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Colombia: Librando a los paramilitares de sus responsabilidades

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Colombia: Librando a los paramilitares de sus responsabilidades - en ingles

enero 2005
 

I.  Los grupos paramilitares: Organizaciones poderosas que pueden fácilmente reponer sus filas

II.  El proceso de desmovilización paramilitar hasta la fecha

III.  Propuestas alternativas:  Exigir el desmantelamiento efectivo o confiar en los líderes paramilitares

IV.  Recomendaciones a los gobiernos donantes


Dos años después del inicio de las negociaciones para la desmovilización de los grupos paramilitares, el Presidente de Colombia Álvaro Uribe planea presentar un proyecto de ley para regular la desmovilización en una conferencia de donantes internacionales en Cartagena, Colombia, los días 3 y 4 de febrero de 2005.  Los donantes deben examinar esta propuesta de marco legal con mucho cuidado antes de ofrecer apoyo alguno—ya sea político o financiero—al proceso de desmovilización.

El gobierno parece estar listo para presentar una ley que les otorgaría beneficios sustanciales a los paramilitares, pero sin incluir mecanismos adecuados para investigarlos por graves violaciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos.  A diferencia de otras propuestas en el Congreso colombiano, la propuesta del gobierno no obligaría a los paramilitares a cumplir con sus compromisos de cesar las hostilidades, cooperar con las autoridades y hacer reparaciones por sus crímenes.  Tal ley no sería efectiva para desmantelar a los grupos paramilitares ni para promover una paz real.

Los líderes paramilitares—que incluyen a notorios cabecillas del narcotráfico y despiadados asesinos—iniciaron las negociaciones con el gobierno colombiano con la intención de alcanzar un acuerdo que les permitiera evitar la extradición a Estados Unidos, reducir al mínimo sus posibles penas de encarcelamiento en Colombia, y retener la mayor parte posible de su riqueza obtenida ilegalmente.  Las organizaciones que ellos dirigen son extraordinariamente poderosas y complejas, están bien financiadas gracias a décadas de extorsión y participación en el tráfico de drogas, y son responsables de algunos de los abusos más terribles contra el derecho humanitario cometidos en Colombia.  Como consecuencia de su poder económico, también tienen una capacidad significativa para reponer sus filas.

Con un marco legal adecuado, el proceso de desmovilización podría tener un impacto significativo en la reducción de las violaciones a los derechos humanos en Colombia.  Pero sin una ley que tome en cuenta la complejidad, el poder y la capacidad de regeneración de las mafias paramilitares, existe un grave riesgo de que el proceso de desmovilización simplemente les otorgue a los líderes paramilitares los beneficios que buscan sin resultar en ningún avance real en materia de justicia o paz.   

Por otra parte, los términos, condiciones y beneficios contenidos en la ley de desmovilización de los paramilitares serán el principal precedente en el que se fijarán otros grupos armados ilegales en Colombia, como las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), en futuras negociaciones de paz.  En la medida en que otros países apoyen el proceso de desmovilización en Colombia, el marco legal que rija este proceso también podría convertirse en un precedente más amplio que influya sobre los términos de negociación de otros gobiernos con grupos armados ilegales en todo el mundo.

Por lo tanto, es esencial que el gobierno colombiano y la comunidad internacional aseguren que el proceso de desmovilización de los paramilitares en Colombia no se limite a beneficiar a los líderes paramilitares sin cumplir con las normas internacionales de rendimiento de cuentas.  El proceso debe estar diseñado para conseguir el desmantelamiento efectivo de las estructuras paramilitares, y para respetar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.