La Comisión Interamericana documenta abusos generalizados y persistentes
August 25, 2009
Ante los continuos abusos documentados por la Comisión y la falta de garantías legales efectivas, es crucial que la comunidad internacional adopte medidas concertadas y efectivas de presión para restablecer al gobierno democráticamente electo en Honduras.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch

(Washington, DC) - Las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que constatan la existencia de abusos generalizados en Honduras, deberían impulsar a la comunidad internacional a adoptar medidas enérgicas, como la imposición de sanciones específicas, para superar la crisis que atraviesa actualmente el país, señaló hoy Human Rights Watch.

La Comisión presentó un informe el 21 de agosto de 2009, en el cual se demuestra la existencia de un patrón de graves violaciones por parte del gobierno de facto, que incluye el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, violencia sexual y ataques contra los medios de comunicación, así como varias muertes confirmadas y posibles desapariciones. La Comisión también documentó la ausencia de garantías legales efectivas.

"Ante los continuos abusos documentados por la Comisión y la falta de garantías legales efectivas, es crucial que la comunidad internacional adopte medidas concertadas y efectivas de presión para restablecer al gobierno democráticamente electo en Honduras", expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Luego del golpe de Estado del 28 de junio, Human Rights Watch y otras organizaciones de derechos humanos locales e internacionales instaron a la Organización de los Estados Americanos a que abordara las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Honduras durante el gobierno de facto. Dada la gravedad de los presuntos abusos y la historia de sangrientos golpes de Estado asociados a masivas violaciones a los derechos humanos en la región, los defensores de derechos humanos consideraron que la situación ameritaba la intervención directa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el organismo de investigación sobre derechos humanos de mayor importancia en la región.

La Comisión Interamericana llevó a cabo una exhaustiva misión de investigación que se extendió del 17 al 21 de agosto. Se reunió tanto con representantes del gobierno de facto como de diversos sectores de la sociedad civil, y recibió denuncias, testimonios e información de más de cien personas.

"Si bien la OEA aún no ha logrado resultados concretos en la resolución de la crisis democrática en Honduras, la Comisión ha demostrado el rol crucial que este mecanismo regional puede desempeñar cuando se menoscaba gravemente el estado de derecho en un país", afirmó Vivanco.  

CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA

En sus conclusiones preliminares, la Comisión comprobó la existencia de un "patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública" por parte de las Fuerzas Armadas y la policía, que ha tenido como consecuencia la muerte de, al menos, cuatro personas, decenas de heridos y miles de detenciones arbitrarias. También constató que el gobierno de facto abusó de sus poderes de emergencia y utilizó a las Fuerzas Armadas para restringir la libertad de reunión y expresión. La Comisión confirmó la existencia de casos de violencia sexual contra mujeres, y que las amenazas, las detenciones y los ataques violentos dirigidos contra periodistas habían generado un ambiente de intimidación entre los medios de comunicación de línea crítica. Si bien la Comisión informó que se habían registrado graves actos de violencia y vandalismo por parte de manifestantes, destacó que la mayoría de las manifestaciones se habían realizado en forma pacífica.

Muertes y posibles desapariciones

La Comisión documentó cuatro muertes como resultado del uso excesivo de la fuerza empleado por el gobierno de facto. Isis Obed Murillo Mencías falleció luego de recibir un disparo en la cabeza mientras participaba en una manifestación en las afueras del aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa el 5 de julio. El cuerpo de Pedro Magdiel Muñoz fue encontrado el 25 de julio en el departamento de El Paraíso, con señales de tortura. Los testigos informaron a la Comisión que ese día Muñoz había participado en una manifestación frente a los retenes militares y que había sido arrestado por miembros del Ejército. El maestro Roger Vallejos Soriano recibió un disparo en la cabeza durante una protesta que tuvo lugar en Comayagüela el 30 de julio. Pedro Pablo Hernández recibió un disparo en la cabeza en un retén militar ubicado en el valle de Jamastrán el 2 de agosto, según los testimonios recogidos por la Comisión. 

La Comisión también informó que, a pesar de haber recibido solicitudes de información en cuatro oportunidades, el Estado no ha aclarado el paradero de dos personas. Una de ellas fue vista por última vez en una manifestación realizada el 12 de julio y la otra fue secuestrada de su domicilio el 26 de julio.

Uso excesivo de la fuerza

La Comisión comprobó que existía un "patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública" por parte de las Fuerzas Armadas y la policía. Más de 100 personas confirmaron que se empleó un uso desproporcionado de la fuerza para reprimir las manifestaciones. Las represión de las protestas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Comayagua y la localidad de El Paraíso por las fuerzas de seguridad se caracterizó por un uso excesivo de la fuerza, que dejó como saldo muertes, casos de tortura y malos tratos, y cientos de heridos.

Según el informe: "En los diversos departamentos a los que se desplazó, la Comisión recibió testimonios sobre personas heridas por balas de plomo, golpizas mediante el uso de bastones policiales (toletes) y otros objetos contundentes de hule, hierro y madera, la utilización indiscriminada de gases lacrimógenos como métodos habituales de disuasión de la manifestación. La Comisión recibió testimonios de decenas de personas con lesiones graves en la cabeza como producto de la represión ejercida tanto por personal policial como militar". 

Detenciones arbitrarias

La Comisión condenó la aplicación generalizada de detenciones arbitrarias como método para "silenciar y obstaculizar las expresiones de protesta". Concluyó que entre 3.500 y 4.000 personas habían sido arrestadas arbitrariamente por las Fuerzas Armadas y la policía durante las protestas, y que habían permanecido detenidas por períodos de entre 45 minutos y 24 horas. Muchos de los detenidos fueron sometidos a golpizas, amenazas y agresiones verbales.

En numerosos casos, no se respetaron los derechos de debido proceso. La Comisión pudo constatar que los detenidos no fueron informados de las razones de su detención, que no se levantó un registro de su encarcelamiento y que tampoco se avisó a las autoridades judiciales ni a los fiscales sobre estos casos. Asimismo, no se garantizó el derecho de los detenidos a presentar recursos de hábeas corpus para cuestionar las razones de su detención. En algunos casos, los jueces que respondieron a los pedidos de hábeas corpus fueron maltratados y amenazados a punta de pistola. A su vez, la Comisión determinó que los fiscales no investigaron muchos de los casos de personas detenidas y heridas.

Violencia sexual

La Comisión comprobó que "las mujeres, en razón de su género, fueron especialmente sujetas a actos de violencia y vejación". La Comisión recibió testimonios sobre dos incidentes que se habrían producido en San Pedro Sula: una mujer afirmó haber sido violada por agentes policiales, y otra relató haber sido desnudada del torso para abajo y golpeada con bastones.

La Comisión confirmó que algunas de las mujeres detenidas sufrieron el manoseo de senos y genitales por miembros de la policía y el Ejército. También se recibieron denuncias de varias mujeres a quienes los agentes de seguridad habrían abierto las piernas y tocado los genitales con bastones policiales.

Ataques a medios de comunicación

La Comisión observó que en las últimas semanas se intensificaron los ataques contra medios de comunicación, lo cual generó "un ambiente de intimidación que inhibe el libre ejercicio de la libertad de expresión". Señaló que, entre otras tácticas, el gobierno de facto, las Fuerzas Armadas y la policía habían suspendido o cerrado canales de televisión y estaciones de radio, amenazado, detenido y agredido a miembros de los medios de comunicación, y atacado las instalaciones de los medios de línea crítica.

La Comisión confirmó que al menos ocho canales de televisión nacionales, tres importantes estaciones de radio y varios canales de noticias internacionales fueron obligados a interrumpir o suspender su transmisión durante el golpe del 28 de junio. Recibió también el testimonio de diez periodistas que fueron víctimas de agresiones por parte de las fuerzas de seguridad mientras intentaban informar sobre las manifestaciones, y de otros cinco que denunciaron haber sido detenidos y golpeados por la policía o las Fuerzas Armadas. Asimismo, la Comisión documentó información sobre casi 20 amenazas contra periodistas, y cinco ataques graves contra las instalaciones de los medios de oposición. El 12 de agosto, por ejemplo, Richard Cazula, un camarógrafo del Canal 36, fue agredido por agentes de seguridad, quienes lo golpearon y dañaron su cámara mientras filmaba una manifestación en Tegucigalpa.

Si bien las agresiones estuvieron dirigidas principalmente a los críticos del gobierno de facto, la Comisión también informó que se produjeron ataques contra periodistas y medios que apoyan el golpe, como el periódico El Heraldo, cuyas instalaciones fueron atacadas el 14 de agosto por un grupo de personas encapuchadas que lanzaron bombas Molotov contra el edificio.

Abuso de los poderes de emergencia

La Comisión expresó su preocupación por el empleo sistemático de las Fuerzas Armadas para controlar manifestaciones y mantener el orden público. Si bien reconoció que "en situaciones excepcionales las Fuerzas Armadas pueden ser llamadas a participar en el control de las manifestaciones", la Comisión sostuvo que debe limitarse el alcance de este ejercicio debido a que las Fuerzas Armadas carecen del entrenamiento necesario para llevar a cabo controles de policía. El informe criticó la aplicación constante por parte de las Fuerzas Armadas de toques de queda, que se implementan "sin ningún tipo de base legal" y de manera discriminatoria. La Comisión pudo comprobar que miles de personas habían quedado atrapadas entre retenes militares que fueron instalados sin que existiera justificación. Del 24 al 27 julio, entre 4.000 y 5.000 personas quedaron atrapadas entre retenes militares cerca de la frontera con Nicaragua. Los afectados informaron a la Comisión que las Fuerzas Armadas utilizaron gases lacrimógenos y que no suministraron alimentos ni agua, ni brindaron atención médica a los heridos.

Ausencia de garantías legales

Además de documentar los abusos generalizados, la Comisión comprobó que el Poder Judicial había incumplido su obligación de controlar los actos del gobierno de facto, pese a las flagrantes violaciones tanto de las leyes de Honduras como del derecho internacional, y de los numerosos recursos de amparo presentados. También advirtió que el Poder Judicial no se había pronunciado sobre la legalidad de las medidas de emergencia implementadas por el gobierno de facto, e incumplió de este modo su función de control sobre el Poder Ejecutivo. Como resultado de la actitud pasiva y la respuesta insuficiente del Poder Judicial ante las violaciones denunciadas, la Comisión concluyó que "los recursos judiciales disponibles en Honduras no ofrecen en la actualidad una protección eficiente y eficaz contra violaciones de los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado".

La Comisión cuestionó asimismo el desempeño de la Fiscalía.  Confirmó haber recibido "información consistente y reiterada que confirma que, en muchos casos, las fiscalías no han iniciado oficiosamente investigaciones ante la existencia de grupos de personas heridas y detenidas".

(La credibilidad del sistema de justicia como garante imparcial de los derechos fundamentales se ve aún más debilitada por el abierto apoyo al golpe de Estado manifestado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General. A su vez, el 23 de junio -dos días después de que la Comisión diera a conocer sus conclusiones- la Corte Suprema de Justicia emitió un pronunciamiento mediante el cual avaló formalmente la remoción del Presidente Zelaya y la legitimidad del gobierno de facto).

Violencia y vandalismo de partidarios de Zelaya

Si bien la Comisión observó que la mayoría de las manifestaciones se habían realizado de manera pacífica, señaló que en algunos casos excepcionales los participantes habían cometido actos de violencia, "incluidos algunos graves, contra personas y contra la propiedad", tales como el incendio de un restaurante y una agresión contra un diputado.

LA NECESIDAD DE MEDIDAS CONCERTADAS DE PRESIÓN A NIVEL INTERNACIONAL

Una delegación de la OEA viajó el 24 de agosto a Honduras para reunirse con varios representantes del sector público y privado con el fin de impulsar la suscripción del Acuerdo de San José, un plan que permitiría restituir a Zelaya al poder hasta que se celebren elecciones a fines de noviembre. La delegación incluye a Ministros de Relaciones Exteriores de la Argentina, Canadá, Costa Rica, Jamaica, México, Panamá y la República Dominicana, así como al Secretario General de la OEA José Miguel Insulza.

"Si la delegación de la OEA no logra persuadir durante esta semana al gobierno de facto de Honduras que permita el regreso de Zelaya a la presidencia, la comunidad internacional no tendrá otra opción que intensificar la presión", señaló Vivanco. "El gobierno de Estados Unidos, en particular, podría desempeñar un rol clave mediante la aplicación cuidadosa de sanciones específicas".

Estados Unidos ha condenado el golpe y ha suspendido la entrega al gobierno de facto de cerca de $18 millones que corresponden a programas de ayuda militar y de desarrollo. No obstante, el gobierno de Obama se ha resistido hasta el momento a imponer sanciones más graves debido al impacto negativo que podrían tener en la débil economía de Honduras.

Human Rights Watch ha instado anteriormente al gobierno de Obama a que considere la aplicación de sanciones dirigidas específicamente a funcionarios del gobierno de facto y que no afecten a la población en general. Estas medidas podrían incluir la cancelación de las visas de estos funcionarios, impedir su acceso al sistema bancario estadounidense y afectar sus fuentes de ingresos personales.

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