultural y laico para generar la noción de “autenticidad cultural” que se observa en otras regiones. Aquí la religión opera en sus propios términos. Enfrentarse a la autoridad de la Iglesia significa, para much*s activistas, luchar contra la realidad de un “Estado confesional” inserto en un modelo de “Estado laico”. También existen algunas posibilidades limitadas de apertura dentro de la propia Iglesia: algunos activistas trans se han encontrado con que la jerarquía se muestra más receptiva frente a las personas cuya identidad no parece estar definida por sus “conductas”.

Allí donde las leyes y las políticas son positivas, la implementación sigue siendo dispareja. Son varios los niveles que se mencionaron:

• Capacitar y supervisar a las/os funcionarias/os. Una activista dice que si en Argentina se aprobara una ley de violencia doméstica incluyente, “Tendríamos que cambiar completamente la formación que reciben las y los profesionales en las instituciones que tendrán que atender a las lesbianas que están viviendo relaciones de maltrato, y encontrar mecanismos que nos permitan supervisar cómo trabajan”. Muy pocos grupos cuentan con los recursos necesarios para hacer algo así.
• Un “desafío relacionado”, dice una activista brasileña, es llegar a los gobiernos locales y estatales, “que es donde muchas leyes federales ‘se mueren’ porque no son aplicadas”.
• Por último, como señala una activista brasileña, “Las políticas públicas basadas en la inclusión social y la promoción de los derechos humanos deben ser políticas de Estado, no sólo de gobierno. No pueden apoyarse sólo en una determinada administración. Este es un desafío clave para nosotr*s... garantizar la continuidad de las políticas actuales a través de mecanismos legales y de otras clases”, incluyendo la creación de cargos dedicados a esta temática en los ministerios, “para que todo no termine con esta administración”.

L*s activistas también mencionaron oportunidades en el presente y también en el futuro cercano. En países influyentes de la región, hay gobiernos que tienen una actitud positiva frente a estos temas. (Vari*s activistas señalaron que estos vecinos raramente ejercen su influencia regional cuando se trata de temas LGBT. Una activista venezolana dijo: “Si lográramos que funcionarios de alto nivel de los países aliados de Venezuela – como Argentina o Brasil- hablaran con nuestros funcionarios sobre los derechos de las personas LGBT, entonces habría avances”).

Una y otra vez, se mencionó el potencial que ofrecen las alianzas entre los grupos LGBT y otras fuerzas sociales, que tanto costó construir. Una líder argentina comentó acerca de la región en general: “Los movimientos [LGBT] de América Latina no están aislados ... No puedo pensar en un solo movimiento que esté completamente separado del resto de la sociedad civil. Todos han forjado alianzas genuinas con por lo menos un movimiento social, que puede ser el de mujeres o el de derechos humanos”.

Esto es producto del trabajo paciente, de naturaleza interseccional, emprendido por toda una generación de activistas. Y está rindiendo sus frutos. Una lesbiana dominicana cuenta: “Hace mucho que el movimiento feminista dejó de asustarse de las lesbianas. Nuestra propuesta de reforma constitucional la estamos presentando a nombre del Foro de Mujeres por la Reforma Constitucional, una coalición de grupos de mujeres y feministas de todo el país”. Una activista costarricense también elogió “la apertura del movimiento feminista hacia las mujeres trans y el hecho de que eso nos permite reivindicar nuestras identidades como feministas”.

Las redes regionales y la cooperación entre los movimientos sociales LGBT – sobre todo entre grupos de lesbianas y grupos trans- han tenido un efecto poderoso. “La tendencia positiva que se observa en la región en cuanto a los derechos LGBT es la principal oportunidad”, dice una activista dominicana. “Nuestra gente, y especialmente la generación LGBT más joven, ve lo que está pasando en el resto de la región”.

Algun*s activistas expresaron su preocupación por lo que consideran presión por parte de las financiadoras para que las redes informales se conviertan en federaciones formales y estructuradas, sobre todo en el plano nacional. “Lo que en verdad les interesa”, nos dijo una activista, “es simplificar su trabajo ... Pero una federación formal puede hacer que unos pocos monopolicen los recursos. O puede darse una federación que sí sea incluyente, pero formada por grupos que pasen todo el tiempo luchando por el poder, desperdiciando así su energía”. Otro activista señaló que “Los grupos trans participan en las federaciones. Pero no son ellos los que obtienen los recursos”.

La falta de financiamiento es un problema permanente, como lo son también las exigencias de fuentes de financiamiento especializadas. Una lesbiana nicaragüense explica: “La mayor parte del financiamiento que llega a Centroamérica está destinado al VIH/SIDA y nosotras nos negamos a trabajar en eso sólo para conseguir fondos. Queremos trabajar en los temas que nos importan – las lesbianas y los derechos humanos – y queremos conseguir financiamiento expresamente para eso”.

Esto también afecta los horizontes políticos. Una activista hondureña afirma que en su país “Las organizaciones de la comunidad no piensan en términos políticos acerca de los derechos de las personas LGBTTI, no se basan en la idea de defender los derechos humanos sino de prevenir el contagio por el VIH”. Concentrarse en temas de salud también afecta los vínculos institucionales. Una líder transgénero brasileña dice que como el movimiento tiene relaciones sólidas con el Ministerio de Salud “los otros ministerios (Trabajo, Educación, Cultura) no nos consideran una prioridad”.

¿Qué están haciendo los movimientos?

Una vez más, la pregunta central es “y ahora, ¿qué?”. Much*s estarán de acuerdo con la activista paraguaya que dice: “Nuestra prioridad absoluta es la Ley contra toda forma de discriminación”, o con los grupos brasileños que están en campaña por una ley nacional que penalice el discurso de odio homofóbico.

Otr*s expresarán sus reservas acerca de esas prioridades, o las relativizarán. Los proyectos de ley que imponen penalidades frente al trato desigual despiertan dudas en algunos sectores sobre la utilidad de apoyarse en las funciones punitivas del Estado en busca de protección. Según un activista trans e intersex, “América Latina sigue mucho el modelo español: primero se protege la orientación sexual, con el matrimonio como objetivo final, y después la identidad de género y el reconocimiento de su género para las personas trans. Sólo al final de todo se puede hablar de temas como la mutilación genital de que son objeto las personas intersex. Pero nosotr*s [las personas trans e intersex] no podemos esperar”.

Hacen falta más cambios legales. Derogar los “edictos contravencionales” y las normas sobre “moralidad” son prioridades para los grupos transgénero y otros, tarea que se complica porque esas disposiciones están ocultas en códigos estatales y locales remendados que probablemente deban irse modificando uno por uno. Las leyes contra la discriminación vigentes no incluyen la identidad de género, como tampoco lo hace la Constitución de Ecuador (la primera de la región que incluyó la orientación sexual).[15]

“Tenemos que prestar mucha más atención al derecho de familia”, dice una activista argentina que trabaja por los derechos de las mujeres. “Es algo que todavía no hemos hecho. De repente pasa algo, por ejemplo un caso de custodia, y ahí corremos a consultar el Código de Familia y nos damos cuenta de los horrores que contiene”. En 2004, a una jueza chilena que es lesbiana un tribunal le quitó la custodia de sus hijas, y ese caso hizo que la región concentrara su atención en las desigualdades contenidas en la legislación familiar. Las y los activistas que procuran lograr el reconocimiento legal para las parejas del mismo sexo se enfrentan tanto a la oposición militante de la Iglesia como a la pregunta de si es mejor seguir el camino del litigio (que poco a poco ha permitido obtener un logro significativo en los beneficios de las parejas en Colombia), el de la movilización con otros movimientos sociales, o ambos.

La falta de financiamiento adecuado también impide optar por los litigios estratégicos, e incluso brindar ayuda legal a las personas que son discriminadas. Un grupo de lesbianas en Honduras menciona la “falta de abogados/as que quieran dar la pelea contra la discriminación”, la falta de capacitación para los/las que sí están en disponibilidad a hacerlo y la “carencia de recursos financieros para pagar los servicios legales”.

Las alianzas continúan siendo algo fundamental. En Paraguay, una activista lesbiana dice que “La Red contra todas las Formas de Discriminación, una coalición muy amplia de organizaciones de la sociedad civil” fue la que redactó el proyecto de ley contra la discriminación, que incluye orientación sexual e identidad de género. “Trabajamos muy bien junt*s ... Los fundamentalistas han dicho claramente que si el proyecto no incluyera a personas LGBT, ya hubiera sido aprobado. Pero la Red se mantiene firme. El movimiento de personas con discapacidades es el aliado más fuerte en la Red y su lema es ‘Todos o ninguno’”.

El trabajo regional también es muy importante. Puede tomar la forma de encuentros, capacitaciones o redes regionales. Otra de sus manifestaciones es el creciente interés que concentra el sistema interamericano de derechos humanos como herramienta para movilizar a los gobiernos. Son cada vez más los grupos que se preparan para hacer cabildeo o llevar casos ante las instituciones interamericanas. La resolución aprobada recientemente por la Asamblea General de la OEA, que condena las violaciones a los derechos humanos basadas en la orientación sexual y la identidad de género, fue producto de años de trabajo de grupos LGBT de toda la región, así como del Caribe. También son cada vez más los grupos que documentan por sí mismos las violaciones a los derechos humanos, incluyendo las prácticas policiales y la impunidad.

L*s activistas transgénero e intersex están intentando trabajar con médicos/as y organismos profesionales y, en el caso de Brasil, con el propio Ministerio de Salud. Un hombre trans chileno describe cómo su organización está creando “redes de atención a la salud”, que son listas de profesionales con una visión positiva de la transexualidad a las/os que sus miembros pueden recurrir. Otro activista señala: “Tenemos que llegar a las facultades de medicina. Y tenemos que convencer a los abogad*s y a quienes se dedican a la bioética de las cuestiones trans e intersex” – refiriéndose a los límites que deben ponérsele a la medicalización y a las intervenciones médicas. “Cuestionar al establecimiento médico es algo fundamental y muy difícil tanto para el movimiento trans como para el intersex”, agrega. “En alguna medida, es lo mismo que sucede con el aborto: se puede cambiar las leyes, inclusive crear clínicas, pero también es necesario que gente dentro de las instituciones claves empiece a pensar de otra manera. Porque si no, la mayoría de l*s profesionales va a decir ‘yo simplemente no tengo nada que ver con eso’”.

El hecho de que existan más posibilidades para los cambios legales no ha generado una reducción en el número de proyectos que desarrollan los grupos LGBT en el nivel micro: lo que se va construyendo de a poco, lo local, o lo cultural. Una activista argentina destaca la iniciativa de convencer a los hospitales para que utilicen los nombres que las personas transgénero emplean en su vida diaria para interactuar con ell*s, sin dejar por ello de incluir en sus historias clínicas los nombres legales como estipula la ley. “Cambiar la ley en cuanto al nombre es muy difícil ... tal vez esto no sea una grandiosa afirmación de cambio social, pero es una solución práctica en el corto plazo”. En el mismo sentido, las activistas brasileñas trabajaron con el Ministerio de Salud para diseñar nuevas políticas que les permitan a personas trans que todavía no pueden cambiar sus nombres, utilizar sus “nombres sociales” en los hospitales.

Algunos proyectos tienen que ver con desafíos simples, de todos los días: circular libremente o ser vist*s. Una red nacional brasileña de travestis, transexuales y transgéneros le pide a todas sus organizaciones afiliadas que “incluyan en sus planes de trabajo un momento y una suma de dinero para actividades que tengan que ver con el tiempo libre. Puede ser cualquier cosa: ir al cine, de compras, a comprar helados. Pero tienen que hacerlo en grupo y de día. La meta es ... enseñarles a salir de día, a sentirse fuertes porque van en grupo y a enfrentarse a esos espacios a los que creen no tener acceso. También es una forma de educar a la gente para que pueda ver a las TTT (travestis, transexuais y transgéneros) como personas comunes que pueden salir a divertirse ... con las que pueden compartir una película o jugar en la playa”.

Satisfacer estas necesidades básicas también puede implicar poner el acento en el activismo cultural: imágenes, películas, teatro. Una lesbiana del Ecuador dice: “Por supuesto que pensamos que las reformas legales son importantes y trabajamos en torno a demandas especificas. Pero también creemos que las feministas en su conjunto nos hemos olvidado desde hace mucho tiempo de abordar otra dimensión: transformar la forma en que piensan nuestras sociedades... La creatividad no es muy valorada desde la perspectiva de los derechos humanos o desde la del desarrollo, a pesar de que es un elemento central para desaprender los aspectos nocivos de determinadas culturas”. En la República Dominicana, una activista considera que el arte es “una herramienta muy poderosa para llegar a la gente con nuestros discursos, porque es un medio al que no le temen”.

En medio de todo esto, la mayoría de l*s activistas no pierde de vista el contexto social más amplio en el que desarrollan su trabajo. “Es imposible pensar en la democracia radical sin los cuerpos y las sexualidades, pero también sin lo que hace posible que un pueblo pueda ejercer su derechos, es decir, el poder económico”, nos dijo una de ellas. “Sin un cambio radical en la situación económica de la región, no podremos tener democracias reales”.

El Caribe

Los países del Caribe, en su mayoría anglófonos y francófonos, están separados del continente por algo más que el idioma. En Guyana, un activista hace mención a los intensos niveles de “homofobia social que tiene sus raíces en nuestras leyes, producto de la era colonial”. El ambiente intensamente represivo en las familias, las comunidades y los espacios públicos se combina con las leyes anticuadas sobre sexualidad que todavía se aplican para hacer que la gente permanezca en la clandestinidad y quienes se atreven a mostrarse a veces sean asesinados/as.

Trece de los quince Estados de la CARICOM (Comunidad del Caribe) todavía penalizan los actos sexuales entre personas del mismo sexo, la mayoría basados en leyes de sodomía heredadas de la colonización británica. Los gobiernos democráticos que posteriormente se independizaron han mostrado una fuerte resistencia frente a toda sugerencia de derogación. Esas leyes llevan a la discriminación y al silencio en otros espacios: las organizaciones no pueden operar en forma abierta, se pierden empleos y hogares, y la policía se niega a proteger a las personas frente a la violencia cotidiana que sufren.

La violencia es un problema generalizado en la región. La música y la cultura pop ayudan a canalizarla hacia las personas que son “masculinas” o “femeninas”, de forma incorrecta. En Jamaica se han incrementado las agresiones por parte de turbas homofóbicas en medio de lo que un* activista local, que ahora está trabajando en Canadá, califica como “la voz todavía más fuerte del gobierno justificando la homofobia y la transfobia. El Caribe, aunque es una región que está dispuesta a beneficiarse del desarrollo político y económico [foráneo], continúa resistiéndose a toda sugerencia social o cultural para promover enfoques basados en los derechos”.

Un activista de Guyana revela que “los fundamentalismos religiosos, cristianos y musulmanes, así como el conservadurismo político que está ligado a ellos, están creciendo porque los políticos apelan, más que nunca, a sus bases conservadoras... Hay grupos canadienses [evangélicos] que están apoyado a sus contrapartes en la región y organizándose con ellos, mientras que los grupos activistas LGBT locales no recibimos un apoyo tangible similar por parte de nuestros aliados globales”.

Recientemente son dos las cosas que han cambiado. Un activista expresa: “Como sociedad, estamos reconociendo que el género es la raíz de muchas cuestiones sociales, por eso incorporar los asuntos LGBT a los asuntos de género nos ofrece oportunidades para abordar la homofobia ... que a menudo [está] ligada a cuestiones de masculinidad, así como para forjar alianzas con grupos de mujeres, grupos que trabajan por los derechos de los niños, movimientos contra la violencia y por la paz, etc.”.

El mismo activista señala: “La respuesta a la epidemia del SIDA ha creado un foro en el que todo el mundo puede sentarse a la mesa”. El VIH ha ayudado a que los grupos que trabajan en sexualidad puedan tener acceso, por primera vez, a quienes diseñan las políticas. Un grupo LGBT de Belice trabaja en conjunto con la Comisión Nacional contra el SIDA; en el resto de la región, las organizaciones también están haciendo cabildeo político a alto nivel sobre temas de salud.

Sin embargo, nada de todo esto ha contribuido a generar cambios sociales o reformas legales significativas, aunque la revisión de la Carta de Derechos y la Constitución que tendrá lugar próximamente en Jamaica constituye una oportunidad a tener en cuenta. Los grupos se quejan de no contar con “recursos para pagar a los abogados” ya sea para presentar casos puntuales o embarcarse en litigios de largo plazo. Sin embargo, cada vez más son los propios grupos los que están documentando violaciones a los derechos (así como prácticas ligadas al VIH) de los HSH y las personas LGBT, con la esperanza de generar una presión constante que permita avanzar en la defensa y la gestión políticas.