II. Antecedentes: Paramilitares, impunidad, y la Ley de Justicia y Paz

Durante las últimas tres décadas, grupos paramilitares aliados con poderosas élites políticas, militares y económicas han devastado gran parte de Colombia con masacres, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos de miles de civiles, defensores de derechos humanos, sindicalistas y líderes locales.  Han forzado a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares y se han apropiado de las tierras de las víctimas para sí o para sus cómplices. [1] Si bien alegaban que su objetivo era luchar contra las guerrillas de izquierda de las FARC y el ELN, los paramilitares y sus cómplices han acumulado inmensas fortunas provenientes del tráfico de drogas, la apropiación de tierras y varias otras actividades delictivas.

En el transcurso de los años, Human Rights Watch ha documentado en reiteradas oportunidades un patrón en virtud del cual los paramilitares han contado con la colaboración, el apoyo y la tolerancia de ciertos sectores de las fuerzas de seguridad colombianas, un hecho que ha llevado a que muchos se refieran a los paramilitares como una “sexta división” del Ejército. [2]  Recientemente ha quedado de manifiesto que una gran cantidad de políticos colaboraron con los paramilitares, manipulando elecciones a través de la intimidación a los votantes y el fraude, e incluso a través de las muertes de opositores políticos. Empresarios y terratenientes han recurrido a los paramilitares para asegurar y proteger sus intereses económicos, beneficiándose así de los desplazamientos de civiles y otras actividades llevadas a cabo por los paramilitares.

Hasta hace muy poco, no sólo los paramilitares, sino también sus cómplices, han logrado evadir sistemáticamente la investigación, el juzgamiento y la sanción. Después de que la Fiscalía General de la Nación estableció en 1995 una Unidad de Derechos Humanos especial para investigar y juzgar delitos relacionados con los derechos humanos, la unidad realizó avances significativos en una gran variedad de casos importantes que involucraban a personal del Ejército y de la Policía, paramilitares y guerrilleros. Sin embargo, como Human Rights Watch documentó en ese momento, mucho de esos casos quedaron paralizados o se cerraron luego de que en 2001 se designara al Fiscal General Luis Camilo Osorio, quien depuró a la fiscalía de varios funcionarios que habían trabajado en casos con fuertes implicancias para los derechos humanos y envió un claro mensaje a los que quedaban de que no se verían con buenos ojos los esfuerzos por procesar las violaciones de derechos humanos cometidas por oficiales del Ejército. [3]

En septiembre de 2002, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció acusaciones y pedidos de extradición contra dos importantes líderes paramilitares, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, y un narcotraficante a quien se consideraba aliado de los mencionados líderes, Juan Carlos “El Tuso” Sierra. El año anterior, el Departamento de Estado de los Estados Unidos había incluido a la coalición paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras. [4] En forma inesperada, los jefes que habían gozado de total impunidad se encontraron con que había algo a lo cual debían temer. [5]

Castaño, en ese entonces el principal líder de las AUC, y otros comenzaron casi de inmediato una negociación por la “paz” con el gobierno de Uribe, con la esperanza de poder obtener un trato que les permitiera impedir la extradición y evitar largas penas de prisión en los Estados Unidos por narcotráfico. [6]

El 21 de junio de 2005, el Congreso colombiano aprobó una ley que otorgaba a los líderes paramilitares prácticamente todo lo que ellos exigían. Como Human Rights Watch describió en su informe Las apariencias engañan de 2005, la ley colombiana N° 975 de 2005 (conocida como la “Ley de Justicia y Paz”), redactada por el gobierno de Uribe y aprobada por el Congreso colombiano, estaba plagada de graves errores. [7] A cambio de la supuesta desmovilización de sus grupos, la ley ofrecía a los jefes paramilitares responsables de las atrocidades más aberrantes penas reducidas de prisión de entre 5 y 8 años (que podrían reducirse aún más, a menos de 3 años), burdamente desproporcionadas en relación con los delitos cometidos. Los paramilitares no estarían obligados a confesar plenamente sus delitos y, si no cumplían con su compromiso de dejar de participar en actividades delictivas y devolver los bienes obtenidos de manera ilícita, sufrirían pocas consecuencias. La ley también redujo drásticamente el período de investigación de los delitos paramilitares por parte de los fiscales, y preveía tan sólo 60 días para que estos verificaran lo que los paramilitares decidieran contar. [8]

La ley ni si quiera se aplicaba a todos los paramilitares, sino solamente a aquellos que solicitan su amparo, por lo general, porque ya se encontraban bajo investigación o habían sido condenados por delitos graves. El gobierno colombiano informó que 31.671 paramilitares se “desmovilizaron” entre 2003 y 2006. [9] Pero esto significa solamente que estas personas participaron en ceremonias de “desmovilización” en las cuales muchos de ellos entregaban sus armas y se comprometían a abandonar sus agrupaciones y a dejar de participar en actividades delictivas. El gobierno nunca estableció un procedimiento significativo para determinar si estas personas eran efectivamente paramilitares, y no personas contratadas o invitadas para hacerse pasar por tales. Nunca los sometió a un interrogatorio serio sobre su participación en actividades delictivas ni sobre las atrocidades de las cuales podrían haber sido testigos. Si no estaban siendo investigados, el gobierno simplemente les otorgó indultos por su participación en el grupo y les permitió ingresar en programas de reinserción patrocinados por el gobierno. [10]

En los meses previos a la aprobación de la Ley de Justicia y Paz, muchas personas, tanto de Colombia como del exterior, incluidos el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, varios senadores de los Estados Unidos pertenecientes a ambas corrientes partidarias y organizaciones no gubernamentales, señalaron graves deficiencias en la ley. Los representantes de Human Rights Watch se reunieron en reiteradas oportunidades con el Presidente Uribe y funcionarios colombianos de alto rango para analizar las inquietudes de dicha organización. Sin embargo, estas fueron abordadas solamente con cambios formales, no de fondo. Si la ley hubiera sido implementada tal como fue aprobada, prácticamente no habría contribuido a ayudar a revelar la verdad sobre las atrocidades y los cómplices de los paramilitares, mucho menos contribuir a la rendición de cuentas.