<<previous  |  index  |  next>>

II.  El proceso de desmovilización paramilitar hasta la fecha

El gobierno de Colombia lleva negociando la desmovilización de los grupos paramilitares desde finales de 2002, cuando los líderes paramilitares declararon unilateralmente un cese al fuego.  La declaración de cese al fuego y las negociaciones consiguientes parecen haber estado motivadas principalmente por el deseo de los líderes paramilitares de obtener un acuerdo que les permita evitar la extradición a Estados Unidos y cumplir el mínimo tiempo posible de cárcel por sus crímenes.⁶  Algunos observadores han señalado también que los líderes paramilitares y los cabecillas de la droga en la mesa de negociación podrían ver la desmovilización como una oportunidad de lavar su riqueza adquirida ilegalmente.⁷ 

Los paramilitares han estado violando descaradamente el cese al fuego.  En un informe de septiembre de 2004, la Defensoría del Pueblo de Colombia anunció que, en los primeros ocho meses de 2004, había recibido 342 denuncias relacionadas con aparentes violaciones del cese al fuego por parte de los paramilitares, las cuales incluían masacres, asesinatos selectivos y secuestros.⁸  Las estimaciones de las ONGs colombianas son aún más elevadas:  la Comisión Colombiana de Juristas declaró que, hasta agosto de 2004, los paramilitares habían asesinado o forzado las “desapariciones” de 1.899 personas desde la fecha de la declaración del cese al fuego.⁹  

Mientras tanto, las negociaciones han procedido de manera irregular, y el gobierno todavía no ha establecido un marco legal que determine los beneficios y las condiciones para la desmovilización.¹⁰  En lugar de ello, el gobierno ha emprendido la desmovilización de miles de supuestos paramilitares mediante la aplicación de leyes ya existentes que son inadecuadas para desarticular a estructuras paramilitares complejas y para asegurar la justicia por abusos paramilitares.

A finales de 2003, aproximadamente 868 supuestos paramilitares del Bloque Cacique Nutibara en Medellín entregaron sus armas en ceremonias masivas de desmovilización, y empezaron a ingresar a programas gubernamentales de reinserción.  Pero como lo ha reconocido el Alto Comisionado para la Paz de Colombia,¹¹ dicha desmovilización se considera ampliamente ahora una “vergüenza pública” debido al gran número de impostores entre los desmovilizados (los paramilitares aparentemente reclutaron a delincuentes comunes para que se hicieran pasar por paramilitares).¹²  Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta desmovilización no ha resultado en ninguna reducción significativa de la violencia en Medellín; al parecer grupos paramilitares continúan controlando ciertos vecindarios de la ciudad y cometiendo abusos en contra de quienes no cooperan con ellos.¹³

En octubre de 2004, los líderes paramilitares anunciaron que, como gesto de buena voluntad, desmovilizarían unilateralmente a varios miles de tropas antes de que acabara el año. En los dos meses siguientes, se desmovilizaron 2.624 efectivos presuntamente pertenecientes a cinco bloques:  los Bloques Catatumbo y Calima, ambos liderados por Salvatore Mancuso, y los Bloques Bananero, Cundinamarca e Isla San Fernando.¹⁴ 

El gobierno ha celebrado como un gran éxito las desmovilizaciones de 2004, pero todavía no se ha visto su resultado final.  Los informes iniciales parecen indicar que esta vez los paramilitares no reclutaron a grandes cantidades de impostores para fingir su desmovilización.  Otro hecho positivo es que, en la desmovilización del Bloque Catatumbo, los paramilitares parecen haber entregado voluntariamente una gran cantidad de armas y municiones, así como cierta cantidad de tierra (al parecer, alrededor de 6,500 hectáreas).¹⁵ 

No está clara la motivación de estos gestos por parte de los grupos de Salvatore Mancuso. Algunos observadores sugieren que se trata de movimientos estratégicos dentro de las negociaciones, y que no se repetirán.¹⁶  La entrega de tierras no se ha producido con otros bloques paramilitares desmovilizados y no es un requisito de la ley ni de los procedimientos del gobierno para la desmovilización.

Un vacío legal

Las desmovilizaciones que han tenido lugar hasta ahora se han llevado a cabo aplicando la Ley 418 de 1997, sus modificaciones y los decretos para su implementación.¹⁷ 

Ese cuerpo de ley otorga amnistías por ciertos crímenes y beneficios económicos para todos los miembros de grupos armados ilegales que deserten o se desmovilicen voluntariamente, y que no hayan sido acusados de cometer una violación grave de los derechos humanos o del derecho humanitario internacional, tales como una masacre o un secuestro. 

Sin embargo, estas leyes son totalmente inadecuadas para regular desmovilizaciones masivas y el desmantelamiento de mafias complejas como los paramilitares.  La Ley 418 se concibió inicialmente para fomentar la deserción individual de grupos armados ilegales.  Aunque las enmiendas y los decretos posteriores intentan extender la Ley 418 para que cubra las desmovilizaciones, este conjunto de leyes no cuenta con los requisitos mínimos para garantizar la total desarticulación de un grupo en el contexto de una negociación de paz.¹⁸   Por ejemplo, no requiere que para recibir beneficios los paramilitares cooperen con las autoridades en investigaciones, entreguen sus bienes obtenidos de manera ilícita o revelen información sobre la estructura, crimenes pasados, y las fuentes de financiamiento del grupo. 

Los procedimientos para las desmovilizaciones recientes:  una cadena de montaje

Las recientes desmovilizaciones se han realizado de acuerdo con procedimientos muy mecánicos, siguiente un cronograma altamente acelerado publicado por la oficina del Alto Comisionado para la Paz.¹⁹

Según este cronograma, los paramilitares pasan por un proceso de desmovilización en tres fases que dura un máximo de 48 días.  En la primera fase, los líderes paramilitares facilitan al gobierno una lista de las personas que van a desmovilizarse y las armas que van a entregar. 

En la segunda fase, que dura entre dos y diez días, estas personas se trasladan a una zona de concentración, donde el gobierno comprueba sus identidades,²⁰ determina si son responsables o no de haber cometido una atrocidad y recibe las armas de cada persona.  Supuestamente, la determinación de si una persona es responsable de atrocidade se basa en información facilitada por la Fiscalía General y el aparato de inteligencia del Estado.  Sin embargo, en desmovilizaciones anteriores, la Fiscalía General sólo se ha limitado a chequear sus archivos para determinar si los que se estaban desmovilizando ya estaban siendo procesados o habían sido condenados por cometer atrocidades.²¹

En la tercera fase, los que sean identificados como responsables de abusos contra el derecho humanitario permanecen en una zona de ubicación, y el resto regresan a sus lugares de origen, donde pueden empezar a recibir beneficios económicos y otras formas de apoyo del gobierno.

Deficiencias fundamentales

Las siguientes son deficiencias fundamentales en las leyes y los procedimientos antes descritos:

• Impunidad encubierta:  De acuerdo con los procedimientos actuales, el gobierno se limita a realizar una superficial revisión de sus archivos para determinar si las personas que se están desmovilizando ya han sido procesadas o condenadas.²²  De no ser así, pueden empezar a recibir beneficios inmediatamente.  No se hace ningún otro esfuerzo por investigar con cuidado a cada persona para determinar si podría estar implicada en crímenes de lesa humanidad u otros abusos.²³  Dado que en la mayoria de los casos de crimenes paramilitares aún no se conoce al responsable,²⁴ es muy probable que muchas personas que han cometido masacres, secuestros y otros crímenes puedan evitar ser detectadas y procesadas.  Efectivamente, faltas históricamente endémicas de investigación y procesamiento adecuados de abusos paramilitares se convertirían en garantías de impunidad hoy.  

Es más, es dudoso que el breve cronograma de desmovilización del gobierno permita siquiera una chequeo adecuado de los procesos y condenas existentes.  La Procuraduría General de la Nación anunció recientemente que 163 personas acusadas de atrocidades, tales como secuestro y desaparicion forzada, habían recibido indebidamente beneficios judiciales en la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara en 2003.²⁵

• No exigir que los grupos paramilitares o sus miembros entreguen información sobre su estructura, sus bienes, sus fuentes de financiamiento o crímenes:  La legislación vigente no les brinda a investigadores los instrumentos (tales como la entrega obligatoria de información por parte de los grupos paramilitares y sus miembros) necesarios para realizar siquiera investigaciones preliminares de los grupos paramilitares en fase de desmovilización, de su estructura y de sus fuentes de financiamiento.  Lo único que se le exige al grupo es una lista de los que se van a desmovilizar y las armas que van a entregar. A los paramilitares individuales sólo se les exige que faciliten información relativa a sus identidades, tal como sus nombres, huellas dactilares y registros dentales, con los que el gobierno tiene que comprobar sus antecedentes en un plazo muy breve. 

• No fomentar desmovilizaciones reales y completas:  El gobierno no ha establecido mecanismos efectivos para fomentar que los líderes se aseguren de una total desmovilización.  Los líderes paramilitares pueden recibir generosos beneficios (los cuales incluirían, según el marco legal que el gobierno propuso en abril de 2004, penas sumamente leves por los abusos cometidos) por desmovilizarse, aún si su grupo continúa operando y participando en abusos y otras actividades criminales.

• No exigir a los paramilitares que entreguen sus bienes obtenidos de manera ilícita, cooperen con las autoridades o hagan reparaciones como condición para recibir beneficios:  La legislación actual no requiere que los paramilitares entreguen o siquiera identifiquen sus bienes obtenidos de manera ilícita, cooperen con las autoridades en investigaciones o hagan reparaciones a las víctimas de sus crímenes.